Las residencias catalanas ya no tendrán que cobrar las deudas de la Generalitat

En los últimos años las residencias de mayores privadas catalanas que tenían plazas financiadas por la Generalitat se encontraban en una situación verdaderamente subrealista.

Si la Generalitat se daba cuenta de que algún residente estaba pagando menos por copago de lo que verdaderamente le correspondía (esto puede suceder cuando el cálculo no se hace correctamente, porque, por ejemplo, el dependiente no ha declarado todos sus ingresos o porque varían las circunstancias y se cambia el copago “con efectos retroactivos”), en vez de reclamar al usuario la cantidad no pagada, ésta de descontaba de lo que cobraba la residencia de la Generalitat y era la residencia la que tenía que reclamar al usuario el dinero debido.

De esta forma las residencias se convertían en una especie de “cobrador del frac” gratuito de la Generalitat.

Si se hubiese tratado de algún caso aislado o de cantidades pequeñas quizás todo se hubiese quedado en “un problema más” de los que se tiene cuando se colabora con la administración.  El problema es que la modificación del sistema de copago supuso en muchos casos incrementos importantes; éstos se tardaron en comunicar a los usuarios con lo que la deuda se generó y creció hasta alcanzar los miles de euros.  A veces la familia no quería o no podía pagar, otras el residente ya había fallecido con lo que el centro se quedaba con una deuda que debía cobrar a alguien que ya ni vivía en la residencia.  Encima, durante un tiempo la administración se obstinó en dar la callada por respuesta a las quejas de las residencias.

Ante lo injusto y esperpéntico de la situación, y viendo que las residencias con plazas financiadas, tomadas de una en una, suelen ser muy cautelosas respecto a la administración, fue la patronal ACRA, más representativa en el sector de las residencias en Cataluña, quien puso en marcha una serie de medidas para intentar revertirla:

• · Presentación de un escrito al subdirector general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en relación a las deudas de los usuarios con la Generalitat por incremento del copago. (13 de mayo de 2016)
• · Nota informativa a los socios. (27 de mayo de 2016)
• · Seguimiento del tema mediante varios contactos entre ACRA y representantes del Departamento a lo largo de los siguientes meses.
• · Aprobación, por parte de la Junta Directiva de ACRA, de proponer a los socios la apertura de una demanda colectiva por las cantidades indebidamente anticipos de las nóminas a los centros. (21 de noviembre de 2016)
• · Jornada informativa con el Bufete Escura en que se expuso la situación actual del tema y se propone la apertura de una demanda colectiva entre los socios afectados que lo deseen. (19 de enero de 2017)
• · Recogida de información justificativa relacionada con los importes descontados entre los centros afectados. (Enero - febrero 2017)
• · Redacción de una carta al Defensor del Pueblo. (Febrero 2017)

Al final parece que la presión ha  surtido efecto y la demanda colectiva no será necesaria.

La Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, comunicó el día 3 de Febrero a ACRA que había dado instrucciones para que de forma inmediata se abandone esa práctica.   Los procedimientos en curso, en los que se ha comunicado a la residencia el descuento, se paralizarán y sobre aquellos que ya se han practicado la Generalitat se ha ofrecido a dar un tratamiento individual a cada uno.

Bien está lo que bien acaba, aunque esto que ha acabado, no debería haber empezado nunca.

Actualización:

El día 7 de Febrero la Dirección General de Protección Social ha difundido este comunicado que concreta la medida:

Estimados / Estimadas,

La gestión de reclamaciones con efectos retroactivos a usuarios ingresados en centros colaboradores (provocadas generalmente por cambios no comunicados en la situación económica de las personas o por datos incorrectos) está generando controversia en el sector y ha provocado la necesidad por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de analizar la situación y buscar una solución alternativa.

Los centros están recaudando el copago en nombre del Departamento y, a la hora de producirse una reclamación con efectos retroactivos, estos centros se ven perjudicados.


Mientras se esté buscando la solución, el Departamento no involucrará los centros colaboradores en la gestión de la reclamación de los importes debidos sino que irá directamente contra la persona usuaria deudora.

El comunicado incide de forma especial en que se trata de residencias colaboradoras y no concertadas las que se han visto en esta tesitura y tiene toda la razón.

En las residencias concertadas el "cliente" de la residencia es la administración por lo que la residencia ni siquiera factura los servicios al usuario.  En cambio en las residencias colaboradoras la factura por la totalidad del servicio se factura al usuario aunque una parte la pague la Generalitat.  ¿Complicado?  Mira los primeros minutos de este vídeo para entenderlo mejor.


Residencias de tercera edad transparentes en Barcelona
Residencias de mayores transparentes en Girona
Residencias de ancianos en Lleida
Residencias de gent gran a Tarragona

Un problema para algunas residencias concertadas

Algunas residencias de personas mayores concertadas en Cataluña ven que los residentes que, según su situación real se valoraban hasta ahora como Grado III (grandes dependientes), cada vez más son valorados como Grado II, e incluso como Grado I.

A priori eso podría querer decir que las residencias catalanas están trabajando tan bien que consiguen que los residentes bajen su dependencia, algo que con seguridad sucede en algún caso.

Si prefieres verlo en vídeo, aquí tienes una explicación algo más larga y con más datos.

Como la Generalitat calcula lo que pagará a las residencias concertadas el año siguiente de acuerdo con unas valoraciones que  realiza en el año en curso, los gestores de algunos centros concertados saben que en 2017 cobrarán menos por plaza que en 2016. 

El precio concreto es el resultado de un "mix" en el que se consideran los usuarios con Gran Dependencia (Grado III) y Dependencia Severa (Grado II).  La Generalitat decidió hace un tiempo, para no generar más perjuicios, dejar de considerar el Grado I en el mix (algo a agradecer).

Cuando la administración comunica la rebaja a las residencias les explica que  “Somos conscientes de que esto puede haber ocasionado una aminoración respecto al año anterior debido a que el baremo de valoración de la dependencia regulado por normativa estatal, sufrió un endurecimiento respecto a la versión anterior.

