Si repasamos un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos en el sector catalán de las residencias, una de las cosas más llamativas ha sido la ampliación de unas 740 plazas financiadas por la administración que ha permitido que más personas puedan recibir el servicio al que tienen derecho. Eso es algo que produce alegría y por lo que, en tiempos de penuria presupuestaria, habría que felicitar a los responsables del Departamento de Trabajo (en el que se sitúa la responsabilidad de los servicios sociales).
En cambio en varios posts, he criticado a la administración, no por el hecho de ampliar plazas financiadas en residencias de mayores sino en cómo se han asignado esas plazas a las residencias concretas que deben prestarlas.
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/pseudoconcertacion-express-en-cataluna.html
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/la-generalitat-desmiente-la.html
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/pseudoconcertacion-express-20-ahora.html
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/pseudoconcertacion-express-en-cataluna_27.html
Resumiéndolo mucho:
No me gusta ni me parece ajustado a los principios de transparencia y concurrencia que la Generalitat pueda hacer algo muy parecido a concertar plazas (lo que he llamado "preudoconcertación express") de una forma tan caprichosa y apartada del respeto a los intereses y derechos de los usuarios.
La Generalitat ha "invitado" a las residencias colaboradoras (un sistema llamado a desaparecer por la Ley de Servicios Sociales de Catalunya de 2007) a ofrecer las plazas libres que tuviesen para ocuparlas con personas en lista de espera. Sólo a las residencias colaboradoras; sólo plazas libres. Esas residencias tenían que enviar una carta a la Generalitat y ésta tenía que decidir si reunían unos requisitos.
Al final, dicen, que han conseguido unas 750 plazas pero no han publicado un listado de los admitidos y excluidos por lo que nadie puede reclamar nada.
Encima, el sistema elegido, o sea, que solo se pudiesen ofrecer plazas libres podía tener un efecto perverso sobre los usuarios concretos. En mis posts planteaba que una residencia colaboradora con ocupación plena pero algunos usuarios ocupando plazas privadas mientras se encontrasen en lista de espera, podían ver como a esos residentes se les obligaría a trasladarse a otra residencia que hubiese obtenido la pseudoconcertación si querían obtener la financiación pública. O sea que al final la Generalitat conseguía, mediante su pirueta dos cosas: ayudar al ciudadano dependiente ofreciéndole una plaza financiada a la que tenía derecho y a la vez, fastidiarle diciendo que tenía que cambiar de residencia no porque fuera necesario sino porque un lío burocrático administrativo que se había inventado la propia Generalitat le obligaba a ello: Menudo ejemplo de Atención Centrada en la Persona ¿No?
Pues parece que ahora se han dado cuenta. Como no hacen público nada no sabemos cuántas personas se han visto a ese "traslado forzoso" pero deben haber sido unas cuantas ya que las residencias colaboradoras han recibido otra carta de la Generalitat en las que les preguntan si precisamente eso ha sucedido.
Lean la carta que reproduzco traducida un poco más abajo.
Como no se puede criticar a alguien cuando se equivoca y cuando corrige, e imbuido de un embriagador espíritu navideño, voy a manifestar alegría por que la Generalitat se haya dado cuenta de que ha causado inconvenientes y molestias innecesarias a los ciudadanos y por que, aunque sea mediante un escrito tan enrevesado, esté intentando corregir.
A ver si siguen corrigiendo y por lo menos publican la lista de las residencias beneficiarias de las primeras 750 plazas. Si encima se comprometen a utilizar en adelante sistemas más transparentes, fabuloso.
Aprovecho para desear a nuestros queridos gobernantes una Feliz Navidad.
Estimadas y estimados,
El reciente proceso de ampliación de plazas colaboradoras puede haber generado nuevas plazas libres en su centro.
Si su centro se encuentra en esta situación, le rogamos que nos lo haga saber mediante una solicitud, con el siguiente contenido:
.............................., Con DNI ............ como representante de la entidad ................., con CIF .........., titular de la residencia ............. ...., con el código F ......., expongo que el centro que represento dispone de ..... plazas libres y solicito que sean consideradas como plazas colaboradoras.
Estas plazas libres se han generado por los siguientes motivos (marcar los que corresponda)
ð Defunciones (indicar el número)
ð Traslados de centro o a domicilio (indicar el número)
ð Otros (concretar motivo)
(Si las plazas libres se han generado debido a que las primeras personas en lista de espera ya ocupaban plaza privada en su centro y han ocupado las plazas asignadas en la primera fase, también es necesario que lo indique)
............., A ..... de ........ de 2016
Esta petición, con el modelo indicado, es necesario que se envíe firmada y escaneada a la dirección sggr.tsf@gencat.cat, antes del próximo día 23 de diciembre de 2016. Además, se deberá presentar en el Registro más cercano a su domicilio o hacerla llegar por correo ordinario a cualquiera de las sedes del Departamento.
Sólo pueden acogerse a esta medida los centros que actualmente ya tienen plazas en régimen de colaboración. Estas nuevas plazas ampliar, deben estar vacías. Una vez recibida la solicitud, las plazas serán bloqueadas en la web de residencias y los centros podrán empezar a gestionar los ingresos, siguiendo la lista de espera. Serán excluidas de este proceso aquellas entidades con procesos sancionadores en curso o que presenten incumplimientos reiterados de las condiciones materiales y / o de las ratios de personal exigidas en la normativa vigente.
Las nuevas plazas solicitadas deben ser adicionales a las que se habían pedido en la primera fase. Es decir, que si todavía hay alguna plaza adjudicada en la primera fase pendiente de rellenar, no se debe volver a pedir.
En la misma dirección de correo arriba indicada, se resolverán aquellas dudas o cuestiones que puedan surgir.
Reciban un cordial saludo,
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domingo, 18 de diciembre de 2016
viernes, 21 de octubre de 2016
Pseudoconcertación express 2.0 Ahora a escondidas
Hace una semana la Generalitat de Catalunya pidió a algunas patronales que les dijesen qué residencias colaboradoras tenían plazas privadas libres para poder pasarlas a colaboración y les insistió en que la información la tenía que recibir rápidamente. Como la petición la hizo de forma verbal cada cual entendió una cosa diferente y la propia Generalitat tuvo que salir al paso desmintiendo en un comunicado lo que habían difundido las patronales sobre el incremento de la colaboración. Según ese texto "Este es un dato que pedimos a efectos de trabajo interno, sin ninguna previsión concreta de futuro".
Todavía no he encontrado a nadie que creyese el comunicado del Departament. Todos entendimos que se trataba de un cambio de dirección en toda regla.
Lo cierto es que si hay que aumentar el número de plazas de colaboración hay que hacerlo mediante un sistema justo y sobre todo, legal, que permita a todas las residencias que tengan plazas disponibles del tipo que se quiere financiar presentarse a un procedimiento transparente.
Decir tengo tanta prisa que voy a ignorar el procedimiento es una huída inexcusable de los principios de transparencia y concurrencia que deben informar toda actuación administrativa.
Durante el día de hoy he sabido que varias residencias colaboradoras de, por lo menos tres comarcas diferentes, han recibido una llamada que decía ser de una técnica del Departament, Afers Socials i Famílies preguntando si tenían plazas privadas que quisieran convertir en colaboradoras. Todas han entendido, sin excepción, que si decían que sí tenían muchas posibilidades de aumentar sus plazas de colaboración.
