¿POR ESTO CAMBIARON A CLERIES?

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a utilizar el verano para dar un palo a las personas dependientes y a quienes se dedican a cuidarlos. Y lo ha hecho encadenando dos anuncios:

Por un lado, ha comunicado a las residencias concertadas y colaboradoras cuál será el procedimiento que tendrán que seguir para cobrar algunos de los atrasos que tiene ICASS con ellas desde el año pasado y hasta hace poco.   Este anuncio supone que, a mediados de Septiembre de 2013 las residencias que acogen a usuarios financiados por la administración, finalmente podrán cobrar los servicios que prestaron en Mayo de 2012.

¿Es esto el fin de los atrasos en los pagos?  No.

Las residencias colaboradoras (un sistema de financiar estancias en residencias que lleva cinco años como algo "a extinguir" debido a que no apareció en la Ley de Serveis Socials de 2007) seguirán sin cobrar por las estancias de los residentes que han ingresado durante 2013.  Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende la cantidad que debe la Generalitat por este concepto pero cada residencia sabe lo que de deben a ella y no hay que ser un genio para saber que hablamos de millones de euros.

ICASS dice que no puede pagar esos nuevos ingresos porque no hay presupuesto de la Generalitat para 2013 por lo que no hay mecanismo legal para pagar.  ¿Y por qué no hay presupuesto de 2013? se preguntarán algunos.    Es algo muy complejo, depende del cálculo estratégico que hacen los partidos políticos; depende del déficit asignado, depende del grado justo de tensión entre el gobierno del Estado y el de Catalunya que se desee mantener.  De lo que no depende en absoluto es de lo que puedan hacer o decir las residencias colaboradoras o los residentes que en ellas viven.

Encima las residencias colaboradoras, debido a su peculiar situación jurídica, viven en una especie de "purgatorio administrativo".  De hecho la Generalitat a ellas no les debe nada.

Las residencias colaboradoras tienen un convenio con la administración que les permite acoger a usuarios que reciben una ayuda pública.  Ésta, por comodidad, la paga directamente la Generalitat a las residencias aunque jurídicamente la ayuda la recibe el residente.  Por eso, las residencias colaboradoras sólo facturan a los residentes por la totalidad de lo que reciben del mismo y del ICASS, a diferencia de las residencias concertadas que facturan la totalidad al ICASS aunque una parte la reciban del residente.  ¿Parece complicado?  Realmente es perverso.  Como decía antes, la Generalitat no debe nada a las residencias colaboradoras, se lo debe a los residentes.  Pero las residencias colaboradoras no pueden reclamar nada a los residentes (porque lo prohíbe el convenio que han firmado con ICASS) ni tampoco al ICASS debido a que no es el deudor.  Ciertamente perverso.

Para acabar de redondear la situación, esta vez ICASS también ha querido tocar a quiénes hasta ahora parecían sufrir de otra forma aunque no por los impagos, las residencias acreditadas que acogen a beneficiarios de la Prestación Económica Vinculada (PEV).  Pues bien, para ellas ICASS ha guardado una sorpresa especial:  Durante dos meses (Agosto y Septiembre) no habrá nuevos ingresos de beneficiarios de PEV.

Da igual quién clame qué.  Da igual que patronal, sindicatos y múltiples asociaciones hayan dicho que esto es un ataque frontal al derecho establecido por la Ley de Dependencia y la Llei de Serveis Socials de Catalunya.  El caso es que alguien ha pensado que una medida, que según la consellera Munté afectará a 500 personas (las patronales lo elevan al doble) y según algunos medios ahorrará 1,5 millones de Euros, vale la pena.

Si de verdad la medida que han tomado va a suponer un "ahorro" de un millón y medio y a cambio están dispuestos a leer historias personales como las que ahora empiezan a aparecer en los periódicos sobre familias a quiénes se pone al borde del desastre y a quemarse aún más, es que algo o alguien dentro del Departament de Benestar Social i Família no está funcionando como debiera.

Me cuesta creer que todos los afectados por la medida se mueran durante estos dos meses por lo que lo que pasará, salvo que la perpetúen, es que en Octubre llegarán muchas más solicitudes que habrá que atender.  ¿No existirían otras medidas que pudieran mantenerse en el tiempo y encima ahorrasen dinero de forma permanente?