Lo que se olvida de decir la Generalitat es que, a pesar de que el baremo ha cambiado para todos, cada comunidad parece aplicarlo “a su manera” y Cataluña resulta ser la más ferviente endurecedora.  Si vemos los datos estadísticos de la Dependencia del mes de Diciembre de 2016, destaca que, cuando se valora la dependencia resulta que el 11,8% del total de valorados, a nivel estatal, resultan ser grandes dependientes.  En Cataluña, el 8,3% o sea una cifra un 30% inferior..  De hecho, Cataluña es el lugar de España donde se valora un porcentaje inferior de grandes dependientes.  En Galicia la cifra alcanza el 17,1% y en Castilla León casi el 15%.

Si miramos el otro lado de la escala, Cataluña es la tercera comunidad que valora más dependencias moderadas.

O sea que, todas las comunidades aplican una misma escala “regulada por normativa estatal” pero a cada una le salen resultados estadísticamente diferentes y, por casualidad Cataluña es a la que le salen más perjudiciales para los dependientes.  Curioso.

 

Es cierto que los datos hay que tomarlos con cautela ya que en la misma tabla aparecen dependientes valorados antes de 2011 y que mantienen grados y niveles. Aún así, tomando los que se corresponden a las últimas valoraciones, la imagen es clara.

Para una residencia que ve menguar sus ingresos y que escucha como quien se los aminora le pone como excusa una norma sobre la que no tiene control pero que aplica de forma intensiva, casi apasionada, la situación resulta frustrante.

Encima esto coincide con un momento económico en el que el Producto Interior Bruto vuelve a crecer y al hacerlo pone en marcha cláusulas del convenio colectivo que conllevan subidas salariales.

La solución al problema no parece demasiado compleja:  la Generalitat podría instruir a los valoradores de forma que apliquen el baremo de una forma similar a como se aplica en otras comunidades autónomas.  Supongo que el problema es que si aparecen más "grandes dependientes" habría que buscar en algún lugar el dinero que ahora no se está pagando.  Quizás es ese el problema principal ¿no?

Residencias en Cataluña

¿Falta personal en las residencias de mayores públicas?

¿Falta personal en las residencias públicas?

Hace un tiempo, visitando una residencia de mayores en Burgos  vi algo que me llamó la atención.  En un espacio muy concurrido del centro había una gran pared cubierta de fotografías de unos 30x20 cm de cada una de las personas que trabajaba en la residencia.   Ahí, una junta a otra aparecía la cara sonriente de más de setenta profesionales.  Cuando le pregunté al director me dijo que, aunque en la residencia trabajan esas setenta personas, como lo hacen por turnos y el centro siempre está abierto, en ocasiones alguien puede tener  la sensación falsa de que hay poco personal.   Ese muro permite visualizar que por cada dos "y poco" residentes hay alguien trabajando en el centro.

Me gustó la idea y, con permiso del gerente, grabé un vídeo.

En los últimos meses empieza a ser habitual leer noticias en las que trabajadores de residencias para mayores públicas gestionadas por la propia administración se quejan de la falta de personal para cuidar de forma correcta.

Lo hemos leído de lugares tan diversos como en Extremadura o Aragón  durante el último trimestre de 2016, siguiendo el mismo patrón: Las quejas indican que cada vez hay más residentes o que los residentes tienen más necesidades y que el personal no se aumenta, o incluso se disminuye al no cubrirse las bajas ni las vacaciones. Esto lleva a que la situación esté “al límite”.

Alguna vez aparece alguna noticia llamativa en la que una parte del personal de una residencia de mayores se queja de lo mal que están las cosas mientras otra lo niega y les desmiente y les acusa de inventarse cosas pero esas son las menos.

Donde en Septiembre de 2016 se superó ese "límite" fue en la residencia Carlet (Valencia) en la que un cuidador hizo una fotografía a un residente y la difundió como prueba de la falta de suficiente personal. La instantánea ponía los pelos de punta y la imagen mental de una persona que, teóricamente debe cuidarte, fotografiándote mientras estás en el suelo en una postura claramente dolorosa, lo hace aún más.

Sin duda, quien hizo y difundió la fotografía ha consiguió su objetivo: salir en los medios y que se hablasee del tema. El problema es que, por desgracia, para muchas personas “el tema” no será si falta o no personal sino si se trata bien o no a las personas en las residencias geriátricas.

Fuente: El Mundo

Llevo veinticinco años en este sector y calculo que debo haber visitado unas cuatrocientas residencias de todo tipo y la verdad es que me ha repugnado ver esta fotografía que, por desgracia, quedará injustamente grabada en muchas personas como “lo que pasa en las residencias”.

Dicho esto, creo que debemos contextualizar lo que denuncian los trabajadores y sindicatos sobre las residencias de mayores públicas que gestiona la propia administración y después acabar con la cuestión del uso de contenciones.

Cuando la administración presta el servicio de residencia asistida a personas mayores, que tienen derecho a recibirlo de acuerdo con las leyes de dependencia y servicios sociales, tiene varia opciones:

- Residencias públicas gestionadas por la propia administración.
- Residencias públicas gestionadas por empresas o entidades sin ánimo de lucro.
- Residencias concertadas con las que contrata un número de plazas.

Además, puede dar ayudas en dinero para que los mayores vayan a una residencia geriátrica privada pagando de su bolsillo lo que no cubre la Prestación Económica Vinculada.

Todas las denuncias que se han publicado en los medios se refieren a las residencias públicas que gestiona la propia administración, o sea, aquellas en las que una parte del personal es funcionario y otra, personal laboral público.

El hecho de que alguien que tenga derecho a “plaza pública” acabe recibiendo el servicio en una que gestiona la propia administración o una empresa no debería tener repercusión. A ambas se les exige en teoría los mismos estándares y, a las empresas, además, que participen en procesos de contratación pública. Lo cierto es que a lo largo de los años las administraciones han demostrado no ser gestoras eficientes por lo que, actualmente, les cuesta el doble o más mantener una plaza en una residencia de mayores pública que en una concertada.

