Cuando la Generalitat hizo público su Acuerdo de Gobierno (GOV/19/2003) en el que reducía las pagas extras de los funcionarios y aplicaba una rebaja equivalente a los conciertos y contratos de gestión del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials me pareció que algo muy malo estaba a punto de pasarles a las residencias de mayores de Cataluña.
Cuando las patronales se fueron posicionando al respecto, emitiendo comunicados, reuniéndose y denunciando públicamente lo que estaba haciendo la administración, mi preocupación fue en aumento. Incluso llegué a hablar con alguien de la administración que me dijo que estaban trabajando para corregirlo, con lo que deduje que el problema existía.
Sólo una patronal, ACRA, parecía anormalmente tranquila. Ellos habían encargado un informe jurídico del qual se deducía que el acuerdo de la Generalitat no era de aplicación al sector y concentraban sus argumentos e indicaciones a la administración, no tanto en si había o no una rebaja de los conciertos del 7% sino en que no se debía bajar la cantidad presupuestada para este fin en los presupuestos de 2013.
Me parecieron unos insensatos.
Leí diez veces el acuerdo de gobierno y el informe jurídico encargado por ACRA y no podía más que estar en desacuerdo con su interpretación.
La cosa siguió adelante y todo el sector, menos ACRA escribió conjuntamente a tres consellers avisándoles de lo desastroso que sería aplicar la rebaja prevista en el acuerdo. De nuevo, ACRA actúo según su criterio y escribió al president Mas advirtiéndole de lo terrible que sería plantearse rebajas en los conciertos (sin entender que ya estuviesen planteadas) o reducir el presupuesto de servicios sociales para el año que viene. Todos estos movimientos fueron apareciendo en sucesivas noticias en Inforesidencias.com, portal de las residencias geriátricas.
El día 18 de abril la Consellera Neus Munté ha comunicado a ACRA que el acuerdo de gobierno y la consiguiente rebaja no le es de aplicación a los "proveedores privados de servicios sociales vinculados por un contrato de gestión de servicio público en sus diferentes modalidades".
Al leerlo me he quedado felizmente de piedra.
Feliz porque bien está lo que bien acaba. De piedra porque el argumento de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal de la Generalitat (Comissió de Retribucions i Despeses de personal) , según aparece en la carta de la consellera, es el mismo que defendía ACRA en su informe jurídico.
Parece que no fueron insensatos después de todo y que su posición era la más ajustada a lo que pensaba hacer la Generalitat. Yo me equivoqué en la interpretación y, lo que siento es que, si volviese un mes atrás, creo que, con la información que tenía, volvería a equivocarme. Pero eso ya da igual.
Lo más importante, por supuesto es que las residencias concertadas y las públicas gestionadas seguirán estando, en su relación con la administración, tan mal cómo hasta ahora, pero no peor. Una buena noticia que en estos momentos sólo puede alegrarnos.
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viernes, 19 de abril de 2013
martes, 26 de marzo de 2013
A VECES LA ALARMA, COMO EL DIABLO, HABITA LOS DETALLES
Las frases "el diablo habita en los pequeños detalles" o "el demonio vive en la letra pequeña", siempre me han hecho mucha gracia. Aunque soy licenciado en derecho, confieso que muchas ocasiones he firmado contratos sin haberlos leído en detalle (o en absoluto). Especialmente si son de ese tipo que no te permite cambiar nada (teléfono, agua...). Cuando surge algún problema y saco el contrato del cajón es cuando descubro al diablo viviendo confortablemente en una letra muy pequeñita que esconde condiciones leoninas para el cliente y beneficiosas para quien ha redactado el texto.
Lo curioso es cuando, por un azar o un descuido el demonio se vuelve contra quien lo puso como detalle en un documento, y eso es lo que creo les ha pasado al ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya) cuando, en una nota de prensa, ha pedido a la asociación catalana de directores de residencias geriátricas y servicios a la dependencia ASCAD que no cree un "alarmismo innecesario".
La nota tiene una parte de razón: ASCAD lleva tiempo "alarmando". Empezó cuando a finales de Julio de 2012 denunció ante Fiscalía el impago de la Generalitat porque pensaban que podía generar perjuicios a los usuarios. También alarmó cuando pidió que sus miembros no sufrieran represalias por parte de la inspección, por haber presentado la denuncia (¿no resulta alarmante, aunque sólo sea, insinuar que esas represalias pudieran existir?). Ahora para colmo, promueven una Iniciativa Legislativa Popular para priorizar los pagos de los servicios que reciben los grandes dependientes, dando a entender que sin esta priorización se volverán a producir impagos.
Aunque la nota se circunscribe a ASCAD, como si fueran los únicos que dicen algo, me permito apuntar un dedo acusador hacia ACRA, una asociación patronal que ha generado alarma negando el carácter puntual del impago de Julio y diciendo cosas como que "Hay que tener en cuenta que hoy en día, además de la deuda por la facturación del mes de mayo de los centros colaboradores, concertados y de gestión, muchos de estos centros también deben soportar retrasos en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se comienzan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS. Sumando todos estos retrasos, la deuda de las Administraciones públicas, sólo con las empresas del sector de personas mayores catalanas es de unos 50 millones" o que la Generalitat ahoga al sector; o que un 37% de residencias no podrían pagar la paga extra.
Tampoco UPIMIR, asociación de pequeñas y medianas residencia, debería quedar fuera de la acusación de alarmismo. Esta patronal lleva tiempo denunciando a la Generalitat como la causante de los problemas del sector y anunciando cierres de residencias si el impago se repitiese o no se agiliza la tramitación de los PIAs (documento que, en la práctica permite cobrar al centro).
Dicho esto, sólo cabe estar de acuerdo con la Generalitat en que se ha generado alarma. Pero, ¿es innecesaria, como dice la nota de prensa? Yo creo que no.
La nota habla de una demora de pago puntual negándose a reconocer que en 2011 ya se produjo otro impago que tardó unos meses en solucionarse, que la tarifa lleva tres años congelada (mientras en IPC y la aplicación del convenio han incrementado los costes considerablemente), que los "adelantos" (bestretes) suponen otra forma de impago y un largo etcétera de factores que hacen que la situación sea en sí alarmante.