Si existen, el equipo de la Sra. Munté no parece saberlas encontrar.

Quizás es una imposición desde "Economía", pero en ese caso, el problema es que la Sra. Munté no ha sabido explicar y convencer a sus colegas de gabinete, que los servicios sociales tienen la capacidad de convertirse en un avispero con mucha facilidad.

Cada dos residentes generan un puesto de trabajo estable.  Cada Euro gastado en atención a la dependencia genera retornos de entre la mitad y más de lo invertido (lo dicen diferentes estudios). Encima, lo que se gasta en servicios genera riqueza mientras lo que se gasta en prestaciones económicas se disuelve en parte en la economía sumergida.

La última reforma de la Ley de Dependencia rebajaba un 15% la cantidad de las prestaciones económicas vinculadas de forma lineal y permitía a las comunidades autónomas aplicar una rebaja adicional de otro 15%.  Catalunya no la aplicó.  ¿Se estudió la posibilidad rebajar, pero no para ahorrar sino para gastar ese dinero en prestaciones de servicios (residencias, centros de día y ayuda a domicilio)? Si lo hicieron no lo dijeron.

No tengo ningún motivo para dudar de la capacidad de trabajo, honradez e inteligencia de la consellera Neus Munté.  Lo que sí me temo es que le falta, hoy por hoy, el peso político y experiencia que tenía Josep Lluís Cleries y que vendría muy bien para afrontar los problemas en que estamos y los que se nos avecinan.

Estoy de acuerdo con que Catalunya recibe una financiación desde el Estado totalmente insuficiente.  Que, en concreto la financiación del sistema de dependencia roza la mezquindad y se aleja muchísimo de lo que se preveía en la Ley de Dependencia.  Pero esas injusticias venidas de fuera no pueden justificarlo todo.  Alguien en las reuniones de gabinete debería tener la autoridad y fuerza para hacer reflexionar seriamente a sus colegas consellers de las consecuencias que algunas medidas pueden tener en las personas más merecedoras de la solidaridad pública.

Durante un tiempo (poco a mi gusto) Josep Lluís Cleries era esa persona.  Yo sigo preguntándome ¿por qué lo cambió Mas?

POR QUÉ LA GENERALITAT SE EQUIVOCA AL BLOQUEAR LA ACREDITACIÓN DE NUEVAS RESIDENCIAS

Para aquéllos a quienes el título de este post les suene extraño, me gustaría empezar explicando que, a principios de mayo de 2013, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, publicó una nota en su web en la que venía a decir que, como los tiempos están muy achuchados y hay poco dinero, cerraba la posibilidad de que las residencias privadas que cumpliesen una serie de requisitos se aceditasen pudiendo así acoger a residentes financiados por la administración mediante el sistema de la Prestación Económica Vinculada.  Las residencias concertadas y ya acreditadas seguirían pudiendo acoger a esos usuarios y las que ya habían presentado la solicitud podrían todavía acceder si cumplían los requisitos.

La noticia no me ha cogido totalmente por sorpresa ya que, hace unos meses alguien dentro del ICASS me dijo que esa era su intención y, de hecho, ya llevaban algún tiempo diciéndolo informalmente a las residencias que querían acreditarse.  Cuando me lo comentaron desde ICASS les dije que me parecía incorrecto e irregular pero no lo debí expresarme de una forma suficientemente persuasiva o, sencillamente no estuvieron de acuerdo.

Hoy creo que la Generalitat se equivoca y voy a explicar por qué. Y para ser más convincente esta vez, iré por partes.

1. Qué es la acreditación

En el sistema de la Ley de Dependencia (LAPAD) quienes reciben prestaciones de servicios lo hacen en servicios públicos o concertados.  Para que un servicio privado pueda ser concertado tiene que estar acreditado.

Por otro lado, quienes reciben una Prestación Económica Vinculada (PEV) pueden comprar servicios en entidades acreditadas.

Así, la acreditación se convierte en la puerta de entrada de las entidades públicas para la prestación de servicios financiados por el sistema de Dependencia.

