¿Falta personal en las residencias de mayores públicas gestionadas?

Hace poquito en el boletín Negocios y Gestión de la Dependencia escribí una columna de opinión sobre la polémica surgida en Cataluña sobre el personal que trabaja en cinco residencias de mayores de titularidad pública que gestiona una unión temporal de empresas.  El texto es éste.

Pocas veces algo que he escrito ha suscitado tantas respuestas, y entre ellas hay una prolija que me llamó la atención.  La había escrito Andrés Rueda, presidente de la asociación de directores de residencia ASCAD y que desde una perspectiva que parece mayéutica presentaba una serie de preguntas, las respuestas a las cuales podría marcar un replanteamiento del sistema de atención a mayores.

Me daba pena que algo así se quedase como un comentario a una noticia por lo que le he pedido que me permita reproducirlo en este blog y, como lo ha aceptado (muchas gracias), aquí os lo dejo:

Al hilo de unos escritos de Josep de Martí respecto problemas en Barcelona con algunos centros gestionados quisiera aprovechar para meter más elementos en debate, veamos:

Andrés Rueda. Presidente de ASCAD

¿Y si hacemos un ejercicio imaginación y añadimos a estas reflexiones unos cuantos datos para tener una óptica más amplia sobre la parte de iceberg que no vemos? 

Hemos citado concursos enrarecidos o empresas de extraña gestión o directamente tramposas. De acuerdo, pero ...?y si añadimos, por ejemplo, unas cuantas cosas más como las siguientes?:

- ¿Sabemos cuál es perfil REAL de los dependientes en asistencia residencial HOY?. ¿Sabemos las necesidades REALES?. Con datos no con "flores".
- ¿Sabemos cuál es el índice de rotación o expectativas de vida de estas personas al ingreso?
- ¿Sabemos que los centros están obligados a trabajar con unos perfiles de profesionales que quizá habría que replantearse para ver si son los adecuados a los perfiles de residentes ingresados?
- ¿Sabemos cuál es el índice de absentismo laboral y los equilibrios incesantes para poder completar mínimos asistenciales ante absentismos de "hoy para mañana" en lunes, viernes, o puentes por bajas laborales de enfermedades de irrupción brusca y curación milagrosa? Y hablo de éstas, no de las bajas debidamente justificadas que bastante faena tienen con llevar adelante sus achaques... porque además suelen ser las personas más abnegadas y responsables en su trabajo, no hagamos demagogias donde no las hay. Éste también es un "tabú" tan opaco como los concursos y conozco muchos directores y personal de esos que "siempre están" que tiemblan ante los "puentes" o los "findes".
- ¿Está la administración poniendo los recursos económicos que TODOS los agentes implicados necesitan: empresas, entidades, trabajadores, proveedores, usuarios...?
- ¿Debe invertir más en dependencia o en aeropuertos, escuelas, comercio, tanques, o política exterior,... o en todo eso a la vez?. ¿Qué podemos?  ¿en qué debemos?.
- ¿Es sostenible, ni siquiera a medio plazo, una gerodependencia como la entendemos hoy que contemple las inversiones y los mantenimientos necesarios en infraestructuras y personal?. Pensemos en el grave problema de las pensiones... 
- ¿Debemos permitir o pedir verdaderos "Taj Mahal" asistenciales full equip mientras miles de personas mueren esperando plaza?. 
- ¿Podemos permitirnos dependientes de clase "bussines" y otros que no van ni en "turista" o que siempre tienen "oberbooking" y sencillamente mueren esperando?
- ¿Tenemos que cerrar los ojos ante estos verdaderos gerontocidios sociales encubiertos?
- ¿Hay otras alternativas asistenciales? ¿se trabaja en ellas?, ¿se hacen "números" de todas? ¿sabemos cuánto cuestan? ¿nos dejamos llevar por modismos biensonantes que no sabemos su coste y sí lo sabemos, no nos lo dicen?

 
No quiero con esto dar ni quitar razones a opiniones todas respetables y que algunas suscribo, simplemente digo que la gerontoasistencia es compleja, es cosa de TODOS, que merece una revisión plural tras diez años, y que muchos problemas actuales son una broma por mantener la administración los ojos cerrados ante el verdadero tsunami de dependientes que en parte YA tenemos y que nos viene encima mientras que estamos fijándonos en la pequeña ola que apenas nos moja los pies… cuando lo previsto es que nos va a arrasar un verdadero maremoto que acabará con el sistema. 

Recordemos por ejemplo que somos la SEGUNDA comunidad por la cola en número de dependientes con el derecho reconocido y que están en lista de espera esperando una atención. Vergonzoso.

No podemos convertirnos en una democracia social de "derechos de papel"... pero incumplíbles y que solo generarán trampas y mas frustración. Sin "reset", el sistema seguirá fallando.