Si ICASS considera lo que dice ASCAD como generador de alarmismo innecesario, ¿Que diría de esta frase? Retrasar las prestaciones es una vulneración de los derechos sociales. La Consejera, en vez de asumir su mala gestión, está hipotecando el futuro de las políticas sociales de Cataluña. ¿Alarma innecesaria? Se lo decía en 2011 Josep Lluís Cleries a la entonces consellera.
Quizás el problema es que ICASS y Benestar Social y Familia deberían preocuparse menos por los que generan más o menos alarma y concentrarse en su trabajo.
En un estado de derecho la libertad de expresión debe ser respetadísima por parte de los poderes públicos. ASCAD, ACRA, UPIMIR y cualquier otro, pueden decir lo que les dé la gana siempre que no atenten contra derechos de terceros. Y la Generalitat debe abstenerse de emitir notas pidiendo a alguien que no haga uso de su libertad de expresión como considere oportuno.
Quizás de momento lo que debería hacer ICASS es mirar su propia nota y darse cuenta que desde 2008, según sus propios datos, han cerrado el 9% de las residencias geriátricas en Cataluña. Digo esto porque en un documento que hizo público el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials en 2011 se decía que a finales de 2007 había en Cataluña 1.174 residencias sociales. Si, desde entonces se ha producido el cierre de 106 residencias tal como dice la nota, sólo hay que sacar la calculadora.
Lo más seguro es que, a pesar de esos cierres, el número total de plazas en residencias geriátricas no haya disminuido debido a que se han abierto algunas residencias grandes y han cerrado residencias pequeñas, pero no puede ser que un una nota que tiene la función de intentar hacer callar a una asociación, se mencione, sólo de pasada que el 9% de las residencias han cerrado sin darle mayor importancia y únicamente para argumentar que los cierres no tienen que ver con el impago de Julio de 2012.
Ese demonio vive en ese detalle y al dejarlo como eso, un detalle, pone en evidencia al autor.
Quizás no hay que dar más importancia a esta nota. Quizás podamos considerarla como un desliz y evitar que nos desvíe del verdadero centro de interés. Quizás hay que creer al ICASS y pensar que lo acabarán arreglando todo.
Demasiados "quizás".
La pelota está en el tejado de la Generalitat.
Lo curioso es cuando, por un azar o un descuido el demonio se vuelve contra quien lo puso como detalle en un documento, y eso es lo que creo les ha pasado al ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya) cuando, en una nota de prensa, ha pedido a la asociación catalana de directores de residencias geriátricas y servicios a la dependencia ASCAD que no cree un "alarmismo innecesario".
La nota tiene una parte de razón: ASCAD lleva tiempo "alarmando". Empezó cuando a finales de Julio de 2012 denunció ante Fiscalía el impago de la Generalitat porque pensaban que podía generar perjuicios a los usuarios. También alarmó cuando pidió que sus miembros no sufrieran represalias por parte de la inspección, por haber presentado la denuncia (¿no resulta alarmante, aunque sólo sea, insinuar que esas represalias pudieran existir?). Ahora para colmo, promueven una Iniciativa Legislativa Popular para priorizar los pagos de los servicios que reciben los grandes dependientes, dando a entender que sin esta priorización se volverán a producir impagos.
Aunque la nota se circunscribe a ASCAD, como si fueran los únicos que dicen algo, me permito apuntar un dedo acusador hacia ACRA, una asociación patronal que ha generado alarma negando el carácter puntual del impago de Julio y diciendo cosas como que "Hay que tener en cuenta que hoy en día, además de la deuda por la facturación del mes de mayo de los centros colaboradores, concertados y de gestión, muchos de estos centros también deben soportar retrasos en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se comienzan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS. Sumando todos estos retrasos, la deuda de las Administraciones públicas, sólo con las empresas del sector de personas mayores catalanas es de unos 50 millones" o que la Generalitat ahoga al sector; o que un 37% de residencias no podrían pagar la paga extra.
Tampoco UPIMIR, asociación de pequeñas y medianas residencia, debería quedar fuera de la acusación de alarmismo. Esta patronal lleva tiempo denunciando a la Generalitat como la causante de los problemas del sector y anunciando cierres de residencias si el impago se repitiese o no se agiliza la tramitación de los PIAs (documento que, en la práctica permite cobrar al centro).
Dicho esto, sólo cabe estar de acuerdo con la Generalitat en que se ha generado alarma. Pero, ¿es innecesaria, como dice la nota de prensa? Yo creo que no.
La nota habla de una demora de pago puntual negándose a reconocer que en 2011 ya se produjo otro impago que tardó unos meses en solucionarse, que la tarifa lleva tres años congelada (mientras en IPC y la aplicación del convenio han incrementado los costes considerablemente), que los "adelantos" (bestretes) suponen otra forma de impago y un largo etcétera de factores que hacen que la situación sea en sí alarmante.
Si ICASS considera lo que dice ASCAD como generador de alarmismo innecesario, ¿Que diría de esta frase? Retrasar las prestaciones es una vulneración de los derechos sociales. La Consejera, en vez de asumir su mala gestión, está hipotecando el futuro de las políticas sociales de Cataluña. ¿Alarma innecesaria? Se lo decía en 2011 Josep Lluís Cleries a la entonces consellera.
Quizás el problema es que ICASS y Benestar Social y Familia deberían preocuparse menos por los que generan más o menos alarma y concentrarse en su trabajo.
En un estado de derecho la libertad de expresión debe ser respetadísima por parte de los poderes públicos. ASCAD, ACRA, UPIMIR y cualquier otro, pueden decir lo que les dé la gana siempre que no atenten contra derechos de terceros. Y la Generalitat debe abstenerse de emitir notas pidiendo a alguien que no haga uso de su libertad de expresión como considere oportuno.
Quizás de momento lo que debería hacer ICASS es mirar su propia nota y darse cuenta que desde 2008, según sus propios datos, han cerrado el 9% de las residencias geriátricas en Cataluña. Digo esto porque en un documento que hizo público el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials en 2011 se decía que a finales de 2007 había en Cataluña 1.174 residencias sociales. Si, desde entonces se ha producido el cierre de 106 residencias tal como dice la nota, sólo hay que sacar la calculadora.