Los motivos son fáciles de entender:

Si alrededor del 60-65% del coste de cuidar a un mayor en una residencia corresponde a gastos de personal (salarios y cotizaciones), influye mucho qué convenio colectivo se aplica. Una gerocultora (o gerocultor) que trabaje según el convenio colectivo marcoestatal de la dependencia tiene una jornada anual de 1.792 horas anuales con una cierta flexibilidad para la concreción del horario diario y semanal por parte de la empresa; si lo hace en una residencia pública de la Comunidad de Madrid, trabajará un máximo de 650 horas repartidas en 220 jornadas. 

Solo hay que ir añadiendo diferencias de salarios, días de asuntos propios y otros "detalles", para ver que mantener un nivel de presencia de profesionales similar puede resultarle a la administración entre un 20 y un 30% más en una pública (son datos aproximados porque cada comunidad tiene su convenio y no toda la información de funcionamiento de los centros es pública). 

Los sindicatos son expertos en negociar y obtener ventajas, lo que sucede en el mundo de las residencias geriátricas es que cada ventaja que obtienen cuando negocian con la administración y no con las empresas hacen que el “servicio público” sea más caro en proporción. Si consiguiesen demostrar objetivamente que esas mejores condiciones laborales repercuten directamente en el bienestar de los residentes, tendrían un argumento. Lo que pasa es que esa demostración no se ha materializado.

Otra cuestión importante, aunque difícil de concretar, es el absentismo que tradicionalmente (y con un llamativo paréntesis durante la peor parte de la crisis) es superior en el sector público que en el privado. De nuevo, las empresas sienten más como una necesidad el acotar el absentismo de lo que lo hacen los políticos de turno.

También la rigidez que impone la administración al funcionamiento de cualquier servicio que gestiona acaba incrementando costes. Durante años he impartido cursos a directores, médicos y otros profesionales de residencias públicas y privadas. No es extraño encontrar grandes profesionales trabajando para la administración que están quemados o desanimados porque no pueden cambiar nada o porque existen inercias que dificultan las mejoras. Como funcionario excedente que soy conozco de qué me hablan. Un director de residencia puede tener una gran idea que mejoraría la vida de los usuarios sin incrementar costes pero le da una pereza horrorosa tener que enfrentarse a las “inercias” y derechos adquiridos de dudosa legalidad. Esto puede pasar tanto en una residencia pública como en una privada, en mi experiencia pasa más en las públicas.

Al final llegamos a la situación actual. Como casi todos los sistemas en los que intervienen personas, tendemos a acostumbrarnos a lo que tenemos y creamos nuestras “zonas de confort” (o lo que es lo miso, nuestras “resistencias al cambio”) por lo que cualquier variación sobre lo que hacemos resulta enormemente molesta.

A mi entender, lo que está pasando en las residencias de mayores públicas es que alguien desde la administración se ha dado cuenta de que la diferencia de coste entre  públicas y concertadas no tiene justificación y, en vez de afrontar el problema con cabeza ha decidido utilizar el hacha: dejar de cubrir jubilaciones, vacaciones y bajas como si eso no fuese a tener consecuencias.

Yo creo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes eso de que tanto hablan ellos últimamente: “transparencia”. Igual que en Inforesidencias.com las residencias privadas pueden decir qué ratio de personal tienen, qué profesionales forman parte del equipo o qué incluye y qué no incluye el precio. Las residencias públicas nos deberían decir qué cuestan a la administración, qué profesionales tienen o qué tasa de absentismo. Si a eso se le sumasen encuestas de satisfacción de usuarios, empleados y familiares, tendríamos un buen nivel de transparencia que nos permitiría poder comparar. Por desgracia, para casi todos nuestros gobernantes eso de la “transparencia” es algo que siempre se aplica a los demás y no a ellos mismos.

No puedo acabar esta reflexión sin referirme a la foto. Una persona que estaba en su cama con un cinturón de contención y unas barandillas subidas, que es capaz de salir del cinturón y saltar quedándose atascado.

La noticia aparecida en el Mundo dice: “Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las caídas.

Este accidente demuestra que la dirección de Carlet todavía no ha asignado los trabajadores necesarios para cubrir la atención de las personas residentes.”

¿A alguien más que a mí esto le parece bastante sospechoso?

A mí se me ocurren varios motivos, además del de la posible falta de personal para que haya sucedido lo que aparece en la fotografía. ¿Es posible que esta persona de verdad no necesitase una contención? ¿Es posible que el cinturón estuviese mal puesto? ¿Es posible que la barandilla más que “para evitar caídas” se pusiese para evitar que el mayor se levantase? ¿Podría haber sucedido lo mismo si hubiese habido un cuidador más por cada 40 residentes? ¿Es posible que el personal no hiciese bien su trabajo?

Son muchas preguntas y poca la información de que se dispone por lo que, sabiendo que la Generalitat ha abierto una investigación habrá que esperar a ver qué averigua.

Mientras tanto deberíamos aprovechar para recordar que las residencias son el mejor recurso para un 5% de personas mayores que necesitan tal nivel de cuidado que difícilmente podrán obtenerlo en sus casas. Hay que reconocer que en España tenemos muy buenas residencias y profesionales y que, aquellas que no lo sean deben ir mejorando o cerrando cosa que harán si entre todos nos esforzamos por que éste sea un sector transparente y comparable.

Residencias en la Comunidad Valencianapara personas mayores

Esta reflexión está basada en una opinión que publiqué en 2016 en NGD

La Generalitat pone otro parche en la "pseudoconcertación"

Si repasamos un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos en el sector catalán de las residencias, una de las cosas más llamativas ha sido la ampliación de unas 740 plazas financiadas por la administración que ha permitido que más personas puedan recibir el servicio al que tienen derecho.  Eso es algo que produce alegría y por lo que, en tiempos de penuria presupuestaria, habría que felicitar a los responsables del Departamento de Trabajo (en el que se sitúa la responsabilidad de los servicios sociales).