Fijémonos en la financiación de la dependencia, ¿es la adecuada?. Los concursos,... ¿salen a los precios que debieran? 

Cuántos euros tenemos, cuántos somos y a cuánto tocamos para ser equitativos. ¿Se gestionan bien nuestros dineros?

La equidad es una base de los derechos sociales y siempre tiene que estar encima de la mesa, lo contrario es egoísmo sea de la empresa, del trabajador o de las familias,... Como en botica, aquí hay de todo para todos y el papel del "bueno" y el "malo" de las películas en este sector es de más difícil y compleja definición y está mas repartido de lo que parece. 

Todos sabemos comprar un buen vino, excelente, con 500€, pero la gracia -o lo que hay- es comprar un vino razonable a un precio razonable para que todos podamos beber un vino "no malo",.. si es que consideramos que tenemos de beber vino, de lo contrario tenemos que disponer de 500€ por cabeza.... 

Nosotros también formamos parte de la solución o del problema. 

Pensemos.

Gracias por tu lectura y saludos.

SOBRE LAS PEV 2.0 UNA OPINIÓN FUNDAMENTADA

Una de las mayores satisfacciones que puede tener un bloguista la produce el saber que hay alguien en el cósmico ciberespacio leyendo lo que se ha escrito.  La satisfacción es aún más grande cuando observas que alguien ha dejado un comentario, y el éxtasis se alcanza cuando alguien escribe un texto largo analizando algo que tú has escrito.  Da igual que lo que se analice te haga quedar mejor o peor, es el hecho de saber que has provocado en otra persona la necesidad de ponerse a escribir.

Eso es lo que me ha pasado con la entrada que escribí sobre la reapertura de las PEV en formato PEVs 2.0.

Resulta que por un lado, mis amigos de ASCAD han difundido un escrito dando su opinión y en el que mencionan el post.

Por otro, un portal de internet Buscadorderesidencias, a difundido un mail en el que, no sólo se habla de la entrada sino que la analiza en detalle y se hace de la siguiente forma:



Desde buscadorderesidencias.com queremos arrojarte un poco más de luz acerca de la reactivación (si se puede llamar así) de las prestaciones económicas de la Ley de la Dependencia en Cataluña.


En primer lugar, os recomendamos que os podáis leer este interesante post de Josep de Martí


También es importante leer el artículo número 5, de la orden BSF/130/2014 del 22 de Abril de la Generalitat. Este punto describe los criterios para determinar el patrimonio de un posible usuario:


Una vez leído, suponiendo que está pasando más o menos lo mismo en todas las comunidades autónomas teniendo en cuenta este cuadro del ministerio de Industria, desde busacdorderesidencias.com tenemos que puntualizar los cálculos del amigo “de Martí” ya que son bastante peores de lo que el dice:


Sobre los ejemplos que tenía en su post, hay que puntualizar sobre un echo fundamental. Este hecho es que casi todos los “abuelos” tienen su piso pagado y suelen tener unas “perrillas” ahorradas “por lo que pueda pasar”. Además, las pensiones hay que calcularlas por 14 pagas.


Vamos a suponer que de todos los ejemplos que pone Josep en su post, cada uno de los usuarios tuviese una segunda vivienda con un valor catastral de 85.000€, depósitos bancarios por valor de 15.000€ y una primera vivienda (vivienda habitual) con un valor catastral de 93.000€


En este sentido, es importante echar un vistazo al valor medio catastral por metro cuadrado de la ciudad de Barcelona, tanto en vivienda colectiva (piso) como en unifamiliar (casa).


Podéis observar cómo el valor medio catastral por metro cuadrado nos dice que en el primer trimestre de 2014, el valor medio catastral de metro cuadrado de un piso en la ciudad de Barcelona era de 743€ y en el caso de una casa era de 671€. Como incongruencia curiosa, los valores catastrales de diversas poblaciones del Baix Llobregat Sud (Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Gavà, etc.) son un 23% más altas que las de Barcelona.


Pues bien, si un usuario tiene una vivienda habitual de 125 metros cuadrados, unos depósitos de 15.000€ y un apartamento de 115 metros cuadrados, los depósitos bancarios y el apartamento le computarán al cálculo del patrimonio con un 5%.


Luego, además, hay que pedir anualmente revisiones económicas para recalcular las ayudas.


A todos los casos que nombra Josep de Martí, tendríamos que restar el 5% de 85.000€ + 15.000€, que da un total de 5.000€. Es decir, que sobre la capacidad económica de cada usuario de los que comenta Josep, la Administración estaría sumando a la “capacidad económica” un valor de un inmovilizado más depósitos por valor de 5.000€, que no todo es líquido. Vamos, que entienden como líquido esos 5.000€ al año, cosa que no es así.


Además, la prestación se ha topado por arriba en un total de 715€ mensuales.