Acreditarse quiere decir cumplir unos requisitos más exigentes que los de autorización con lo que lo que prevé la Ley es que existan dos tipos de servicios privados  (a partir de ahora me centraré en residencias):

Las residencias "privadas-privadas" serían las que cumplen con la norma de autorización y buscan a sus clientes en el mercado privado.
Las residencias "privadas-acreditadas" cumplirían, además de las normas de autorización una norma específica más exigente que es la que les permite "vender" plazas a la administración, ya sea mediante concierto, colaboración o PEV.

En otras palabras la Ley de Dependencia prevé que las residencias privadas puedan acreditarse, cumpliendo los requisitos de acreditación,  y sólo las acreditadas puedan ser concertadas o recibir a beneficiarios del PEV.

2. ¿Cuáles son los requisitos de acreditación?

La Ley de Dependencia marca que cada comunidad autónoma establecerá sus requisitos de acreditación existiendo unos criterios comunes que se establecen para todas las comunidades.

Esos criterios comunes de acreditación se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en Diciembre de 2008 y daban un plazo de un año para que todas las comunidades autónomas publicasen sus respectivos Decretos de acreditación.

Si todo hubiese ido tal como estaba previsto, la Generalitat antes de diciembre de 2009 habría publicado su Decreto y, a partir de entonces todas las residencias que quisieran acreditarse sabrían, de forma clara y segura a qué atenerse, qué requisitos cumplir y qué procedimiento seguir para conseguir esa acreditación.  En un sistema de acreditación no habría unos plazos para presentar solicitudes, ICASS no podría decir "ya no acredito más" ya que todas las residencias que lo pidiesen y cumpliesen los requisitos, podrían estar acreditadas.

Lo que pasa es que la Generalitat y, concretamente el Departament de Benestar Social i Família, con sus sucesivas denominaciones y personificaciones, ha sido incapaz  ¡en casi cinco años! de elaborar un Decreto estableciendo cuáles son los requisitos de acreditación.  Y no sólo eso sino que, además de no elaborar un Decreto que diese seguridad ha ido pergeñando sucesivos sistemas provisionales, transitorios o ad hoc que le ha permitido concertar plazas en residencias sin acreditar, establecer "topes en el copago" y mantener con vida al Programa de Suport a l'Acolliment Residencial (la colaboración) cuando hace ocho años se nos anunció que era algo "a extinguir".  Y normalmente lo ha hecho, no publicando normas en el Diari Oficial de la Generalitat sino emitiendo notas, circulares, publicaciones en internet que tienen nulo valor jurídico pero son de obligado cumplimiento en la medida en que son la única forma en la que una residencia ha podido acceder al "cliente público".

Dentro de este malabarismo ajurídico, del que llevo unos años opinando en este blog, en mayo de 2011 se inició un proceso de acreditación transitoria mediante la publicación en la web de la Generalitat de una serie de documentos.

Ese proceso permitía a las residencias que cumpliesen unos requisitos, y aceptasen un "tope" en el precio que cobrasen a los residentes, acoger a beneficiarios de la PEV mientras éstos o pudieran ingresar en una residencia pública o concertada.

Actualmente los requisitos contenidos en esa documentación son los de acreditación en Cataluña.  ¿Hubiera sido tan difícil dar forma de Decreto a aquél sistema y dejarlo de forma definitiva?

3. ¿Qué supone hoy para una residencia privada ser acreditada?

Con un par de ejemplos se entiende perfectamente.

Supongamos que soy una residencia "privada-privada" y que uno de mis residentes solicita la ayuda de la dependencia.  Desde servicios sociales le dirán claramente que cuando consiga la ayuda el mayor tendrá que ingresar en una residencia pública, concertada, colaboradora y que, si no encuentra plaza, deberá ponerse en lista de espera de alguna de aquéllas y mientras tanto podrá estar en una residencia acreditada cobrando una PEV.  Además le dejará claro que, durante el tiempo en que esté en la "privada-privada" no podrá cobrar nada.  O sea, que lo mejor es que se vaya y se busque otra que sea acreditada.

Las residencias "privadas-privadas" saben hoy que no ser acreditadas les puede comportar la pérdida de residentes que, hasta entonces vivían felizmente en sus centros.

Además saben que todas las trabajadoras sociales de atención primaria, cuando asesoran a familias que inician el proceso de la dependencia y consideran el ingreso del dependiente en una residencia, les aconsejan que busquen una residencia acreditada.