Como todo han sido conversaciones telefónicas que después me han explicado y no ha habido nada por escrito, volvemos a estar en la dispersión. Unos han entendido que les preguntaban solo por plazas privadas vacías, otros, que eran las privadas ocupadas por beneficiarios de PEVs. O sea, que otra vez estamos en las mismas.
Primero lo han intentado de una forma más "dando la cara" comunicándolo a las patronales, y ahora, más "a escondidas" llamando a algunas residencias (solo ellos saben a cuántas y siguiendo qué criterios. Solo ellos saben si mañana más residencias serán llamadas y solo ellos saben si el ser llamado supone ser elegido). O sea, que si comunicar únicamente a los asociados de determinadas patronales ya era malo, ahora han encontrado la forma de hacerlo aún peor.
No soy totalmente tonto y sé que en otras ocasiones ya se ha utilizado este procedimiento para aumentar el número de plazas de colaboración de una residencia sin publicidad ni transparencia. Concretamente cuando una residencia colaboradora ha cerrado se ha preguntado a algunas residencias de la zona si aceptarían a los residentes de plaza financiada del centro a cerrar. Las residencias beneficiadas han ocupado plazas vacantes y encima las han convertido en colaboradoras obteniendo un doble beneficio. ¿Qué criterio ha seguido la Generalitat para beneficiar a unas sobre otras? La Generalitat lo sabe (yo no). Lo que yo sé es que, como al final casi todo se acaba conociendo, esas decisiones han generado frustración en los "no agraciados".
Cuando un procedimiento es transparente y con concurrencia todos los posibles beneficiarios tienen la posibilidad de participar. Cuando las cosas se hacen a escondidas se abona el campo de la sospecha.
Si la Generalitat tiene ahora un dinero que no había previsto o que no puede gastar como había previsto, tiene que devanarse los sesos para encontrar una forma legal de gastarlos. No todo vale.
El procedimiento administrativo no puede ser visto como un obstáculo a la labor administrativa sino como una garantía de que se cumpla la ley y unos principios básicos. Nos merecemos una administración que entienda esto y lo comparta.
Todavía no he encontrado a nadie que creyese el comunicado del Departament. Todos entendimos que se trataba de un cambio de dirección en toda regla.
Lo cierto es que si hay que aumentar el número de plazas de colaboración hay que hacerlo mediante un sistema justo y sobre todo, legal, que permita a todas las residencias que tengan plazas disponibles del tipo que se quiere financiar presentarse a un procedimiento transparente.
Decir tengo tanta prisa que voy a ignorar el procedimiento es una huída inexcusable de los principios de transparencia y concurrencia que deben informar toda actuación administrativa.
Durante el día de hoy he sabido que varias residencias colaboradoras de, por lo menos tres comarcas diferentes, han recibido una llamada que decía ser de una técnica del Departament, Afers Socials i Famílies preguntando si tenían plazas privadas que quisieran convertir en colaboradoras. Todas han entendido, sin excepción, que si decían que sí tenían muchas posibilidades de aumentar sus plazas de colaboración.
Como todo han sido conversaciones telefónicas que después me han explicado y no ha habido nada por escrito, volvemos a estar en la dispersión. Unos han entendido que les preguntaban solo por plazas privadas vacías, otros, que eran las privadas ocupadas por beneficiarios de PEVs. O sea, que otra vez estamos en las mismas.
Primero lo han intentado de una forma más "dando la cara" comunicándolo a las patronales, y ahora, más "a escondidas" llamando a algunas residencias (solo ellos saben a cuántas y siguiendo qué criterios. Solo ellos saben si mañana más residencias serán llamadas y solo ellos saben si el ser llamado supone ser elegido). O sea, que si comunicar únicamente a los asociados de determinadas patronales ya era malo, ahora han encontrado la forma de hacerlo aún peor.
No soy totalmente tonto y sé que en otras ocasiones ya se ha utilizado este procedimiento para aumentar el número de plazas de colaboración de una residencia sin publicidad ni transparencia. Concretamente cuando una residencia colaboradora ha cerrado se ha preguntado a algunas residencias de la zona si aceptarían a los residentes de plaza financiada del centro a cerrar. Las residencias beneficiadas han ocupado plazas vacantes y encima las han convertido en colaboradoras obteniendo un doble beneficio. ¿Qué criterio ha seguido la Generalitat para beneficiar a unas sobre otras? La Generalitat lo sabe (yo no). Lo que yo sé es que, como al final casi todo se acaba conociendo, esas decisiones han generado frustración en los "no agraciados".
Cuando un procedimiento es transparente y con concurrencia todos los posibles beneficiarios tienen la posibilidad de participar. Cuando las cosas se hacen a escondidas se abona el campo de la sospecha.
Si la Generalitat tiene ahora un dinero que no había previsto o que no puede gastar como había previsto, tiene que devanarse los sesos para encontrar una forma legal de gastarlos. No todo vale.
El procedimiento administrativo no puede ser visto como un obstáculo a la labor administrativa sino como una garantía de que se cumpla la ley y unos principios básicos. Nos merecemos una administración que entienda esto y lo comparta.
martes, 17 de mayo de 2016
Los nuevos conciertos serán "sociales" pero no los veremos en 2016
Supongo que Josep Vidal, Director General
de d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya, no era consciente de la polémica que
levantarían sus palabras en el auditorio de la ONCE de Barcelona dentro de un
acto organizado por la Taula del Tercer Sector.
En principio se trataba de hablar sobre
la Directiva 2014/24/EU sobre contratación pública, pero en el turno de preguntas
y, ante lo que después he sabido fue respuesta a una planteada por el abogado
Josep Morera, dijo que, como consecuencia de un proceso que se iniciará de
forma inminente con la aprobación de un Decreto Ley, la Generalitat se proponía
empezar “antes de finalizar el año” un proceso de “concertación social” y que
las plazas colaboradoras pasarían a concertadas mediante esa nueva fórmula de
“concierto social” que se empezará a aplicar a partir de entonces.
A pesar que la directiva comunitaria
permite a las administraciones dar preferencia a las entidades del tercer
sector, el Director General dijo que las entidades mercantiles también podrían
participar en el concierto social y que sólo en caso de empate se preferirían a
las primeras.
El anuncio se hizo ante unas doscientas
personas entre profesionales, representantes de entidades y funcionarios de la
Generalitat.
Yo estaba allí y, durante la pausa de
café, confirmé con otros asistentes que había oído bien. Efectivamente, todos habíamos escuchado las
mismas palabras.
Me pareció lo suficientemente importante
como para informar rápidamente a quiénes siguen Inforesidencias.com.
Resultaba chocante que no fuese un
representante de servicios sociales quién hubiese hecho tan sustancioso anuncio
pero, la verdad es que, comparando con otras cosas que he podido ver en el
pasado, tampoco resultaba demasiado sorprendente.
Mi preocupación era saber cómo iba a
preparar la Generalitat el proceso, básicamente:
- ¿Iban a entrar directamente todas las
plazas de colaboración aunque no cumpliesen los requisito de acreditación
establecidos en 2011?.
- ¿Cómo iba a influir el recientemente
publicado Decreto 205/2015?
- ¿Pensaban en un proceso “a la carta”
tipo “sistema negociado sin publicidad” o una especie de nueva acreditación?
Lo que no consideré ni por un momento fue
que el anuncio fuese un “bluf”, que el Director General se había equivocado o
no había entendido bien las preguntas.