El problema reside en que una vivienda con valor catastral de 93.000€, suele tener un valor de mercado de unos 112.000€ en el mejor de los casos (piso tercero sin ascensor de 70 metros cuadrados, tres habitaciones pequeñas, un lavabo, comedor, cocina y en el mejor de los casos un pequeño balcón). Este piso, según la comunidad autónoma se suele estar alquilando entre 250€ y 400€ dependiendo del estado, barrio y servicios cercanos al inmueble.


Si nos vamos al mejor de los casos en cuanto a alquiler, tendríamos un alquiler anual de 300€ por 12 meses que nos arroja un total de 3.600€.


Una vez ya tenemos esta ensalada un poco más aliñada de lo que la hizo Josep (muy bien hecho, por cierto), vamos a ponerle un poco más de “VINAGRE”…


Supongamos, como ha pasado en unos cuantos casos, hay una muy delgada línea entre el Grado II y el Grado III.


Vamos a pasar los casos que comentaba Josep de Martí de Grado III a Grado II:



a) Sra. Juana Soclamitjana


Persona con capacidad económica de 906€ al mes y un grado II de dependencia.


Ciertamente, es la pensión media en Cataluña.


En este caso, si le aplicamos el 5% de los depósitos y de la supuesta segunda vivienda a su capacidad económica (teniendo en cuenta lo que tiene en cuenta la Administración), tendríamos lo siguiente:


5% de depósitos, 750€.


5% de valor catastral de 2ª vivienda, 4.250€


Pensión de 906€ por 14 pagas, da un total de 12.684€


Capacidad económica TOTAL, 17.684€


Esto significa que esta persona tendría una capacidad económica mensual de 1.473€.


Hasta llegar a 2.000€ (porque cada euro que baje de los 2.000€ de capacidad económica, se le daría al usuario un euro de PEV hasta un tope de 715€) esta usuaria tendría que percibir una PEV de 527€.


Ahora bien, lo que pasa es que esta mujer no tiene un líquido suficiente para pagar, porque el apartamento no es dinero hasta que lo vendes. Nos encontramos que este usuario contaría con un “cash flow” para pagar su residencia de 1.057€ más la PEV de 527€.


Su capacidad real de pago serían 1.584€, es decir, que tendría que acceder a una plaza que le cobrasen 1.440€ más IVA.


No le quedaría ni un euro más en el bolsillo (132€), es decir, que sólo podría acceder a una residencia que le cobrase 1.308€.


Vamos a restarle la PEV, ya que no tiene derecho según ICAS.


Este usuario sólo tendría 781€ para pagar una plaza en residencia. Como mucho, podríamos sumarle esos 300€ que pudiese cobrar del alquiler de su vivienda.


Estamos todos de acuerdo en que 1.081€ no dan para una residencia asistida.


b) Encarnación Guanyopoc.


Persona con capacidad económica de 500€ al mes y un grado III de dependencia.


Ciertamente, Sería un caso con una pensión casi “no contributiva”.


En este caso, si le aplicamos el 5% de los depósitos y de la supuesta segunda vivienda a su capacidad económica (teniendo en cuenta el mismo patrimonio y, además, lo que tiene en cuenta la Administración), tendríamos lo siguiente:


5% de depósitos, 750€.


5% de valor catastral de 2ª vivienda, 4.250€


Pensión de 500€ por 14 pagas, da un total de 6.000€

Capacidad económica TOTAL, 11.175€


Esto significa que esta persona tendría una capacidad económica mensual de 931€.


Hasta llegar a 2.000€ (porque cada euro que baje de los 2.000€ de capacidad económica, se le daría al usuario un euro de PEV hasta un tope de 715€) esta usuaria tendría que percibir una PEV de 1.068€. Como la PEV está topada, sólo percibiría 715€


Ahora bien, lo que pasa es que esta mujer tampoco tiene un líquido suficiente para pagar, porque le pasa lo mismo que al caso anterior. Nos encontramos que esta usuaria contaría con un “cash flow” para pagar su residencia de 583€ de pensión más la PEV de 715€.


Su capacidad real de pago serían 1.298€, es decir, que tendría que acceder a una plaza que le cobrasen 1.180€ más IVA.


No le quedaría ni un euro más en el bolsillo (132€), es decir, que sólo podría acceder a una residencia que le cobrase 1.048€.


También vamos a restarle la PEV, porque “no le toca”.


Sólo tendría 333€ para pagarse una residencia privada.


También vamos a sumarle un hipotético alquiler de 300€ al mes.


Este caso es especialmente dramático ya que esta persona sólo contaría con la cantidad mensual de 633€ al mes para pagarse su residencia.


Conclusión...


Desde buscadorderesidencias.com tenemos claro que las reglas del juego cambian para la clase media que necesita una residencia.


