¿Falta personal en las residencias de mayores públicas?

¿Falta personal en las residencias públicas?

Hace un tiempo, visitando una residencia de mayores en Burgos  vi algo que me llamó la atención.  En un espacio muy concurrido del centro había una gran pared cubierta de fotografías de unos 30x20 cm de cada una de las personas que trabajaba en la residencia.   Ahí, una junta a otra aparecía la cara sonriente de más de setenta profesionales.  Cuando le pregunté al director me dijo que, aunque en la residencia trabajan esas setenta personas, como lo hacen por turnos y el centro siempre está abierto, en ocasiones alguien puede tener  la sensación falsa de que hay poco personal.   Ese muro permite visualizar que por cada dos "y poco" residentes hay alguien trabajando en el centro.

Me gustó la idea y, con permiso del gerente, grabé un vídeo.

En los últimos meses empieza a ser habitual leer noticias en las que trabajadores de residencias para mayores públicas gestionadas por la propia administración se quejan de la falta de personal para cuidar de forma correcta.

Lo hemos leído de lugares tan diversos como en Extremadura o Aragón  durante el último trimestre de 2016, siguiendo el mismo patrón: Las quejas indican que cada vez hay más residentes o que los residentes tienen más necesidades y que el personal no se aumenta, o incluso se disminuye al no cubrirse las bajas ni las vacaciones. Esto lleva a que la situación esté “al límite”.

Alguna vez aparece alguna noticia llamativa en la que una parte del personal de una residencia de mayores se queja de lo mal que están las cosas mientras otra lo niega y les desmiente y les acusa de inventarse cosas pero esas son las menos.

Donde en Septiembre de 2016 se superó ese "límite" fue en la residencia Carlet (Valencia) en la que un cuidador hizo una fotografía a un residente y la difundió como prueba de la falta de suficiente personal. La instantánea ponía los pelos de punta y la imagen mental de una persona que, teóricamente debe cuidarte, fotografiándote mientras estás en el suelo en una postura claramente dolorosa, lo hace aún más.

Sin duda, quien hizo y difundió la fotografía ha consiguió su objetivo: salir en los medios y que se hablasee del tema. El problema es que, por desgracia, para muchas personas “el tema” no será si falta o no personal sino si se trata bien o no a las personas en las residencias geriátricas.

Fuente: El Mundo

Llevo veinticinco años en este sector y calculo que debo haber visitado unas cuatrocientas residencias de todo tipo y la verdad es que me ha repugnado ver esta fotografía que, por desgracia, quedará injustamente grabada en muchas personas como “lo que pasa en las residencias”.

Dicho esto, creo que debemos contextualizar lo que denuncian los trabajadores y sindicatos sobre las residencias de mayores públicas que gestiona la propia administración y después acabar con la cuestión del uso de contenciones.

Cuando la administración presta el servicio de residencia asistida a personas mayores, que tienen derecho a recibirlo de acuerdo con las leyes de dependencia y servicios sociales, tiene varia opciones:

- Residencias públicas gestionadas por la propia administración.
- Residencias públicas gestionadas por empresas o entidades sin ánimo de lucro.
- Residencias concertadas con las que contrata un número de plazas.

Además, puede dar ayudas en dinero para que los mayores vayan a una residencia geriátrica privada pagando de su bolsillo lo que no cubre la Prestación Económica Vinculada.

Todas las denuncias que se han publicado en los medios se refieren a las residencias públicas que gestiona la propia administración, o sea, aquellas en las que una parte del personal es funcionario y otra, personal laboral público.

El hecho de que alguien que tenga derecho a “plaza pública” acabe recibiendo el servicio en una que gestiona la propia administración o una empresa no debería tener repercusión. A ambas se les exige en teoría los mismos estándares y, a las empresas, además, que participen en procesos de contratación pública. Lo cierto es que a lo largo de los años las administraciones han demostrado no ser gestoras eficientes por lo que, actualmente, les cuesta el doble o más mantener una plaza en una residencia de mayores pública que en una concertada.

Los motivos son fáciles de entender:

Si alrededor del 60-65% del coste de cuidar a un mayor en una residencia corresponde a gastos de personal (salarios y cotizaciones), influye mucho qué convenio colectivo se aplica. Una gerocultora (o gerocultor) que trabaje según el convenio colectivo marcoestatal de la dependencia tiene una jornada anual de 1.792 horas anuales con una cierta flexibilidad para la concreción del horario diario y semanal por parte de la empresa; si lo hace en una residencia pública de la Comunidad de Madrid, trabajará un máximo de 650 horas repartidas en 220 jornadas. 