Lo más seguro es que, a pesar de esos cierres, el número total de plazas en residencias geriátricas no haya disminuido debido a que se han abierto algunas residencias grandes y han cerrado residencias pequeñas, pero no puede ser que un una nota que tiene la función de intentar hacer callar a una asociación, se mencione, sólo de pasada que el 9% de las residencias han cerrado sin darle mayor importancia y únicamente para argumentar que los cierres no tienen que ver con el impago de Julio de 2012.
Ese demonio vive en ese detalle y al dejarlo como eso, un detalle, pone en evidencia al autor.
Quizás no hay que dar más importancia a esta nota. Quizás podamos considerarla como un desliz y evitar que nos desvíe del verdadero centro de interés. Quizás hay que creer al ICASS y pensar que lo acabarán arreglando todo.
Demasiados "quizás".
La pelota está en el tejado de la Generalitat.
viernes, 16 de noviembre de 2012
DE VUELTAS CON LA FLEXIBILIDAD, EL IVA Y UN MENSAJE ENTRE LÍNEAS
Ayer estuve en la entrega de los X premios ACRA. Y, dejando a un lado lo más importante, o sea los premiados, entre ellos dos asociaciones de voluntarios que acompañan a personas mayores (Avismon y Amics de la Gent Gran), la ocasión se presentaba como no exenta de morbo. Contar con el Conseller de Benestar i Família, Josep Lluis Cleries, en una sala en la que habría más de doscientas personas, muchos de ellos propietarios o directivos de residencias geriátricas a los que la Generalitat debe dinero, añadiendo el aderezo de la controversia sobre la posible rebaja del IVA y el hecho de encontrarnos en campaña electoral, hacía que muchos de los asistentes esperasen alguna noticia llamativa por parte del Conseller o alguna puya hacia la administración por parte de ACRA.
La entrega de premios contó con una intervención de la Presidenta de ACRA, Cinta Pascual, en la que más que puyas hacia la Generalitat hubo algún "cachetito cariñoso". Por supuesto una entrega de premios no es el lugar en que sacar los colores a alguien a quien has invitado. Pero, por lo que se hablaba en los corrillos previos y posteriores, muchos esperaban un emplazamiento directo al conseller para que se comprometiese a una fecha en el pago de las cantidades que se dejaron de cobrar en Julio. Cinta Pascual fue bastante institucional en su intervención: "la colaboración público-privada debe adquirir otra dimensión. Debemos compartir la estrategia, planificar el futuro, y reducir la gestión y los trámites para finalmente poder llegar con éxito a más servicios ". Aunque sí reclamó una solución a una contradicción clara, la existencia de 5.000 plazas libres en residencias de ancianos en Cataluña mientras hay listas de espera. Y también explicó algo muy bonito: la iniciativa "Compartint taula" (compartiendo mesa) que permitirá servir 265.0000 comidas gratuitas a personas mayores durante 2013 en los centros asociados a ACRA.
La intervención del Conseller estuvo a la altura de las circunstancias. Hace un año, tras asistir a la anterior entrega de premios escribí una entrada en este blog que titulé "Flexibilidad y confianza, ¡Qué bonito! Pero ¿Quién hace las camas?" Un año después el conseller sigue apostando por la flexibilización, pero "eso no quiere decir bajar la calidad sino mejores resultados". Después de casi dos años en le gobierno, muchos hubiéramos agradecido un poco más de concreción, pero, como mínimo sigue hablando de flexibilidad.
Sobre el IVA, apostó porque haya un único tipo del 4% para todos los servicios de atención a la dependencia, dijo que el tema lo tenían "bien enfocado" y que estaban trabajando en el congreso de los diputados. ¿Y lo del informe jurídico del IVA de las plazas en residencias colaboradoras? De eso ni una sola palabra.
A lo que sí dio importancia es al "cambio de paradigma" que supondrá la aprobación de una nueva Ley Catalana de Autonomía Personal. Un cambio que supondrá pasar el foco de la dependencia a la autonomía personal. ¡Qué bonito! Lo llevo oyendo desde julio y todavía no sé en qué consiste ni cómo afectará concretamente ese nuevo paradigma al porcentaje de dependientes que seguirán necesitando ayuda a domicilio, centros de día o residencias.
Hasta aquí las cosas iban tal como se podía prever, pero cuando habló de colaboración público-privada basada en una inminente concertación de plazas a poner en marcha al inicio de la próxima legislatura fue cuando dejó una frase entre líneas que para mí fue lo más relevante de su discurso. ¿Cuántas plazas piensan concertar? "Una cantidad que enlaza con la que ha planteado la presidenta de ACRA". ¡O sea, 5.000!
La intervención acabó con felicitaciones hacia el sector por el trabajo bien hecho. "Nada honra más a un país que saber que atiende bien a las personas más vulnerables", Una apuesta por la concertación: "En Cataluña hemos optado por la colaboración con la iniciativa privada a través de los conciertos y ha dado buen resultado" y un agradeciento por el compromiso que han demostrado las empresas en tiempos difíciles.
Y como siempre, lo mejor empezó después de los discursos. En los corrillos mientras degustábamos una "cena de pie". Me sorprendió mucho descubrir que el señor Cleries había sido tan sutil con lo del concierto de 5.000 plazas en residencias de ancianos en Catalunya que nadie se había dado cuenta. ¡Y en plena campaña electoral! Pude hablar con mucha gente y tuve una conversación agradable con el propio Conseller, con la Directora General del ICASS y con la presidenta de ACRA. Pero sobre eso escribiré mañana.
Autor del post Josep de Martí
La entrega de premios contó con una intervención de la Presidenta de ACRA, Cinta Pascual, en la que más que puyas hacia la Generalitat hubo algún "cachetito cariñoso". Por supuesto una entrega de premios no es el lugar en que sacar los colores a alguien a quien has invitado. Pero, por lo que se hablaba en los corrillos previos y posteriores, muchos esperaban un emplazamiento directo al conseller para que se comprometiese a una fecha en el pago de las cantidades que se dejaron de cobrar en Julio. Cinta Pascual fue bastante institucional en su intervención: "la colaboración público-privada debe adquirir otra dimensión. Debemos compartir la estrategia, planificar el futuro, y reducir la gestión y los trámites para finalmente poder llegar con éxito a más servicios ". Aunque sí reclamó una solución a una contradicción clara, la existencia de 5.000 plazas libres en residencias de ancianos en Cataluña mientras hay listas de espera. Y también explicó algo muy bonito: la iniciativa "Compartint taula" (compartiendo mesa) que permitirá servir 265.0000 comidas gratuitas a personas mayores durante 2013 en los centros asociados a ACRA.