Como casi siempre, por desgracia, es la clase media la que sufrirá las consecuencias de la dificultad de acceso a una plaza residencial en Cataluña, ya que tener un pequeño apartamento de 60 metros cuadrados (pagados con el ahorro de toda una vida de trabajo duro para dar a la familia unas mejores vacaciones) hará que nuestro acceso a un recurso social sea cada vez más complicado.


Por último, todos sabemos lo que es un Grado II de dependencia (en muchos casos es muy difícil diferenciarlo de un Grado III). Dejar sin “algo” de prestación a este segmento, trastoca las reglas que han regido el mercado hasta ahora.

Vemos justo y coherente que los depósitos bancarios computen como patrimonio, siempre y cuando no sea “Deuda Subordinada” o “Participaciones Preferentes”, claro…

Lo que no tenemos tan claro es que haya un valor catastral tan elevado para una vivienda habitual y que cualquier valor catastral de una segunda vivienda compute al 100% del valor en ese 5% de patrimonio.


No te olvides que, por lo tanto, locales, parkings, terrenos rústicos y urbanos, apartamentos y todo lo que no sea vivienda habitual, irá al 100% de su valor catastral a contribuir a la denominada “capacidad económica” con un 5%.

¿No sería más coherente que fuese la suma del patrimonio inmovilizado con ese tope de 300.000€?

Por lo tanto, si la Administración no cambia este criterio, te toca PONERTE LAS PILAS para buscar soluciones a la clase media que quiera acceder a una residencia y encontrar soluciones creativas para dar cabida (y capacidad de pago) a los Grados II de dependencia aunque parezcan (a tus parecer) Grados III.

Aunque el mail aparece sin firma felicito y agradezco a su autor por dedicar tiempo a aclarar cosas y por haber añadido un poco de patrimonio a los casos que planteaba.  Ahora sólo queda que alguien que tenga más paciencia que yo se dedique a comprobar si, tanto los cálculos que hice en mi entrada como los que hay en ésta son correctos.

 Josep de Martí autor de este blog, agradece al autor del mensaje por su colaboración.

BLOGUISTA INVITADO: ANDRÉS RUEDA, PRESIDENTE DE ASCAD

El Máster en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona, dirigido durante casi quince años por el profesor Ricardo Moragas, además de preparar a muchos profesionales sirvió de embrión de una asociación de directores de residencias que, con el tiempo se convirtió en ASCAD (Asociación Catalana de directores de centros y servicios de atención a la dependencia gerontológica).  Esta asociación, que agrupa a directores de residencias geriátricas, centros de día para personas mayores y servicios de ayuda a domicilio, es la que ha promovido, entre otras, la Iniciativa Legislativa Popular  para priorizar el pago de los servicios que reciben los grandes dependientes.

Hoy invito a participar como bloguista a Andrés Rueda, su presidente.  Gracias por tu mensaje


Es muy fácil y un orgullo hablar de ASCAD desde dentro, reconozco que no somos una asociación al uso y por eso quizá no fácil  encuadrarnos. Podríamos decir que somos el lógico proceso evolutivo de aquel espacio de reflexión y contraste de ideas en libertad que significó el Máster en Gerontología Social (MGS) de Les Heures y de aquella embrionaria asociación de directores que nació… como nacen las cosas serias: en el bar, en los intermedios de las clases y alrededor del café cada vez más numeroso de los fines de semana, posiblemente de invierno, de aquel invierno del……..

¡Que te voy a decir, Josep de Martí!,… Inforesidencias.com también tiene en su genética el espíritu MGS de la libertad  siendo hoy un poco la casa de todos, así lo entendemos desde ASCAD y así cobija a la última criatura del “laboratorio de ideas”: la ILP de blindaje del dependiente severo.

Este marco de libertad impregna hoy a todos los “ascadianos” y lo defenderemos “a muerte”: somos una asociación profesional transversal y plural y todas nuestras  acciones nacen de ese debate interno dando origen a posicionamientos, reflexiones y comunicados.

ASCAD ha sido el catalizador para hacer emerger estas filosofías para que se queden con nosotros porque lo necesitamos. Los que tenemos la responsabilidad de hacer funcionar este entramado de la asistencia a la gerodependencia no nos podemos sentir solos como chivos expiatorios contra los que se ceba la normativa con inusual inquina proyectando la parte oscura de nuestra conciencia sobre ese profesional, entonces invisible y que en consecuencia, no se podía defender. Solo quien lea los capítulos de infracciones y sanciones de la Llei de Serveis Socials entenderá porqué tuvimos que plantear una denuncia “a dos bandas” de autoprotección y defensa de nuestros residentes ante fiscalía en agosto de 2012. Fue una “salida del armario del SI SEÑOR” a gritos … que después cada cual manipuló según sus intereses. Lógicamente a quien le gustó menos fue al “poder” que siempre, sea del color que sea, le cuesta aceptar la crítica y tendría que entender con mas naturalidad que la sociedad civil tiene sus instrumentos constitucionales de participación debiendo mostrar siempre un talante respetuoso “con ella y hacia  ellos.” ¿O no?. Esto ya es historia profesional… y marca limites.

