jueves, 1 de diciembre de 2016

Se acerca el décimo cumpleaños de la Ley de Dependencia: ¿Felicidades?

A medida que se acerca el uno de Enero de 2017, o sea el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, no puedo evitar pensar en cómo han cambiado las cosas en este último decenio y en lo poco que ha influido en ese cambio el nacimiento del “cuarto pilar del Estado de bienestar”.

Pensar en que, mientras se redactaba algunos se empeñaron en que se llamase de “autonomía personal” mientras otros quisieron, fuese como fuese, que diese cobertura a personas con dependencia provocada por problemas de salud mental.  Ambos consiguieron su propósito, entraron en la Ley, para ver lo conseguido convertirse en nada.

Pensar que llevamos diez años escuchando “lo bueno” que ha sido que se aprobase una ley que “reconoce un nuevo derecho de ciudadanía” y la cantidad de personas que han recibido alguna prestación que, sin ley de Dependencia no les hubiese llegado.

Yo llevo años diciendo que si queríamos más personas recibiendo servicios sociales sólo hacía falta haber mejorado el sistema de financiación de las comunidades autónomas y haber dejado que cada una siguiese con su modelo de cobertura.  Supongo que soy demasiado ingenuo.  

Los que de verdad saben cómo deben hacerse las cosas decidieron crear un sistema en el que bajo la gran estatua del “derecho de ciudadanía de la Dependencia para todos y todas” existiese un sistema, en apariencia común, de valoración de la dependencia, acreditación de servicios, copago y asignación de recursos mientras en la realidad continuaban existiendo diecisiete sistemas diferentes (uno por cada comunidad autónoma), con sus burocracias, reglamentaciones y legiones de funcionarios.    La clave estaba en un redactado tan deficiente que permitiese entender una cosa y la contraria y en un gobierno del estado que de ninguna forma fuese a intentar unificar o armonizar nada.

El resultado: un sistema “de papel” y una realidad contradictorios, muchas personas dispuestas a defender el gran avance que ha supuesto la Ley y la tendencia a mirar con extrañeza cuando no desconfianza a quienes decimos que la Ley estaba mal hecha desde el principio.

Escuchar a alguien que defiende la Ley me hace recordar lo que Orwell define como “doble pensamiento” en  su obra maestra, 1984.

Doblepensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del Partido sabe en qué dirección han de ser alterados sus recuerdos; por tanto, sabe que está trucando la realidad; pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doblepensar en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues, si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y, por tanto, de culpabilidad. El doblepensar está arraigado en el corazón mismo del Ingsoc, ya que el acto esencial del Partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez.”



Hace cinco años, tras asistir a un congreso de Edad y Vida escribí un post en este blog que se titulaba “No estaba muerta, estaba de parranda (La Ley de Dependencia)”.  En el congreso había escuchado como altos representantes de instituciones y organizaciones de mayores hacían algo que se me antojó bastante curioso:  por un lado se congratulaban de que se hubiese aprobado la ley y consagrado el nuevo derecho  para, acto seguido, denunciar sus defectos, lo mal que se aplicaba y la falta de presupuesto.

Esto es sólo un extracto del post os lo dejo para que vayáis preparando el cumpleaños de la Ley:

Sea cual sea el objetivo de la Ley, en cuatro años se ha pervertido o ha sido sencillamente olvidado. Lo único bueno es que se ha gastado más dinero en dependencia: No como la Ley pretendía hacerlo, pero el dinero se ha gastado y se sigue gastando. Así que muchas personas que antes no recibían prestación hoy la reciben: no como la Ley preveía que la recibiesen, pero la reciben. Da igual que al lado haya otras miles de personas que no reciben lo que la Ley preveía, eso palidece ante lo anterior.


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Si no fuese porque esas miles de prestaciones se han reconocido diríamos que la Ley está muerta, pero, después de escuchar a los representantes de los mayores y al de Edad y Vida sólo nos queda salir cantando: No estaba muerta, estaba de parranda. ¡Gracias Peret! (http://www.youtube.com/watch?v=G9lOlS3eGOs&feature=related)

Sobre la Ley de Dependencia
Libro de Josep de Martí Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia

jueves, 17 de noviembre de 2016

Concertando plazas según la Ley o "a dedo" (Generalitat Valenciana y Generalitat de Catalunya)



Dos noticias aparentemente similares han surgido durante los últimos días.


En la Comunidad Valenciana (según el Diario La Información) La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto el plazo de licitación por procedimiento abierto para la contratación de 3.300 plazas en centros residenciales de personas mayores , según ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El plazo para presentar las ofertas finaliza el 4 de enero de 2017.