Solo hay que ir añadiendo diferencias de salarios, días de asuntos propios y otros "detalles", para ver que mantener un nivel de presencia de profesionales similar puede resultarle a la administración entre un 20 y un 30% más en una pública (son datos aproximados porque cada comunidad tiene su convenio y no toda la información de funcionamiento de los centros es pública). 

Los sindicatos son expertos en negociar y obtener ventajas, lo que sucede en el mundo de las residencias geriátricas es que cada ventaja que obtienen cuando negocian con la administración y no con las empresas hacen que el “servicio público” sea más caro en proporción. Si consiguiesen demostrar objetivamente que esas mejores condiciones laborales repercuten directamente en el bienestar de los residentes, tendrían un argumento. Lo que pasa es que esa demostración no se ha materializado.

Otra cuestión importante, aunque difícil de concretar, es el absentismo que tradicionalmente (y con un llamativo paréntesis durante la peor parte de la crisis) es superior en el sector público que en el privado. De nuevo, las empresas sienten más como una necesidad el acotar el absentismo de lo que lo hacen los políticos de turno.

También la rigidez que impone la administración al funcionamiento de cualquier servicio que gestiona acaba incrementando costes. Durante años he impartido cursos a directores, médicos y otros profesionales de residencias públicas y privadas. No es extraño encontrar grandes profesionales trabajando para la administración que están quemados o desanimados porque no pueden cambiar nada o porque existen inercias que dificultan las mejoras. Como funcionario excedente que soy conozco de qué me hablan. Un director de residencia puede tener una gran idea que mejoraría la vida de los usuarios sin incrementar costes pero le da una pereza horrorosa tener que enfrentarse a las “inercias” y derechos adquiridos de dudosa legalidad. Esto puede pasar tanto en una residencia pública como en una privada, en mi experiencia pasa más en las públicas.

Al final llegamos a la situación actual. Como casi todos los sistemas en los que intervienen personas, tendemos a acostumbrarnos a lo que tenemos y creamos nuestras “zonas de confort” (o lo que es lo miso, nuestras “resistencias al cambio”) por lo que cualquier variación sobre lo que hacemos resulta enormemente molesta.

A mi entender, lo que está pasando en las residencias de mayores públicas es que alguien desde la administración se ha dado cuenta de que la diferencia de coste entre  públicas y concertadas no tiene justificación y, en vez de afrontar el problema con cabeza ha decidido utilizar el hacha: dejar de cubrir jubilaciones, vacaciones y bajas como si eso no fuese a tener consecuencias.

Yo creo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes eso de que tanto hablan ellos últimamente: “transparencia”. Igual que en Inforesidencias.com las residencias privadas pueden decir qué ratio de personal tienen, qué profesionales forman parte del equipo o qué incluye y qué no incluye el precio. Las residencias públicas nos deberían decir qué cuestan a la administración, qué profesionales tienen o qué tasa de absentismo. Si a eso se le sumasen encuestas de satisfacción de usuarios, empleados y familiares, tendríamos un buen nivel de transparencia que nos permitiría poder comparar. Por desgracia, para casi todos nuestros gobernantes eso de la “transparencia” es algo que siempre se aplica a los demás y no a ellos mismos.

No puedo acabar esta reflexión sin referirme a la foto. Una persona que estaba en su cama con un cinturón de contención y unas barandillas subidas, que es capaz de salir del cinturón y saltar quedándose atascado.

La noticia aparecida en el Mundo dice: “Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las caídas.

Este accidente demuestra que la dirección de Carlet todavía no ha asignado los trabajadores necesarios para cubrir la atención de las personas residentes.”

¿A alguien más que a mí esto le parece bastante sospechoso?

A mí se me ocurren varios motivos, además del de la posible falta de personal para que haya sucedido lo que aparece en la fotografía. ¿Es posible que esta persona de verdad no necesitase una contención? ¿Es posible que el cinturón estuviese mal puesto? ¿Es posible que la barandilla más que “para evitar caídas” se pusiese para evitar que el mayor se levantase? ¿Podría haber sucedido lo mismo si hubiese habido un cuidador más por cada 40 residentes? ¿Es posible que el personal no hiciese bien su trabajo?

Son muchas preguntas y poca la información de que se dispone por lo que, sabiendo que la Generalitat ha abierto una investigación habrá que esperar a ver qué averigua.