En esta línea tenemos otro reto encima de la mesa, la ILP,  que con gran satisfacción sabemos que será cuidada por todas las entidades del sector. La ILP es un verdadero paraguas para la dependencia y sus agentes y pionera del estado español.

Pero no queda ahí el reto: la sostenibilidad, los profesionales, la tipología  de centros, inspección,… por apuntar algunos temas son aspectos que exigen redefinición hacia objetivos nítidos y con trayectorias menos erráticas para afianzar el sistema de la gerodependencia que ahora está demasiado expuesto a vendedores de humo, charlatanes de feria e indocumentados que desde la distancia se permiten meter cuchara, remover y luego,… desaparecen mientras nosotros nos quedamos con el desaguisado. Por denunciar esta necesidad de redefinición desde hace dos años nos han llamado incendiarios, intransigentes, alarmistas,.. y otros piropos. La evidencia es tozuda y ahora hablan de asfixia económica y de riesgo vital del estado de bienestar desde el President hasta el último mono de cualquier conselleria. No estaría mal que se retiraran esas acusaciones hacia nosotros… ó que se repartan entre todos. ¿Harán alguna de las dos cosas?.

Y en el horizonte de nuestro punto de mira tenemos lo que entendemos sería definitivo para todos, el colegio o asociación profesional que, al amparo de la Ley de Colegios Profesionales, normalice y vehiculice aspectos internos que van desde  la deontología, la praxis o la autodefensa, hasta externos como los  sistemas de relación con la administración u otros colectivos del sector. En esas estamos y seguiremos “dando pedales”. 

Andrés Rueda.
ASCAD.

DONDE DIJE DIGO DIGO ME EQUIVOQUÉ

Cuando la Generalitat hizo público su Acuerdo de Gobierno (GOV/19/2003) en el que reducía las pagas extras de los funcionarios y aplicaba una rebaja equivalente a los conciertos y contratos de gestión del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials me pareció que algo muy malo estaba a punto de pasarles a las residencias de mayores de Cataluña.

Cuando las patronales se fueron posicionando al respecto, emitiendo comunicados, reuniéndose y denunciando públicamente lo que estaba haciendo la administración, mi preocupación fue en aumento.  Incluso llegué a hablar con alguien de la administración que me dijo que estaban trabajando para corregirlo, con lo que deduje que el problema existía.

Sólo una patronal, ACRA, parecía anormalmente tranquila.  Ellos habían encargado un informe jurídico del qual se deducía que el acuerdo de la Generalitat no era de aplicación al sector y concentraban sus argumentos e indicaciones a la administración, no tanto en si había o no una rebaja de los conciertos del 7% sino en que no se debía bajar la cantidad presupuestada para este fin en los presupuestos de 2013.

Me parecieron unos insensatos.

Leí diez veces el acuerdo de gobierno y el informe jurídico encargado por ACRA y no podía más que estar en desacuerdo con su interpretación.

La cosa siguió adelante y todo el sector, menos ACRA escribió conjuntamente a tres consellers  avisándoles de lo desastroso que sería aplicar la rebaja prevista en el acuerdo.  De nuevo, ACRA actúo según su criterio y escribió al president Mas advirtiéndole de lo terrible que sería plantearse rebajas en los conciertos (sin entender que ya estuviesen planteadas) o reducir el presupuesto de servicios sociales para el año que viene. Todos estos movimientos fueron apareciendo en sucesivas noticias en Inforesidencias.com, portal de las residencias geriátricas.

El día 18 de abril la Consellera Neus Munté ha comunicado a ACRA que el acuerdo de gobierno y la consiguiente rebaja no le es de aplicación a los "proveedores privados de servicios sociales vinculados por un contrato de gestión de servicio público en sus diferentes modalidades".

Al leerlo me he quedado felizmente de piedra.

Feliz porque bien está lo que bien acaba.  De piedra porque el argumento de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal de la Generalitat (Comissió de Retribucions i Despeses de personal) , según aparece en la carta de la consellera, es el mismo que defendía ACRA en su informe jurídico.

Parece que no fueron insensatos después de todo y que su posición era la más ajustada a lo que pensaba hacer la Generalitat.  Yo me equivoqué en la interpretación y, lo que siento es que, si volviese un mes atrás, creo que, con la información que tenía, volvería a equivocarme.  Pero eso ya da igual.

Lo más importante, por supuesto es que las residencias concertadas y las públicas gestionadas seguirán estando, en su relación con la administración, tan mal cómo hasta ahora, pero no peor.  Una buena noticia que en estos momentos sólo puede alegrarnos.