Ahora, viendo lo que ha pasado los
siguientes días, empiezo a considerarlo:
Para empezar, ACRA, patronal más
representativa del sector, envió al poco de difundir la noticia en Inforesidencias.com el
siguiente comunicado:
https://www.inforesidencias.com/contenidos/noticias/catalunya/en-catalu-a-las-plazas-colaboradoras-pasaran-a-ser-de-concierto-social
Estimados/Estimadas,
A
raíz de algunas informaciones aparecidas recientemente en las que se alerta de
una posible concertación de plazas colaboradoras, desde ACRA hemos contactado
con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, cuyos responsables
nos han reiterado que el paso de colaboración a concierto no entra en sus
planes inmediatos y que seguro no concertarán plazas a lo largo de este año
2016.
En
este sentido, reenviamos de nuevo el resumen de la reunión del sector de las personas
mayores mantenida durante el 25 de abril de 2016, en el que el Departamento
especifica que no concertará plazas durante el 2016.
Por
otra parte, el nuevo modelo de contratación a partir de la transposición de la
normativa europea podría servir, en un futuro, por la transformación de las
entidades colaboradoras, pero en ningún caso será una medida que se pueda
llevar a cabo este año 2016.
Desde
ACRA tenemos previsto hacer una reunión con los socios para explicar la
transposición de normativa europea sobre la contratación pública cuando se
publique el Decreto correspondiente en el DOGC.
Quedamos
a su disposición para cualquier duda y aclaración y le saludamos cordialmente,
Montse
Llopis
Directora
General
Lo que entiendo de este comunicado es que
el Director General había habló más de la cuenta y se equivocó en cuanto al
calendario. También entiendo que,
efectivamente, la Generalitat tienen previsto convertir las plazas
“colaboradoras” en “concierto social”, o sea una especie de “concierto descafeinado”
situado entre el concierto actual y las plazas de PEV, pero que no será este
año.
Sentí un poco que el comunicado hablase
de “algunas informaciones aparecidas recientemente” ya que había gente de ACRA
en el acto del auditorio de la ONCE que podían confirmar lo que allí se dijo
por lo que, más que “algunas informaciones” lo que hacía que la patronal
saliese al paso habían sido las palabras de un alto cargo de la Generalitat.
Al poco rato pude leer la respuesta
enviada por la Junta de UPIMIR a sus socios que, también hablaba de “algunas
informaciones” pero se detenía más prolijamente en los detalles:
Estimados
socios:
En
relación con algunas informaciones que han podido recibir en el transcurso del
día de hoy en relación con la hipotética transformación de manera más o menos
inmediata de las plazas de colaboración a plazas de concierto
"social" raíz de la futura publicación de un Decreto Ley por parte
del Gobierno de la Generalitat que así lo regulará, información ésta que quizás
hayan recibido por conducto de sus correos electrónicos corporativos no
dirigidos por nuestra patronal, les queremos informar de lo siguiente:
El
Parlamento Europeo dictó en su día la Directiva 2014/24 / UE dirigida a regular
en los Estados miembros la contratación pública, es decir los contratos que los
particulares firman o pueden firmar con las diferentes administraciones de los
estados de la Unión Europea, por ejemplo los contratos que se firman cuando un
establecimiento concierta plazas de residencia con la Generalidad. Como saben
las directivas de la Comunidad deben transponer a la normativa interna de cada
país dentro del plazo que la propia directiva marque. Hemos de decir que a
fecha de hoy todavía el Gobierno del Estado no ha transpuesto la indicada
Directiva Europea.
Dicha
directiva prevé que los contratos que se adjudiquen relacionados con los
servicios sociales deberán garantizar la continuidad, accesibilidad, la
disponibilidad y la exhaustividad del servicio, también dice que pueden, los
Estados miembros, reservar el derecho a la adjudicación de estos contratos a
determinadas entidades en concreto. A raíz de esta determinación que es
potestativa por los Estados Miembros, las entidades del tercer sector
(entidades sin ánimo de lucro) reclamaron ayer en la jornada 'La nueva
directiva europea y la concertación de servicios públicos y sanitarios en
Cataluña' celebrada en el auditorio de la ONCE, que solo pudieran acceder a las
adjudicaciones de contratos con la administración (por ejemplo los conciertos)
las entidades sin ánimo de lucro.
En
otro orden de cosas, algunos informadores han publicado de forma rotunda que el
próximo martes se publicará un Decreto por parte del Gobierno de la Generalidad
que además de ratificar que efectivamente solo las entidades sin ánimo de lucro
podrán concertar plazas con la administración, dirá también que de forma más o
menos inminente las plazas de colaboración pasarán a concierto
"social".
Al
respecto debemos manifestar que UPIMIR no ha recibido ninguna información
directamente de la Generalidad que indique que el texto normativo que quizás se
publique, vaya encaminado en este sentido, es decir UPIMIR en esta fecha no
tiene ninguna información veraz que efectivamente diga que se publicará un
Decreto Ley el próximo martes y que este Decreto contendrá ni la transformación
de las plazas de colaboración en concierto social, ni tampoco que solo las
entidades sin afanes de lucro podrán optar a los conciertos con la
administración en el ámbito de los Servicios sociales.
La
información de la que sí disponemos de manera veraz es que el Gobierno de la
Generalidad, mediante ACUERDO DE GOBIERNO, ha aprobado la creación de un grupo
de trabajo para redactar un ANTEPROYECTO DE LEY que regule los contratos de
servicios a las personas. Este grupo de trabajo estará adscrito a la Dirección
General de Contratación Pública del Departamento de Asuntos y Relaciones
Institucionales, Exteriores y Transparencia, que prestará el apoyo material y
técnico para el correcto desarrollo de sus funciones. En este grupo de trabajo
participarán personas expertas en contratación pública de los diferentes
ámbitos competenciales de la Generalitat en los que se prestan servicios a las
personas, especialmente de los departamentos de la Generalidad de Cataluña
competentes en materia de salud, educación, servicios sociales, servicios
comunitarios y de ocio, y penitenciarios. Asimismo, y dado que los entes
locales tienen competencias y prestan un amplio abanico de servicios públicos
que tienen incidencia directa en los servicios a las personas en general,
también tendrán una participación directa expertos en contratación pública del
mundo local.
El
grupo de trabajo deberá entregar su propuesta de borrador de anteproyecto de
ley antes de finalizar el mes de septiembre de 2016 y en este anteproyecto es
donde se plasmará el sistema de transposición de la Directiva Europea a la que
nos hemos referido, teniendo en cuenta que el propio acuerdo de gobierno explica
que entiende que tiene competencias para poder redactarlo atendiendo al
Estatuto de Autonomía.
UPIMIR
como patronal del sector de servicios sociales representativa dado el
importante número de establecimientos asociados, ha pedido formar parte del
Grupo de Trabajo que, hoy por hoy, todavía no está constituido, al menos no nos
consta su constitución.
Dicho
todo esto rogamos permanezcáis atentos exclusivamente a las informaciones que
os dirigimos desde UPIMIR en relación con este tema, evidentemente el próximo
martes estaremos pendientes de las publicaciones en el DOGC , y en caso de publicarse alguna cosa de las
anunciadas vía internet a las que nos hemos referido, os daremos inmediata
información, pero como siempre acostumbramos a hacer, no difundiremos
informaciones como las facilitadas por otros colectivos que pueden llegar a
alarmar al sector, sin tener un texto normativo que efectivamente nos asegure
que el que contamos es una realidad y no un simple rumor o declaración de
intenciones.