Mientras tanto deberíamos aprovechar para recordar que las residencias son el mejor recurso para un 5% de personas mayores que necesitan tal nivel de cuidado que difícilmente podrán obtenerlo en sus casas. Hay que reconocer que en España tenemos muy buenas residencias y profesionales y que, aquellas que no lo sean deben ir mejorando o cerrando cosa que harán si entre todos nos esforzamos por que éste sea un sector transparente y comparable.

Residencias en la Comunidad Valencianapara personas mayores

Esta reflexión está basada en una opinión que publiqué en 2016 en NGD

BAJADA DE RATIOS EN RESIDENCIAS: LA REACCIÓN HA TARDADO

En Octubre se anunció que se estaba estudiando una rebaja de ratios en residencias de peresonas mayores. Hace unas semanas, la Generalitat anunció que había llegado a un acuerdo con las patronales del sector geroasistencial para, entre otras cosas, rebajar la dedicación mínima de algunos profesionales de los que se exigen par el cuidado a personas mayores en residencias.  El acuerdo, allá donde se pueda aplicar permitiría reducir las horas de dedicación de estos profesionales pero sin hacer desaparecer del todo la categoría por lo que, algunos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o psicólogos verían reducida su jornada.

Se trataba de uno de esos acuerdos que no gustan a nadie pero que se alcanzan porque, en un contexto de congelación de tarifa, suspensión de PEVS y acumulación de deudas, "más valía algo que nada".

Tan poco gustaba el acuerdo, que desde alguna patronal, como Lares (sector benéfico-religioso) dijeron desde el principio que en sus residencias no se aplicaría.  Otros llamaron la atención a su difícil aplicación en residencias pequeñas ya que el convenio colectivo prohibe los contratos por debajo de un mínimo de horas y, en muchos casos, las residencias de menos de unas 50 plazas se encontrarían con perfiles que quedarían por debajo de ese límite.

Abundando en los problemas de aplicación del pacto, muchos llamaron la atención a la dificultad práctica de su aplicación.  No le puedes decir a un profesional que la Generalitat te permite tener menos horas de su perfil por lo que le vas a pasar de jornada completa a 28 horas a la semana y esperar que acepte tranquilamente.  La Ley habla de modificaciones sustanciales del contrato de trabajo y ofrece al trabajador la opción de elegir un despido con 20 días al año de indemnización, todo ello sin contar los costes ocultos en forma de tensión laboral y enrarecimiento del clima laboral.

Me dejo otra cosa, por supuesto, pero voy a ponerlo entre interrogantes:  ¿Supondría una rebaja de ratio como la pactada por el ICASS y las patronales una rebaja en la calidad asistencial de los residentes?

Esa cuestión, que se encuentra en el centro de la polémica la ventila el acuerdo estableciendo que, al no tocarse los ratios de gerocultora, médico ni DUE (enfermería), ni tampoco eliminar perfiles profesionales, la calidad asistencial no se resentirá.

El pacto, hasta hoy no vale demasiado ya que, para que surta efecto hace falta que la Generalitat modifique el Decreto de Cartera de Serveis, cosa que, de momento no ha hecho.

Lo que resultaba extraño hasta ahora era que, los más afectados, o sea, los profesionales que podrían ver sus horas de trabajo reducidas, no dijesen nada.

En principio pensé que el silencio se debía a que habían visto lo difícil que sería aplicar una reducción de jornada a determinados profesionales y habían decidido no darse por aludidos.  Después pensé que quizás darían una respuesta discreta, similar a la que se dio cuando, hace casi dos años, ICASS rebajó en un 8% las ratios de las residencias de discapacitados.  Entonces la respuesta fue tan tímida que yo ni la conocí.

Ahora la respuesta de los colegios profesionales es ésta

Se quejan de no haber sido consultados, de que se incrementará la dependencia, de que existirán modelos diferentes (los centros propios del ICASS, donde no se aplicará la medida, y los privados - concertados y colaboradores- que sí la aplicarán).

Los profesionales entienden la situación económica pero no creen que se deba reducir la calidad asistencial.

Finalmente, como saben que para que el pacto tenga alguna aplicabilidad hace hace falta que se convierta en norma jurídica publicada en el DOGC, piden que sea el Parlamento y no el Gobierno quien tome la medida.