La intervención del Conseller estuvo a la altura de las circunstancias. Hace un año, tras asistir a la anterior entrega de premios escribí una entrada en este blog que titulé "Flexibilidad y confianza, ¡Qué bonito! Pero ¿Quién hace las camas?" Un año después el conseller sigue apostando por la flexibilización, pero "eso no quiere decir bajar la calidad sino mejores resultados". Después de casi dos años en le gobierno, muchos hubiéramos agradecido un poco más de concreción, pero, como mínimo sigue hablando de flexibilidad.
Sobre el IVA, apostó porque haya un único tipo del 4% para todos los servicios de atención a la dependencia, dijo que el tema lo tenían "bien enfocado" y que estaban trabajando en el congreso de los diputados. ¿Y lo del informe jurídico del IVA de las plazas en residencias colaboradoras? De eso ni una sola palabra.
A lo que sí dio importancia es al "cambio de paradigma" que supondrá la aprobación de una nueva Ley Catalana de Autonomía Personal. Un cambio que supondrá pasar el foco de la dependencia a la autonomía personal. ¡Qué bonito! Lo llevo oyendo desde julio y todavía no sé en qué consiste ni cómo afectará concretamente ese nuevo paradigma al porcentaje de dependientes que seguirán necesitando ayuda a domicilio, centros de día o residencias.
Hasta aquí las cosas iban tal como se podía prever, pero cuando habló de colaboración público-privada basada en una inminente concertación de plazas a poner en marcha al inicio de la próxima legislatura fue cuando dejó una frase entre líneas que para mí fue lo más relevante de su discurso. ¿Cuántas plazas piensan concertar? "Una cantidad que enlaza con la que ha planteado la presidenta de ACRA". ¡O sea, 5.000!
La intervención acabó con felicitaciones hacia el sector por el trabajo bien hecho. "Nada honra más a un país que saber que atiende bien a las personas más vulnerables", Una apuesta por la concertación: "En Cataluña hemos optado por la colaboración con la iniciativa privada a través de los conciertos y ha dado buen resultado" y un agradeciento por el compromiso que han demostrado las empresas en tiempos difíciles.
Y como siempre, lo mejor empezó después de los discursos. En los corrillos mientras degustábamos una "cena de pie". Me sorprendió mucho descubrir que el señor Cleries había sido tan sutil con lo del concierto de 5.000 plazas en residencias de ancianos en Catalunya que nadie se había dado cuenta. ¡Y en plena campaña electoral! Pude hablar con mucha gente y tuve una conversación agradable con el propio Conseller, con la Directora General del ICASS y con la presidenta de ACRA. Pero sobre eso escribiré mañana.
Autor del post Josep de Martí
miércoles, 28 de septiembre de 2011
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LOS CONCIERTOS
Desde que la Generalitat anunció que dejaría de pagar durante dos meses las plazas que tenía contratadas con las residencias geriátricas privadas mediante el sistema de concierto y que sólo pagaría una parte de lo que tenía comprometido con otras residencias para personas mayores dependientes mediante el sistema conocido como “de colaboración”, el enfado y la confusión se instaló en el sector.
Ese día hablé con varios medios de comunicación que me pedían aclarar conceptos y conseguir cifras: ¿qué diferencia hay entre colaboración y concierto?, ¿cuántas plazas hay de cada tipo en residencias? ¿de cuánto dinero estamos hablando?. No era yo el primero a quien llamaban. Antes habían intentado obtener respuesta en organizaciones patronales, asociaciones o en la propia administración. Lo que consiguieron fue saber que el sistema es artificialmente complicado y que la Generalitat convergente no ha mejorado la opacidad estadística a que nos tenía acostumbrado el anterior gobierno.
Voy a intentar explicar en pocas líneas de qué va la cosa y qué puede suponer la medida adoptada por la Generalitat.
Lo primero es destacar que en Cataluña existe una tupida red de mil residencias asistidas para mayores con un tamaño medio de unas 55 plazas de las que más de dos terceras partes corresponde a una activa iniciativa privada (mercantil y sin ánimo de lucro) que lleva años invirtiendo y trabajando en el cuidado a personas mayores.
Una peculiaridad del sector de las residencias geriátricas en Cataluña, antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia es que, cuando la administración quería financiar estancias de personas mayores en residencias, en vez de utilizar el sistema del concierto (compra de plazas) utilizaba el sistema de “colaboración”: una ayuda económica al mayor para ayudarle a pagar el precio de la residencia geriátrica privada “colaboradora” en la que ingresaba. El usuario podía elegir en qué centro geriátrico ingresaba y, si no le gustaba podía cambiar. Las residencias geriátricas privadas que querían ser colaboradoras se acreditaban cumpliendo unos requisitos y se comprometían a ingresar a un cierto número de residentes “del programa” cobrando como máximo un precio que determinaba la Generalitat. El sistema de “copago” era también bastante equitativo ya que, alguien con capacidad adquisitiva podía llegar a pagar más del 90% del precio y, si los hijos de la persona mayor tenían capacidad adquisitiva se les hacía participar con aportaciones que en muy pocas ocasiones superaban los 120€ al mes. La verdad es que era un sistema que funcionaba bastante bien. Yo diría que, si se hubiese ajustado la tarifa y agilizado la tramitación burocrática hubiera sido perfecto, y lo mismo pensaba casi todo el mundo. El problema es que desde determinado posicionamiento ideológico se veía como un “cheque” y, el “cheque es de derechas”. Así que se tomó un sistema que funcionaba y se decidió cambiarlo por otro, el concierto, dejando el sistema de colaboración como algo “a extinguir”.
A todo ello, la Ley de Dependencia (LAPAD) creó dos nuevas modalidades de financiación: la Prestación Económica Vinculada, que supone más o menos lo mismo que la “colaboración” (una ayuda económica para ingresar en una residencia de tercera edad privada mientras se encuentra plaza en una pública o concertada) y la Prestación para el cuidado en el entorno familar (una ayuda de hasta 525€ al mes para que el mayor se quede en casa cuidado por un familiar) de forma que, en cuestión de poco tiempo se pasó de un sistema a cuatro.
