FLEXIBILIZAR EN RESIDENCIAS. POR DÓNDE

Las comunidades autónomas siguen "retocando" los precios de concertación de plazas en residencias asistidas.  A veces rebajándolos directamente;  otras, valorando de forma más concienzuda a los dependientes de forma que los que hasta hace unos años habrían sido considerados "grandes dependientes" ahora lo sean sólo como "dependientes severos", o una combinación de ambas cosas. Mientras tanto, otra parte de la ecuación, o sea, lo que las residencias pagan a los trabajadores, ha subido de forma considerable durante los últimos años.

Este gráfico lo he sacado de la web de Comisiones Obreras, o sea, no es una invención mía:

No es original ya que lo puse en otro post en este blog en 2011, y pone de manifiesto cómo ha subido en los últimos años el salario del sector de la dependencia frente a la inflación debido a cómo se han negociado los convenios colectivos de la dependencia en épocas de vacas menos flacas.  Para ser justos hay que decir que el gráfico acaba en 2010 y que en los tres últimos años la tendencia ha cambiado.  Si alguien tiene el gráfico actualizado lo colgaré encantado.

Si la administración congela o baja los precios de concertación, hay más plazas libres en residencias geriátricas que hace unos años,  y bajan los precios privados de las residencias, el sector tiene un problema.  Si además una parte de la facturación se cobra tarde debido a los atrasos en los pagos por parte de las administraciones;  a la bajada de facturación se le une una constante tensión de tesorería.

Lo lógico en estos casos es intentar reducir costes, retrasar pagos y aumentar ingresos.

Muchas residencias han recortado en lo que han podido: han renegociado alquileres, han presionado para que sus proveedores les rebajen precios y acepten pagos atrasados.  En momentos de máxima tensión han dejado de pagar alguna paga extra pero, poco más han podido hacer.

El capítulo más importante dentro de la cuenta de resultados de una residencia es el de personal, eso quiere decir que, una residencia que, de verdad quiera reducir sus costes tiene dos opciones:  reducir el número de empleados o reducir el salario a los existentes.

El número de personas que trabaja en una residencia geriátrica viene marcado por un mínimo que establece la administración y por el nivel de atención que preste el establecimiento.  Existe una relación clara entre el número de "horas trabajadas" y atención que reciben los residentes (digo "horas trabajadas" y no número de personas para descontar el efecto del absentismo).  Por eso, en muchos casos resultará casi imposible reducir el número de personal, sobre todo si son gerocultores, sin que se vea afectada la calidad asistencial (Ofrecer la posibilidad de disfrutar de una adecuada calidad de vida a los residentes es una de las pocas cosas verdaderamente innegociables).

Existe la posibilidad de rebajar la dedicación de los profesionales que exige la normativa de acreditación (varía de una comunidad a otra pero suelen ser: médico, enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador social y trabajador social) manteniendo la presencia de todos los perfiles (o sea, reducir "alguna hora" de terapeuta ocupacional o de psicólogo pero manteniendo un mínimo de horas para cada perfil).  El problema es que esas reducciones difícilmente suponen por sí solas un aligeramiento importante de los costes.  Además, resultaría ridículo considerar adecuado que una residencia de cincuenta plazas tuviese, por ejemplo, dos horas a la semana de terapeuta ocupacional "únicamente para cumplir la ratio".

O sea, que al igual que cuando el gobierno se plantea la reducción de costes, la rebaja salarial se acaba mostrando como la medida más efectiva y rápida.

Sé que es terrible hacerlo ya que los salarios que hay en la actualidad son bajos aunque hayan subido por encima de la inflación durante más de diez años.  Si alguien quiere leer lo que piensan los que serían receptores de la rebaja de salario sólo tiene que ir a una entrada del blog de Enero de 2011 titulada "¿Qué pasa con las tablas salariales de 2011?" y bajar hasta las opiniones de los visitantes:

"900 euros con pagas extras incluidas"
"Ahhhh tampoco pagan la subida correspondiente en convenio ni atrasos por la aplicación del convenio que me digan a mi como se vive con 900 euros y trabajando festivos y fines de semana"
"Este mes he cobrado 820 euros. Me quitan un 11,5% de IRPF. Estoy separada y con tres hijos."

