El 30 de Septiembre a las 18,30 una nota de prensa en la web de la Generalitat anuncia que la suspensión en la tramitación de Prestaciones Económicas Vinculadas para el ingreso de personas dependientes en residencias para personas mayores en Cataluña, que llevaba aplicándose desde principios de agosto, se prorroga sine die.
La culpa es del estrangulamiento económico a que se ve sometida la Generalitat. De hecho, las primeras palabras de la nota dejan claro que no va a haber ni un ápice de asunción de responsabilidad: "Los recortes y constantes incumplimientos del gobierno del estado....".
En resumen, que "la pobre Generalitat" no tiene culpa de nada y se ve obligada a actuar así.
Yo creo que sería más sincero decir que, además de la deficiente financiación (indudable), la Generalitat tiene unas prioridades dentro de las cuales el sector de atención a la dependencia no es la primera. Algo tan obvio que, incluso si no lo dicen, salta a la vista.
El interés que tiene el govern por el sector se demuestra en los detalles. Uno claro fue la sustitución de un conseller con gran experiencia y conocimiento, Josep Lluís Cleries, por una de bajo nivel político y sin experiencia conocida en el ámbito de los servicios sociales hasta su nombramiento.
Insisto, como he dicho en otras ocasiones, que Neus Munté me merece mucho respeto como persona y que le deseo mucho éxito. Lo que esos parabienes no pueden ocultar es mi decepción por la decisión del President Mas que exilió al cementerio de elefantes del Senado a un político competente y que llevaba preparándose para ser conseller de Benestar durante muchos años.
No sé si con Cleries estaría pasando exactamente lo mismo. Lo que sé es que él contaba con armas de las que Munté carece y quizás habría encontrado la forma de hacer más llevadero el trance.
La consecuencia del nuevo recorte es doble:
Por un lado las residencias que hicieron el esfuerzo por acreditarse ven ahora como éste ha resultado baladí ya que no cuentan con los residentes a que aspiraban atender.
Por otro, vemos cómo muchas residencias, durante los últimos años, aspirando a ser residencias colaboradoras, concertadas o acreditadas han realizado obras y, sobre todo, han ampliado y especializado sus plantillas con lo que han acabado encareciendo el coste del servicio para todos sus residentes.
Al final, casi todas las residencias ofrecen un servicio mejor, y más caro que hace unos años. Quien ha hecho encarecer el servicio (la Generalitat) ahora deja de comprar y, cuando los prestadores se giran hacia el sector privado, pensando encontrar allí lo que no da la administración, ven que lo que pueden pagar muchas familias (expulsadas de la protección pública) no alcanza para sufragar el coste del servicio residencial que ofrecen.
Total, que podemos haber creado un sector con un servicio bueno que muy pocos pueden pagar.
La Generalitat, que todavía no ha hablado con las patronales del nuevo recorte, aunque las ha convocado a una reunión sin fecha para "consensuar medidas", debería plantearse seriamente si quiere pasar del lado de "los que ponen obstáculos" al de "los que ayudan en la solución".
Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato: Tenemos que conseguir que los precios de las residencias sean aquéllos que se puedan pagar. Ya sean personas que buscan residencia geriátrica privada totalmente o financiada con fondos públicos.
¿Cómo conseguirlo? Creo que sólo hay dos formas: O completamos la capacidad económica de las familias y mantenemos el precio del servicio (PEV, Colaboración, concierto), o conseguimos que el servicio se pueda prestar por menos dinero, algo que en un sector en el que más del 60% de la cuenta de resultados está relacionado con el capítulo de personal resultará proceloso y difícil.
Por supuesto podemos ir retrasando la adopción de medidas, negar la realidad, achacar todo al "enemigo exterior" y esperar a que el arcángel aparezca y eche a los demonios. El problema es que eso sólo pasa en els Pastorets y faltan tres meses para Navidad.
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martes, 1 de octubre de 2013
viernes, 19 de abril de 2013
DONDE DIJE DIGO DIGO ME EQUIVOQUÉ
Cuando la Generalitat hizo público su Acuerdo de Gobierno (GOV/19/2003) en el que reducía las pagas extras de los funcionarios y aplicaba una rebaja equivalente a los conciertos y contratos de gestión del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials me pareció que algo muy malo estaba a punto de pasarles a las residencias de mayores de Cataluña.
Cuando las patronales se fueron posicionando al respecto, emitiendo comunicados, reuniéndose y denunciando públicamente lo que estaba haciendo la administración, mi preocupación fue en aumento. Incluso llegué a hablar con alguien de la administración que me dijo que estaban trabajando para corregirlo, con lo que deduje que el problema existía.