¿De qué depende hoy que un ciudadano acabe cuidado en su casa, en un centro residencial geriátrico público, privado, concertado o de prestación económica vinculada?. La respuesta es ruborizante ya que no existe una clara. Teóricamente son personas con idéntico derecho pero si uno acaba atendida en una residencia geriátrica pública gestionada por la propia administración costará a las arcas públicas unos 4.000 Euros al mes, si se le atiende en una residencia geriátrica pública gestionada por una empresa o en una concertada el coste baja a menos de la mitad, si se utiliza el sistema de colaboración o el de prestación vinculada, difícilmente pasará de los 1.200 euros; si se opta por dar la ayuda para el cuidado en casa no subirá de 525 euros. Por supuesto las cifras son estimaciones ya que en Cataluña no se hacen públicos los datos de coste per cápita según sistema de prestación.
Así las cosas, durante los últimos años la Generalitat ha mantenido unas cuantas residencias geriátricas públicas gestionadas por la propia administración, ha construido residencias públicas contratando a empresas para gestionarlas, ha ido firmando conciertos de miles de plazas y ha reconocido prestaciones económicas vinculadas dejando el sistema de colaboración como algo residual pero numéricamente importante. Pero también desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la misma Generalitat ha permitido que el 70% de las personas que piden prestaciones de la Ley de Dependencia sean cuidados por sus familiares a precio de saldo. Durante estos mismos años los costes de las residencias han crecido (nuevos requisitos administrativos, creciente costes de personal) mientras la “tarifa pública” se ha congelado o a crecido por debajo de los costes llevando a una situación difícil a muchas empresas. También durante este tiempo la administración ha seguido relacionándose con el sector privado desde la desconfianza, ha reglamentado hasta el detalle el funcionamiento de las residencias (hoy es más meticulosa la reglamentación de personal y espacios que se aplica a una residencia que a un hospital) y se ha aprobado una ley super-sancionadora no comprensible si no es desde la desconfianza.
Un último elemento nos servirá para entender el intríngulis de la situación actual: la forma de actuar de la Generalitat: dejando aparte un proceso de concertación transparente en 2008 en que, se concertaron 1.500 plazas permitiendo concurrir a todas las residencias de tercera edad privadas, se ha utilizado sistemáticamente un sistema del cual el nombre lo dice todo: “sistema negociado sin publicidad”. También la administración ha ido convirtiendo en “informal” su relación con el sector. En vez de dictar resoluciones y normas publicándolas en el diario oficial y notificándolas a los interesados, la Generalitat ha ido optando por “colgar” documentos en su página web o informar a las patronales de asuntos que, legalmente requerirían de unos requisitos y formalidades que permitiesen un grado de seguridad jurídica.
Sólo la falta de visión general o el “cortoplacismo político” pueden explicar que se haya dejado llegar la situación hasta aquí, pero aquí estamos.
Veamos ahora lo que parece que ha hecho la Generalitat, digo “parece” porque hasta hoy (28 de septiembre) no ha entregado un documento escrito a nadie en el que se explique qué ha decidido exactamente:
Dejar de realizar dos de los pagos periódicos que reciben los centros concertados y las empresas que gestionan residencias públicas
y que deberían hacerse el 30 de septiembre y el 30 de octubre. Estos pagos corresponden a las estancias producidas en la residencias los meses de julio y agosto. Cuando las residencias reciban el 30 de noviembre un pago, éste corresponderá a las estancias de septiembre, por lo que los dos pagos no realizados quedarán en una especie de limbo que, según han asegurado, se liquidará antes de finalizar el año. La Generalitat sabe que muchas de las empresas que gestionan residencias públicas tienen como mayor cliente a la propia Generalitat por lo que espera que, si se quejan lo hagan con la boca pequeña. Más o menos puede esperar lo mismo de aquéllas empresas que hayan concertado mediante un sistema negociado sin publicidad ya que, al fin y al cabo, muchas hubieran querido tener ese concierto pero no fueron llamadas. Así, las que se quejarán con más fuerza serán las que concurrieron al concierto de 1.500 plazas, ajustaron su precio, constituyeron la fianza que se les pedía y ahora se enteran de que no van a cobrar. Algunas de estas empresas pueden tener verdaderos problemas para hacer frente a sus gastos corrientes si no reciben más ingreso que el copago de los usuarios (que difícilmente alcanzará al 30% del total).Pagar únicamente el 65% a las colaboradoras en los libramientos que reciban en Septiembre y Octubre.
Estas residencias tienen una connotación diferente ya que teóricamente la cantidad no la van a dejar de recibir las residencias sino los usuarios. La “colaboración” es una ayuda económica al ciudadano para que pague la residencia, lo que pasa es que desde hace años, para facilitar las cosas, la administración ingresa directamente las cantidades al centro. O sea que, en teoría, las residencias colaboradoras podrían comunicar a la Generalitat que ya no quieren cobrar directamente y que prefieren cobrar el 100% del usuario y que sea éste quien cobre la ayuda de la Generalitat. No creo que haya demasiadas residencias que lo hagan ya que, en muchos casos los familiares no podrán pagar o, sencillamente se negarán, trasladando el problema al propio centro.
¿Por qué no ha afectado la suspensión a las prestaciones económicas vinculadas o a las prestaciones para el cuidador familiar?
No le veo ninguna lógica ya que son cantidades que vienen a sufragar exactamente la misma contingencia relativa exactamente a las mismas personas. Además, si se busca salvar un problema de tesorería, porqué no afectar a la prestación que se está prestando en el 70% de los casos. Imaginemos que se hubiese dicho que los cuidadores familiares recibirán en septiembre y octubre el 65% o el 80% de la ayuda. Esta medida podría haber permitido atemperar las otras o incrementar su efecto sobre “la falta puntual de tesorería”. Quizás el problema es que, después del desgaste que tuvo el Departament durante el verano con la PIRMI, no les ha parecido correcto abrir un nuevo frente. Si este ha sido su razonamiento, ha sido erróneo ya que la polémica estaba servida y no hubiese sido mucho más ruidosa habiendo acabado de hacer el trabajo.