Durante los últimos años hemos pasado por fases y hemos visto mucha casuística.  Desde un momento inicial en el que todas las residencias privadas podían acoger a beneficiarios de PEV hasta residentes a los que les decía que hasta que no ingresasen en una residencia acreditada su expediente estaba paralizado.  Sea como sea, el proceso ha ido hacia el arrinconamiento de las residencias "privadas-privadas" y su exclusión del sistema de la dependencia.

Como no quiero ser del todo fatalista querría dejar claro que el fracaso clamoroso y colapso de la Ley de Dependencia también está generando en algunas residencias "privadas-privadas" un cierto alivio:  En la medida en que algunas de ellas no cumplen con los rigurosos requisitos de personal de las acreditadas, pueden tener costes algo inferiores; en la medida en que la esperanza que generó la Ley de Dependencia se convierte en desengaño, más personas dependientes tienen que optar por plazas privadas en residencias.  Cuando nuestros gobernantes decidan decirnos la verdad y deroguen la Ley volviendo a un sistema de cobertura no universal (o sea que las rentas más altas queden excluídas de cobertura), algo que pasará, calculo en unos dos o tres años, la cifra de personas que optarán de nuevo por residencias privadas se incrementará sustancialmente.  La competencia será entonces la clave.

4. ¿Qué supone frenar la acreditación de nuevas residencias para las residencias?

Sean cómo sean las perspectivas a medio y largo plazo, la verdad hoy es que, desde que en 2011 la Generalitat divulgó los criterios de acreditación transitoria, sin establecer una fecha de caducidad, hubo residencias que empezaron a calcular qué les costaría cumplir esos requisitos y poder entrar en el "mercado de las plazas PEV".

Para algunas residencias de mayores, sobre todo las pequeñas y medianas, acreditarse suponía hacer algunas obras en la residencia, reducir alguna plaza y pensar en contratar más personal.  Eso a cambio de una expectativa incierta.  Las residencias sabían que la Generalitat cuando las acreditase no se obligaría a ingresarles a nadie. Unicamente aparecerían en la lista de residencias acreditadas y tendría que ser el dependiente el que las eligiese.   Las residencias sabían que asumían un riesgo pero, en muchos casos, más que pensar en futuros residentes, pensaban en no perder los que ya tenían.

Unas tardaron más que otras en tomar la decisión pero la verdad es que hoy existen residencias en Cataluña que ya han realizado una parte de la inversión con la esperanza de, cuando finalicen las obras, poder ser acreditadas.

Frenar en seco la acreditación supone traicionar la confianza que unos ciudadanos han depositado en la palabras de la Generalitat, aunque éstas estuviesen en internet y no en el BOE.  Una confianza que les ha llevado a realizar inversiones y obras (algo encomiable en la difícil situación).  La Generalitat podría haber dicho que dentro de tres meses dejará de aceptar nuevas solicitudes.  De esa forma habría estimulado a más residencias a acelerar las obras y habría aparecido ante la sociedad como alguien que entiende las dificultades.

Por supuesto existe el otro lado de la balanza.  Las residencias que hoy ya están acreditadas pueden estar contentas con la decisión de la Generalitat.  Si ves que tu vecino está haciendo obras y que cuando las acabe será una competencia con la que luchar para captar los cada vez más exiguos beneficiarios de PEV, te alegrarás si el ICASS le da con la puerta en las narices.  Quien esté en esa situación tiene motivos para alegrarse pero eso no hace mejor la decisión de la Generalitat.

5- ¿Qué supone frenar la acreditación de nuevas residencias para los ciudadanos?

La respuesta es sencilla. Las personas mayores beneficiarias de la Ley de Dependencia en Cataluña tendrán con esta medida menos capacidad de elección.

Quizás soy un iluso pero me gusta tener la sensación de que elijo.  Me encanta la filosofía de atención/planificación centrada en la persona en la que el residente puede tomar decisiones y los demás las respetan aunque no sean las más adecuadas.  Cada vez que voy a un curso, conferencia, jornada... sobre atención centrada en la persona veo a alguien de la administración asintiendo con la cabeza.  Ahora me doy cuenta de que cuando lo hacen deben estar pensando en otra cosa, ya que, cuando tienen la ocasión de hacer algo que de verdad pueda potenciar el respecto a las elecciones, en vez de aumentar la posibilidad de elegir la cercenan.