Creo que hay que leer lo que dicen los colegios profesionales y las asociaciones que les apoyan y creo que hay que centrarse en el punto 4 debido a que es aquí donde veo la clave del asunto:

4 . Entendemos perfectamente la situación económica que vive este sector, pero no compartimos una política que perjudicará , sin ningún tipo de duda, la calidad de los tratamientos y los programas de promoción de la autonomía personal que reciben sus usuarios.

Lo siento mucho pero creo que no entienden perfectamente la situación que vive el sector.

Actualmente las residencias para mayores concertadas tienen una tarifa congelada desde hace cuatro años, las residencias colaboradoras han tenido que vivir como una celebración que se les reconozca que llevan años pagando más IVA del que les tocaba, con unas tarifas también congeladas y con un problema muy serio que es el de tener que admitir residentes por los que la Generalitat no pagará hasta dentro de muchos meses.

Encima de esta situación, otras muchas residencias, que hasta ahora acogían a residentes financiados mediante prestaciones económicas vinculadas (PEV) han visto como la Generalitat ha "cerrado el grifo" y las plazas libres han empezado a subir.

Lo que de verdad piden las residencias geriátricas es que la Generalitat ocupe las plazas que tiene comprometidas, pague lo que corresponde y lo pague en un tiempo razonable.

Si la Generalitat no hubiese bloqueado el acceso a las PEVs y las residencias estuvieran cobrando a tiempo, casi nadie plantearía cambios y flexibilizaciones.

El problema es que la situación económica es peor en este sector de lo que parece.  La expectativa si no se toma ninguna medida puede ser que el fisioterapeuta no vea reducida su jornada sino que se vea en la calle porque la residencia haya cerrado.

El temor que manifiestan los colegios profesionales a que acaben existiendo dos modelos, uno el de las residencias públicas gestionadas por la propia administración y otro el de las residencias con plazas financiadas públicamente en residencias de titularidad privada no tiene fundamento: Los dos modelos existen ya desde hace años.  De hecho, hoy por hoy, con lo que gasta la Generalitat en atender a una persona en una residencia pública gestionada por ella misma podría atender a entre dos y tres en una que acoja a beneficiarios de PEV.  Esto nunca ha soliviantado a casi nadie (a mí sí).

El otro problema es que, una medida como esta reducción de ratios, que verdaderamente no va a suponer  en el medio plazo ningún cambio significativo, ya ha empezado a producir un efecto: varios colectivos de profesionales se han sentido ofendidos ofendidos por lo que dicen ver como un agravio y un perjuicio para los residentes.

Esto quiere decir que a la hora de implementar el compromiso adquirido la Generalitat no lo va a tener fácil.

Carmela Fortuny y  Neus Munté tienen la pelota en su tejado.

Autor del post Josep de Martí

DE VUELTAS CON LA FLEXIBILIDAD, EL IVA Y UN MENSAJE ENTRE LÍNEAS

Ayer estuve en la entrega de los X premios ACRA. Y, dejando a un lado lo más importante, o sea los premiados, entre ellos dos asociaciones de voluntarios que acompañan a personas mayores (Avismon y Amics de la Gent Gran), la ocasión se presentaba como no exenta de morbo.  Contar con el Conseller de Benestar i Família, Josep Lluis Cleries, en una sala en la que habría más de doscientas personas, muchos de ellos propietarios o directivos de residencias geriátricas a los que la Generalitat debe dinero, añadiendo el aderezo de la controversia sobre la posible rebaja del IVA y el hecho de encontrarnos en campaña electoral, hacía que muchos de los asistentes esperasen alguna noticia llamativa por parte del Conseller o alguna puya hacia la administración por parte de ACRA.

La entrega de premios contó con una intervención de la Presidenta de ACRA,  Cinta Pascual, en la que más que puyas hacia la Generalitat hubo algún "cachetito cariñoso".  Por supuesto una entrega de premios no es el lugar en que sacar los colores a alguien a quien has invitado.  Pero, por lo que se hablaba en los corrillos previos y posteriores, muchos esperaban un emplazamiento directo al conseller para que se comprometiese a una fecha en el pago de las cantidades que se dejaron de cobrar en Julio.  Cinta Pascual fue bastante institucional en su intervención: "la colaboración público-privada debe adquirir otra dimensión. Debemos compartir la estrategia, planificar el futuro, y reducir la gestión y los trámites para finalmente poder llegar con éxito a más servicios ". Aunque sí reclamó una solución a una contradicción clara, la existencia de 5.000 plazas libres en residencias de ancianos en Cataluña mientras hay listas de espera.  Y también explicó algo muy bonito: la iniciativa "Compartint taula" (compartiendo mesa) que permitirá servir 265.0000 comidas gratuitas a personas mayores durante 2013 en los centros asociados a ACRA.