Decía más arriba que no sabemos exactamente en qué quedará todo esto, pero vayamos a lo que sí sabemos:
Hablando con directores y gerentes de residencias para mayores saco la conclusión de que, muchos de ellos estaban esperando que se produjese “algo” y en la medida de sus posibilidades se estaban preparando. Sólo quien no lea ningún periódico podía pensar que la restricción pasaría de largo del sector de mayores. Lo que les ha indignado es el alcance de la medida y las formas:
- Anunciar el varapalo cuatro días antes de que tenga efecto.
- Encargar el anuncio a la Directora General del ICASS sin la presencia del conseller ni de nadie de Economía. Es más, algunos de los asistentes al anuncio me comentaron que parecía que la Directora General estuviese anunciando una especie de imposición “de fuera” como si no fuese tan Generalitat Benestar y Familia como Economía y Finanzas.
- No comunicar nada a los interesados directamente y por escrito sino de forma informal a las patronales (no olvidemos que muchas residencias no están adscritas a ninguna de estas patronales). Esto ha producido que la reunión se haya convertido en una especie de “aparición” de la que cada testigo tiene su versión.
- Anunciar la suspensión sin acompañarla de alguna medida que permitiese aligerar sus efectos y que demostrase un mínimo de empatía con el sector. Estas medidas, que no tendrían efecto presupuestario podrían ser, entre otras, la flexibilización en la forma de exigir los requisitos de personal a los centros concertados y colaboradores; permitir cobrar los servicios hoteleros extras o aplicar directamente el IPC a la cuota que pagan los usuarios.
- Incrementar la falta de empatía cuando el Conseller aparece en televisión y quita importancia a la medida.
A principios de octubre y de noviembre, cuando se tengan que pagar las nóminas (el personal supone más del 60% de los gastos de una residencia) conoceremos el alcance de la medida y veremos en qué medida los empleados y proveedores de los centros la sufren como las empresas prestadoras de servicios a personas ancianas dependientes.
El sector privado de la atención a mayores es un tesoro para Cataluña en el que conviven fundaciones, asociaciones y órdenes religiosas con empresarios de diferente tamaño y naturaleza que durante años, y mucho antes de que la administración adquiriese protagonismo, ya invertían y prestaban servicios. Quizás debería tenerse esto en cuenta antes de tomar otras decisiones o antes de pensar cómo comunicarlas.
Mientras tanto. Los que están buscando plaza en una residencia para personas mayores privada, ya sea que piensen o no pedir una ayuda pública, tardarán un poco en sufrir las consecuencias de este impago, pero de alguna forma, la sufrirán.
Mientras tanto. Los que están buscando plaza en una residencia para personas mayores privada, ya sea que piensen o no pedir una ayuda pública, tardarán un poco en sufrir las consecuencias de este impago, pero de alguna forma, la sufrirán.
martes, 27 de septiembre de 2011
Posicion de ASCAD sobre la suspensión del pago en Cataluña
Después de leer los comunicados que enviaron ACRA, UCH y Upimir a sus asociados, resulta interesante leer la reflexión que hace sobre el retraso en el pago la Asociación ASCAD (Associació Catalana de directors de centres i serveis d'atenció a la dependència gerontològics).
No quito ni pongo nada, transcribo la carta:
Barcelona, 27 de septiembre 2011
Estimado compañero/a,
Vistos los comunicados emitidos por las más representativas patronales del sector en lo referente a la moratoria ó atraso de las transferencias del ICASS, que será del 100% a los centros concertados y del 35% a los centros colaboradores durante los meses de septiembre y octubre, y la posible incognita de su normalización en noviembre, desde la óptica y responsabilidad de la dirección de los centros y como Junta Directiva de ASCAD manifestamos nuestra posición al respecto:
Primero: Corresponde entre otras funciones a los directores de los centros: (PLIEGO CONCERTACIÓN)
5.3. a “velar por todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y los descritos en esta órden”
5.3. b “evaluar con criterios objetivos, el grado de calidad de los servicios y el grado de satisfacción de los residentes”,
5.3. c “garantizar una atencion integral de calidad, con confort y seguridad, para la totalidad de los residentes”
5.3. f “informar a las familias de todos los temas que resulten de su interés”
5.1 e (176/2000) “garantizar al usuario la continuidad en la prestación de los servicios...”
5.1. h (176/2000) “derecho a la tutela de las autoridades públicas con el fin de garantizar el disfrute de los derechos establecidos”
Segundo: Con facilidad nos olvidamos que la mal llamada Ley de la Dependencia es una ley finalista dirigida al ciudadano dependiente. Cuando ICASS nos dice que no efectuará el traspaso a los centros manipula la realidad porque en realidad lo que esta haciendo es congelar una ayuda directa a los ciudadanos institucionalizados de grado III, que en nuestro caso son ancianos mayoritariamente dementes y polipatologias añadidas, a los que están financiando su atención empresas al limite de la asfixia.
Desde la práctica de cada día y el punto de vista de la dirección de los centros, con la actual Llei de Serveis Socials en sus capitulos de infracciones y sanciones, si nos pueden inhabilitar dos años ó más por una percepción subjetiva de inspecció respecto de la situación de confort de un residente, ¿que habría que hacer con esta misma ley o incluso el codigo civil a quien niega el “derecho de alimento” como hace ICASS al congelar los pagos?. Me pregunto que sentenciaría un juez ante una denuncia en este sentido.