Un ejemplo: Si en su municipio hay una residencia que se ha gastado un dinero para conseguir ser acreditada y que cumple todos los requisitos de acreditación,  y una persona mayor beneficiaria de la Ley de Dependencia que quiere ingresar en esa residencia. ¿Por qué la Generalitat puede conseguir que acabe yéndose a otro municipio?

6- ¿Por qué el argumento que da la Generalitat no se aguanta?

Esto es lo que dice la Generalitat:

El ICASS, Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales inició en mayo del 2011, a pesar de las dificultades presupuestarias, un nuevo proceso de acreditación de centros residenciales y diurnos para poder acoger usuarios con derecho a prestación económica vinculada, poniendo especial atención en territorios con más necesidad de oferta pública de plazas.

El actual contexto de prórroga presupuestaria, condiciona la garantía de las obligaciones presupuestarias económicas que se derivan, por lo que no se está dando continuidad al proceso de nuevas acreditaciones salvo aquellas que se encuentren inmersas en mejoras propuestas por escrito previo la obtención de esta condición.

La verdad es que el hecho de acreditar nuevos centros como posibles acogedores de beneficiarios de PEV no supone incrementar ni un euro el gasto.

Recordemos que el hecho de estar acreditado (igual que antaño sucedía con el estar acreditado como residencia colaboradora) no supone que la Generalitat asuma ninguna obligación de "enviarte" residentes.  El ser acreditado sólo supone aparecer en la lista de acreditados para que los beneficiarios de la PEV puedan elegir estar en tu residencia mientras esperan a tener una plaza pública o de concierto.

Las únicas plazas que la Generalitat tiene "comprometidas" son las que ha concertado con alguna residencia y, en menor medida las colaboradoras (que cada vez intenta tratar de forma más análoga a las concertadas).

Si lo que resulta caro para le Departament es el coste del proceso de acreditación, tienen una vía muy fácil y directa de trasladarlo a la residencia.  La Ley de Serveis Socials de 2007 establece que la acreditación se tienen que inscribir en el Registro de Servicios Sociales.  En la medida en que existen unas tasas que pagan los procesos de inscripción en el registro, no costaría demasiado incluir la acreditación entre los hechos "a tasar".  Estoy seguro de que las residencias pagarían la cantidad sin demasiado reparo.

7- ¿Puede rectificar la Generalitat?

Les sería difícil rectificar si hubiesen apostado por un sistema de gobierno más serio basado en el imperio de la Ley y en la publicación en los diarios oficiales de los actos y reglamentos que afectan a un conjunto indeterminado de ciudadanos afectando sus derechos.

Pero hoy no vivimos en este sistema sino en el de "mira lo que he colgado en mi muro de facebook".

Creo que mañana mismo la Generalitat podría potar por cambiar la nota que colgó (y de la que éste es el enlace http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=92c63cfc50130310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=92c63cfc50130310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default), por otra que dijese que para garantizar el derecho a elegir proveedor de entre los que cumplan los criterios de acreditación, la Generalitat continuará acreditando transitoriamente residencias, de acuerdo con los criterios de mayo de 2011 y asumiendo el compromiso de publicar el Decreto de acreditación definitivo antes de final de año.

Como siempre, quizás soy yo el que me equivoco, por lo que pido encarecidamente comentarios.

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SE APUNTA AL "BAILE DEL ENDOSE DE LAS PEVS"

Las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), esas prestaciones económicas que reciben los dependientes para que puedan pagarse servicios acreditatos, llevan un tiempo siendo centro de atención por un pequeño matiz: ¿Quién debe cobrarlas?.

Según el texto de la Ley de Dependencia parece que es el ciudadano quien debiera hacerlo ya que se trata de una prestación económica y lo más lógico es que la cobre el beneficiarios.  Ahora bien, existe la posibilidad de que, si este beneficiario se encuentra viviendo en una residencia, en vez de pagarle a él (o ella) para que a su vez pague a la residencia, la administración pague directamente a la residencia.

Los que levan unos años en el sector recordarán que esta discusión se tuvo hace unos quince años cuando se implantó el sistema de "colaboración" (Programa de Suport a l'Acolliment Residencial), que se parece mucho a la PEV.  Entonces algunas residencias se quejaban de que algunos residentes cobraban la ayuda pero no la pagaban a la residencia.  Se pensó entonces en que los residentes podían "endosar la prestación" como si fuese un cheque de forma que cobrase directamente el centro.  Fue pasando el tiempo y, con el sistema de entonces, en el que cada año había una convocatoria, el sistema de pago directo se acabó imponiendo.

A medida que se ha ido desarrollando y aplicando la Ley de Dependencia (LAPAD) y que en Cataluña las PEV han ido tomando relevancia estadística la cuestión se vuelve a plantear:  Algunas residencias, que han visto como en casos puntuales un residente o sus familiares no les pagaban la PEV, preferirían cobrarla directamente pero muchos otros temen que si se efectua el endose la Generalitat puede dejar de ser diligente en los plazos de pago.  Tienen cierto fundamento ya que, en las ocasiones en que la Generalitat ha anunciado una suspensión en el pago (Septiembre de 2011 y Julio de 2012), ésta no ha afectado a las PEV com sí lo ha hecho con la colaboración, concierto y contratos de gestión. Ver lo que dije en Agosto de 2012.

La situación se plantea peculiar.  ICASS ha invitado mediante carta a las residencias acreditadas a dar los datos bancarios para recibir directamente el dinero.  Algunas residencias lo han entendido como una presión, pero desde ICASS nos han asegurado de que no hay presión sino opción. 

El resultado es que existe algo de confusión.  Las residencias están optando pero las que prefieren no endosar se sienten un poco intranquilas.

Ahora el Ayuntamiento de Barcelona entra en el baile enviando a las residencias que acogen a usuarios de un programa de atención urgente a personas mayores un mail en el que les dicen textualmente "Entendemos que es importante para nuestro servicio que las residencias donde se ubican las plazas de SAUV hayan aceptado el endose".

¿Que quiere decir que "es importante"?  ¿Y por qué puede ser importante para el Ayuntamiento de Barcelona un aspecto burocrático de gestión de una prestación sobre la que no tiene ninguna competencia? Si, "es importante" lo te dice una persona corriente se puede entender una cosa, si te lo dice quien, en una situación como la actual, te está ocupando algunas plazas de la residencia es fácil entender "Como no aceptes el endose olvídate de las plazas de SAUV".

Entiendo que ante "lo importante" que es para el Ayuntamiento las residencias receptoras del mensaje hayan corrido a aceptar el endose.

Lo que no acabo de entender es cómo pueden lCASS, el Ayuntamiento o las residencias decidir cómo se cobran o dejan de cobrar las PEVs.  En mi ignorancia creo que de alguna manera habría que hacer participar al beneficiario de la ayuda y que deberían ser el o la dependiente quien decidiese cobrar directamente o que se pague al centro.  ¿Escuchar la opinión del beneficiario de la prestación?  Eso sí es importante.

¿NEUS QUÉ?

Como opinador amateur llevo unos cuantos años intentando desentrañar lo que se esconde detrás del nombramiento de un político determinado para ocupar  cargos de responsabilidad que después afectan al sector de la dependencia.

Así, en octubre de 2010 deduje que a Zapatero lo de la dependencia no le importaba un ápice y por eso había nombrado como ministra a la estrambótica Leire Pajín.  Ese desinterés lo arrastraba desde que en 2006, cuando se estaba ultimando la redacción de la Ley de Dependencia, creó el  increíble Ministerio de Educación, Política social y Deporte y puso al frente a Mercedes Cabrera, alguien tan gris que he tenido que buscar en Google para recordar su nombre.  En 2011, llegado Rajoy, me pregunté quién era Ana Mato, pensé que tampoco al nuevo presidente le importaba demasiado esto de la dependencia y por eso había puesto al mando a alguien con perfil político bajo y sin conocimientos demostrados en el campo.

En Cataluña, cuando Artur Mas nombró a Josep Lluis Cleries como conseller de Benestar Social y Famlia, muchos nos alegramos.  Era un político experimentado, director general de acción cívica en un gobierno anterior y parlamentario avezado en la denuncia de los desaguisados del tripartito.  Sabía perfectamente lo que era la atención a la dependencia y se manifestaba ferviente defensor de la cooperación público/privada.

