Pseudoconcertación express 2.0 Ahora a escondidas

Hace una semana la Generalitat de Catalunya pidió a algunas patronales que les dijesen qué residencias colaboradoras tenían plazas privadas libres para poder pasarlas a colaboración y les insistió en que la información la tenía que recibir rápidamente.  Como la petición la hizo de forma verbal cada cual entendió una cosa diferente y la propia Generalitat tuvo que salir al paso desmintiendo en un comunicado lo que habían difundido las patronales sobre el incremento de la colaboración.  Según ese texto "Este es un dato que pedimos a efectos de trabajo interno, sin ninguna previsión concreta de futuro".

Todavía no he encontrado a nadie que creyese el comunicado del Departament.  Todos entendimos que se trataba de un cambio de dirección en toda regla.

Lo cierto es que si hay que aumentar el número de plazas de colaboración hay que hacerlo mediante un sistema justo y sobre todo, legal, que permita a todas las residencias que tengan plazas disponibles del tipo que se quiere financiar presentarse a un procedimiento transparente.

Decir tengo tanta prisa que voy a ignorar el procedimiento es una huída inexcusable de los principios de transparencia y concurrencia que deben informar toda actuación administrativa.

Durante el día de hoy he sabido que varias residencias colaboradoras de, por lo menos tres comarcas diferentes, han recibido una llamada que decía ser de una técnica del Departament, Afers Socials i Famílies preguntando si tenían plazas privadas que quisieran convertir en colaboradoras.  Todas han entendido, sin excepción, que si decían que sí tenían muchas posibilidades de aumentar sus plazas de colaboración.

Como todo han sido conversaciones telefónicas que después me han explicado y no ha habido nada por escrito, volvemos a estar en la dispersión.  Unos han entendido que les preguntaban solo por plazas privadas vacías, otros, que eran las privadas ocupadas por beneficiarios de PEVs.  O sea, que otra vez estamos en las mismas.

Primero lo han intentado de una forma más "dando la cara" comunicándolo a las patronales, y ahora, más "a escondidas"  llamando a algunas residencias (solo ellos saben a cuántas y siguiendo qué criterios.  Solo ellos saben si mañana más residencias serán llamadas y solo ellos saben si el ser llamado supone ser elegido).   O sea, que si comunicar únicamente a los asociados de determinadas patronales ya era malo, ahora han encontrado la forma de hacerlo aún peor.

No soy totalmente tonto y sé que en otras ocasiones ya se ha utilizado este procedimiento para aumentar el número de plazas de colaboración de una residencia sin publicidad ni transparencia.   Concretamente cuando una residencia colaboradora ha cerrado se ha preguntado a algunas residencias de la zona si aceptarían a los residentes de plaza financiada del centro  a cerrar.  Las residencias beneficiadas han ocupado plazas vacantes y encima las han convertido en colaboradoras obteniendo un doble beneficio.  ¿Qué criterio ha seguido la Generalitat para beneficiar a unas sobre otras?  La Generalitat lo sabe (yo no).  Lo que yo sé es que, como al final casi todo se acaba conociendo, esas decisiones han generado frustración en los "no agraciados".

Cuando un procedimiento es transparente y con concurrencia todos los posibles beneficiarios tienen la posibilidad de participar. Cuando las cosas se hacen a escondidas se abona el campo de la sospecha.

Si la Generalitat tiene ahora un dinero que no había previsto o que no puede gastar como había previsto, tiene que devanarse los sesos para encontrar una forma legal de gastarlos.  No todo vale.

El procedimiento administrativo no puede ser visto como un obstáculo a la labor administrativa sino como una garantía de que se cumpla la ley y unos principios básicos. Nos merecemos una administración que entienda esto y lo comparta.

PONER NOTA A LAS COMUNIDADES EN FUNCIÓN DE LA DEPENDENCIA

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva unos cuantos años publicando su "Observatorio de la Dependencia" en el que pone notas a cada una de las comunidades en virtud a cómo aplica la Ley de Dependencia y siguiendo unos criterios que han creado desde la propia asociación y han ido adaptando.

Al principio, los dictámenes del observatorio caían como vinagre en una herida en las Comunidades que suspendían.  Después, las que puntuaban bajo se han acostumbrado a decir que la Asociación esconde algún interés oculto o cosas por el estilo y no se preocupaban tanto.

Yo creo que, si alguien pretende criticar a los resultados del Observatorio debería hacerlo basándose en la metodología pero me parece absurdo hacerlo a quiénes se han limitado a establecer unos criterios, comprobarlos y difundirlos.

Ahora tengo encima de la mesa dos documentos que, puestos uno al lado de otro permiten criticar un aspecto del Observatorio, aunque sea colateral.

Por un lado, un artículo aparecido en la revista Capital  de Julio titulado "¿Se tambalea la dependencia?" y en el que aparecen los resultados del último observatorio en los que, por ejemplo  Andalucía saca un 7,1 sobre 10.

Por otro, el Mapa Lares sobre la situación de los centro de mayores del sector solidario en España en el que se valora cómo cuánto y cómo pagan las Comunidades Autónomas a las residencias concertadas del "sector solidario".  Esto es sólo un extracto lo que dice el informe refiriéndose a Andalucía:

•  Respecto al precio de concertación "Bajada de  un 10%".
• "el pago de las plazas, que oficialmente debería abonarse a los 30 días, se está realizando  con retrasos de 90 y hasta 120 días".
• "Casi el 14% de las plazas concertadas en centros de Lares están vacantes, situación antes inusual, cuando las plazas eran ocupadas en un plazo de nomás de 15 días".  
• "Desde julio de 2012 sólo se reponen plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos. 
• "Según la Junta de Andalucía las valoraciones están prácticamente  paralizadas y cuando se realizan, reflejan índices a la baja".  
• "La Ley de Dependencia retrocede desde hace un año en Andalucía". 

Para quien lo no sepa, Lares es la patronal que agrupa a las entidades del sector solidario (en el sector se suele conocer como "la patronal de las monjas").

He  querido poner de manifiesto una contradicción clarísima entre ambos informes.

¿Cómo puede ser que una comunidad a la vez saque "notable" y "suspenda" en dependencia?.

El motivo radica en que en los informes de la asociación de directores se tienen en cuenta doce baremos entre los que están  el número de beneficiarios, solicitudes y dictámenes, el equilibrio entre prestaciones y servicios, la aportación de las autonomías por habitantes o la existencia de buenas prácticas. Pero, sin otros factores cómo el precio de concierto, la diferencia en el coste de la prestación de servicio según sea ésta pública, concertada o de prestación económica vinculada; o lo que se tarda en pagar a los proveedores, el Observatorio se queda cojo.  ¿Que más da que una comunidad reconozca muchas prestaciones y servicios si después no las paga?

Esta crítica debe ser entendida como un empuje para mejorar los próximos observatorios y no cómo un ataque a la labor de la asociación al elaborarlos.  En mi opinión deben seguir haciéndolos  ya que son muy útiles para separar grano de paja.  Eso sí, incluyendo algún baremo más.

Como ciudadano, me encantaría que existiesen Observatorios  referidos a educación, sanidad, carreteras o policías municipales que permitiesen comparar cómo se hacen las cosas en diferentes comunidades autónomas y municipios.  Aunque fuesen sesgados, aunque fuesen mejorables o aunque fuesen lo que fuesen.

La verdadera democracia necesita que los ciudadanos que quieran estar informados lo puedan estar con fuentes diferentes y contradictorias.  Siempre habrá muchos a quiénes les dé igual y se conformen con consignas.  Me gustaría pensar que quiénes leen este blog son del los pocos que no.