En cambio en varios posts, he criticado a la administración, no por el hecho de ampliar plazas financiadas en residencias de mayores sino en cómo se han asignado esas plazas a las residencias concretas que deben prestarlas.

https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/pseudoconcertacion-express-en-cataluna.html
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/la-generalitat-desmiente-la.html
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/pseudoconcertacion-express-20-ahora.html
https://josepdemarti.blogspot.com.es/2016/10/pseudoconcertacion-express-en-cataluna_27.html

Resumiéndolo mucho:

No me gusta ni me parece ajustado a los principios de transparencia y concurrencia que la Generalitat pueda hacer algo muy parecido a concertar plazas (lo que he llamado "preudoconcertación express") de una forma tan caprichosa y apartada del respeto a los intereses y derechos de los usuarios.

La Generalitat ha "invitado" a las residencias colaboradoras (un sistema llamado a desaparecer por la Ley de Servicios Sociales de Catalunya de 2007) a ofrecer las plazas libres que tuviesen para ocuparlas con personas en lista de espera.   Sólo a las residencias colaboradoras; sólo plazas libres.  Esas residencias tenían que enviar una carta a la Generalitat y ésta tenía que decidir si reunían unos requisitos.

Al final,  dicen, que han conseguido unas 750 plazas pero no han publicado un listado de los admitidos y excluidos por lo que nadie puede reclamar nada.

Encima, el sistema elegido, o sea, que solo se pudiesen ofrecer plazas libres podía tener un efecto perverso sobre los usuarios concretos.  En mis posts planteaba que una residencia colaboradora con ocupación plena pero algunos usuarios ocupando plazas privadas mientras se encontrasen en lista de espera, podían ver como a esos residentes se les obligaría a trasladarse a otra residencia que hubiese obtenido la pseudoconcertación si querían obtener la financiación pública.   O sea que al final la Generalitat conseguía, mediante su pirueta dos cosas:  ayudar al ciudadano dependiente  ofreciéndole una plaza financiada a la que tenía derecho y a la vez, fastidiarle diciendo que tenía que cambiar de residencia no porque fuera necesario sino porque un lío burocrático administrativo que se había inventado la propia Generalitat le obligaba  a ello:   Menudo ejemplo de Atención Centrada en la Persona ¿No?

Pues parece que ahora se han dado cuenta.  Como no hacen público nada no sabemos cuántas personas se han visto a ese "traslado forzoso" pero deben haber sido unas cuantas ya que las residencias colaboradoras han recibido otra carta de la Generalitat en las que les preguntan si precisamente eso ha sucedido.

Lean la carta que reproduzco traducida un poco más abajo.

Como no se puede criticar a alguien cuando se equivoca y cuando corrige, e imbuido de un embriagador espíritu navideño, voy a manifestar alegría por que la Generalitat se haya dado cuenta de que ha causado inconvenientes y molestias innecesarias a los ciudadanos y por que, aunque sea mediante un escrito tan enrevesado, esté intentando corregir.

A ver si siguen corrigiendo y por lo menos publican la lista de las residencias beneficiarias de las primeras 750 plazas.  Si encima se comprometen a utilizar en adelante sistemas más transparentes, fabuloso.

Aprovecho para desear a nuestros queridos gobernantes una Feliz Navidad.



Estimadas y estimados,

El reciente proceso de ampliación de plazas colaboradoras puede haber generado nuevas plazas libres en su centro.

Si su centro se encuentra en esta situación, le rogamos que nos lo haga saber mediante una solicitud, con el siguiente contenido:

.............................., Con DNI ............ como representante de la entidad ................., con CIF .........., titular de la residencia ............. ...., con el código F ......., expongo que el centro que represento dispone de ..... plazas libres y solicito que sean consideradas como plazas colaboradoras.


Estas plazas libres se han generado por los siguientes motivos (marcar los que corresponda)

ð Defunciones (indicar el número)
ð Traslados de centro o a domicilio (indicar el número)
ð Otros (concretar motivo)

(Si las plazas libres se han generado debido a que las primeras personas en lista de espera ya ocupaban plaza privada en su centro y han ocupado las plazas asignadas en la primera fase, también es necesario que lo indique)


............., A ..... de ........ de 2016



Esta petición, con el modelo indicado, es necesario que se envíe firmada y escaneada a la dirección sggr.tsf@gencat.cat, antes del próximo día 23 de diciembre de 2016. Además, se deberá presentar en el Registro más cercano a su domicilio o hacerla llegar por correo ordinario a cualquiera de las sedes del Departamento.

Sólo pueden acogerse a esta medida los centros que actualmente ya tienen plazas en régimen de colaboración. Estas nuevas plazas ampliar, deben estar vacías. Una vez recibida la solicitud, las plazas serán bloqueadas en la web de residencias y los centros podrán empezar a gestionar los ingresos, siguiendo la lista de espera. Serán excluidas de este proceso aquellas entidades con procesos sancionadores en curso o que presenten incumplimientos reiterados de las condiciones materiales y / o de las ratios de personal exigidas en la normativa vigente.

Las nuevas plazas solicitadas deben ser adicionales a las que se habían pedido en la primera fase. Es decir, que si todavía hay alguna plaza adjudicada en la primera fase pendiente de rellenar, no se debe volver a pedir.

En la misma dirección de correo arriba indicada, se resolverán aquellas dudas o cuestiones que puedan surgir.

Reciban un cordial saludo,

AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR

Menudo lío en que me he metido con esto de la bajada del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de las residencias colaboradoras en Cataluña.