Atentamente.
La
Junta directiva
UPIMIR
Y con unos días más de distancia ha sido
ACAD quien ha enviado una circular a sus socios. En este caso, la peculiaridad radica en que
Josep Morera, abogado de esa patronal, estuvo en el acto. También la reproducimos:
NOTA
INFORMATIVA
El
pasado martes, día 10 de mayo de 2016, acudimos a la Jornada "La nueva
directiva europea y la concertación de servicios públicos sociales y sanitarios
en Cataluña" que organizó la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de
Cataluña, el Foro salud Mental y ACEBA, en el auditorio ONCE en Barcelona.
El
motivo de la jornada era explicar las novedades que introduce la transposición
de la directiva europea 2014/24 / EU, sobre la contratación pública, para la
concertación de servicios públicos sociales y sanitarios.
En
primer lugar se hizo una ponencia académica explicando el contenido de la
citada Directiva que podemos resumir en:
a) El considerando 6º
EXCLUYE de la contratación pública la prestación de servicios a las personas,
cuando dice textualmente:
"Debe
recordarse també que los Estados Miembros Gozán de libertad para organizar la
prestación de los servicios sociales obligatorios o de cualquier Otro Servicio,
como los servicios postales, los servicios de interés económico general o los
servicios no economicos de interés general, o una combinación de ambos.
Conviene aclarar que los servicios no economicos de interés general Debén quedó
Excluidos del ámbito aplicación de la presente Directiva "
Esto
deja claro que la Administración podrá contratar estos servicios bajo otras
modalidades que no sean la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Por otra parte, el
artículo 75 de la directiva obliga a publicitar la contratación, solamente.
c) ¿Que le debe importar a
la Administración en el momento de adjudicar estos servicios ?:
El
artículo 76 de la directiva marca los principios de adjudicación de estos tipos
de contratos:
-
Principio de transparencia
- Principio de igualdad de trato de los
operadores económicos
- Libertad para determinar las normas de procedimiento
aplicables
- Velar para garantizar la calidad,
continuidad, la accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de
los servicios, las necesidades específicas de los usuarios.
- Organismo adjudicador podrá disponer que la
elección del proveedor se haga sobre la base de la oferta económicamente más
ventajosa, teniendo en cuenta criterios de calidad y de sostenibilidad, en el
caso de los servicios sociales.
d) Independientemente de
ello, el artículo 77 de la directiva faculta a la Administración a reservar,
por un periodo máximo de 3 años, la adjudicación de los servicios personales
(sociales, sanitarios y culturales) a determinadas organizaciones que cumplan
con:
-
Que su objeto sea la realización de una misión de servicio público vinculada a
la prestación de estos servicios.
-
Que los beneficios se reinviertan con el fin de conseguir el objetivo de la
organización; en el caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, debe
ser en bases de participación.
- Que las estructuras de dirección o propiedad
de la organización que ejecute el-contrato se base en la propiedad de los
trabajadores o en principios de participación o exijan la participación activa
de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
- Que no se les haya adjudicado el servicio en
cuestión en los tres años anteriores.
Resumiendo,
estas características las cumplen las sociedades de economía social
(cooperativas, sociedades laborales) o entidades sin ánimo de lucro.
Tras
esta explicación, se hizo la Mesa "La perspectiva del Gobierno", en
el que intervino un representante del Departamento de Salud y el Director
General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y el
Autoempresa.
Se
nos explicó que:
-
La Acción Concertada no es un contrato, sino un modelo pasado a público de los
servicios privado.
-
Que otras comunidades autónomas ya habían transpuesto la directiva a su
ordenamiento jurídico autonómico. Hay que tener en cuenta que los servicios
sociales y sanitarios son de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma y,
por tanto, es ésta quien debe hacer la transposición.
-
Se tiene previsto publicar un Decreto-Ley, antes de fin de mes, que regulará la
concertación, que regulará los contratos reservados al Tercer Sector y la
Economía Social, los estándares de calidad y de acreditación y la intervención
del voluntariado.
- A
pregunta nuestra, se nos confirmó que esta nueva regulación normativa NO
excluirá el sector mercantil con ánimo de lucro, a pesar de que, a igualdad de
ofertas, se podrá priorizar las entidades del Tercer Sector y las de Economía
Social.
- También a pregunta nuestra, se nos dijo que
el "Traspaso de Colaboración en Concierto" se haría vía la nueva
figura de la "concertación social"
A
modo de resumen, queremos remarcar que:
A) El Decreto-Ley es de
inmediata publicación, aunque que NO se dijo que se publicara en el DOGC de
ningún día en concreto. Pensamos que antes del próximo Consejo Ejecutivo o del
próximo, no será.
B) La Sala de Prensa de la
web de la Generalitat publicó el mismo día 10, a las 15:17 horas, la noticia
oficial de que el Gobierno aprobó la creación de un grupo de trabajo para
redactar el anteproyecto de ley que regule los contratos de servicios a las
personas, trabajo que deberá entregarse antes de finalizar el ms de septiembre
de 2016. Esto afecta a la LEY de contratos, que deberá aprobar el Parlamento de
Cataluña.
C) Esto significa que
primero se publicará el Decreto-Ley, que no necesita su paso previo por el
Parlamento y después, pasado el verano se iniciará la tramitación de la Ley.
D) La Directiva europea
faculta a los Estados miembros a dar prioridad a las entidades del Tercer
Sector y de Economía Social, a igualdad de ofertas, e incluso a reservar
ciertos contratos, limitados temporalmente a tres años, a estas entidades.
E) Los criterios de
adjudicación de concertación pasarán SIEMPRE para asegurar la calidad, la
continuidad, la disponibilidad y la exhaustividad del servicio. El precio puede
ser importante, pero no determinante.
Como
podréis comprobar, nuestra insistencia en la formación del curso "de
colaboración en concierto" estaba más que justificada, ya que los
criterios coinciden totalmente con la directiva europea.
Nuestro
criterio o evaluación del futuro, debe venir dado por el contenido del
anunciado Decreto-Ley este mes de mayo.
Os
mantendremos puntualmente informados.
Barcelona,
12 de mayo de 2016
ASOCIACIÓN
ACAD
Personalmente agradezco a las
asociaciones que me hayan dejado reproducir sus circulares, que me he limitado
a traducir (con ayuda cibernética).
Después de leerlo todo me ratifico. Ahora ya no creo, como hice después de oír al
Sr. Josep Vidal, que vaya a haber algún proceso de “paso de colaborador a
concertado” antes de acabar 2016.
De lo que estoy totalmente convencido es
que la Generalitat ya ha renunciado totalmente ha utilizar el concierto
tradicional y que lo que vamos a ver en los próximos tiempos es el surgimiento
de un “concierto social” con muchas menos garantías para los prestadores y del
estilo de los “acuerdos marco” que ya tienen en Castilla la Mancha, Madrid o
Andalucía.
Lo que se preguntarán muchas residencias
colaboradoras es: Y, para eso, ¿no sería mejor dejar las cosas como están?
viernes, 28 de diciembre de 2012
¿NEUS QUÉ?
Como opinador amateur llevo unos cuantos años intentando desentrañar lo que se esconde detrás del nombramiento de un político determinado para ocupar cargos de responsabilidad que después afectan al sector de la dependencia.