A VECES LA ALARMA, COMO EL DIABLO, HABITA LOS DETALLES

Las frases "el diablo habita en los pequeños detalles" o "el demonio vive en la letra pequeña", siempre me han hecho mucha gracia. Aunque soy licenciado en derecho, confieso que muchas ocasiones he firmado contratos sin haberlos leído en detalle (o en absoluto).  Especialmente si son de ese tipo que no te permite cambiar nada (teléfono, agua...).  Cuando surge algún problema y saco el contrato del cajón es cuando descubro al diablo viviendo confortablemente en una letra muy pequeñita que esconde condiciones leoninas para el cliente y beneficiosas para quien ha redactado el texto.

Lo curioso es cuando, por un azar o un descuido el demonio se vuelve contra quien lo puso como detalle en un documento, y eso es lo que creo les ha pasado al ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya) cuando, en una nota de prensa, ha pedido  a la asociación catalana de directores de residencias geriátricas y servicios a la dependencia ASCAD que no cree un "alarmismo innecesario".

La nota tiene una parte de razón: ASCAD lleva tiempo "alarmando".  Empezó cuando a finales de Julio de 2012 denunció ante Fiscalía el impago de la Generalitat porque pensaban que podía generar perjuicios a los usuarios.  También alarmó cuando pidió que sus miembros no sufrieran represalias por parte de la inspección,  por haber presentado la denuncia (¿no resulta alarmante, aunque sólo sea, insinuar que esas represalias pudieran existir?).  Ahora para colmo, promueven una Iniciativa Legislativa Popular para priorizar los pagos de los servicios que reciben los grandes dependientes, dando a entender que sin esta priorización se volverán a producir impagos.

Aunque la nota se circunscribe a ASCAD, como si fueran los únicos que dicen algo, me permito apuntar un dedo acusador hacia ACRA, una asociación patronal que ha generado alarma negando el carácter puntual del impago de Julio y diciendo cosas como  que "Hay que tener en cuenta que hoy en día, además de la deuda por la facturación del mes de mayo de los centros colaboradores, concertados y de gestión, muchos de estos centros también deben soportar retrasos en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se comienzan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS. Sumando todos estos retrasos, la deuda de las Administraciones públicas, sólo con las empresas del sector de personas mayores catalanas es de unos 50 millones" o que la Generalitat ahoga al sector; o que un 37% de residencias no podrían pagar la paga extra.

Tampoco UPIMIR, asociación de pequeñas y medianas residencia, debería quedar fuera de la acusación de alarmismo.  Esta patronal lleva tiempo denunciando a la Generalitat como la causante de los problemas del sector y anunciando cierres de residencias si el impago se repitiese o no se agiliza la tramitación de los PIAs (documento que, en la práctica permite cobrar al centro).

Dicho esto, sólo cabe estar de acuerdo con la Generalitat en que se ha generado alarma.  Pero, ¿es innecesaria, como dice la nota de prensa?  Yo creo que no.

La nota habla de una demora de pago puntual negándose a reconocer que en 2011 ya se produjo otro impago que tardó unos meses en solucionarse, que la tarifa lleva tres años congelada (mientras en IPC y la aplicación del convenio han incrementado los costes considerablemente), que los "adelantos" (bestretes) suponen otra forma de impago y un largo etcétera de factores que hacen que la situación sea en sí alarmante.

Si ICASS considera lo que dice ASCAD como generador de alarmismo innecesario, ¿Que diría de esta frase? Retrasar las prestaciones es una vulneración de los derechos sociales. La Consejera, en vez de asumir su mala gestión, está hipotecando el futuro de las políticas sociales de Cataluña.  ¿Alarma innecesaria?  Se lo decía en 2011 Josep Lluís Cleries a la entonces consellera.

Quizás el problema es que ICASS y Benestar Social  y Familia deberían preocuparse menos por los que generan más o menos alarma y concentrarse en su trabajo.

En un estado de derecho la libertad de expresión debe ser respetadísima por parte de los poderes públicos. ASCAD, ACRA, UPIMIR y cualquier otro, pueden decir lo que les dé la gana siempre que no atenten contra derechos de terceros.  Y la Generalitat debe abstenerse de emitir notas pidiendo a alguien que no haga uso de su libertad de expresión como considere oportuno.

Quizás de momento lo que debería hacer ICASS es mirar su propia nota y darse cuenta que desde 2008, según sus propios datos, han cerrado el 9% de las residencias geriátricas en Cataluña.  Digo esto porque en un documento que hizo público el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials en 2011 se decía que a finales de 2007 había en Cataluña 1.174 residencias sociales.  Si, desde entonces se ha producido el cierre de 106 residencias tal como dice la nota, sólo hay que sacar la calculadora.