El entorno en que le ha tocado trabajar a Cleries, durante estos dos años ha sido el peor imaginable. Administrar el final del espejismo con el descubrimiento de la deuda oculta que dejaba el tripartito, una Ley de Dependencia que se ha caía a pedazos, la necesidad de cumplir un objetivo de reducción de déficit verdaderamente doloroso y las constantes tensiones de tesorería favorecidas por un cuestionable sistema de financiación autonómico.  Aun así, y a pesar de haberle criticado en diferentes ocasiones, creo que se le puede considerar el mejor conseller de servicios sociales que hemos tenido en esta Generalitat.

Es cierto que ahora ha sido sustituido y deja pendientes muchas cosas, entre ellas, no ha elaborado la norma de acreditación (llevamos cinco años esperándola),   y debe el dinero correspondiente a  los conciertos de mayo de 2012.  También es cierto que su política de comunicación y relaciones públicas ha sido muy mejorable. Pero aún así, su actitud perseverante dentro del gobierno ha conseguido que las cosas no hayan sido aún peores para el sector geroasistencial.

Y aquí llegamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué ha decidido Mas sustituir al mejor conseller de Benestar Social por una tal Neus Munté que hasta hoy nadie conocía dentro de este sector?  En primer lugar.   Digo que ha elegido a "una tal" porque me ha resultado bastante difícil encontrar algo sobre ella en internet.   Según la web del Parlament se trata de una parlamentaria  que no tiene "Ninguna actividad profesional, laboral o empresarial desarrollada y ningún cargo público ocupado actualmente, aparte de su actividad como miembro del Parlamento".  He podido saber que es licenciada en derecho, que tiene un Máster en Derecho Público y Organización Admnistrativa y, como único dato destacable, que es de UGT y que ocupó en ese sindicato el cargo de Secretaria de Política Institucional.   O sea, que pasamos de un paladín de la cooperación público/privada a una sindicalista que, según el periódico ARA se enmarca en la línea más socialdemócrata de Convergència.

Sin duda un cambio como éste debe tener una motivación, y he intentado en vano descubrirla . En el poco tiempo que ha pasado me han llegado diferentes explicaciones.  Según una de ellas, el propio Cleries habría pedido ser sustituido (no me la creo), según otras se trata de una concesión que hace Mas a Esquerra Republicana al quitar del gobierno a un político que les incomodó mucho poniéndoles constantemente en evidencia en el Parlament cuando era consellera Carme Capdevila.  Yo me decanto por otra explicación que puede ser verdaderamente dolorosa.  Creo que Cleries fue "demasiado buen conseller de lo suyo" lo cual supuso en ocasiones tener que enfrentarse con Economía o con Salud en defensa de los intereses de Benestar (léase, pago de los conciertos).  Hoy mismo he sabido que los centros colaboradores y concertados han cobrado puntualmente.

Me temo que Mas ha decidido poner en el lugar de Cleries a alguien con menos envergadura política, alguien más "decorativo", aceptado por parte de sus nuevos compañeros de aventura y menos "molesto" si hay que tomar decisiones dolorosas como volver a suspender algún pago.  ¿Y quien mejor que una backbencher convergente?

Cuando he sabido que era sindicalista de UGT me ha entrado un pequeño escalofrío.  ¿Puede alguien comulgar a la vez con la "Plataforma contra las retallades" (de la que forma parte UGT) y con el gobierno que se ve obligado a aplicarlas?  A mí  me costaría un poco.  Por otro lado, ¿Seguirá la sra Munté, que se ha manifestado continuista, apostando por la cooperación público/privada, por la flexibilidad y la confianza, o volverá a los momentos en que se consideraba que "esto de la dependencia debe ser básicamene público"?

Personalmente deseo lo mejor a Cleries y, ciertamente también a Neus Munté.  Espero que ese perfil bajo que tiene ahora se eleve rápidamente, que sepa defender los intereses de su departamento dentro del gobierno y que entienda con rapidez que la mejor atención a los dependientes se alcanza garantizando una financiación adecuada y la elección del prestador que sea más eficaz y más eficiente con independencia de que sea público o privado.

Bienvenida al sector y ahora, a trabajar.