Así, en octubre de 2010 deduje que a Zapatero lo de la dependencia no le importaba un ápice y por eso había nombrado como ministra a la estrambótica Leire Pajín. Ese desinterés lo arrastraba desde que en 2006, cuando se estaba ultimando la redacción de la Ley de Dependencia, creó el increíble Ministerio de Educación, Política social y Deporte y puso al frente a Mercedes Cabrera, alguien tan gris que he tenido que buscar en Google para recordar su nombre. En 2011, llegado Rajoy, me pregunté quién era Ana Mato, pensé que tampoco al nuevo presidente le importaba demasiado esto de la dependencia y por eso había puesto al mando a alguien con perfil político bajo y sin conocimientos demostrados en el campo.
En Cataluña, cuando Artur Mas nombró a Josep Lluis Cleries como conseller de Benestar Social y Famlia, muchos nos alegramos. Era un político experimentado, director general de acción cívica en un gobierno anterior y parlamentario avezado en la denuncia de los desaguisados del tripartito. Sabía perfectamente lo que era la atención a la dependencia y se manifestaba ferviente defensor de la cooperación público/privada.
El entorno en que le ha tocado trabajar a Cleries, durante estos dos años ha sido el peor imaginable. Administrar el final del espejismo con el descubrimiento de la deuda oculta que dejaba el tripartito, una Ley de Dependencia que se ha caía a pedazos, la necesidad de cumplir un objetivo de reducción de déficit verdaderamente doloroso y las constantes tensiones de tesorería favorecidas por un cuestionable sistema de financiación autonómico. Aun así, y a pesar de haberle criticado en diferentes ocasiones, creo que se le puede considerar el mejor conseller de servicios sociales que hemos tenido en esta Generalitat.
Es cierto que ahora ha sido sustituido y deja pendientes muchas cosas, entre ellas, no ha elaborado la norma de acreditación (llevamos cinco años esperándola), y debe el dinero correspondiente a los conciertos de mayo de 2012. También es cierto que su política de comunicación y relaciones públicas ha sido muy mejorable. Pero aún así, su actitud perseverante dentro del gobierno ha conseguido que las cosas no hayan sido aún peores para el sector geroasistencial.
Y aquí llegamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué ha decidido Mas sustituir al mejor conseller de Benestar Social por una tal Neus Munté que hasta hoy nadie conocía dentro de este sector? En primer lugar. Digo que ha elegido a "una tal" porque me ha resultado bastante difícil encontrar algo sobre ella en internet. Según la web del Parlament se trata de una parlamentaria que no tiene "Ninguna actividad profesional, laboral o empresarial desarrollada y ningún cargo público ocupado actualmente, aparte de su actividad como miembro del Parlamento". He podido saber que es licenciada en derecho, que tiene un Máster en Derecho Público y Organización Admnistrativa y, como único dato destacable, que es de UGT y que ocupó en ese sindicato el cargo de Secretaria de Política Institucional. O sea, que pasamos de un paladín de la cooperación público/privada a una sindicalista que, según el periódico ARA se enmarca en la línea más socialdemócrata de Convergència.
Sin duda un cambio como éste debe tener una motivación, y he intentado en vano descubrirla . En el poco tiempo que ha pasado me han llegado diferentes explicaciones. Según una de ellas, el propio Cleries habría pedido ser sustituido (no me la creo), según otras se trata de una concesión que hace Mas a Esquerra Republicana al quitar del gobierno a un político que les incomodó mucho poniéndoles constantemente en evidencia en el Parlament cuando era consellera Carme Capdevila. Yo me decanto por otra explicación que puede ser verdaderamente dolorosa. Creo que Cleries fue "demasiado buen conseller de lo suyo" lo cual supuso en ocasiones tener que enfrentarse con Economía o con Salud en defensa de los intereses de Benestar (léase, pago de los conciertos). Hoy mismo he sabido que los centros colaboradores y concertados han cobrado puntualmente.
Me temo que Mas ha decidido poner en el lugar de Cleries a alguien con menos envergadura política, alguien más "decorativo", aceptado por parte de sus nuevos compañeros de aventura y menos "molesto" si hay que tomar decisiones dolorosas como volver a suspender algún pago. ¿Y quien mejor que una backbencher convergente?
Cuando he sabido que era sindicalista de UGT me ha entrado un pequeño escalofrío. ¿Puede alguien comulgar a la vez con la "Plataforma contra las retallades" (de la que forma parte UGT) y con el gobierno que se ve obligado a aplicarlas? A mí me costaría un poco. Por otro lado, ¿Seguirá la sra Munté, que se ha manifestado continuista, apostando por la cooperación público/privada, por la flexibilidad y la confianza, o volverá a los momentos en que se consideraba que "esto de la dependencia debe ser básicamene público"?
Personalmente deseo lo mejor a Cleries y, ciertamente también a Neus Munté. Espero que ese perfil bajo que tiene ahora se eleve rápidamente, que sepa defender los intereses de su departamento dentro del gobierno y que entienda con rapidez que la mejor atención a los dependientes se alcanza garantizando una financiación adecuada y la elección del prestador que sea más eficaz y más eficiente con independencia de que sea público o privado.
Bienvenida al sector y ahora, a trabajar.
En Cataluña, cuando Artur Mas nombró a Josep Lluis Cleries como conseller de Benestar Social y Famlia, muchos nos alegramos. Era un político experimentado, director general de acción cívica en un gobierno anterior y parlamentario avezado en la denuncia de los desaguisados del tripartito. Sabía perfectamente lo que era la atención a la dependencia y se manifestaba ferviente defensor de la cooperación público/privada.
El entorno en que le ha tocado trabajar a Cleries, durante estos dos años ha sido el peor imaginable. Administrar el final del espejismo con el descubrimiento de la deuda oculta que dejaba el tripartito, una Ley de Dependencia que se ha caía a pedazos, la necesidad de cumplir un objetivo de reducción de déficit verdaderamente doloroso y las constantes tensiones de tesorería favorecidas por un cuestionable sistema de financiación autonómico. Aun así, y a pesar de haberle criticado en diferentes ocasiones, creo que se le puede considerar el mejor conseller de servicios sociales que hemos tenido en esta Generalitat.
Es cierto que ahora ha sido sustituido y deja pendientes muchas cosas, entre ellas, no ha elaborado la norma de acreditación (llevamos cinco años esperándola), y debe el dinero correspondiente a los conciertos de mayo de 2012. También es cierto que su política de comunicación y relaciones públicas ha sido muy mejorable. Pero aún así, su actitud perseverante dentro del gobierno ha conseguido que las cosas no hayan sido aún peores para el sector geroasistencial.
Y aquí llegamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué ha decidido Mas sustituir al mejor conseller de Benestar Social por una tal Neus Munté que hasta hoy nadie conocía dentro de este sector? En primer lugar. Digo que ha elegido a "una tal" porque me ha resultado bastante difícil encontrar algo sobre ella en internet. Según la web del Parlament se trata de una parlamentaria que no tiene "Ninguna actividad profesional, laboral o empresarial desarrollada y ningún cargo público ocupado actualmente, aparte de su actividad como miembro del Parlamento". He podido saber que es licenciada en derecho, que tiene un Máster en Derecho Público y Organización Admnistrativa y, como único dato destacable, que es de UGT y que ocupó en ese sindicato el cargo de Secretaria de Política Institucional. O sea, que pasamos de un paladín de la cooperación público/privada a una sindicalista que, según el periódico ARA se enmarca en la línea más socialdemócrata de Convergència.