La intervención del Conseller estuvo a la altura de las circunstancias.  Hace un año, tras asistir a la anterior entrega de premios escribí una entrada en este blog que titulé "Flexibilidad y confianza, ¡Qué bonito! Pero ¿Quién hace las camas?"  Un año después el conseller sigue apostando por la flexibilización, pero "eso no quiere decir bajar la calidad sino mejores resultados". Después de casi dos años en le gobierno, muchos hubiéramos agradecido un poco más de concreción, pero, como mínimo sigue hablando de flexibilidad.

Sobre el IVA, apostó porque haya un único tipo del 4% para todos los servicios de atención a la dependencia, dijo que el tema lo tenían "bien enfocado" y que estaban trabajando en el congreso de los diputados.  ¿Y lo del informe jurídico del IVA de las plazas en residencias colaboradoras?  De eso ni una sola palabra.
A lo que sí dio importancia es al "cambio de paradigma" que supondrá la aprobación de una nueva Ley Catalana de Autonomía Personal.  Un cambio que supondrá pasar el foco de la dependencia a la autonomía personal.  ¡Qué bonito!   Lo llevo oyendo desde julio y todavía no sé en qué consiste ni cómo afectará concretamente ese nuevo paradigma al porcentaje de dependientes que seguirán necesitando ayuda a domicilio, centros de día o residencias.

Hasta aquí las cosas iban tal como se podía prever, pero cuando habló de colaboración público-privada basada en una inminente concertación de plazas a poner en marcha al inicio de la próxima legislatura fue cuando dejó una frase entre líneas que para mí fue lo más relevante de su discurso. ¿Cuántas plazas piensan concertar?  "Una cantidad que enlaza con la que ha planteado la presidenta de ACRA". ¡O sea, 5.000!

La intervención acabó con felicitaciones hacia el sector por el trabajo bien hecho. "Nada honra más a un país que saber que atiende bien a las personas más vulnerables", Una apuesta por la concertación: "En Cataluña hemos optado por la colaboración con la iniciativa privada a través de los conciertos y ha dado buen resultado" y un agradeciento por el compromiso que han demostrado las empresas en tiempos difíciles.

Y como siempre, lo mejor empezó después de los discursos.  En los corrillos mientras degustábamos una "cena de pie".  Me sorprendió mucho descubrir que el señor Cleries había sido tan sutil con lo del concierto de 5.000 plazas en residencias de ancianos en Catalunya que nadie se había dado cuenta. ¡Y en plena campaña electoral!    Pude hablar con mucha gente y tuve una conversación agradable con el propio Conseller, con la Directora General del ICASS y con la presidenta de ACRA. Pero sobre eso escribiré mañana.


Autor del post Josep de Martí

LA LEYENDA URBANA DE LA CUALIFICACIÓN DE LAS GEROCULTORAS

Según una leyenda urbana, todos los gerocultores que trabajan en residencias para personas mayores en España deberán tener acreditada su cualificación profesional en 2015 y una tercera parte antes de finales de 2011. Para dar cumplimiento a ese requisito, siempre según esa leyenda, las residencias deben acreditar que las gerocultoras tienen una formación específica (formación profesional) o cuentan con una experiencia más una formación no reglada que, mediante un proceso administrativo de reconocimiento de determinadas competencias y una formación complementaria les permita equipararse a los gerocultores cualificados. Para ayudar en ese proceso se están seleccionando asesores, evaluadores y se cuenta con la intervención de algunos institutos de educación secundaria y las patronales.

Como toda buena leyenda urbana tiene una base de verdad, se repite muchas veces y al final consigue que mucha gente se la crea, pero no por ello deja de ser mentira.

La base de verdad es que existe un proceso de reconocimiento de competencias para que las gerocultoras que no han cursado formación profesional puedan acreditar una capacitación profesional. La mentira es que las residencias de toda España deban acreditar en 2015 que el 100% de sus gerocultores tienen esa capacitación o que en 2011 sea el 35%.

Supongo que alguna persona que trabaje en la dirección de residencia geriátrica se estará preguntando cómo puede ser mentira algo que le ha dicho la administración, las empresas de formación e incluso las patronales y los sindicatos.