Sólo una patronal, ACRA, parecía anormalmente tranquila. Ellos habían encargado un informe jurídico del qual se deducía que el acuerdo de la Generalitat no era de aplicación al sector y concentraban sus argumentos e indicaciones a la administración, no tanto en si había o no una rebaja de los conciertos del 7% sino en que no se debía bajar la cantidad presupuestada para este fin en los presupuestos de 2013.
Me parecieron unos insensatos.
Leí diez veces el acuerdo de gobierno y el informe jurídico encargado por ACRA y no podía más que estar en desacuerdo con su interpretación.
La cosa siguió adelante y todo el sector, menos ACRA escribió conjuntamente a tres consellers avisándoles de lo desastroso que sería aplicar la rebaja prevista en el acuerdo. De nuevo, ACRA actúo según su criterio y escribió al president Mas advirtiéndole de lo terrible que sería plantearse rebajas en los conciertos (sin entender que ya estuviesen planteadas) o reducir el presupuesto de servicios sociales para el año que viene. Todos estos movimientos fueron apareciendo en sucesivas noticias en Inforesidencias.com, portal de las residencias geriátricas.
El día 18 de abril la Consellera Neus Munté ha comunicado a ACRA que el acuerdo de gobierno y la consiguiente rebaja no le es de aplicación a los "proveedores privados de servicios sociales vinculados por un contrato de gestión de servicio público en sus diferentes modalidades".
Al leerlo me he quedado felizmente de piedra.
Feliz porque bien está lo que bien acaba. De piedra porque el argumento de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal de la Generalitat (Comissió de Retribucions i Despeses de personal) , según aparece en la carta de la consellera, es el mismo que defendía ACRA en su informe jurídico.
Parece que no fueron insensatos después de todo y que su posición era la más ajustada a lo que pensaba hacer la Generalitat. Yo me equivoqué en la interpretación y, lo que siento es que, si volviese un mes atrás, creo que, con la información que tenía, volvería a equivocarme. Pero eso ya da igual.
Lo más importante, por supuesto es que las residencias concertadas y las públicas gestionadas seguirán estando, en su relación con la administración, tan mal cómo hasta ahora, pero no peor. Una buena noticia que en estos momentos sólo puede alegrarnos.
Cuando las patronales se fueron posicionando al respecto, emitiendo comunicados, reuniéndose y denunciando públicamente lo que estaba haciendo la administración, mi preocupación fue en aumento. Incluso llegué a hablar con alguien de la administración que me dijo que estaban trabajando para corregirlo, con lo que deduje que el problema existía.
Sólo una patronal, ACRA, parecía anormalmente tranquila. Ellos habían encargado un informe jurídico del qual se deducía que el acuerdo de la Generalitat no era de aplicación al sector y concentraban sus argumentos e indicaciones a la administración, no tanto en si había o no una rebaja de los conciertos del 7% sino en que no se debía bajar la cantidad presupuestada para este fin en los presupuestos de 2013.
Me parecieron unos insensatos.
Leí diez veces el acuerdo de gobierno y el informe jurídico encargado por ACRA y no podía más que estar en desacuerdo con su interpretación.
La cosa siguió adelante y todo el sector, menos ACRA escribió conjuntamente a tres consellers avisándoles de lo desastroso que sería aplicar la rebaja prevista en el acuerdo. De nuevo, ACRA actúo según su criterio y escribió al president Mas advirtiéndole de lo terrible que sería plantearse rebajas en los conciertos (sin entender que ya estuviesen planteadas) o reducir el presupuesto de servicios sociales para el año que viene. Todos estos movimientos fueron apareciendo en sucesivas noticias en Inforesidencias.com, portal de las residencias geriátricas.
El día 18 de abril la Consellera Neus Munté ha comunicado a ACRA que el acuerdo de gobierno y la consiguiente rebaja no le es de aplicación a los "proveedores privados de servicios sociales vinculados por un contrato de gestión de servicio público en sus diferentes modalidades".
Al leerlo me he quedado felizmente de piedra.
Feliz porque bien está lo que bien acaba. De piedra porque el argumento de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal de la Generalitat (Comissió de Retribucions i Despeses de personal) , según aparece en la carta de la consellera, es el mismo que defendía ACRA en su informe jurídico.
Parece que no fueron insensatos después de todo y que su posición era la más ajustada a lo que pensaba hacer la Generalitat. Yo me equivoqué en la interpretación y, lo que siento es que, si volviese un mes atrás, creo que, con la información que tenía, volvería a equivocarme. Pero eso ya da igual.
Lo más importante, por supuesto es que las residencias concertadas y las públicas gestionadas seguirán estando, en su relación con la administración, tan mal cómo hasta ahora, pero no peor. Una buena noticia que en estos momentos sólo puede alegrarnos.
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