Sin duda un cambio como éste debe tener una motivación, y he intentado en vano descubrirla . En el poco tiempo que ha pasado me han llegado diferentes explicaciones. Según una de ellas, el propio Cleries habría pedido ser sustituido (no me la creo), según otras se trata de una concesión que hace Mas a Esquerra Republicana al quitar del gobierno a un político que les incomodó mucho poniéndoles constantemente en evidencia en el Parlament cuando era consellera Carme Capdevila. Yo me decanto por otra explicación que puede ser verdaderamente dolorosa. Creo que Cleries fue "demasiado buen conseller de lo suyo" lo cual supuso en ocasiones tener que enfrentarse con Economía o con Salud en defensa de los intereses de Benestar (léase, pago de los conciertos). Hoy mismo he sabido que los centros colaboradores y concertados han cobrado puntualmente.
Me temo que Mas ha decidido poner en el lugar de Cleries a alguien con menos envergadura política, alguien más "decorativo", aceptado por parte de sus nuevos compañeros de aventura y menos "molesto" si hay que tomar decisiones dolorosas como volver a suspender algún pago. ¿Y quien mejor que una backbencher convergente?
Cuando he sabido que era sindicalista de UGT me ha entrado un pequeño escalofrío. ¿Puede alguien comulgar a la vez con la "Plataforma contra las retallades" (de la que forma parte UGT) y con el gobierno que se ve obligado a aplicarlas? A mí me costaría un poco. Por otro lado, ¿Seguirá la sra Munté, que se ha manifestado continuista, apostando por la cooperación público/privada, por la flexibilidad y la confianza, o volverá a los momentos en que se consideraba que "esto de la dependencia debe ser básicamene público"?
Personalmente deseo lo mejor a Cleries y, ciertamente también a Neus Munté. Espero que ese perfil bajo que tiene ahora se eleve rápidamente, que sepa defender los intereses de su departamento dentro del gobierno y que entienda con rapidez que la mejor atención a los dependientes se alcanza garantizando una financiación adecuada y la elección del prestador que sea más eficaz y más eficiente con independencia de que sea público o privado.
Bienvenida al sector y ahora, a trabajar.
viernes, 16 de noviembre de 2012
DE VUELTAS CON LA FLEXIBILIDAD, EL IVA Y UN MENSAJE ENTRE LÍNEAS
Ayer estuve en la entrega de los X premios ACRA. Y, dejando a un lado lo más importante, o sea los premiados, entre ellos dos asociaciones de voluntarios que acompañan a personas mayores (Avismon y Amics de la Gent Gran), la ocasión se presentaba como no exenta de morbo. Contar con el Conseller de Benestar i Família, Josep Lluis Cleries, en una sala en la que habría más de doscientas personas, muchos de ellos propietarios o directivos de residencias geriátricas a los que la Generalitat debe dinero, añadiendo el aderezo de la controversia sobre la posible rebaja del IVA y el hecho de encontrarnos en campaña electoral, hacía que muchos de los asistentes esperasen alguna noticia llamativa por parte del Conseller o alguna puya hacia la administración por parte de ACRA.
La entrega de premios contó con una intervención de la Presidenta de ACRA, Cinta Pascual, en la que más que puyas hacia la Generalitat hubo algún "cachetito cariñoso". Por supuesto una entrega de premios no es el lugar en que sacar los colores a alguien a quien has invitado. Pero, por lo que se hablaba en los corrillos previos y posteriores, muchos esperaban un emplazamiento directo al conseller para que se comprometiese a una fecha en el pago de las cantidades que se dejaron de cobrar en Julio. Cinta Pascual fue bastante institucional en su intervención: "la colaboración público-privada debe adquirir otra dimensión. Debemos compartir la estrategia, planificar el futuro, y reducir la gestión y los trámites para finalmente poder llegar con éxito a más servicios ". Aunque sí reclamó una solución a una contradicción clara, la existencia de 5.000 plazas libres en residencias de ancianos en Cataluña mientras hay listas de espera. Y también explicó algo muy bonito: la iniciativa "Compartint taula" (compartiendo mesa) que permitirá servir 265.0000 comidas gratuitas a personas mayores durante 2013 en los centros asociados a ACRA.
La intervención del Conseller estuvo a la altura de las circunstancias. Hace un año, tras asistir a la anterior entrega de premios escribí una entrada en este blog que titulé "Flexibilidad y confianza, ¡Qué bonito! Pero ¿Quién hace las camas?" Un año después el conseller sigue apostando por la flexibilización, pero "eso no quiere decir bajar la calidad sino mejores resultados". Después de casi dos años en le gobierno, muchos hubiéramos agradecido un poco más de concreción, pero, como mínimo sigue hablando de flexibilidad.
Sobre el IVA, apostó porque haya un único tipo del 4% para todos los servicios de atención a la dependencia, dijo que el tema lo tenían "bien enfocado" y que estaban trabajando en el congreso de los diputados. ¿Y lo del informe jurídico del IVA de las plazas en residencias colaboradoras? De eso ni una sola palabra.
A lo que sí dio importancia es al "cambio de paradigma" que supondrá la aprobación de una nueva Ley Catalana de Autonomía Personal. Un cambio que supondrá pasar el foco de la dependencia a la autonomía personal. ¡Qué bonito! Lo llevo oyendo desde julio y todavía no sé en qué consiste ni cómo afectará concretamente ese nuevo paradigma al porcentaje de dependientes que seguirán necesitando ayuda a domicilio, centros de día o residencias.
Hasta aquí las cosas iban tal como se podía prever, pero cuando habló de colaboración público-privada basada en una inminente concertación de plazas a poner en marcha al inicio de la próxima legislatura fue cuando dejó una frase entre líneas que para mí fue lo más relevante de su discurso. ¿Cuántas plazas piensan concertar? "Una cantidad que enlaza con la que ha planteado la presidenta de ACRA". ¡O sea, 5.000!
La intervención acabó con felicitaciones hacia el sector por el trabajo bien hecho. "Nada honra más a un país que saber que atiende bien a las personas más vulnerables", Una apuesta por la concertación: "En Cataluña hemos optado por la colaboración con la iniciativa privada a través de los conciertos y ha dado buen resultado" y un agradeciento por el compromiso que han demostrado las empresas en tiempos difíciles.
Y como siempre, lo mejor empezó después de los discursos. En los corrillos mientras degustábamos una "cena de pie". Me sorprendió mucho descubrir que el señor Cleries había sido tan sutil con lo del concierto de 5.000 plazas en residencias de ancianos en Catalunya que nadie se había dado cuenta. ¡Y en plena campaña electoral! Pude hablar con mucha gente y tuve una conversación agradable con el propio Conseller, con la Directora General del ICASS y con la presidenta de ACRA. Pero sobre eso escribiré mañana.
Autor del post Josep de Martí
La entrega de premios contó con una intervención de la Presidenta de ACRA, Cinta Pascual, en la que más que puyas hacia la Generalitat hubo algún "cachetito cariñoso". Por supuesto una entrega de premios no es el lugar en que sacar los colores a alguien a quien has invitado. Pero, por lo que se hablaba en los corrillos previos y posteriores, muchos esperaban un emplazamiento directo al conseller para que se comprometiese a una fecha en el pago de las cantidades que se dejaron de cobrar en Julio. Cinta Pascual fue bastante institucional en su intervención: "la colaboración público-privada debe adquirir otra dimensión. Debemos compartir la estrategia, planificar el futuro, y reducir la gestión y los trámites para finalmente poder llegar con éxito a más servicios ". Aunque sí reclamó una solución a una contradicción clara, la existencia de 5.000 plazas libres en residencias de ancianos en Cataluña mientras hay listas de espera. Y también explicó algo muy bonito: la iniciativa "Compartint taula" (compartiendo mesa) que permitirá servir 265.0000 comidas gratuitas a personas mayores durante 2013 en los centros asociados a ACRA.
La intervención del Conseller estuvo a la altura de las circunstancias. Hace un año, tras asistir a la anterior entrega de premios escribí una entrada en este blog que titulé "Flexibilidad y confianza, ¡Qué bonito! Pero ¿Quién hace las camas?" Un año después el conseller sigue apostando por la flexibilización, pero "eso no quiere decir bajar la calidad sino mejores resultados". Después de casi dos años en le gobierno, muchos hubiéramos agradecido un poco más de concreción, pero, como mínimo sigue hablando de flexibilidad.
Sobre el IVA, apostó porque haya un único tipo del 4% para todos los servicios de atención a la dependencia, dijo que el tema lo tenían "bien enfocado" y que estaban trabajando en el congreso de los diputados. ¿Y lo del informe jurídico del IVA de las plazas en residencias colaboradoras? De eso ni una sola palabra.
A lo que sí dio importancia es al "cambio de paradigma" que supondrá la aprobación de una nueva Ley Catalana de Autonomía Personal. Un cambio que supondrá pasar el foco de la dependencia a la autonomía personal. ¡Qué bonito! Lo llevo oyendo desde julio y todavía no sé en qué consiste ni cómo afectará concretamente ese nuevo paradigma al porcentaje de dependientes que seguirán necesitando ayuda a domicilio, centros de día o residencias.
Hasta aquí las cosas iban tal como se podía prever, pero cuando habló de colaboración público-privada basada en una inminente concertación de plazas a poner en marcha al inicio de la próxima legislatura fue cuando dejó una frase entre líneas que para mí fue lo más relevante de su discurso. ¿Cuántas plazas piensan concertar? "Una cantidad que enlaza con la que ha planteado la presidenta de ACRA". ¡O sea, 5.000!
La intervención acabó con felicitaciones hacia el sector por el trabajo bien hecho. "Nada honra más a un país que saber que atiende bien a las personas más vulnerables", Una apuesta por la concertación: "En Cataluña hemos optado por la colaboración con la iniciativa privada a través de los conciertos y ha dado buen resultado" y un agradeciento por el compromiso que han demostrado las empresas en tiempos difíciles.
Y como siempre, lo mejor empezó después de los discursos. En los corrillos mientras degustábamos una "cena de pie". Me sorprendió mucho descubrir que el señor Cleries había sido tan sutil con lo del concierto de 5.000 plazas en residencias de ancianos en Catalunya que nadie se había dado cuenta. ¡Y en plena campaña electoral! Pude hablar con mucha gente y tuve una conversación agradable con el propio Conseller, con la Directora General del ICASS y con la presidenta de ACRA. Pero sobre eso escribiré mañana.
Autor del post Josep de Martí
miércoles, 8 de febrero de 2012
¿COLABORADOR O CONCERTADO? THAT IS THE QUESTION
Apenas han pasado 24 horas y algunas residencias me están diciendo que lo que escribí ayer sobre la subida del 1% de la aportación del usuario deja algunos temas sueltos que tienen mucha importancia.
Se refieren a qué pasa con las residencias colaboradoras que, de acuerdo con la instrucción escrita recibida del ICASS en 2008 habían ido aplicando el IPC a la parte que pagaba el usuario. Estas residencia, en algún caso, están cobrando cantidades por encima de los 1.201,85€/mes a que hace referencia la nueva instrucción del ICASS y que, según su propia literalidad, debe ser aplicada a las plazas públicas (propias o gestionadas), concertadas y de colaboración.
La pregunta que se hacen esas residencias colaboradoras es ¿qué debo hacer ahora? Aquí se encuentran con tres situaciones:
1. Residentes con aportación actual inferior a las cantidades máximas y que no la superan aunque se les incremente un 1%: En ese caso les podrán realizar la subida del 1% y esperar que el ICASS rebaje la misma cantidad en las próximas nóminas.
3. Residentes de ingreso reciente que ya pagan la cantidad máxima: estos se quedan como están.
2. Residentes que llevan tiempo en la residencia ocupando plaza de colaboración y estarían por debajo de la cantidad máxima si la residencia no hubiese aplicado el IPC los últimos años, de acuerdo con la instrucción de 2008 pero que actualmente pagan por encima.
El problema está en los terceros.
Por supuesto que una solución sería rebajarles con efectos 1 de Enero la cantidad que pagan hasta igualar la cantidad máxima de copago. El problema es que, tal como están las cosas, rebajar ingresos cuando el cliente está pagando pacíficamente la cantidad acordada, no parece inteligente.
Otra opción sería entrar a fondo en la naturaleza jurídica de la colaboración y concluir que, si para algunas cosas se considera prestación económica y para otras servicio, por una vez podría considerarse cómo aquello que perjudique menos a las residencias.
Repasemos:
Las Leyes de Dependencia y de Serveis Socials de Catalunya entienden como prestación de servicio aquélla que se realiza en una plaza pública o concertada. Ni una ni la otra hablan de la "colaboración" (Programa de Suport a l'Acolliment Residencial), es más, lo más parecido que existe a la misma es, en la Ley de Dependencia, la Prestación Económica Vinculada (que en la Ley catalana sólo se contempla en el punto 2.1.10. del anexo para el caso del asistente personal para personas con discapacidad física).
Pero, aunque las Leyes no la contemplen, existe. Sólo hay que ir a la web de la Generalitat donde viene muy bien explicado en qué consiste este programa (esto aparece hoy, 8 de febrero de 2012 en https://dasc.gencat.cat/ccs/prestacio.do?Prestacio=1731, página a la que he llegado desde aquí). Es más, esta descripción coincide literalmente con la que en el Decreto de Cartera de Serveis se dedica, en el punto 2.2.4 de su anexo, a la Prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran:
O sea, que la colaboración subsiste con otro nombre y regulada en un punto diferente de la cartera de serveis que el de las plazas públicas y concertadas.
Tal como viene definido en la cartera de serveis, esta prestación no se financia a través de los fondos de la Ley de Dependencia debido a que no es una prestación garantizada sino de concurrencia. Por eso la Generalitat, en varios momentos (hasta 2010) ha dicho que se planteaba ir transformando las 14.000 plazas de colaboración en concertadas.
Pero, cuando se miran los datos que ofrece el Imserso sobre aplicación de la Ley a Enero de 2012, referentes a Cataluña, vemos que, de las 145.148 prestaciones reconocidas, 15.981 corresponden a atención residencial (o sea, plazas públicas y concertadas) y 11.807 a PEV (Prestación económica vinculada). En estos datos no aparecen las colaboradoras de forma diferenciada. ¿Debemos suponer que las 14.000 colaboradoras forman parte de las plazas públicas, concertadas y PEV o no? Yo todavía no tengo clara la respuesta aunque creo que lo importante, a la hora de hacer estadísticas, no es si la plaza es pública, concertada, colaboradora o de PEV sino si está o no financiada con fondos públicos
La posible confusión entre plazas concertadas y colaboradoras desapareció totalmente en una ocasión: Cuando el gobierno anterior subió un punto el IVA, quedó bien claro que las plazas colaboradoras eran diferentes de las concertadas. En un caso (las concertadas) bajaba el tipo con lo que la Generalitat obtenía un ahorro, pero a las colaboradoras les dijeron que ellas tenían precio "IVA incluido" por lo que la subida la tenían que asumir ellas.
Y aquí estamos.
La subsistencia del modelo de colaboración cuatro años después de entrar en vigor la Llei de Serveis Socials de Catalunya nos trae aquí.
Sinceramente creo que una solución podría ser considerar que todas las plazas de colaboración en residencias para personas mayores dependientes lo son de Prestación Económica Vinculada. Algún purista puede decir que esto no no es posible ya que la PEV es una figura transitoria mientras se obtiene plaza pública, yo le respondería que, si aceptamos que el 60% de las ayudas sean para el cuidador no profesional (algo que la Ley considera como excepcional) podemos aceptar que la PEV se generalice como sustituto de la prestación de servicios.
Generalizar la PEV, además de resolver el problema puntual que tenemos ahora con la subida de la aportación del usuario, pondría al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, simplificaría la gestión y abarataría el coste del sistema.
La cuestión vuelve a estar en manos de le Generalitat. Ellos ya han movido ficha, han enviado (por mail) la circular a las residencias y han ordenado que ésta se cuelgue en el tablón de anuncios. Es de esperar que todos los que paguen por encima del máximo de copago exijan una reducción con lo que, si ICASS no hace alguna corrección a tiempo, como excluir a los centros colaboradores ("residencias colaboradoras" en el habla común) de la circular a través de una corrección de errores, su medida supondrá detraer algunos euros de las cuentas de las residencias colaboradoras, otra vez (recordemos el IVA).
Confío en que esta vez no sea así.
Se refieren a qué pasa con las residencias colaboradoras que, de acuerdo con la instrucción escrita recibida del ICASS en 2008 habían ido aplicando el IPC a la parte que pagaba el usuario. Estas residencia, en algún caso, están cobrando cantidades por encima de los 1.201,85€/mes a que hace referencia la nueva instrucción del ICASS y que, según su propia literalidad, debe ser aplicada a las plazas públicas (propias o gestionadas), concertadas y de colaboración.
La pregunta que se hacen esas residencias colaboradoras es ¿qué debo hacer ahora? Aquí se encuentran con tres situaciones:
1. Residentes con aportación actual inferior a las cantidades máximas y que no la superan aunque se les incremente un 1%: En ese caso les podrán realizar la subida del 1% y esperar que el ICASS rebaje la misma cantidad en las próximas nóminas.
3. Residentes de ingreso reciente que ya pagan la cantidad máxima: estos se quedan como están.
2. Residentes que llevan tiempo en la residencia ocupando plaza de colaboración y estarían por debajo de la cantidad máxima si la residencia no hubiese aplicado el IPC los últimos años, de acuerdo con la instrucción de 2008 pero que actualmente pagan por encima.
El problema está en los terceros.
Por supuesto que una solución sería rebajarles con efectos 1 de Enero la cantidad que pagan hasta igualar la cantidad máxima de copago. El problema es que, tal como están las cosas, rebajar ingresos cuando el cliente está pagando pacíficamente la cantidad acordada, no parece inteligente.
Otra opción sería entrar a fondo en la naturaleza jurídica de la colaboración y concluir que, si para algunas cosas se considera prestación económica y para otras servicio, por una vez podría considerarse cómo aquello que perjudique menos a las residencias.
Repasemos:
Las Leyes de Dependencia y de Serveis Socials de Catalunya entienden como prestación de servicio aquélla que se realiza en una plaza pública o concertada. Ni una ni la otra hablan de la "colaboración" (Programa de Suport a l'Acolliment Residencial), es más, lo más parecido que existe a la misma es, en la Ley de Dependencia, la Prestación Económica Vinculada (que en la Ley catalana sólo se contempla en el punto 2.1.10. del anexo para el caso del asistente personal para personas con discapacidad física).
Pero, aunque las Leyes no la contemplen, existe. Sólo hay que ir a la web de la Generalitat donde viene muy bien explicado en qué consiste este programa (esto aparece hoy, 8 de febrero de 2012 en https://dasc.gencat.cat/ccs/prestacio.do?Prestacio=1731, página a la que he llegado desde aquí). Es más, esta descripción coincide literalmente con la que en el Decreto de Cartera de Serveis se dedica, en el punto 2.2.4 de su anexo, a la Prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran:
O sea, que la colaboración subsiste con otro nombre y regulada en un punto diferente de la cartera de serveis que el de las plazas públicas y concertadas.
Tal como viene definido en la cartera de serveis, esta prestación no se financia a través de los fondos de la Ley de Dependencia debido a que no es una prestación garantizada sino de concurrencia. Por eso la Generalitat, en varios momentos (hasta 2010) ha dicho que se planteaba ir transformando las 14.000 plazas de colaboración en concertadas.
Pero, cuando se miran los datos que ofrece el Imserso sobre aplicación de la Ley a Enero de 2012, referentes a Cataluña, vemos que, de las 145.148 prestaciones reconocidas, 15.981 corresponden a atención residencial (o sea, plazas públicas y concertadas) y 11.807 a PEV (Prestación económica vinculada). En estos datos no aparecen las colaboradoras de forma diferenciada. ¿Debemos suponer que las 14.000 colaboradoras forman parte de las plazas públicas, concertadas y PEV o no? Yo todavía no tengo clara la respuesta aunque creo que lo importante, a la hora de hacer estadísticas, no es si la plaza es pública, concertada, colaboradora o de PEV sino si está o no financiada con fondos públicos
La posible confusión entre plazas concertadas y colaboradoras desapareció totalmente en una ocasión: Cuando el gobierno anterior subió un punto el IVA, quedó bien claro que las plazas colaboradoras eran diferentes de las concertadas. En un caso (las concertadas) bajaba el tipo con lo que la Generalitat obtenía un ahorro, pero a las colaboradoras les dijeron que ellas tenían precio "IVA incluido" por lo que la subida la tenían que asumir ellas.
Y aquí estamos.
La subsistencia del modelo de colaboración cuatro años después de entrar en vigor la Llei de Serveis Socials de Catalunya nos trae aquí.
Sinceramente creo que una solución podría ser considerar que todas las plazas de colaboración en residencias para personas mayores dependientes lo son de Prestación Económica Vinculada. Algún purista puede decir que esto no no es posible ya que la PEV es una figura transitoria mientras se obtiene plaza pública, yo le respondería que, si aceptamos que el 60% de las ayudas sean para el cuidador no profesional (algo que la Ley considera como excepcional) podemos aceptar que la PEV se generalice como sustituto de la prestación de servicios.
Generalizar la PEV, además de resolver el problema puntual que tenemos ahora con la subida de la aportación del usuario, pondría al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, simplificaría la gestión y abarataría el coste del sistema.
La cuestión vuelve a estar en manos de le Generalitat. Ellos ya han movido ficha, han enviado (por mail) la circular a las residencias y han ordenado que ésta se cuelgue en el tablón de anuncios. Es de esperar que todos los que paguen por encima del máximo de copago exijan una reducción con lo que, si ICASS no hace alguna corrección a tiempo, como excluir a los centros colaboradores ("residencias colaboradoras" en el habla común) de la circular a través de una corrección de errores, su medida supondrá detraer algunos euros de las cuentas de las residencias colaboradoras, otra vez (recordemos el IVA).
Confío en que esta vez no sea así.
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