Tercero: Tanto en cuanto a que los centros que dirigimos y para los cuales prestamos nuestros servicios nos consta que están inmersos en una situación económica muy delicada con el ya habitual de atraso en las transferencias económicas de ICASS y que esta nueva moratoria, es muy posible, los someterá a situaciones límite ó insostenibles económicamente, ante lo que puede depender de nuestra responsabilidad subsidiaria
Inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el n’ de registre 40652 i NIF: G65248767
Difundida en internet por cortesía de www.inforesidencias.com
D E C E N T R E S I S E R V E I S D ’ A T E N C I Ó A L A D E P E N D E N C I A G E R O N T O L Ò G I C N A R C Í S G I R A L T , 5 6 1 º C 0 8 2 0 2 S A B A D E L L i n f o a s c a d@gma i l . c ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECTORS
como directores en el ejercicio pleno de nuestras funciones, atendiendo a la ley, a nuestras obligaciones profesionales y responsabilidad ante residentes y familiares aconsejamos la siguiente guia de actuación a modo de protocolo unificado para clarificar nuestra posición y responsabilidad:
1.- RESPECTO DE LAS FAMILIAS: (5.3f)
1.- Si ante la situación de impago de ICASS el centro no puede hacer frente con normalidad y solvencia económica a sus compromisos asistenciales, hasta vuelva a normalizarse el circuito financiero exponerles una de estas opciones:
a) Que se hagan cargo de aportar al centro como familia el 100% del importe de la cuota mensual establecida por el ICASS durante el periodo que este no atienda sus compromisos.
b) En caso de negativa a la opción citada (a), comunicarles por escrito que disponen de 15 dias para hacerse cargo de su familiar causando este baja del centro.
2.- RESPECTO DE LOS TRABAJADORES:
Comunicarles la situación de posible impago ó atraso de sus haberes mensuales para que puedan actuar como les convenga individualmente ó bien comunicación a los delegados sindicales, si los hubiere, para que actúen ante sus centrales sindicales con conocimiento de la situación laboral. Este punto es vital para saber a que atenernos para la organización de los turnos de trabajo y como cubrir la asistencia.
3.- RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
Todo y que es una cuestión de la empresa, aconsejamos instar a la misma a que solicite la opción de moratoria sin intereses en las cuotas a la Seguridad social u otros pagos de la hacienda publica. (IVA). Seria bueno que las patronales dictasen actuaciones claras y globales de sector en este sentido y desde aquí las animamos a ello.
4.- RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN ESTRICTA DE LA LEY Y SALVAGUARDA DE NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y JURÍDICA ANTE POSIBLES SITUACIONES INTERPRETABLES COMO ABANDONO DE OBLIGACIONES ANTE LOS RESIDENTES O VEJACIÓN DE NUESTRAS FUNCIONES: (5.1.h)
a) Comunicación a Fiscalia de la situación de insolvencia económica del centro y de la relación de las comunicaciones nominales efectuadas a las familias y las decisiones adoptadas de cada una de ellas.
b) En el caso de que exista riesgo de “que hacer” con algún residente por no llegar a acuerdos satisfactorios con la familia, aconsejamos comunicación escrita de la situación al Juzgado de guardia con los pasos realizados solicitando instrucciones por vía de urgencia para evitar el abandono del residente.
Entendemos VITAL las comunicaciones a Fiscalía y Juzgado, este no es un tema que se ventile con otra lógica empresarial. Nosotros CADA DIA estamos obligados a
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CUIDAR personas, y esto incrementa los costes, incrementa la deuda y es una atención inaplazable y la ley nos obliga a ello, y además, a velar que eso sea así. Por comparar entendemos que es infinitamente más importante esta comunicación judicial que la de si un residente lleva chaleco protector de caídas ó no, contención ó no como nos ordenan desde la misma Inspección. Debemos cubrirnos nosotros y así proteger al residente. Imaginemos p.e., ante situaciones de repentinas bajas laborales de trabajadores, problemas con proveedores ó similares y que pueda sucederle algo a algún residente en ese contexto. Seriamos encubridores ó complices de una situación juridicamente muy seria, farragosa y no deseable.
Desde ASCAD entendemos que en este año de gran crédito y “nueva gestión” de CiU seguimos con las “viejas costumbres” de no abordar los temas con perspectiva, diálogo, compromiso y realismo. Existe demasiado miedo de falsos tabúes, falsas afirmaciones y situaciones/expresiones politicamente correctas.... pero económicamente insostenibles.
Seguimos ¿desarrollando? un sistema residencial errático, cojo e inflado y diseñado en “época de vacas gordas”... pero que hay que mantenerlo en “época de vacas flacas “ y que no lleva a ninguna parte,... bueno, si, como hemos comprobado, al actual borde del precipicio.
Esto ya lo veíamos desde el sector y si se hubiera aprovechado este tiempo habríamos diseñado estrategias asistenciales más sostenibles. Seguro que como mínimo no nos habríamos encontrado a 4 (CUATRO) días de final de mes y con compromisos financieros de las empresas que no podrán asumir o de gestión que no podamos cubrir desde las direcciones y así obligarnos a bordear ó infringir la ley... y pasar la culpa a otro departamento como quien pasa una pelota de rugby.
No queremos caer en la demagogia pero es inevitable cuestionarse la oportunidad de según que politicas o prioridad de gastos en otras áreas de gobierno, que aún siendo importantes, está en la mente de todos que NUNCA puedan serlo tanto como para el abandono, porque no pagar es abandonar más que nos pese escucharlo ó decirlo así de claro, de las PERSONAS ANCIANAS Y DEPENDIENTES.
Como siempre, estamos en disposición de trabajar donde nos llamen desde la independencia que nos hace libres.
Por ASCAD,
Secretario President
Juli Martí Andrés Rueda
No quito ni pongo nada, transcribo la carta:
Barcelona, 27 de septiembre 2011
Estimado compañero/a,
Vistos los comunicados emitidos por las más representativas patronales del sector en lo referente a la moratoria ó atraso de las transferencias del ICASS, que será del 100% a los centros concertados y del 35% a los centros colaboradores durante los meses de septiembre y octubre, y la posible incognita de su normalización en noviembre, desde la óptica y responsabilidad de la dirección de los centros y como Junta Directiva de ASCAD manifestamos nuestra posición al respecto:
Primero: Corresponde entre otras funciones a los directores de los centros: (PLIEGO CONCERTACIÓN)
5.3. a “velar por todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y los descritos en esta órden”
5.3. b “evaluar con criterios objetivos, el grado de calidad de los servicios y el grado de satisfacción de los residentes”,
5.3. c “garantizar una atencion integral de calidad, con confort y seguridad, para la totalidad de los residentes”
5.3. f “informar a las familias de todos los temas que resulten de su interés”
5.1 e (176/2000) “garantizar al usuario la continuidad en la prestación de los servicios...”