Lo más seguro es que, a pesar de esos cierres, el número total de plazas en residencias geriátricas no haya disminuido debido a que se han abierto algunas residencias grandes y han cerrado residencias pequeñas, pero no puede ser que un una nota que tiene la función de intentar hacer callar a una asociación, se mencione, sólo de pasada que el 9% de las residencias han cerrado sin darle mayor importancia y únicamente para argumentar que los cierres no tienen que ver con el impago de Julio de 2012.

Ese demonio vive en ese detalle y al dejarlo como eso, un detalle, pone en evidencia al autor.


Quizás no hay que dar más importancia a esta nota.  Quizás podamos considerarla como un desliz y evitar que nos desvíe del verdadero centro de interés.  Quizás hay que creer al ICASS y pensar que lo acabarán arreglando todo.

Demasiados "quizás".

La pelota está en el tejado de la Generalitat.

Posicion de ASCAD sobre la suspensión del pago en Cataluña

Después de leer los comunicados que enviaron ACRA, UCH y Upimir a sus asociados, resulta interesante leer la reflexión que hace sobre el retraso en el pago la Asociación ASCAD (Associació Catalana de directors de centres i serveis d'atenció a la dependència gerontològics).

No quito ni pongo nada, transcribo la carta:

Barcelona, 27 de septiembre 2011



Estimado compañero/a,


Vistos los comunicados emitidos por las más representativas patronales del sector en lo referente a la moratoria ó atraso de las transferencias del ICASS, que será del 100% a los centros concertados y del 35% a los centros colaboradores durante los meses de septiembre y octubre, y la posible incognita de su normalización en noviembre, desde la óptica y responsabilidad de la dirección de los centros y como Junta Directiva de ASCAD manifestamos nuestra posición al respecto:


Primero: Corresponde entre otras funciones a los directores de los centros: (PLIEGO CONCERTACIÓN)


5.3. a “velar por todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y los descritos en esta órden”


5.3. b “evaluar con criterios objetivos, el grado de calidad de los servicios y el grado de satisfacción de los residentes”,


5.3. c “garantizar una atencion integral de calidad, con confort y seguridad, para la totalidad de los residentes”


5.3. f “informar a las familias de todos los temas que resulten de su interés”


5.1 e (176/2000) “garantizar al usuario la continuidad en la prestación de los servicios...”


5.1. h (176/2000) “derecho a la tutela de las autoridades públicas con el fin de garantizar el disfrute de los derechos establecidos”


Segundo: Con facilidad nos olvidamos que la mal llamada Ley de la Dependencia es una ley finalista dirigida al ciudadano dependiente. Cuando ICASS nos dice que no efectuará el traspaso a los centros manipula la realidad porque en realidad lo que esta haciendo es congelar una ayuda directa a los ciudadanos institucionalizados de grado III, que en nuestro caso son ancianos mayoritariamente dementes y polipatologias añadidas, a los que están financiando su atención empresas al limite de la asfixia.


Desde la práctica de cada día y el punto de vista de la dirección de los centros, con la actual Llei de Serveis Socials en sus capitulos de infracciones y sanciones, si nos pueden inhabilitar dos años ó más por una percepción subjetiva de inspecció respecto de la situación de confort de un residente, ¿que habría que hacer con esta misma ley o incluso el codigo civil a quien niega el “derecho de alimento” como hace ICASS al congelar los pagos?. Me pregunto que sentenciaría un juez ante una denuncia en este sentido.


Tercero: Tanto en cuanto a que los centros que dirigimos y para los cuales prestamos nuestros servicios nos consta que están inmersos en una situación económica muy delicada con el ya habitual de atraso en las transferencias económicas de ICASS y que esta nueva moratoria, es muy posible, los someterá a situaciones límite ó insostenibles económicamente, ante lo que puede depender de nuestra responsabilidad subsidiaria


Inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el n’ de registre 40652 i NIF: G65248767


Difundida en internet por cortesía de www.inforesidencias.com


D E C E N T R E S I S E R V E I S D ’ A T E N C I Ó A L A D E P E N D E N C I A G E R O N T O L Ò G I C N A R C Í S G I R A L T , 5 6 1 º C 0 8 2 0 2 S A B A D E L L i n f o a s c a d@gma i l . c ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECTORS


como directores en el ejercicio pleno de nuestras funciones, atendiendo a la ley, a nuestras obligaciones profesionales y responsabilidad ante residentes y familiares aconsejamos la siguiente guia de actuación a modo de protocolo unificado para clarificar nuestra posición y responsabilidad:


1.- RESPECTO DE LAS FAMILIAS: (5.3f)


1.- Si ante la situación de impago de ICASS el centro no puede hacer frente con normalidad y solvencia económica a sus compromisos asistenciales, hasta vuelva a normalizarse el circuito financiero exponerles una de estas opciones:


a) Que se hagan cargo de aportar al centro como familia el 100% del importe de la cuota mensual establecida por el ICASS durante el periodo que este no atienda sus compromisos.


b) En caso de negativa a la opción citada (a), comunicarles por escrito que disponen de 15 dias para hacerse cargo de su familiar causando este baja del centro.