Se trata de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad del servicio frente al precio del mismo. El contrato será para un periodo de tres años prorrogables a otros tres, y por un importe estimado que asciende a los 379.739.225 euros.

Mientras tanto los medios nos dicen en Cataluña que La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha anunciado el 13 de noviembre, que la Generalitat subvencionará a partir de mañana otras 700 plazas en residencias privadas de ancianos, que de esta manera se convertirán en plazas colaboradoras.

Ello significa que el Govern pagará más de 1.000 euros mensuales por las plazas que ocupan actualmente unos 700 ancianos catalanes en centros privados.

En una entrevista en Televisió de Catalunya, Bassa ha explicado que este incremento del número de plazas colaboradoras ha sido posible gracias a que se ha "rascado" del presupuesto actual, pero ha incidido en que sigue existiendo un "déficit" de plazas en residencias para gente mayor.

Resulta curioso que, mientras en la Comunidad Valenciana es toman la "molestia" de convocar una licitación pública en Cataluña pueda comparecer la consellera, decir que ha "rascado" (literal de los medios de comunicación) algo del presupuesto y que gracias a eso puede subvencionar 700 plazas en residencias.

Cuando la licitación en la Comunidad Valenciana se tramite sabremos quiénes han sido los adjudicatarios y, quién se sienta perjudicado y considere que no se ha seguido el proceso legal podrá relcamar e incluso ir a los tribunales.  Las residencias que se adjudiquen al haber presentado una oferta ventajosa, firmarán un contrato con la administración, un concierto de plazas recogido por la Ley.

En Cataluña, esas 700 plazas que "subvenciona" la Generalitat están en unas residencias que han sido elegidas "a dedo" por la administración mediante un sistema que no ha sido publicado en ningún diario oficial.  Lo que tienen en común esas residencias es que tenían firmado con la Generalitat un convenio dentro del Programa de Suport a l'Acolliment Residencial (programa de apoyo al acogimiento residenical), coloquialmente conocido como "de colaboración".  Un programa muy bien diseñado en los años 90 y que quedó fuera de la Ley aprobarse la Ley de Servicios Sociales de Cataluña de 2007.   Esa Ley ya no contempla que existan plazas "colaboradoras" y las deja sólo vigentes de forma transitoria hasta que se transformen en plazas concertadas.

En Cataluña desde 2008 no se firman convenios de "colaboración" con residencias, por lo que muchas residencias perfectamente equipadas y dotadas de personal adecuado llevan ocho años esperando a que la Generalitat abra un proceso de concertación.   Lo máximo que han conseguido estos centros ha sido poder acoger, en algunos casos a beneficiarios de Prestación Económica Vinculada.

El "proceso de las 700 plazas", al que he llamado "Pseudoconcertación express" en posts anteriores, ha venido plagado de despropósitos.  Primero la Generalitat convocó a algunas patronales para pedirles que les dijesen qué residencias colaboradoras y concertadas tenían plazas libres porque quería ampliar plazas financiadas por la administración.  Después resultó que sólo quería saber las plazas libres en colaboradoras.  Después en una nota, dijeron que sólo estaban recabando datos pero sin ninguna intención concreta a corto plazo; después empezaron a llamar directamente a las residencias colaboradoras pidiendo datos de plazas libres y al final han anunciado lo que han anunciado.

La medida tiene su lado bueno ya que supone ampliar en 700 el número de plazas financiadas,   también es buena para las residencias que hayan conseguido ampliar sus plazas de colaboración. El lado malo, sin embargo, sigue allí: establece un antecedente de enorme arbitrariedad que puede pasar factura en el futuro.

¿Cómo puede alguien saber si la Generalitat ha seguido el proceso adecuado? ¿Cómo puede recurrir una residencia que sienta que debería haber sido incluida en la "Pseudoconcertación"?

En estos días he escuchado a directores explicando su situación individual.  Desde quien no ha podido participar porque no tenía plazas libres aunque sí varias de beneficiarios de PEV, quien ha ocupado algunas plazas privadas en estancias temporales que acabarán en poco tiempo y que si llega a saber lo que iba a hacer la Generalitat hubiese actuado de forma diferente.  "¡Si llegan a avisar!"