Son frases reales que dejan bien claro que la rebaja de salarios que estoy propugnando  estaría recayendo en personas a las que ya hoy les cuesta mucho llegar a final de mes. O sea, que, sólo debería adoptarse si no hay otra solución mejor o menos mala.

Pensemos en algunas:

La más fácil es "No hacer nada, a ver qué pasa".

La opción anterior tiene variantes como "Vamos a consensuar entre todos" o "Creemos una comisión".  Al final se obtienen los mismos resultados que con la primera pero durante un tiempo parece que se hace algo y a veces "lo que pasa" es que da la sensación de que el problema se "está resolviendo".

El problema de las opciones anteriores es que no suelen funcionar y sólo empeoran las cosas de forma que, cuando al final hay que tomar alguna medida real ésta resulta aún más dolorosa.  (¿Qué hubiese pasado si algunas políticas de 2013 se hubiesen tomado hace cuatro?)

Otra es considerar que los propietarios de las residencias han ganado mucho dinero en el pasado por lo que ahora les toca "sufrir un poco".  Quien defienda esa opción puede pensar que los empresarios deberían endeudarse para pasar la mala racha sin tocar las condiciones de los trabajadores y, cuando las cosas vuelvan a ir bien, ya recuperará lo que ahora haya perdido.  El problema es que, incluso si quisiéramos aceptarla tenemos el problema de que las residencias no encuentran quién les deje el dinero para "pasar la tempestad".  Es más, muchas ya se han endeudado en condiciones onerosas y ahora deben contar entre sus gastos la carga financiera.  Yo creo que este es el escenario con el que trabaja la administración.  Saben que los empresarios de la atención a personas mayores lucharán con uñas y dientes para mantener las residencias. Saben que los residentes y sus familiares están bien cuidados y no querrán irse, por eso van atrasando la toma de decisiones.

Algo aún más radical es cerrar las residencias, despedir a todo el mundo, pagar lo que se pueda y... adiós.   Esta opción también tiene variantes como "malvender" sólo para quitarse de en medio y dejar la patata caliente de los alquileres y nóminas al siguiente.

La opción "cierre" que ya se han visto obligadas a tomar un buen número de residencias supone que los empleados se quedan en el paro tras cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado, más una prestación de desempleo del 70% de la base reguladora.  Los residentes vuelven a sus casas y, quizás los beneficiarios de ayudas públicas empiezan a cobrar la "paguilla de la dependencia" en forma de prestación para el cuidador no profesional.

Viendo que ninguna alternativa es "buena" y, poniéndome en la piel de alguien que, como quien opinó en este blog, gana 900 Euros al mes trabajando algunas veces de noche y en fines de semana, me pregunto ¿Preferiría aceptar una rebaja del salario de 10% con un compromiso de mantenimiento del puesto de trabajo y de la jornada completa o ir al paro con la indemnización y la prestación durante unos meses?

Sé que es una pregunta perversa ya que consiste en obligar a elegir entre dos proposiciones negativas, pero es posible que tengamos que plantearla.

Seguro que me dejo algo, por lo que ruego a quiénes lean este post que opinen sin reservas. También, aunque he hablado con unos cuantos directores de residencia, me encantaría saber si lo que digo no tiene lógica por algún motivo.

Me encantaría que mi próximo post vaya sobre lo equivocado que estaba al escribir éste pero me temo que no será así.

Autor del post Josep de Martí

ENTENDER EL ÚLTIMO RECORTE DE LA DEPENDENCIA

Aviso que esta entrada me ha salido un poco larga, pido excusas.

Antes de nada, viendo cómo los medios de comunicación están reflejando el último recorte de la Ley de Dependencia (LAPAD) me gustaría recordar que, lo que se promulgó en 2006 con el pomposo nombre de "Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia", fue una chapuza desde el principio.  Una chapuza que puso de acuerdo a PP y PSOE pero una chapuza al fin y al cabo:  No se calculó bien cuántos dependientes habría, no se calculó bien el coste de los servicios, la financiación del sistema se basó en acuerdos bilaterales entre en Estado y cada Comunidad Autónoma, que ¡oh, sorpresa! se han contaminado por la lucha partidista, y algunos despropósitos más.

Cuando alguien dice que el actual gobierno se está cargando la Ley de Dependencia respondo que sólo está intentándonos hacer creer que un cadáver sigue con vida.  El sistema para la Dependencia, tal como se había pensado, muríó hace tiempo.

Iba a escribirlo otra vez pero ya lo hice hace algún tiempo.  Invito a quiénes estén en este blog a leer las siguientes líneas y a ver al final en qué fecha las publicó en la extinta revista "Negocios y Gestión Residencial",  llevaban por título "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia":

En un arranque de sinceridad que nos ha dejado a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), ha dicho que la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia. O sea, que no habrá suficiente dinero en los próximos años para mantener el recién creado sistema.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte. 
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.

Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.

Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.

Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.

Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.

También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.

Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles. 

El acuerdo podría contener los siguientes puntos:

- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia. 
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.

o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.

Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.

Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.

El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.

Septiembre de 2008

Como no soy adivino ni tengo información de que no dispongan las comunidades autónomas o el Estado, creo que nuestros gobernantes fueron cobardes o ineptos al no haber tomado medidas en relación con la Ley de Dependencia mucho antes.  Lo que ahora está haciendo el gobierno se parece bastante a lo que yo propugnaba hace cinco años aunque con una pequeña diferencia.  Hacerlo ahora supone quitar derechos a personas a que previamente se les han reconocido.  Si desde 2008 nos hubiésemos centrado en prestar servicios profesionales al gran dependiente y dejar las ayudas económicas para casos excepcionales (como la atención de discapacitados "no mayores" en sus domicilios), con menos recursos hubiésemos alcanzado a más personas.  Dejar la ayuda a la dependencia severa y  moderada para un momento posterior y, de momento cubrirla con ayudas no universales hubiese sido menos bonito pero más realista.

Durante estos días oigo y leo que las ayudas económicas de la Ley de Dependencia están ayudando a personas a subsistir y se critica severamente al gobierno porque si quitan o reducen esa ayuda algunas familias pasarán por debajo del nivel de subsistencia.  Yo veo en ese argumento una perversión:  el dinero de la dependencia es para que la persona dependiente reciba atención.  No dudo que en estos momentos deben existir programas y ayudas para evitar la exclusión social, pero éstos no son los de la dependencia.

Para entender la rebaja de las ayudas al cuidador familiar, hay que ver ésta en perspectiva:  en Julio de 2012 el gobierno ya bajó estas ayudas un 15% y permitió que las comunidades autónomas pudieran efectuar una rebaja adicional de otro 15%.  Como muy pocas comunidades han aplicado la rebaja adicinal, es muy posible que lo que haga ahora el gobierno es recortar él mismo, pero que este "segundo recorte" sólo se aplique en las comunidades que no lo aplicaron en 2012.

¿Producirá un ahorro la medida?  Sin duda. ¿Afectará a las familias? por supuesto, aunque no a todas por igual.  Una ayuda que era de 520€, bajó en 2012 a 440€ y ahora vuelve a bajar a unos 360€ afectará de forma muy diferente a diferentes personas.  La clave está en la capacidad económica previa del núcleo familiar.  Es cierto que la rebaja hará que muchas familias vivan peor que cuando recibían más pero no creo que, pasado el momento del anuncio, tenga mucha consecuencia en el total del sistema.

Habrá muchas famílias que, debido a su nivel de renta, recibían hasta ahora 200€ y verán rebajada esa cantidad a 170€.  Es cierto que es una rebaja pero, la cantidad inicial era ya tan baja que dífícilmente el dependiente llegará a notar algún cambio.  Los que de verdad notarán el cambio será las familias con rentas muy bajas para las que la ayuda suponía la diferencia entre "llegar o no llegar".

Para quien se dedica profesionalmente a la atención a dependientes que las ayudas al cuidador no profesional se reduzcan es una "medio buena noticia". Al fin y al cabo es algo que se viene reclamando desde hace años.  La parte "no buena" es que, si reducimos 400 millones de Euros al año en esas ayudas y la reducción se considera un "ahorro" no mejoramos nada.  En cambio, si en vez de "ahorro" consiguiésemos destinar la mitad de esa cantidad a financiar más plazas en residencias concertadas podríamos ocupar al rededor de 15.000 plazas.  Plazas que ya existen y están desocupadas, que supondrían crear 7.000 puestos de trabajo.  Lo que quiero decir es que, las medidas, orientadas únicamente a reducir déficit pueden conseguir lo que pretenden mientras dejan en el camino cadáveres innecesarios.

O sea, que en principio, el recorte de las ayudas a las familias no tendrá un efecto sobre las residencias existentes y que, con un poco de imaginación y audacia sí podría tenerlo, y positivo.

La otra gran medida: la modificación del copago debe ser vista de forma diferente.

Para mí ésta es la clave.  La Ley de Dependencia se promulgó con el mensaje de que creaba un derecho universal.  Todo el mundo tenía derecho a recibir servicios y prestaciones, ¡Fuese quien fuese, tuviese lo que tuviese!  La equidad venía a este sistema universal de la mano del copago.  O sea, Amancio Ortega y quien le corta el césped (si algún día llegan a ser dependientes) tendrían el mismo derecho a recibir prestaciones y servicios "de la dependencia". La diferencia es que Don Amancio tendría que participar en el coste (o sea, copagar) en mayor cantidad que su jardinero.

Ahora se está intentando emprender algo que, también por falta de aptitud o por cobardía, no se había hecho hasta ahora: dotar al sistema de un sistema de copago más o menos homogéneo, equitativo y justo.

Vayamos por partes:  Antes de la Ley de Dependencia, en España una persona mayor dependiente que tuviese ingresos por encima de 800€ al mes quedaba excluida de ayuda pública debido a que se consideraba que ésta tenía que reservarse para quien "no se pudiese ayudar a sí mismo".  Alguien con muy pocos ingresos podía llegar a ingresar en una residencia pública o concertada y "copagaba", una parte de su escueta pensión. Por otro lado, una persona con 900€ mensuales que necesitase una residencia tenía que afrontar ella misma los 1500€ que en  2006 costaba mensualmente el servicio.  ¿Cómo lo hacía?  Pues sacando de dónde podía lo que le faltaba (ahorros, ayuda de los hijos..).  Para algunos esto suponía un esfuerzo enorme y un gran sacrificio, para otros no tanto.

Al aprobarse la Ley, todos entran y, aplicándose los generosos sistemas de copago (que se habían diseñado pensando en el sistema anterior), las administraciones empezaron a asumir una parte muy importante del coste de las estancias en residencias de personas que tenían ingresos más o menos grandes. ¿Ven el mismo patrón al que me he referido antes?  Primero se crea un sistema generoso que no podemos mantener, entonces se genera confianza y expectativas y después hay que modificarlo y todo el mundo se siente traicionado. Eso, en vez de haber empezado diseñando un sistema más equitativo que no hubiese generado expectativas sin fundamento.

La Ley había previsto que el copago en residencias (el servicio más costoso)  debía distinguir entre los costes "hoteleros y de manutención"  y los de atención.  La idea era hacer lo mismo que en Alemania, Francia, Holanda, Suecia y todos los países de nuestro entorno:  considerar que, cuando una persona vive en una residencia los costes que genera son de tres tipos:  hoteleros, de atención y sanitarios;  y establecer un sistema de financiación para cada uno. Así, la parte hotelera la debería pagar la propia persona, si puede en su integridad y si no, con alguna ayuda;  la de atención la pagaría la administración con un copago y la atención sanitaria continuaría pagándola íntegramente la sanidad pública (hasta que se introdujese el copago también allí).

La realidad es que la Ley nunca se ha desarrollado en cuanto a copago se refiere (bueno, se intentó algo pero era tan chapucero que los tribunales lo tumbaron), de forma que cada comunidad ha hecho lo que le ha parecido correcto (u oportuno).  La conclusión es que algunas son mucho más generosas que otras.

Ahora llega, ¡seis años tarde! un intento por establecer un sistema de copago que suba lo que pagan las personas y reduzca o que cuesta el sistema a la administración.  El objetivo es pasar de recaudar 600 millones en copago (un 10% del total del sistema) a 900 (que será un 15% del total.  La trampa está en que, cuando el gobierno lo explica dice que se trata de incrementar un 5% el copago cuando la verdad es que el aumento deberá ser del 50%.

¿Cómo afecta esto a las residencias actuales, concertadas o que colaboran con la administración mediante algún sistema?

Por desgracia para conocer la respuesta tendremos que esperar.

Aunque me cueste, intentaré ser optimista durante unas líneas:

Si se elabora un Real Decreto con elementos de los que propuse hace cinco años, la medida podría acabar no siendo negativa para las residencias.

Se trataría que los que puedan paguen más.  "Los que puedan" serán los que entraron en la ley de Dependencia porque era universal y que, si no se hubiese aprobado la Ley habrían continuando estando del todo excluídos.

Ahora, vuelvo a ser realista/negativo.

La medida me habría parecido positiva, incluso plausible, si, en vez de buscar los 300 millones adicionales, dijesen que el "ahorro" será de 100 y que los otro 200 se dedicarán a la concertación de unos miles de plazas más.

Aquí veo el problema principal.  Aunque las medidas en sí no me parecen desencaminadas sí me lo parece lo que se pretende conseguir con ellas que es, únicamente gastar menos. Esto me parece miope ya que "gastar bien" en dependencia puede generar más beneficio que gasto.

Si, exactamente lo mismo se hiciese para dar más fuerza y coherencia al sistema, y aún mejor, si se hubiese hecho hace cinco años, habría felicitado al gobierno.

Tenemos un grupo de empresas y entidades que prestan servicios, que han reducido costes y se han profesionalizado. Nos ha costado veinticinco años tener un sector geroasistencial bien estructurado y esto es algo a defender.  Sólo hay que ver residencias en Madrid,  centros de día en Barcelona o cualquier otra ciudad, hoy y hace veinte años para entender de qué estoy hablando.

Ahora tengo la sensación de ver a alguien que tira por la borda cosas para mantener a flote el barco.  Ahora tira un mueble, ahora la comida de la despensa, ahora el botiquín...

Señores del gobierno ¿qué cenaremos hoy?

Os agradeceré comentarios en este blog o en el foro de Inforesidencias.com, el portal con el buscador de residencias para la 3ª edad

ESTADÍSCITICAS CON LOS DEDOS DE UNA MANO

Estaba preparando una clase que tengo que impartir dentro de unas semanas y he vuelto a visitar la página dle gobierno en la que, mes a mes nos ofrecen los datos de aplicación del sistema de la dependencia.

Coincide el momento con la difusión por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de su explosiva opinión sobre la forma en que se está reformando y aplicando la Ley de Dependencia (LAPAD).

Ahora que sabemos que tras los diferentes recortes y modificaiciones de la Ley las cosas no serán como cuando soñábamos que éramos suecos, resulta curioso volver a echar una ojeada a los datos estadísticos mensuales.

Ya no me detengo en la consabida desmesura de prestaciones para  el cuidador familiar, que debería ser excepcional y alcanza casi a la mitad de beneficiarios sino en otro aspecto más anecdótico pero que no deja de ser curioso.

Si tomamos los datos hechos públicos y cerrados a 1 de Octubre de 2012, nos encontramos con algo llamativo, me refiero a aquéllas prestaciones que recibe tan poca gente en una Comunidad Autónoma que los beneficiarios podrían contarse con los dedos de una mano, o con las narices de una cara (ver cuadro 1.7 del documento).

Veamos:

Empecemos con el "cero absoluto" y podemos encontrar con diecinueve combinaciones "comunidad/presación" en la que aparece el vacío como resultado.  Así, si nos creemos los datos, resulta que Andalucía, Aragón, Navarra y  País Vasco no han reconocido ninguna prestación de prevención;  Aragón, Baleares y Canarias no prestan teleasistencia; Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, no prestan ni un servicio de SAD o que ocho comunidades no reconocen ni un asistente personal.

En el "cub de los beneficiarios únicos" tenemos Aragón donde UNA PERSONA recibe Servicio de Ayuda a Domicilio; o  Asturias y Navarra  donde  también UNA PERSONA en cada comunidad reciben la prestación para asistente personal.

La Comunidad Valenciana dobla a los beneficiarios de asitente perosnal ya que tiene DOS. También sólo dos personas reciben en Baleares el servicio de prevención, o cuatro en Asturias la prestación de prevención y sólo 1 un servicio de asistente personal.

 Por supuesto que, si pudiese hablar con cada una de las comunidades me dirían que los datos son falsos.  Que prestan los servicios pero no los financian con dinero de la dependencia y por eso no aparecen o argumentos similiares.  Pero como no puedo hablar con ellas me quedo con otra cosa en la cabeza, me encantaría hablar con el único aragonés que aparece como beneficiario de ayuda a domicilio y preguntarle qué le parece el servicio, o invitar a comer un día a todos los beneficiarios de servicios de prevención de seis comunidades autónomas a mi elección, no me costaría demasiado dinero y seguro que me podrían explicar historias interesantes.

3.205 EUROS AL MES POR VIVIR EN UNA RESIDENCIA MUNICIPAL

Una noticia muy de nuestro tiempo me ha hecho sacar la calculadora del cajón.  El Ayuntamiento de el Puerto (Cádiz) se ve obligado a cerrar una residencia municipal de diecisiete plazas (de las que sólo trece estaban ocupadas) porque ya no puede soportar el déficit de medio millón de euros al año que genera en las arcas municipales.  El Ayuntamiento se compromete a encontrar una solución para los residentes e intentará buscar soluciones a las dieciséis empleadas de la residencia.

Esta dolorosa media la tiene que tomar el Ayuntamiento como parte del plan de ajuste "al que el Gobierno central obliga para acogerse al Real Decreto de pago a proveedores" (textual en la noticia).

El Ayuntamiento (PP) culpa de la medida a la Junta de Andalucía (PSOE) por no haber construido una residencia concertada en el municipio cuando el consistorio ofreció unos terrenos, o sea, que junto a la historia aparecen las derivadas políticas de rigor.

Hasta aquí la noticia. Ahora saquemos la calculadora:

¿16 empelados para atender a 13 residentes? ¿500.000 Euros anuales de déficit con 13 plazas ocupadas?

Si la noticia no miente, el Ayuntamiento de el Puerto ha estado gastando por cada plaza 3.205,12€ al mes, por tenerlos ¡En un piso!  Y encima, cuando toman la decisión de cerrar no lo hacen porque el coste sea exagerado sino porque "les obliga" un Real Decreto del Estado.  En dos palabras ¡qué vergüenza!

Si hacemos un cálculo rápido, con un precio de concertación en Andalucía rondando los 1.400€ y con un copago bajo de un 8% resultaría que a la administración le puede costar aproximadamente tener a un residente en una residencia privada concertada unos 1.300€ al mes. O sea, que por el déficit que genera la residencia de El Puerto, se podrían acoger a 32 personas en vez de a 13.

¿No resulta escándaloso que durante los años en que se ha generado ese déficit la administración haya robado a 19 dependientes que precisaban de un servicio la posibilidad de acceder a él sencillamente porque estaba tirando el dinero en una residencia ineficiente?

¿Cuántos ayuntamientos más, de esos que deben miles de millones a sus proveedores han dilapidado nuestro dinero manteniendo establecimientos claramente ineficientes?

¿No sería hora ya que todas las administraciones que gestionan directamente servicios públicos hiciesen un ejercicio de análisis de eficiencia?

Hoy leo también el periódico digital Público que el recorte en el nivel concertado de la Ley de Dependencia dejará a 265.000 dependientes sin cobertura.  Yo me pregunto ¿y cuántos ha dejado sin cobertura la ineficiencia de nuestros gobernantes a la hora de elegir sistema de prestación de servicios?

Si a las administraciones les cuesta el doble o más atender a dependientes en establecimientos públicos que en concertados o gestionados y no nos explican qué justifica esa diferencia de coste, nos están ocultando una parte importante del motivo de la situación en la que nos encontramos ahora.  Si existe esa justificación, como ciudadano quiero saberla.  Si no existe, exijo soluciones.

Este año nos han subido el IRPF y todavía pienso que nos subirán el IVA.  Si es indispensable, sea. Pero sólo si por otro lado se eligen los sistemas más eficientes para prestar los servicios públicos que las leyes garantizan.

PAJÍN EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Cuando le quedan pocas semanas para despertar a la realidad, la ministra Pajín ha decidido seguir en su burbuja hasta el final, meciendo entre sus brazos a la gemela siniestra mientras hace público un informe del que se desprende que todo está yendo bien y, todavía iría mejor si no fuera por las comunidades gobernadas por el PP que no gastan lo que debieran. En la nota de prensa de presentación del informe ni un atisbo de autocrítica. Nos habla Pajín desde el país de las maravillas-

Cuando Zapatero la nombró como ministra me pareció que era una muestra más de que al presidente nunca le había importado la atención a la Dependencia más allá del ruido y de poder ganar el voto de algún incauto. Lo dije en este blog hace un año por lo que espero que nadie me acuse ahora de hacer leña del árbol caído.

Lo cierto es que, aunque la ministra pretenda no verlo, lo que se quiso hacer con la Ley de Dependencia no se ha conseguido. Objetivamente la Ley es un fracaso, pero, por supuesto, se puede encontrar la manera de que un informe diga que las cosas van bien.

Imagínese que propongo hacer una Ley para acabar con el analfabetismo en un país subdesarrollado. El sistema consiste en que los analfabetos puedan elegir entre dos opciones: a) recibir unos cursos al final de los cuales habrá unos exámenes para saber si se han aprovechado las enseñanzas y b) recibir una cantidad de dinero para que un amigo les enseñe a leer y escribir. Si se elige la opción b) no hay que demostrar nada.

Al cabo de unos años, estoy gastando mucho dinero en la aplicación de la Ley, miles de personas reciben “algo” y ese “algo” en la mayor parte de los casos es dinero. Por supuesto se ha construido alguna escuela pero muchos ven el dinero que reciben como una ayuda para ir tirando que viene muy bien en tiempos de crisis.

Ante las críticas que surgen porque el analfabetismo no se ha reducido sustancialmente a pesar del dinero gastaso, porque hay muchos analfabetos que no pueden acceder a la opción a) ni b) y que, ni siquiera se valora igual si una persona es o no analfabeta, decido pasar una encuesta entre los que han recibido “algo” y, por supuesto el resultado es positivo. No planteo si el dinero gastado está obteniendo los objetivos que se plantearon; no miro si el sistema está siendo equitativo; no persigo cuantificar la eficacia o eficiencia. No, sólo números.

La presentación del informe del ministerio dice que éste está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD. En la segunda parte viene la encuesta.

Si alguien quiere tomarse a risa lo que ha dicho la ministra en la nota de prensa difundida hoy, aquí hay alguna perla:

“El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto” (¿A sí? Pues existía la obligación de tener unas normas comunes de copago, de acreditación y calidad y lo único que hay son unos acuerdos tan vagos que no sirven de nada).

“La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009” Este dato no es consistente con ningún otro estudio como el del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores, que en su página 160 indica que la aportación del Estado al sistema supone el 34,8%, o los que ofrecen las Comunidades Autónomas.

“Los avances más importantes en el SAAD se han sustentado, entre otros, en:”

• Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado (Lo cierto es que se valora de forma diferente en las diferentes comunidades por lo que el baremo está mal. Las valoraciones no coinciden en absoluto con lo previsto en el Librlo Blanco. Se puede ver en el artículo publicado en Actas de la Dependencia sobre el baremo)

• Desarrollar una catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles (no se ha desarrollado nada con posterioridad a la Ley).

• Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios (No existen criterios comunes de acreditación ni calidad)

• Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias (La Ley prevé las prestaciones económicas para el cuidador no profesional como excepcionales y son la norma)

• Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales (Ni un tercio de los cuidadores no profesionales se han integrado porque o ya cotizaban o eran jubilados).

Yo prefiero no reírme. Que Pajín y Zapatero consuman sus últimos días en el gobierno encantados con su gestión, sin dejarse contaminar por la realidad, publicando cifras buenísimas que no se cree nadie y pensando que no nos damos cuenta de que lo que nos presentan como atención a la Dependencia no es más que una copia defectuosa de lo que debería ser.

En Junio de 2007, cuando la Ley justo empezaba su desarrollo escribí una columna para Negocios y Gestión que ahora está en el blog, en él me preguntaba:

¿Caerán nuestros queridos gobernantes en la tentación de crear el PER de la Dependencia o serán valientes y harán una apuesta por los principios que establece la Ley?

Hoy sabemos la respuesta.