Para centrar las cosas.  El IVA que se paga por residir en una residencia geriátrica oscila entre el cero y el diez por ciento (con un tramo intermedio del 4%) dependiendo de quién preste el servicio (si es una entidad sin ánimo de lucro con reconocimiento de interés social está exenta del IVA),  y del tipo de plaza:

- Si es una plaza privada en una residencia privada paga el 10%.
- Si es una plaza concertada, paga el 4%
- Si es una plaza financiada en parte mediante una Prestación Económica Vinculada (PEV), puede tener un IVA del 10% si la PEV supone menos del 75% del coste total de la plaza o del 4% si es superior.  Como es casi imposible que la PEV suponga más del 75% del total, podemos establecer que las PEV pagan el 10% de IVA.
- Las plazas concertadas, una fórmula existente en Cataluña y que llevan desde 2008 sin cobertura legal pero de las que se benefician  unas 18.000 personas.  Hasta hace pocos días tenían una consideración, a los efectos del IVA igual al de las de PEV.  O sea, dependía su IVA de si la ayuda que recibe el usuario para pagar la residencia era superior o inferior al 75% del total.

Con esta consideración en mente, resulta que la mayoría de las 18.000 plazas colaboradoras estaban pagando un 10% de IVA.

Este tipo de plazas tienen una peculiaridad que hace que el porcentaje de IVA  a que se ven sometidas alcance gran relevancia, me refiero a la consideración que hace la Generalitat según la cual, cuando se establece el precio que pueden cobrar como máximo los prestadores de servicios (las residencias colaboradoras), ese precio es "IVA incluido".

Esa consideración ha supuesto que en las dos últimas subidas de tipo del impuesto (3 puntos en total), las residencias colaboradoras han tenido que asumir ellas el perjuicio económico, perdiendo unos 45 Euros por residente y mes.  Para entendernos:  si te digo que me tienes que seguir cobrando la misma cantidad pero que tienes que pagar más IVA, la única forma de conseguirlo es bajar la base, que es lo que cobras de verdad.

ACRA palnteó hace un año que esto se tenía que cambiar y anunció como una "muy buena noticia" que la Generalitat iba a redactar un informe jurídico para equiparar las plazas colaboradoras con las concertadas de forma que todas ellas pudieran pagar el IVA del 4%.  El plan era que, con ese informe en la mano, ACRA presentaría una consulta vinculante a Hacienda y ellos confirmarían la bajada del IVA.

Reconozco que entonces, tal como escribí, no me lo creí.  Me pareció que no era factible ya que la Ley del IVA era muy clara y no lo permitía.

Cuando se anunció que la Generalitat tenía preparado el informe, volví a expresar mis dudas.

Y ha pasado un año desde entonces.

Confieso que pensaba que todo había quedado muerto.  Por eso, cuando ACRA anunció que tenían la respuesta a su consulta a la Agencia Tributaria y que el IVA de las plazas colaboradoras tenía que ser del 4%, pensé que, no sólo tenía que dar la noticia por ser muy positiva para muchas residencias sino que, después de haber dudado tanto que se pudiera conseguir, tenía que hacerlo de una forma en la que ACRA quedase muy bien.  Así, para dar relevancia al asunto escribí que ACRA informaba de bajaba el "IVA incluido" de las plazas en residencias de tercera edad colaboradoras destacando que esta medida suponía un ingreso adicional de unos 90 Euros al mes por residente. Además felicité personalmente a su presidenta y a su directora general.   Eso de haber anunciado la bajada del "IVA incluido" no gustó mucho pero para mí allí está la clave ya que al final, lo que quedará la la consulta es que las residencias colaboradoras podrán cobrar algo más.

El problema empezó el mismo día cuando una residencia que había recibido la circular enviada me llamó y me dijo que su gestor le pedía que le dijese dónde decía exactamente el documento de Hacienda que el IVA de las colaboradoras,  tenía que ser el 4%.

Cuando leí en detalle la respuesta que Hacienda daba a la consulta, me empezó a invadir la duda.

Al cabo de un rato empecé a recibir y a hacer llamadas que me llevaron a tratar el tema con varias residencias, patronales y abogados.  En el fondo me parecía que quién hubiese planteado la consulta y explicado la respuesta tenía que estar muy seguro antes de hacerla pública, pero pensé que recabar la información de varias personas era lo correcto.

Entonces me di cuenta de que la derrota es huérfana pero la victoria tiene mil padres.  Parece que había a quién le había molestado que plantease la noticia como un éxito de ACRA.

Pasé un día y medio oscilando entre la duda y la seguridad hasta que ACAD, una patronal que no considero sospechosa de querer alentar los éxitos de ACRA, dijo en público que la interpretación del 4% era correcta;  que lo habían hablado con un cargo de la Agencia Tributaria y se lo había confirmado.

Cuando supe eso volví a felicitar a ACRA  diciéndoles que las dudas se habían disipado. Creo que mi segunda felicitación  les confundió ya que quizás no habían compartido mis reservas y consideraron raro que hubiera ido recabando opiniones de otros.  Total, que ante ellos quedo como un desconfiado.

Mis felicitaciones tampoco gustaron a Upimir.  Eso lo deduzco de la intervención en el foro de Inforesidencias.com  (entradas 1148 y 1150) que hizo su presidente:  "Apreciado Josep Los socios de UPIMIR hace mas de un año que siguiendo nuestras instrucciones aplican un 4 % de IVA a tales plazas. La consulta vinculante aun siendo importante no arroja ninguna novedad sobre lo que se dijo en su dia por ello gracias a la informacion facilitada por UPIMIR decenas de centros se han beneficiado de no perder el 6 % que muchos con seguridad no podran recuperar. Si alguien tiene interes podemos pasarle la circular al respecto que se envio en su dia tras solicitar a ICASS dep. Juridico un informe del tratamiento administrativo de tales plazas y hacernos ver que eran a todos los efectos de la "xarxa publica" Al Cesar lo que es del Cesar. Un abrazo amigo".

La verdad es que no sabía que existía una información de Upimir a su socios en ese sentido y, como parece que siempre me equivoco cuando hablo del IVA, me volveré a equivocar ahora:  Creo que recomendar la aplicación del  4% basándose en un informe que decía claramente que no tenía efectos tributarios, fue algo arriesgado.  Recuerdo que el informe jurídico empieza diciendo esto: La Asesoría Jurídica elabora esta nota únicamente en cuanto a la consideración de las plazas de las entidades colaboradoras de los Programas de servicios sociales del Departamento de Bienestar Social y Familia (ICASS) como plazas de la Red de servicios sociales de atención pública, pero no se pronuncia sobre cuestiones de fiscalidad, considerando que estamos hablando de un impuesto regulado por el del Estado y, el Departamento de Bienestar y Familia no dispone de competencias en materia tributaria. Y deja para el final la siguiente frase   Para aquellas otras cuestiones que tengan incidencia fiscal esta Asesoría Jurídica sugiere que se formule la oportuna consulta a la Administración competente en materia tributaria como son el Departamento de Economía y Conocimiento o la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y / o la Agencia Tributaria.

Total que para ACRA puedo quedar como un desconfiado y para Upimir como un poco documentado.

Pero, ¿saben qué?  Yo aquí no pinto nada.  Las cosas pequeñas se olvidarán en pocos días y lo que quedará es que las plazas colaboradoras, todas, y de forma segura podrán aplicar el tipo del 4%.  Así  que, a partir de ahora podrán ingresar unos 90 Euros más al mes por residente.  Además, podrán reclamar que Hacienda les devuelva lo que han pagado de más durante los últimos meses (queda por definir cuántos).

Eso es una muy buena noticia y guste o no, ha sido ACRA la que lo ha promovido por lo que merecen ser reconocidos.

FLEXIBILIZAR EN RESIDENCIAS. POR DÓNDE

Las comunidades autónomas siguen "retocando" los precios de concertación de plazas en residencias asistidas.  A veces rebajándolos directamente;  otras, valorando de forma más concienzuda a los dependientes de forma que los que hasta hace unos años habrían sido considerados "grandes dependientes" ahora lo sean sólo como "dependientes severos", o una combinación de ambas cosas. Mientras tanto, otra parte de la ecuación, o sea, lo que las residencias pagan a los trabajadores, ha subido de forma considerable durante los últimos años.

Este gráfico lo he sacado de la web de Comisiones Obreras, o sea, no es una invención mía:

No es original ya que lo puse en otro post en este blog en 2011, y pone de manifiesto cómo ha subido en los últimos años el salario del sector de la dependencia frente a la inflación debido a cómo se han negociado los convenios colectivos de la dependencia en épocas de vacas menos flacas.  Para ser justos hay que decir que el gráfico acaba en 2010 y que en los tres últimos años la tendencia ha cambiado.  Si alguien tiene el gráfico actualizado lo colgaré encantado.

Si la administración congela o baja los precios de concertación, hay más plazas libres en residencias geriátricas que hace unos años,  y bajan los precios privados de las residencias, el sector tiene un problema.  Si además una parte de la facturación se cobra tarde debido a los atrasos en los pagos por parte de las administraciones;  a la bajada de facturación se le une una constante tensión de tesorería.

Lo lógico en estos casos es intentar reducir costes, retrasar pagos y aumentar ingresos.

Muchas residencias han recortado en lo que han podido: han renegociado alquileres, han presionado para que sus proveedores les rebajen precios y acepten pagos atrasados.  En momentos de máxima tensión han dejado de pagar alguna paga extra pero, poco más han podido hacer.

El capítulo más importante dentro de la cuenta de resultados de una residencia es el de personal, eso quiere decir que, una residencia que, de verdad quiera reducir sus costes tiene dos opciones:  reducir el número de empleados o reducir el salario a los existentes.

El número de personas que trabaja en una residencia geriátrica viene marcado por un mínimo que establece la administración y por el nivel de atención que preste el establecimiento.  Existe una relación clara entre el número de "horas trabajadas" y atención que reciben los residentes (digo "horas trabajadas" y no número de personas para descontar el efecto del absentismo).  Por eso, en muchos casos resultará casi imposible reducir el número de personal, sobre todo si son gerocultores, sin que se vea afectada la calidad asistencial (Ofrecer la posibilidad de disfrutar de una adecuada calidad de vida a los residentes es una de las pocas cosas verdaderamente innegociables).

Existe la posibilidad de rebajar la dedicación de los profesionales que exige la normativa de acreditación (varía de una comunidad a otra pero suelen ser: médico, enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador social y trabajador social) manteniendo la presencia de todos los perfiles (o sea, reducir "alguna hora" de terapeuta ocupacional o de psicólogo pero manteniendo un mínimo de horas para cada perfil).  El problema es que esas reducciones difícilmente suponen por sí solas un aligeramiento importante de los costes.  Además, resultaría ridículo considerar adecuado que una residencia de cincuenta plazas tuviese, por ejemplo, dos horas a la semana de terapeuta ocupacional "únicamente para cumplir la ratio".

O sea, que al igual que cuando el gobierno se plantea la reducción de costes, la rebaja salarial se acaba mostrando como la medida más efectiva y rápida.

Sé que es terrible hacerlo ya que los salarios que hay en la actualidad son bajos aunque hayan subido por encima de la inflación durante más de diez años.  Si alguien quiere leer lo que piensan los que serían receptores de la rebaja de salario sólo tiene que ir a una entrada del blog de Enero de 2011 titulada "¿Qué pasa con las tablas salariales de 2011?" y bajar hasta las opiniones de los visitantes:

"900 euros con pagas extras incluidas"
"Ahhhh tampoco pagan la subida correspondiente en convenio ni atrasos por la aplicación del convenio que me digan a mi como se vive con 900 euros y trabajando festivos y fines de semana"
"Este mes he cobrado 820 euros. Me quitan un 11,5% de IRPF. Estoy separada y con tres hijos."

Son frases reales que dejan bien claro que la rebaja de salarios que estoy propugnando  estaría recayendo en personas a las que ya hoy les cuesta mucho llegar a final de mes. O sea, que, sólo debería adoptarse si no hay otra solución mejor o menos mala.

Pensemos en algunas:

La más fácil es "No hacer nada, a ver qué pasa".

La opción anterior tiene variantes como "Vamos a consensuar entre todos" o "Creemos una comisión".  Al final se obtienen los mismos resultados que con la primera pero durante un tiempo parece que se hace algo y a veces "lo que pasa" es que da la sensación de que el problema se "está resolviendo".

El problema de las opciones anteriores es que no suelen funcionar y sólo empeoran las cosas de forma que, cuando al final hay que tomar alguna medida real ésta resulta aún más dolorosa.  (¿Qué hubiese pasado si algunas políticas de 2013 se hubiesen tomado hace cuatro?)

Otra es considerar que los propietarios de las residencias han ganado mucho dinero en el pasado por lo que ahora les toca "sufrir un poco".  Quien defienda esa opción puede pensar que los empresarios deberían endeudarse para pasar la mala racha sin tocar las condiciones de los trabajadores y, cuando las cosas vuelvan a ir bien, ya recuperará lo que ahora haya perdido.  El problema es que, incluso si quisiéramos aceptarla tenemos el problema de que las residencias no encuentran quién les deje el dinero para "pasar la tempestad".  Es más, muchas ya se han endeudado en condiciones onerosas y ahora deben contar entre sus gastos la carga financiera.  Yo creo que este es el escenario con el que trabaja la administración.  Saben que los empresarios de la atención a personas mayores lucharán con uñas y dientes para mantener las residencias. Saben que los residentes y sus familiares están bien cuidados y no querrán irse, por eso van atrasando la toma de decisiones.

Algo aún más radical es cerrar las residencias, despedir a todo el mundo, pagar lo que se pueda y... adiós.   Esta opción también tiene variantes como "malvender" sólo para quitarse de en medio y dejar la patata caliente de los alquileres y nóminas al siguiente.

La opción "cierre" que ya se han visto obligadas a tomar un buen número de residencias supone que los empleados se quedan en el paro tras cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado, más una prestación de desempleo del 70% de la base reguladora.  Los residentes vuelven a sus casas y, quizás los beneficiarios de ayudas públicas empiezan a cobrar la "paguilla de la dependencia" en forma de prestación para el cuidador no profesional.

Viendo que ninguna alternativa es "buena" y, poniéndome en la piel de alguien que, como quien opinó en este blog, gana 900 Euros al mes trabajando algunas veces de noche y en fines de semana, me pregunto ¿Preferiría aceptar una rebaja del salario de 10% con un compromiso de mantenimiento del puesto de trabajo y de la jornada completa o ir al paro con la indemnización y la prestación durante unos meses?

Sé que es una pregunta perversa ya que consiste en obligar a elegir entre dos proposiciones negativas, pero es posible que tengamos que plantearla.

Seguro que me dejo algo, por lo que ruego a quiénes lean este post que opinen sin reservas. También, aunque he hablado con unos cuantos directores de residencia, me encantaría saber si lo que digo no tiene lógica por algún motivo.

Me encantaría que mi próximo post vaya sobre lo equivocado que estaba al escribir éste pero me temo que no será así.

Autor del post Josep de Martí

BASADO EN HECHOS REALES

Hace un par de años estaba yo tan tranquilo cuando me llamaron por teléfono de una caja de ahorros (de las que entonces existían y con la que yo trabajaba) y me pidieron si podía pasar por la sucursal a hablar con ellos.  Sorprendidos por la llamada, mi mujer y yo fuimos y allí nos explicaron que habían visto que teníamos una cantidad de dinero en cuenta corriente (¡qué tiempos aquéllos!) que no nos generaba casi intereses y que podíamos poner en un producto que nos ofrecían con una remuneración interesante.  Le objetamos que el motivo de tener esa cantidad es que estábamos esperando para hacer una compra y nos aseguró que no había problema ya que no se trataba de un producto arriesgado y que en cualquier momento sólo teníamos que avisar y en un par de días teníamos nuestro dinero.

En ese momento estábamos contentísimos de haber recibido una llamada de una caja de ahorros que parecía mostrar interés por nosotros.  Pensamos que se trataba de un detalle muy bonito, así que firmamos (sin leerlos) varios papeles y pusimos esos ahorros en el producto en cuestión.

¿Hay alguien que todavía no se imagina cómo sigue la historia?

Cuando llegó el momento en que necesitábamos el dinero para hacer la compra nos dijeron que no podíamos tenerlo, que se trataba de un producto que existía desde hace tiempo y que, hasta entonces, siempre se había podido "vender" para recuperar el dinero pero que ahora, debido a al situación de las cajas no tiene "venta".  La misma persona que nos había llamado nos aseguró que en su momento nos lo había explicado bien y que nosotros habíamos firmado el contrato (una mentira y una verdad).  Nos enfadamos cerramos nuestras cuentas en esa caja (que ahora es un banco/zombi) pero tuvimos que dejar una abierta para recuperar el dinero.

La verdad es que, viendo la situación general y en la televisión a los afectados por las preferentes, que perdían los ahorros de toda la vida, incluso dimos gracias por haber perdido una cantidad relativamente pequeña.

Teníamos la opción de demandar o de acudir a un arbitraje pero lo cierto es que habíamos firmado el contrato.  Si fuese analfabeto o una persona mayor sin estudios podría haber clamado que me habían engañado abusando de mi debilidad.  La verdad es que ni mi mujer ni yo podemos alegar esa debilidad aunque sí algo más doloroso, la confianza traicionada.

Dentro de unos días nuestro problema quedará resuelto.  Alguien muy inteligente en algún despacho oficial ha encontrado la salida.  Nuestro dinero se convertirá en acciones de la caja/zombi y el Estado se ofrece amablemente a comprarnos esas acciones a un precio inferior a la cantidad de dinero que pusimos.  Al final recuperaremos al rededor de un 70% de lo que pusimos y, la verdad, visto lo visto, cogemos el pájaro en mano, aunque durante el vuelo haya perdido algunas plumas.

Coincide en el tiempo todo esto con algunas informaciones que me llegan de residencias de diferentes lugares.

Hace un par de semanas, unos cuantos directores de residencias de Lleida se reunieron para hablar del sector.  Me invitaron, cosa que les agradezco, y hablamos de cómo la Generalitat ha ido bajando "de facto" el precio de los conciertos de plazas.  Primero bajando el nivel de dependencia de algunos residentes cuando se hacen las valoraciones y después dejando de pagar el tiempo que una plaza queda desocupada entre el día en que fallece un residente y que llega la nueva persona a ocupar la plaza concertada.  Cada residencia ha hecho sus números y, en cómputo anual, hablamos de miles y miles de euros.  Por supuesto, todo es legal.  Si lees las condiciones del concierto en Cataluña, éste es anual y se va renovando por lo que, cuando la residencia renueva y firma lo que la Generalitat le pone delante lo está aceptando.  La residencia es libre de no firmar pero, tanto ella como la administración saben que "fuera hace más frio".

Estos días también he tenido ocasión de participar en Madrid en la clausura del curso de dirección de residencias de Lares, gracias también por la invitación.  Las bajadas de precio de los conciertos o la "no cobertura de plazas concertadas" son en varias comunidades los temas de conversación.  La situación en Madrid viene marcada por el Acuerdo Marco que oculta una bajada importante del precio de concierto; en Andalucía en cambio lo más llamativo es la no ocupación de plazas concertadas.  Durante el acto me entregaron en papel el "Mapa Lares de la situación de los centros de mayores del sector solidario en España" en el que se repasa la situación en cada comunidad autónoma y que no tiene desperdicio.  De momento no lo han colgado en internet pero, cuando lo hagan lo difundiré en el portal de las residencias para personas mayores, Inforesidencias.com.

Parece que "lo de las preferentes" y "lo de los conciertos" tienen cosas en común:  No es un problema de derecho ya que todo está escrito y firmado sino más bien de confianza.

Quienes pensaban que estaban depositando dinero en una cuenta remunerada de una caja de ahorros y ahora ven como les devuelven el 70% pueden acabar con el convencimiento de que les han robado el 30% o que les han puesto un impuesto injusto para reflotar el sistema financiero.  ¿No pueden pensar lo mismo quienes contrataron con la administración la prestación de unos servicios en unas condiciones y ven cómo esas condiciones van variando?  Pensaron que, mientras prestasen el servicio en las condiciones pactadas serían pagados según estipulaban las mismas pero resulta que ahora algo ha ido mal y hay que "sacar de donde sea".

Quien se acoja a la "quita de las preferentes" sabrá qué daño ha sufrido, tendrá su dinero a finales de Julio y será a partir de ahora una persona altamente desconfiada con cualquier cosa que huela a banco.

Sin embargo las residencias concertadas no pueden irse tranquilamente asumiendo una pérdida.  Administración y residencias concertadas dependen una de la otra para que miles de personas mayores dependientes puedan ser atendidas.  Como si fuese un ganadero torpe que quiere optimizar la producción de leche, primero ha ido alimentando cada vez menos a las vacas y después ha aguado la leche. Pero tiene que andarse con ojo ya que puede llegar el momento en que los animales dejen de producir o, sencillamente se mueran.   E incluso, sin saber cómo puede ser que en plena agonía metan una cornada al ganadero.

CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE SANT ESTEVE SESROVIRES

La semana pasada, contestando a alguien que había opinado en la entrada sobre la residencia de Sant Esteve Sesrovires le acusé de esconderse  tras el anonimato cuando la verdad era que había firmado su participación.  La persona en cuestión resultó ser alguien muy cercano al Ayuntamiento de Sant Esteve y en sus opiniones me acusaba de no haber tenido en cuenta la opinión del consistorio sobre los hechos que yo denunciaba.

Le dije que  intentaría obtener esa opinión y hoy he escrito un mail a la dirección electrónica del Ayuntamiento ajuntament@sesrovires.cat con este contenido.

Sr. Alcalde,

Últimamente he estado opinando en mi blog http://josepdemarti.blogspot.com.es/2013/06/el-limite-entre-la-mala-gestion-y-el_5.html en relación a los pagos de las cantidades correspondientes a concierto de plazas de la residencia de Sant Esteve Sesrovires.

El Sr. Andrés García del Fresno me ha criticado en el apartado de opiniones por no haber tenido en cuenta la opinión del Ayuntamiento ni haberme puesto en contacto con ustedes para conocer su opinión.

La verdad es que no soy un medio de comunicación sino un simple bloguista con un número discreto de visitantes.  No obstante, las palabras del Sr. García del Fresno me han hecho pensar que sí debo pedir su opinión.

Por eso, le agradecería, si tiene a bien, que me contestase a estas preguntas:

1. ¿Podría decir qué cantidad aparecía en el informe de viabilidad de la residencia  cómo correspondiente a inversión en equipamient o y canon?  Estaría muy bien si pudieran hacer público el contenido íntegro del informe.

2. ¿Existe un documento firmado por el Ayuntamiento  y la entidad gestora que concrete, antes de la puesta en funcionamiento del centro,  las cantidades ajustadas a la inversión a  realizar por la gestora y el canon?

3. ¿Qué canon pagó la empresa gestora al Ayuntamiento  en 2011?

4. ¿Ha seguido el Ayuntamiento algún procedimiento legalmente establecido para no pagar al concesionario las cantidades recibidas en concepto de concierto?

5. ¿Ha requerido el ICASS al Ayuntamiento para que pague la totalidad de cantidades que reciba en concepto de concierto a la entidad gestora?

Si no le parece adecuado contestar, no pasa nada.  Yo seguiré opinando.

Si quiere enviarme alguna información más la reproduciré sin alterar aunque a continuación manifestaré mi opinión.

Saludos cordiales

Josep de Martí

Por cierto, El País ya se ha hecho eco de la noticia