Durante los últimos años la forma de financiar plazas en residencias en la Comunidad Valenciana ha sido puesta en duda por parte de muchos empresarios, los medios de comunicación y los jueces que han llevado a dormir en la cárcel a algún ex-consejero.   No me gustaría que, ahora que parece que en esa Comunidad han optado por un sistema más transparente de licitación, sea Cataluña la que opte por formas opacas de licitación.

lunes, 7 de noviembre de 2016

¿Morir atropellado por un tren e indemnizar a la compañía? Envejecimiento en Japón



Esta podría ser una historia en cualquier lugar del mundo, una mujer de cincuenta años se da cuenta de que su madre está “perdiendo la cabeza”; ha dejado de bañarse salvo que alguien se lo diga con insistencia, ha comprado de forma desordenada haciendo que en casa haya muchísimo papel higiénico pero nada de leche. Algunas noches da vueltas por la casa llamando insistentemente a su difunto marido y enfadándose al no encontrarle Un día incluso ha salido de casa y se ha perdido durante un día y una noche entera. Su hija descubrió lo que había pasado cuando la policía le llamó al haberla encontrado deambulando por una zona industrial alejada de su casa. La policía le dijo que había tenido suerte.

En 2014, el Libro Guinness de los Récords inscribió al japonés de la ciudad de Saitama, Momoi Sakari, como el hombre más longevo del mundo, con 111 años y 196 días de edad. Poco tiempo antes había fallecido el anterior recordman, un estadounidense de 111 años y 124 días.

Aunque ese dato podría interpretarse como algo únicamente positivo, también hay otras realidades ocultas tras un dato que trata del envejecimiento en el país del sol naciente: Cada año más de 10.000 personas mayores con demencia desaparecen en Japón. Muchos son encontrados muertos, otros nunca llegan a encontrarse. Para los que se pierden en las vías de un tren y mueren atropellados la familia puede llegar a vivir la indignidad póstuma de tener que pagar por la factura del accidente. En un caso, los herederos de un anciano vieron incrédulos la factura de 7,2 millones de yenes (unos 60.000€) que les fue presentada con la advertencia de que el pago atrasado generaría intereses.

Uno de los países más envejecidos del mundo


Japón es así una de las sociedades más envejecidas del mundo, detrás únicamente del minúsculo principado de Mónaco. Según un estudio llevado a cabo por el Ministerio japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, el número de personas mayores de cien años en el país se situaba en 54.397 el día 15 de septiembre de 2014, fecha en que se celebra el Día de Respeto a los Ancianos, Keirō no hi en japonés. Esta cifra representa un nuevo récord, ya que supera en 3.021 personas el dato del año anterior (51.376); además, ya son 43 años consecutivos de esta tendencia al alza. La mujer más anciana del archipiélago nipón es Ōkawa Misawo, de 115 años y residente en la ciudad de Osaka, mientras que el hombre de más edad es el ya mencionado Momoi Sakari. Para los millones de jubilados nipones que bien un envejecimiento activo, alargar la esperanza de vida se convierte en una especie de bendición de vida plena, sin embargo ésta trae consigo una servidumbre añadida en forma de aumento del número de personas que sufren demencia. Esta situación cada vez plantea con más fuerza la pregunta de quién debe asumir las decisiones sobre la vida de estas personas y la responsabilidad que emana de las mismas.

Desde el punto de vista demográfico se trata de una pregunta importante ya que, como cada vez hay más mayores y menos niños, la población japonesa está decreciendo y lo va a hacer a razón de 700.000 personas por año durante 10 años entre 2020 y 2030 de forma que, si siguiese con esa racha en el año 3.000 el país tendría 1.000 habitantes.

Cuida la familia


Si hoy son 5 millones los japoneses sufren algún tipo de demencia relacionada con la edad (como el Alzheimer), en 2025 la cifra subirá hasta los 7 millones. Muchas de estas personas van a necesitar atención con la dificultad añadida de vivir solos en un domicilio recibiendo cuidados esporádicos de sus parientes. Ese “cuidado familiar” que para muchos es muestra de la salud de la institución básica de la sociedad trae consigo un efecto oculto y siniestro: según algunos estudios, tres cuartas partes de los familiares cuidadores viven en una situación de estrés tan elevada que afecta a su propia salud. En encuestas que se realizan en Japón aparecen pensamientos suicidas en los cuidadores o, algo igual de terrible: en 2015 se produjeron 44 intentos se asesinato por parte de familiares cuidadores (no hemos encontrado el dato de cuantos acabaron en la muerte efectiva del mayor).

Japón intenta adaptarse a la vida en un país con tantos mayores y menos jóvenes. La edad de jubilación obligatoria desapareció hace algún tiempo por lo que no resulta extraño encontrar taxistas de más de 70 años o personas mayores vigilando en obras o trabajando en supermercados. Cada vez más personas de más de 65 años dicen que están dispuestos a seguir trabajando mientras estén en forma, algo relacionado sin duda con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva.