2.- RESPECTO DE LOS TRABAJADORES:


Comunicarles la situación de posible impago ó atraso de sus haberes mensuales para que puedan actuar como les convenga individualmente ó bien comunicación a los delegados sindicales, si los hubiere, para que actúen ante sus centrales sindicales con conocimiento de la situación laboral. Este punto es vital para saber a que atenernos para la organización de los turnos de trabajo y como cubrir la asistencia.


3.- RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:


Todo y que es una cuestión de la empresa, aconsejamos instar a la misma a que solicite la opción de moratoria sin intereses en las cuotas a la Seguridad social u otros pagos de la hacienda publica. (IVA). Seria bueno que las patronales dictasen actuaciones claras y globales de sector en este sentido y desde aquí las animamos a ello.


4.- RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN ESTRICTA DE LA LEY Y SALVAGUARDA DE NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y JURÍDICA ANTE POSIBLES SITUACIONES INTERPRETABLES COMO ABANDONO DE OBLIGACIONES ANTE LOS RESIDENTES O VEJACIÓN DE NUESTRAS FUNCIONES: (5.1.h)


a) Comunicación a Fiscalia de la situación de insolvencia económica del centro y de la relación de las comunicaciones nominales efectuadas a las familias y las decisiones adoptadas de cada una de ellas.


b) En el caso de que exista riesgo de “que hacer” con algún residente por no llegar a acuerdos satisfactorios con la familia, aconsejamos comunicación escrita de la situación al Juzgado de guardia con los pasos realizados solicitando instrucciones por vía de urgencia para evitar el abandono del residente.


Entendemos VITAL las comunicaciones a Fiscalía y Juzgado, este no es un tema que se ventile con otra lógica empresarial. Nosotros CADA DIA estamos obligados a


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D E C E N T R E S I S E R V E I S D ’ A T E N C I Ó A L A D E P E N D E N C I A G E R O N T O L Ò G I C N A R C Í S G I R A L T , 5 6 1 º C 0 8 2 0 2 S A B A D E L L i n f o a s c a d@gma i l . c ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECTORS


CUIDAR personas, y esto incrementa los costes, incrementa la deuda y es una atención inaplazable y la ley nos obliga a ello, y además, a velar que eso sea así. Por comparar entendemos que es infinitamente más importante esta comunicación judicial que la de si un residente lleva chaleco protector de caídas ó no, contención ó no como nos ordenan desde la misma Inspección. Debemos cubrirnos nosotros y así proteger al residente. Imaginemos p.e., ante situaciones de repentinas bajas laborales de trabajadores, problemas con proveedores ó similares y que pueda sucederle algo a algún residente en ese contexto. Seriamos encubridores ó complices de una situación juridicamente muy seria, farragosa y no deseable.


Desde ASCAD entendemos que en este año de gran crédito y “nueva gestión” de CiU seguimos con las “viejas costumbres” de no abordar los temas con perspectiva, diálogo, compromiso y realismo. Existe demasiado miedo de falsos tabúes, falsas afirmaciones y situaciones/expresiones politicamente correctas.... pero económicamente insostenibles.


Seguimos ¿desarrollando? un sistema residencial errático, cojo e inflado y diseñado en “época de vacas gordas”... pero que hay que mantenerlo en “época de vacas flacas “ y que no lleva a ninguna parte,... bueno, si, como hemos comprobado, al actual borde del precipicio.


Esto ya lo veíamos desde el sector y si se hubiera aprovechado este tiempo habríamos diseñado estrategias asistenciales más sostenibles. Seguro que como mínimo no nos habríamos encontrado a 4 (CUATRO) días de final de mes y con compromisos financieros de las empresas que no podrán asumir o de gestión que no podamos cubrir desde las direcciones y así obligarnos a bordear ó infringir la ley... y pasar la culpa a otro departamento como quien pasa una pelota de rugby.


No queremos caer en la demagogia pero es inevitable cuestionarse la oportunidad de según que politicas o prioridad de gastos en otras áreas de gobierno, que aún siendo importantes, está en la mente de todos que NUNCA puedan serlo tanto como para el abandono, porque no pagar es abandonar más que nos pese escucharlo ó decirlo así de claro, de las PERSONAS ANCIANAS Y DEPENDIENTES.


Como siempre, estamos en disposición de trabajar donde nos llamen desde la independencia que nos hace libres.


Por ASCAD,


Secretario President


Juli Martí Andrés Rueda