5.1. h (176/2000) “derecho a la tutela de las autoridades públicas con el fin de garantizar el disfrute de los derechos establecidos”
Segundo: Con facilidad nos olvidamos que la mal llamada Ley de la Dependencia es una ley finalista dirigida al ciudadano dependiente. Cuando ICASS nos dice que no efectuará el traspaso a los centros manipula la realidad porque en realidad lo que esta haciendo es congelar una ayuda directa a los ciudadanos institucionalizados de grado III, que en nuestro caso son ancianos mayoritariamente dementes y polipatologias añadidas, a los que están financiando su atención empresas al limite de la asfixia.
Desde la práctica de cada día y el punto de vista de la dirección de los centros, con la actual Llei de Serveis Socials en sus capitulos de infracciones y sanciones, si nos pueden inhabilitar dos años ó más por una percepción subjetiva de inspecció respecto de la situación de confort de un residente, ¿que habría que hacer con esta misma ley o incluso el codigo civil a quien niega el “derecho de alimento” como hace ICASS al congelar los pagos?. Me pregunto que sentenciaría un juez ante una denuncia en este sentido.
Tercero: Tanto en cuanto a que los centros que dirigimos y para los cuales prestamos nuestros servicios nos consta que están inmersos en una situación económica muy delicada con el ya habitual de atraso en las transferencias económicas de ICASS y que esta nueva moratoria, es muy posible, los someterá a situaciones límite ó insostenibles económicamente, ante lo que puede depender de nuestra responsabilidad subsidiaria
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como directores en el ejercicio pleno de nuestras funciones, atendiendo a la ley, a nuestras obligaciones profesionales y responsabilidad ante residentes y familiares aconsejamos la siguiente guia de actuación a modo de protocolo unificado para clarificar nuestra posición y responsabilidad:
1.- RESPECTO DE LAS FAMILIAS: (5.3f)
1.- Si ante la situación de impago de ICASS el centro no puede hacer frente con normalidad y solvencia económica a sus compromisos asistenciales, hasta vuelva a normalizarse el circuito financiero exponerles una de estas opciones:
a) Que se hagan cargo de aportar al centro como familia el 100% del importe de la cuota mensual establecida por el ICASS durante el periodo que este no atienda sus compromisos.
b) En caso de negativa a la opción citada (a), comunicarles por escrito que disponen de 15 dias para hacerse cargo de su familiar causando este baja del centro.
2.- RESPECTO DE LOS TRABAJADORES:
Comunicarles la situación de posible impago ó atraso de sus haberes mensuales para que puedan actuar como les convenga individualmente ó bien comunicación a los delegados sindicales, si los hubiere, para que actúen ante sus centrales sindicales con conocimiento de la situación laboral. Este punto es vital para saber a que atenernos para la organización de los turnos de trabajo y como cubrir la asistencia.
3.- RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
Todo y que es una cuestión de la empresa, aconsejamos instar a la misma a que solicite la opción de moratoria sin intereses en las cuotas a la Seguridad social u otros pagos de la hacienda publica. (IVA). Seria bueno que las patronales dictasen actuaciones claras y globales de sector en este sentido y desde aquí las animamos a ello.
4.- RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN ESTRICTA DE LA LEY Y SALVAGUARDA DE NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y JURÍDICA ANTE POSIBLES SITUACIONES INTERPRETABLES COMO ABANDONO DE OBLIGACIONES ANTE LOS RESIDENTES O VEJACIÓN DE NUESTRAS FUNCIONES: (5.1.h)
a) Comunicación a Fiscalia de la situación de insolvencia económica del centro y de la relación de las comunicaciones nominales efectuadas a las familias y las decisiones adoptadas de cada una de ellas.
b) En el caso de que exista riesgo de “que hacer” con algún residente por no llegar a acuerdos satisfactorios con la familia, aconsejamos comunicación escrita de la situación al Juzgado de guardia con los pasos realizados solicitando instrucciones por vía de urgencia para evitar el abandono del residente.
Entendemos VITAL las comunicaciones a Fiscalía y Juzgado, este no es un tema que se ventile con otra lógica empresarial. Nosotros CADA DIA estamos obligados a
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CUIDAR personas, y esto incrementa los costes, incrementa la deuda y es una atención inaplazable y la ley nos obliga a ello, y además, a velar que eso sea así. Por comparar entendemos que es infinitamente más importante esta comunicación judicial que la de si un residente lleva chaleco protector de caídas ó no, contención ó no como nos ordenan desde la misma Inspección. Debemos cubrirnos nosotros y así proteger al residente. Imaginemos p.e., ante situaciones de repentinas bajas laborales de trabajadores, problemas con proveedores ó similares y que pueda sucederle algo a algún residente en ese contexto. Seriamos encubridores ó complices de una situación juridicamente muy seria, farragosa y no deseable.
Desde ASCAD entendemos que en este año de gran crédito y “nueva gestión” de CiU seguimos con las “viejas costumbres” de no abordar los temas con perspectiva, diálogo, compromiso y realismo. Existe demasiado miedo de falsos tabúes, falsas afirmaciones y situaciones/expresiones politicamente correctas.... pero económicamente insostenibles.
Seguimos ¿desarrollando? un sistema residencial errático, cojo e inflado y diseñado en “época de vacas gordas”... pero que hay que mantenerlo en “época de vacas flacas “ y que no lleva a ninguna parte,... bueno, si, como hemos comprobado, al actual borde del precipicio.
Esto ya lo veíamos desde el sector y si se hubiera aprovechado este tiempo habríamos diseñado estrategias asistenciales más sostenibles. Seguro que como mínimo no nos habríamos encontrado a 4 (CUATRO) días de final de mes y con compromisos financieros de las empresas que no podrán asumir o de gestión que no podamos cubrir desde las direcciones y así obligarnos a bordear ó infringir la ley... y pasar la culpa a otro departamento como quien pasa una pelota de rugby.
No queremos caer en la demagogia pero es inevitable cuestionarse la oportunidad de según que politicas o prioridad de gastos en otras áreas de gobierno, que aún siendo importantes, está en la mente de todos que NUNCA puedan serlo tanto como para el abandono, porque no pagar es abandonar más que nos pese escucharlo ó decirlo así de claro, de las PERSONAS ANCIANAS Y DEPENDIENTES.
Como siempre, estamos en disposición de trabajar donde nos llamen desde la independencia que nos hace libres.
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