La adaptación a una sociedad envejecida se nota cada vez en más detalles: las tiendas de barrio surgen en todas partes adaptándose a las costumbres de compra de un mayor sin coche y con ganas de cargar poco peso. Las compañías de teléfonos, automóviles y elecrodomésticos han fabricado productos con funciones más sencillas e intuitivas, con letras grandes y contrastadas que permitan su uso normal por parte de un octogenario.

La financiación pública para la atención a la dependencia para las personas mayores parece no estar a la altura del resto de adaptaciones a las que se somete el país. En 2010 ese gasto tan solo el el 1,2% del PIB frente al 3,7% de Holanda (Datos de la OCDE). La razón por la que es Estado paga menos por los cuidados a mayores radica en la especial implicación que mantiene la familia, que, a menudo está dispuesta a gastar ahorros, e incluso a dejar su propio trabajo para cuidar al pariente anciano.

¿Traer a cuidadores del extranjero?


Un problema añadido para poder incrementar el cuidado profesional de mayores dependientes es la grave falta de enfermeras, debida en parte al bajo salario que cobran las que se dedican al cuidado de ancianos. Hace unos diez años el gobierno anunció que traerían a un gran número de enfermeras desde Filipinas e Indonesia. El anuncio se ha quedado básicamente en eso debido a que los visados ​​son extremadamente difíciles de obtener y a que los trabajadores extranjeros dedicados a cuidar a mayores deben pasar pruebas de lenguaje absurdamente difíciles. Total, que solo unas pocas enfermeras extranjeras se han conseguido incorporar.

Encontrar plaza en una residencia geriátrica cuando esta es la opción más adecuada, también se está convirtiendo en un problema importante. Un informe afirma que para el año 2025 cerca de 130.000 ancianos con demencia en Tokio necesitarán una plaza en una residencia de tercera edad de larga estancia pero no la podrán encontrar. Si pensamos en todo el país, alrededor de 520.000 personas mayores estaban en 2013 en lista de espera para ingresar a una residencia asistida, entre las que unas 150.000 eran totalmente incapaces de cuidar de sí mismas. Debido a la tendencia demográfica, cabe pensar que ya han superado ampliamente estas cifras.

Que los ancianos vayan a vivir al campo


Un grupo de reflexión, el Consejo de Política de Japón, presentó recientemente una solución desesperada: alejar a los ancianos de la capital para estimular a las comunidades rurales en declive. El 
Ubasute
plan fue aprobado por el gobierno, aunque ha sido recibido con cierta reticencia. El ministro a cargo de la revitalización rural, Shigeru Ishiba, tuvo que negar que el gobierno estuviera volviendo al ubasute 姥捨て, la antigua costumbre mítica de empujar a la abuela para que se vaya a una montaña a morir. También insistió en que nadie se vería obligado a moverse.

Hasta la fecha, más de 200 municipios rurales han expresado su interés en acoger lo que se denomina comunidades de jubilación continua. Algunos ya están funcionando aunque falta por determinar un detalles: si este modelo tiende a generalizarse, ¿debe hacerse cargo del mismo el Estado o la persona que se beneficia y sus familiares?

Shinzo Abe, primer ministro del Japón promete que su país está llamado a convertirse en un ejemplo para el mundo a la hora de afrontar el envejecimiento de la población. Entre sus promesas está una mejor financiación para la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y más dinero para entrenar a 60.000 médicos en su diagnóstico temprano de ese tipo de demencia. Pero se debe hacer mucho más, incluyendo la reducción de las barreras inmigratorias que impiden, como ha quedado señalado más arriba que vayan a trabajar a Japón trabajadores especializados en la atención a mayores.

Volviendo a los ancianos atropellados por trenes, las actitudes en Japón están cambiando. En un fallo histórico en marzo de 2016, la Corte Suprema de Japón falló contra Japan Railways en su intento de reclamar los costos de un accidente que acabó con la muerte de un anciano. El mayor, u hombre de 91 años que sufría demencia tropezó en las vías del tren durante un paseo. La compañía argumentó que el hijo y la esposa del hombre eran responsables porque "no cumplían con su obligación" de vigilarlo. El hijo por su lado, alegó lo caro y agotador que es cuidar a tus padres cuando estos se han vuelto a convertir en convertido en niños. Esta vez, los jueces se sintieron más cerca del familiar cuidador que de la empresa de ferrocarriles.
Fuentes del texto: