Se acerca el décimo cumpleaños de la Ley de Dependencia: ¿Felicidades?

A medida que se acerca el uno de Enero de 2017, o sea el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, no puedo evitar pensar en cómo han cambiado las cosas en este último decenio y en lo poco que ha influido en ese cambio el nacimiento del “cuarto pilar del Estado de bienestar”.

Pensar en que, mientras se redactaba algunos se empeñaron en que se llamase de “autonomía personal” mientras otros quisieron, fuese como fuese, que diese cobertura a personas con dependencia provocada por problemas de salud mental.  Ambos consiguieron su propósito, entraron en la Ley, para ver lo conseguido convertirse en nada.

Pensar que llevamos diez años escuchando “lo bueno” que ha sido que se aprobase una ley que “reconoce un nuevo derecho de ciudadanía” y la cantidad de personas que han recibido alguna prestación que, sin ley de Dependencia no les hubiese llegado.

Yo llevo años diciendo que si queríamos más personas recibiendo servicios sociales sólo hacía falta haber mejorado el sistema de financiación de las comunidades autónomas y haber dejado que cada una siguiese con su modelo de cobertura.  Supongo que soy demasiado ingenuo.  

Los que de verdad saben cómo deben hacerse las cosas decidieron crear un sistema en el que bajo la gran estatua del “derecho de ciudadanía de la Dependencia para todos y todas” existiese un sistema, en apariencia común, de valoración de la dependencia, acreditación de servicios, copago y asignación de recursos mientras en la realidad continuaban existiendo diecisiete sistemas diferentes (uno por cada comunidad autónoma), con sus burocracias, reglamentaciones y legiones de funcionarios.    La clave estaba en un redactado tan deficiente que permitiese entender una cosa y la contraria y en un gobierno del estado que de ninguna forma fuese a intentar unificar o armonizar nada.

El resultado: un sistema “de papel” y una realidad contradictorios, muchas personas dispuestas a defender el gran avance que ha supuesto la Ley y la tendencia a mirar con extrañeza cuando no desconfianza a quienes decimos que la Ley estaba mal hecha desde el principio.

Escuchar a alguien que defiende la Ley me hace recordar lo que Orwell define como “doble pensamiento” en  su obra maestra, 1984.

“Doblepensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del Partido sabe en qué dirección han de ser alterados sus recuerdos; por tanto, sabe que está trucando la realidad; pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doblepensar en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues, si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y, por tanto, de culpabilidad. El doblepensar está arraigado en el corazón mismo del Ingsoc, ya que el acto esencial del Partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez.”

Hace cinco años, tras asistir a un congreso de Edad y Vida escribí un post en este blog que se titulaba “No estaba muerta, estaba de parranda (La Ley de Dependencia)”.  En el congreso había escuchado como altos representantes de instituciones y organizaciones de mayores hacían algo que se me antojó bastante curioso:  por un lado se congratulaban de que se hubiese aprobado la ley y consagrado el nuevo derecho  para, acto seguido, denunciar sus defectos, lo mal que se aplicaba y la falta de presupuesto.

Esto es sólo un extracto del post os lo dejo para que vayáis preparando el cumpleaños de la Ley:

Sea cual sea el objetivo de la Ley, en cuatro años se ha pervertido o ha sido sencillamente olvidado. Lo único bueno es que se ha gastado más dinero en dependencia: No como la Ley pretendía hacerlo, pero el dinero se ha gastado y se sigue gastando. Así que muchas personas que antes no recibían prestación hoy la reciben: no como la Ley preveía que la recibiesen, pero la reciben. Da igual que al lado haya otras miles de personas que no reciben lo que la Ley preveía, eso palidece ante lo anterior.

-->

Si no fuese porque esas miles de prestaciones se han reconocido diríamos que la Ley está muerta, pero, después de escuchar a los representantes de los mayores y al de Edad y Vida sólo nos queda salir cantando: No estaba muerta, estaba de parranda. ¡Gracias Peret! (http://www.youtube.com/watch?v=G9lOlS3eGOs&feature=related)

Sobre la Ley de Dependencia
Libro de Josep de Martí Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia

En el baúl de los recuerdos: lo que decíamos hace diez años

Empieza un nuevo curso y casi todo el mundo hace planes para los próximos meses.  Parece que tenemos la necesidad de intentar saber qué va a pasar.  Estos días he encontrado algo que escribí en 2005 sobre cómo podrían ser las cosas en 2016.

Por aquél entonces no teníamos Ley de Dependencia y la crisis parecía algo que pasaba en otros países.

Os invito a releerlo y, si queréis, a hacer comentarios.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR GEROASISTENCIAL PARA 2006

Diciembre 2005

Escribo estas líneas a principios de Diciembre de 2005 y, la verdad es que me ayudaría mucho, para poder hablar de perspectivas del sector, poder escudriñar sólo dos o tres meses en el futuro ya que, con toda seguridad durante este tiempo se desvelará lo que serán de verdad las claves del futuro del sector.

La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.

Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.

Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas reales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.

Otro aspecto importante que traerá cola durante el año que empieza es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.

La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical se convocan huelgas en Madrid y Aragón y se exigen incrementos de salarios y reducciones de jornadas que harían aumentar en más de un 25% los costes de las residencias privadas. Esto sería así si se aceptase el planteamiento sindical en la negociación del convenio de Madrid que supone asimilar las condiciones laborales de los trabajadores de residencias privadas con las públicas. Así las cosas, el convenio estatal se presenta algo complicado. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.

A principios de año, cuando estas líneas se publiquen, ya se habrá vislumbrado el camino que seguirá la negociación del convenio. También sabremos cómo han acabado las cosas en la comunidad de Madrid. Hasta entonces esperemos que el Espíritu de la Navidad ilumine a los responsables de las asociaciones patronales y de los sindicatos para que encuentren la mejor solución para el sector.

Siguiendo con las claves de futuro, nos esperan unos años de ligera disminución de la demanda objetiva ocasionados por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?

¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.

En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.

Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.

Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?

Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.

Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.

Resumiendo: ley de la dependencia, negociación del convenio, ligeros cambios en la oferta y demanda de servicios e internet. Estos pueden ser los factores que afectarán al sector durante el próximo año.

COPAGO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Recientemente en la Comunidad Valenciana a sido noticia que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulo el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, "por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales", o sea que ha declarado nula la regulación del copago en los servicios sociales.  La clave para declarar la nulidad es que el copago se impone como "precio público" a un servicio que no es voluntario sino "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".  Así las cosas el tribunal interpreta que lo que está estableciendo la Generalitat Valenciana es una tasa y que para hacerlo necesita dictar una Ley del parlamento y no un decreto del gobierno.

Aunque el fallo no entra tanto en el contenido de la norma sino en la forma, CERMI y las asociaciones que han apoyado el recurso, han obtenido un gran triunfo en su lucha contra la norma.

La reacción de la Generalitat ha sido la de iniciar la tramitación para convertir el precio público en tasa mediante una Ley que, presumiblemente entrará en vigor en 2015 con lo que, si acaba así, el triunfo se habrá quedado en un año de margen.

Lo cierto es que esto del copago es una cuestión muy peliaguda.  Según unos (aquellos que le llaman "repago") los ciudadanos pagamos los servicios públicos con impuestos y no deberíamos volver a pagarlos cuando se nos prestan.  Según otros el copago es necesario porque con los impuestos no hay suficiente o porque es una medida necesaria para evitar un uso excesivo de los servicios públicos.

Los que opinan lo segundo suelen ser los que gobiernan  administran "lo público" y al final resulta que cuando he visitado residencias en países europeos como Suecia, Holanda o Suiza, en todos ellos las personas que viven en residencias públicas pagan el alquiler de la habitación (si pueden) y una parte de la atención.  Por supuesto que quien no puede pagar nada no paga nada pero quien sí puede colabora en una medida.

Cuando se habla de dependencia y de su coste suele surgir un argumento que me encanta por su claridad y candidez: "Me niego a aceptar que no hay dinero para pagar los servicios de necesitan los dependientes".  El problema es que, cuando quien dice esa frase llega a gobernar y a tener que administrar el dinero público con negarse no hay suficiente.  

Sabemos que hoy es difícil pagar la factura pero el problema principal es que dentro de diez años habrá muchos más dependientes que ahora, y dentro de veinticinco la cifra se habrá casi triplicado.

Por eso hay que plantear un sistema que permita garantizar que quien necesita el servicio lo reciba y quien pueda participe en el coste en la medida en que pueda.  Sé que es poco menos que la cuadratura del círculo pero sino se plantean soluciones ahora nuestro nietos nos pedirán explicaciones cuando les pidamos que nos cuiden.

Sobre esto escribí el año pasado en la revista de la patronal AMADE que agrupa a residencias para mayores de Madrid (y otros servicios de atención a la dependencia), un artículo en el que decía entre otras cosas lo siguiente, a ver qué os parece:

Cuando se habla de salvar la Ley de Dependencia, a menudo se plantea hacer participar en cierta medida a los hijos en el copago del servicio que reciban sus padres dependientes.  Sé que es una cuestión que levanta apasionados debates y que pocos quieren afrontar, pero si analizamos un poco nuestro sistema jurídico vemos que tiene algún fundamento.

En España eres libre de querer o no a tus hijos pero, mientras dependan de ti, tienes la obligación de “prestarles alimentos”, o sea de darles, cobijo, comida, ropa, afrontar el coste de su educación y mantenerles según “sus necesidades y tu capacidad”.   Esa obligación no desaparece cuando los hijos se independizan y, además es de doble sentido.  Eso quiere decir que, si un padre está en una situación de necesidad podría reclamar una pensión de alimentos a sus hijos.  Ésta dependería del grado de necesidad de quien reclama; del de disponibilidad de quien debe prestarlos y de un tercer requisito que lo complica todo: debe existir una reclamación.

No cuesta demasiado imaginarse lo difícil que sería que, para obtener plaza en una residencia pública o concertada fuese requisito la demanda previa a los hijos.  Estoy seguro de que muchos mayores preferirían malvivir antes que pasar por el brete de interponer la demanda.

Un simple cambio legislativo y una coordinación efectiva entre la Agencia Tributaria y los servicios sociales de las Comunidades Autónomas harían todo mucho más fácil.

A quien le parezca una idea novedosa le diría que algo así se hizo durante unos cuantos años en varias comunidades autónomas y, si se dejó de hacer fue porque la Ley de Dependencia lo prohibió de facto.

Hoy, un sistema que permitiese establecer un “copago familiar equitativo” en el que se tuviese en cuenta la capacidad económica y cargas de cada uno de los hijos, en el que hubiese un nivel exento que permitiese no pagar a la mayoría y, que estableciese un máximo para las rentas más altas de, por ejemplo 300€/mes por hijo tendría un efecto positivo sobre el sistema que vendría de dos lugares.

En primer lugar, se podría atender a más dependientes con el mismo dinero. En segundo, algo más enrevesado; en el momento que para tramitar las ayudas de la dependencia se pidiese la declaración de la renta de los hijos, habría un grupo que dejaría la tramitación y optarían por cuidar con recursos propios.

Por supuesto sería una medida impopular y la oposición intentaría embarrar el terreno.  Yo creo que la clave está en la equidad del sistema, o sea, quiénes quedarían exentos y cuál sería el copago máximo familiar.

Cuando en 2008 escribí un artículo titulado “Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia” esta medida ya aparecía entre las propuestas.  Entonces nadie hizo caso por lo que supongo que ahora tampoco lo harán.

Quizás les apetezca a nuestros queridos gobernantes hacer algo más “chinesco”.  Lo digo porque en la República Popular China han aprobado recientemente una Ley  que obliga a los hijos a cuidar y visitar a sus padres de más de 60 años si no quieren tener que afrontar multas o incluso la cárcel.  No es broma, apareció en los periódicos del pasado 8 de julio.

Aquí somos muy dados a eso, a crear leyes que después no sirven ni mucho menos para aquello que las justificó.  Muchos dicen que la Ley de Dependencia tuvo como gran logro el instaurar un derecho subjetivo.  Yo les contesto (tras recomendarles que se lean la Ley) “sí, el derecho a ser valorado”.

Autor del post Josep de Martí

PRESENTANDO EL LIBRO EN ALICANTE. MENUDA EXPERIENCIA

El viernes 17 de Ocutbre tuve la ocasión de presentar el libro "Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia" en Alicante en un acto que organizó la empresa Novaire, que gestiona residencias en esa provincia y Castellón y que contaba con el apoyo del periódico Información.

En principio podía ser una presentación "pacífica" como aquellas en las que ahora he podido participar en Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián; pero el formato aportaba un aspecto diferente.  En este caso, después de hablar del libro, unos representantes de partidos políticos debatirían sobre la situación de la dependencia en la Comunidad Valenciana.

Los participantes en el debate tenían que ser Manuel Escolano, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Conselleria Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y los diputados en las Cortes Valencianas, Mireia Mollá (Compromís), Esther López Barceló (EU) y José Manuel Sánchez (PSOE).

La cosa prometía bastante ya que en esa comunidad, en los últimos meses han pasado muchas cosas en el mundo de la dependencia, pero no cosas como las que pasan en casi todas las comunidades sino, por ejemplo que el presidente del parlamento haya dimitido después de que se hayan publicado conversaciones telefónicas en las que habla de adjudicaciones de plazas concertadas a residencias o  que el Tribunal Superior autonómico haya declarado nula la normativa de copago de servicios para personas discapacitadas.

Viendo cómo estaba el ambiente esperaba una especie de lucha gladiatoria verbal entre el representante de la Generalitat (PP) y todos los demás.

Cuando llegué a la sede del periódico, donde se iba a celebrar el acto, me di cuenta de que la presentación sería diferente de las anteriores en casi todo.  Para empezar, muchos de los asistentes llevaban puesta una camiseta naranja de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante.   Además, para mi alegría, había mucha gente.

A partir de ese momento la cosa empezó bien.  Guillermo Bell, director general de Novaire, me presentó con palabras tan laudatorias que me ruboricé.  Yo estuve hablando un rato sobre por qué escribí el libro, qué contiene y haciendo alguna reflexión sobre hacia dónde pueden ir las cosas y entonces...  Entonces empezó el espectáculo.

Resulta que en el último momento el Sr. Escolano comunicó que tenía una emergencia familiar y no podía acudir al acto.

Los asistentes recibieron la información con enfado.  Resulta que muchos habían venido con la casi única intención de escuchar lo que tenía que decir "el del PP" (y creo yo con la de abuchearle en el proceso de escucha).

A falta de representante de la Generalitat lo que tenía que ser un debate se convirtió en una cantata a tres voces sobre lo abominable que es el PP y lo poco que le interesa la dependencia.

Espero que la emergencia que impidió al Sr. Escolano asistir al acto acabase no siendo muy grave.  La verdad es que, si así ha sido, puede darse por satisfecho personalmente ya que se ha ahorrado un par de horas en las que no lo hubiese pasado demasiado bien.  Pero, ¿es así necesariamente?

Yo eché de menos especialmente la voz del PP en el debate porque, a falta de explicaciones propias me tuve que quedar con las que daban sus oponentes que son:  "Al PP no le importan los dependientes", "El PP tiene una actitud perversa"; "Al PP sólo le interesa regalar servicios públicos a sus amigos para enriquecerles".

Como me gusta poder crear mi propia opinión, prefiero poder oír diferentes versiones de la realidad.  En este caso no pude hacerlo y estoy seguro de que, muchos de los que no vinieron al debate "convencidos de casa" salieron honestamente convencido de que lo que les decían los tres políticos que sí hablaron debía ser verdad.

La cosa tuvo su giro inesperado cuando los políticos giraron una parte pequeña de su artillería dialéctica sobre el libro.

¿Nos engañaron con la LAPAD?

El título es "Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia" y si ven la portada entenderán que defiendo que tanto el gobierno del PSOE como el del PP tienen una seria responsabilidad.  El PSOE estaba en el gobierno cuando se tramitó y se aprobó una ley defectuosa manteniéndola a pesar de saber que no podía funcionar y el PP, tras haber dicho durante la campaña electoral que la Ley no era viable, la ha transformado en otra cosa insistiendo en que sólo la ha mejorado para garantizar su mantenimiento.

A los políticos que asistieron al acto no les gustó que hablase de engaño.  El del PSOE  me dijo que incurro en una contradicción ya que  en el libro digo que no necesariamente los políticos actúan con malafe ¿Cómo puedo decir que alguien engaña y después decir que tiene buena fe?.  La diputada de Esquerra Unida no hilaba tan fino y dijo no estar de acuerdo con muchas cosas de las que defiendo.  Al final los tres estaban de acuerdo en que sí hubo un gran engaño y que el mentiroso fue el PP.

Se dijeron otras cosas concretas que creo que hay que concretar:

Alguien desde el público y después uno de los debatientes me dijo que, en ningún lugar de la Ley se dice que la financiación se producirá a partes iguales entre el Estado, las Comunidades Autónomas y el ciudadano.  Uno de los puntos que en el libro pongo como ejemplo de mala previsión.  Efectivamente, no lo dice el texto de la Ley sino la memoria económica que la acompaña.  Y aunque la memoria no forma parte de la Ley, cuando se está creando un sistema de protección social que comporta un gran gasto, la previsión económica es el sustento básico del funcionamiento de la Ley.  Según la memoria económica de la Ley de Dependencia, Cuando esté completamente en vigor, en el 2015, el Sistema Nacional de Dependencia costará 9.355 millones de euros al año. De los que 4.425 millones serán aportados por las administraciones públicas, mientras que los beneficiarios pagarán 3.152 millones. El resto, hasta llegar a los 9.355 millones, es la cantidad que actualmente ya se invierte en este tipo de servicios sociales: 1.776 millones."  Esta memoria es de Enero de 2006.

También se me criticó mucho, por parte del debatiente socialista que dijese que durante el tiempo en que gobernó el Sr. Zapatero, no se pagaron las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.  Me dijo que esa era una de las típicas intoxicaciones del PP o algo parecido.  Su explicación fue que el gobierno firmó un convenio con la Seguridad Social que le obligaba a pagar las cotizaciones que se generasen durante los primeros años "al final de 2011" y que, de los 1.000 millones que se pagaron gobernando el PP, más de la mitad correspondían a cotizaciones que se habían generado después del cambio de gobierno.

A mí personalmente esta explicación me parece, otra vez, una de esas que hace que la cosa parezca tan complicada que cada uno acabe creyéndose lo que le dice quien más confianza le produce.

En primer lugar, es cierto que gobernando el PSOE no se ingresó ni un euro de cotizaciones del cuidador no profesionales.

En segundo lugar, es cierto que el PP (nacional) ha quitado la cotización al cuidador no profesional, ha rebajado la prestación entre un 15 y un 30% estableciendo encima, para muchos casos, un plazo de espera de hasta dos años para poder cobrarla.   Y, mientras hacía eso ha pagado los atrasos correspondientes a las cotizaciones haciéndonos creer que ese era "dinero para dependencia" con lo que los ciudadanos de buena fe creían que era dinero para cuidar dependientes ahora y no para pagar deudas anteriores.

Al hacer las cosas así, ambos partidos han conseguido lo que más les gusta, o sea, embarrar el terreno de juego.  Hacer que cualquier cosa requiera una explicación procelosa y difícil de forma que al ciudadano le resulta más fácil creer al partido que más confianza le genera.

Pasando del ámbito estatal al valenciano no me atrevo a opinar tanto.  Es cierto que en el observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales esta comunidad sale como la peor valorada de España siguiendo unos criterios que la propia asociación ha establecido.  También lo es que el Plan de Accesibilidad, establecido hace unos quince años para construir 9.000 plazas de residencias geriátricas en la comunidad valenciana nunca alcanzó sus metas aunque sí consiguió algo pernicioso: establecer un sistema dual que ha generado, desde su creación, una situación de inestabilidad, polémica y constantes acusaciones de discriminación y arbitrariedad hacia la Generalitat Valenciana.  Esta situación peculiar, que demuestra que no se ha gestionado bien, se agudiza cuando algunos de los que han sido responsables son condenados y, aunque en menor medida, cuando se filtran conversaciones telefónicas que ponen en entredicho la limpieza de los procesos de adjudicación de conciertos.

Supongo que en esas circunstancias debe ser duro dar la cara y defender la actuación de un gobierno. Pero la "espantá" del PP en el debate nos dejó sin saber si lo que ha hecho durante los últimos años responde a algún tipo de plan (quiero supone que sí) o, cómo dicen sus oponentes, son únicamente una pandilla de "corruptos y delincuentes" que buscan el desmantelamiento del sistema de protección social.

En fin.  Yo pensaba que iba a personas que trabajarían en residencias geriátricas de Alicante a presentar el libro y me encontré con esto.

Muchas gracias a Novaire y al periódico Información y, ya saben, si alguien quiere que presente el libro, yo estaré contentísimo de ir donde me llamen. :)

Autor del post Josep de Martí

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Alguien me ha comentado que desde que publiqué el libro "Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia" he dejado de dedicarle espacio en este blog a esa cuestión.

Lo cierto es que este verano he estado leyendo un informe del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley y he visto lo complicado que puede resultar entender "quién paga qué" en esto de la dependencia.   En otros países estaríamos molestos con el gobierno pero como aquí tenemos varios gobiernos a los que culpar y la culpa no suele ser casi nunca absoluta, el espectáculo de la confusión está servido.

Pensando en todo ello he escrito estas líneas por las que me disculpo por avanzado.  Aseguro a quiénes las lean que he intentado que sean compresibles.  Ya me diréis si lo he conseguido.

Ha pasado mucho tiempo desde que el entonces ministro Caldera nos dijera que la Dependencia se iba a financiar a tercios entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los usuarios mediante el copago.  Eso era en 2006, cuando Zapatero acariciaba la Ley de Dependencia como un tesoro que le ayudaría a ganar las elecciones del año siguiente, cosa que acabó ocurriendo.

El texto de la Ley previó un sistema de financiación con cuatro patas:

1.     Un nivel mínimo igual para todos y que asumía el Estado.

2.     Un nivel acordado  entre el Estado y cada Comunidad Autónoma.

3.     La participación de las Comunidades Autónomas que debía ser, como mínimo igual a la del Estado.

4.     La participación de los usuarios, o sea, el copago.

En Enero de 2007 fue poner en marcha la Ley y empezar a hacer aguas.  En poco tiempo aparecieron más dependientes y con más dependencia de los que se había previsto.  Cada comunidad empezó a hacer lo que le dio la gana haciendo imposible armonizar casi nada, el Estado utilizó “eso de la dependencia” como una forma de ayudar a “comunidades amigas” y castigar a las desafectas…

Así las cosas, el primer “tercio” en fallar fue el del copago:  Han pasado siete años y todavía no  ha supuesto más del 12 ó 14% del total.

Sobre el “tercio de las comunidades autónomas”, éste tuvo su polémica particular ya que determinar qué quiere decir “que una parte tiene que poner como mínimo lo que ponga la otra” puede tener una peculiar interpretación.   Según el Estado, cuando la ley  habla de financiar el  sistema siempre lo hace refiriéndose a “cuánto dinero de más” se gasta en relación con 2005. O sea que, lo que una comunidad autónoma estuviera gastando antes de la LAPAD en atender a personas dependientes en residencias, centros de día, o ayuda a domicilio mediante servicios públicos o concertados, no debía tenerse en cuenta en el cálculo sino sólo el “dinero nuevo”.   Haciendo así el cálculo, las comunidades que estuviesen gastando mucho en servicios “caros” (residencias y centros de día) antes de la Ley se veían perjudicada respecto a otra que gastaban menos.   Como versemos después, esta discusión ha ido variando en el tiempo. 

La aportación del Estado para la Dependencia no podría ser menos y plantea su propia controversia.  En primer lugar hay un aspecto que pasa desapercibido para la mayoría y está en la disposición transitoria primera que dice lo siguiente “Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, y para favorecer la implantación progresiva del Sistema, la administración General del Estado establecerá anualmente en sus Presupuestos créditos para la celebración de los convenios con las administraciones de las Comunidades Autónomas”.  ¿Qué quiere decir esto exactamente?  ¿Y a partir de entonces? ¿Ya no se reservarán créditos presupuestarios para los convenios?

La discusión parecía interesante hasta que en 2012 una Ley impuso una suspensión en el conocido como nivel acordado de forma que el estado dejó transferir a las Comunidades autónomas una cantidad que en 2011 alcanzaba casi los 300 millones.

Además de esta incógnita futura, ahora mismo se plantea otra. ¿Cómo hay que calcular el dinero que el Estado gasta en dependencia?

Según el sistema actual de financiación de las Comunidades Autónomas, éstas (salvo el País Vasco y Navarra), además de recaudar algunos impuestos propios y cedidos,  reciben del Estado transferencias  para que puedan ejercitar sus competencias.  Algunas transferencias son “finalistas”, o sea que  éstas sólo pueden gastarse en aquello para lo que las han recibido, otras no lo son  y pueden gastarse en lo que cada comunidad considere oportuno.   Además hay unas transferencias “peculiares”.  Son las recogidas en una Ley de 2009 que prevé transferir un dinero a las comunidades autónomas según el número de personas dependientes y potencialmente dependientes.  Esa financiación es peculiar porque, aunque se calcula teniendo en cuenta lo que gastan las comunidades en dependencia, no tiene carácter finalista por lo que cada una puede gastarlo en lo que quiera.  ¿Complicado?  Pues todavía lo es un poquito más.

Como las comunidades autónomas no realizan una contabilidad tan exhaustiva que permita saber “qué dinero” se gasta en cada pago que realizan, no es posible saber en qué gastaron el que han recibido desde 2009 aparentemente para atender la dependencia.  La cifra total es de unos 9.300 millones de Euros por lo que el material para la polémica está servido.

Las Comunidades Autónomas quieren que sólo se compute como financiación del Estado el nivel mínimo y así pueden decir que éste se ha desentendido de la dependencia y que sólo aporta cantidades residuales.   Sin duda ellas gastan mucho e Dependencia pero al Tribunal de Cuentas le ha resultado imposible saber cuánto porque cada una lleva sus cuentas de forma diferente en lo que a dependencia se refiere.

El Estado defiende que, a través de esas transferencias “peculiares” ha ido incrementando su gasto en dependencia pero que algunas comunidades reciben el dinero y lo gastan en otras cosas  llegando a “hacer caja” (o sea, que reciben más de lo que gastan).

Resulta difícil saber quién tiene razón, incluso después de leer un reciente informe del Tribual de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.   Lo que sí resulta claro es que esos 9.300 millones de Euros que han recibido las Comunidades para que asumiesen los gastos que genera la dependencia, deberían ser gastados en dependencia y deberían ser computados como “dinero de la dependencia”.

Como la discusion sobre la LAPAD y su aplicación lleva unos cuantos años arrastrándose y los datos se habían ido ofreciendo hasta ahora de una forma, la acusación de cambiar las reglas de cómputo "a mitad del partido" no se han hecho esperar.

Si examinamos lo que el informe del Tribunal de Cuentas ley de Dependencia dice sobre cuánto ha transferido el Estado a las Comunidades Autónomas en concepto de atención a la dependencia y contamos únicamente las partidas “finalista” tenemos un titular “El Estado recorta en dos años un 23% su gasto en dependencia”.  Si incorporamos en la ecuación las “otras” transferencias el titular cambia ligeramente “El Estado gasta en dependencia 500 millones más en 2013 que en 2012” o “El Estado incrementa en dos años su gasto en dependencia un 21%”.

Por supuesto que dar la imagen de un gobierno desalmado que está “recortándolo todo” porque disfruta haciendo daño a la gente débil para enriquecer a sus amigos oligarcas, tiene su público.  Lo tendrá sean cuáles sean los datos y la situación.  Es un hecho, además, que el sistema de la Dependencia atiende ahora a menos beneficiarios, la cuestión es determinar si es justificable y si se ha hecho porque era necesario para defender el interés general.  Estes es un factor a tener en cuenta ya que, para ser justos, debemos comparar la situación actual con la que había antes de entrar en vigor la Ley de Dependencia, no con la que había cuando nos dimos cuenta de que no podíamos, como país, seguir pagando y nadie quería dejarnos dinero.

Yo creo que los gobiernos, tanto el de España como el de algunas comunidades autónomas, que han tomado medidas impopulares pueden y deben ser criticados, pero también reconocidos.

Es cierto que la Ley de Dependencia ha sido mutilada. Pero no lo es menos que con lo mal que se había diseñado, desarrollado e implementado resultaba imposible mantenerla sin cambios o sin una derogación que permitiese crear un nuevo sistema.  Eso lo sabíamos los que trabajamos en este sector desde 2008.  El problema es que en vez de ponerse de acuerdo, como hicieron para aprobarla, los grandes partidos han caído en la tentación de utilizarla como arma arrojadiza.

También es cierto que la situación de España a finales de 2011 era diferente de la actual.  Quizás lo más relevante para evitar la intervención de España fue el compromiso de Mario Draghi de no dejar caer el euro “costase lo que costase”.  Eso no quita que había medidas que debían tomarse y que quizás le costaría las siguientes elecciones al gobierno que las implementase.  Alguna de esas medidas afectaba a la Ley de Dependencia.

Para la mayoría resulta difícil discernir entre partidas “finalistas” y las que no lo son, en cambio resulta muy fácil entender frases como “El gobierno abandona a los dependientes a su suerte”.  Por eso, la discusión sobre hechos y datos resulta difícil en estos tiempos.

Mientras escribo estas líneas me viene a la cabeza la imagen de unos vecinos apedreando a los bomberos que vienen a apagar el fuego que se ha declarado en su edificio porque están rompiendo a hachazos las puertas y ventanas para entrar.  Imagino a un grupo incitando a los demás: “cuando llegaron los bomberos sólo se habían quemado dos plantas y ya llevamos cuatro, o sea que estamos peor con bomberos que sin ellos.  Encima no nos han dejado entrar a rescatar nuestras cosas y nos dicen que el fuego puede durar todavía unas cuantas horas ¡Menudos incompetentes!”.  Después me imagino el fuego apagado.  Se ha quemado una parte importante pero se ha salvado la estructura permitiendo una reconstrucción en vez de un derribo total. En poco tiempo los vecinos volverán a sus casas… ¿y qué dirán de los bomberos?.  Quizás quien inició el incendio grite desde su ventana “¡Qué malos fueron los bomberos que colaboraron en el incendio del edificio!”.  Si lo dice con suficiente entusiasmo y gracia quizás convenza a muchos.  ¡Ay de aquel entonces que defienda a los que, en justicia, salvaron la casa!

Ceo que la historia que imagino es demasiado simplista para hacerla evocativa de la situación actual.  Para que lo sea quizás hay que incluir que el fuego duró más de lo previsto porque algún bombero había robado un trozo de  manguera.  Pero ¿de verdad ese detalle haría cambiar el fondo de la historia?

Autor del post:  Josep de Martí