Para mí, la leyenda es sólo una más de las consecuencias no queridas de la Ley de Dependencia (LAPAD), esa norma técnicamente mala que, regada con millones de Euros produce alguna flor entre muchas zarzas.
Vayamos por pasos.

La Ley de Dependencia dice en su artículo 34 que Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas… se establecerán en el seno del Consejo Territorial criterios comunes de acreditación. Este artículo quiere decir dos cosas:

1. Como las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre la materia "asistencia social", los criterios comunes de acreditación que pueda establecer el Consejo Territorial deben ser tan livianos para no interferir en la competencia autonómica que, casi , casi deberían ser inexistentes.
2. El Consejo Territorial no puede dictar ningún criterio que sea directamente aplicable a las residencias, sino únicamente establecer criterios para que sean las Comunidades las que regulen sus propios decretos de acreditación.

Sigamos.

El Consejo Territorial aprobó el 27 de Noviembre de 2008 los criterios que fueron publicados, como resolución en el BOE de 17 de Diciembre.

El hecho de que fuese una resolución y que el Gobierno no lo elevase a Real Decreto ya nos habla de la poca enjuncia jurídica que quisieron atribuir a este documento.

Este es el texto de la RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, publicada en el BOE de 17 de Diciembre:

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la competencia para acreditar centros, servicios y entidades corresponde a las Comunidades Autónomas en su ámbito competencial (artículo 16), si bien se encomienda al Consejo Territorial la fijación de criterios comunes de acreditación (artículo 34.2).

El Consejo Territorial, en su reunión del día 27 de noviembre de 2008, aprobó el Acuerdo sobre criterios comunes sobre acreditación para garantizar la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que han de ser entendidos como mínimos, debiendo las respectivas administraciones en su ámbito competencial realizar la legislación, reglamentación y ejecución que proceda y que figura en el anexo de la presente Resolución.

El resto de la resolución son los criterios en sí.

Sólo hace falta leer estas líneas para entender que lo que dice la resolución no puede aplicarse directamente en ninguna comunidad autónoma. Hace falta que sean cada uno de los gobiernos autonómicos los que aprueben sus normas de acreditación y serán éstas las verdaderamente obligatorias.

Esto es lo que dice la resolución sobre el personal gerocultor:

Los Cuidadores y Cuidadoras, Gerocultores y Gerocultoras o categorías profesionales similares deberán acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, creada por el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre (BOE de 25 de octubre), según se establezca en la normativa que la desarrolle.
A tal efecto, se considerarán los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril (BOE de 5 de junio) o Técnico de Atención Sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo (BOE de 24 de mayo), y el Certificado de Profesionalidad, de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto (BOE de 9 de septiembre) o por las vías equivalentes que se determinen.
Quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas con gran dependencia, previstas en el artículo 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y los/as Auxiliares de Ayuda a Domicilio, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, creada por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 9 de marzo), según se establezca en la normativa que la desarrolla.
A tal efecto, se considerarán las titulaciones o los certificados de profesionalidad referidos en el apartado anterior en relación con los Cuidadores y Cuidadoras, Gerocultores y Gerocultoras y el certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto (BOE de 9 de septiembre).
Después aparece un cuadro en el que se establece la exigencia de cumplimiento del 35% en 2011 y 100% en 2015.
¿Qué pasa mientras las comunidades promulgan sus normas de acreditación? La respuesta está en la propia resolución: Las Comunidades Autónomas, o administración que en su caso tenga la competencia, articularán las fórmulas de habilitación provisional de los centros, servicios y entidades, hasta tanto dicten las nuevas normas sobre acreditación adaptadas a los presentes criterios que, en todo caso, estarán en vigor antes del transcurso de doce meses desde la aprobación del presente acuerdo.

O sea, que a finales de 2009 todas las comunidades debían haber aprobado su norma de acreditación. Pues bien. Alguna Comunidad como la Andaluza, la aprobó antes de promulgarse este acuerdo y muchas otras, como Cataluña y Madrid, todavía no lo han hecho veintisiete meses después.

En consecuencia: sólo en las comunidades autónomas con normas específicas de acreditación que mencionen la calificación profesional de los gerocultores será obligatorio cumplir con los criterios del 35% en 2011 y el 100% en 2015. Lo demás son leyendas urbanas.

Pero, es que, incluso las Comunidades que aprueben sus normas de acreditación podrían saltarse el proceso de cualificación y reconocimiento de competencias ya que, el acuerdo contiene la siguiente frase: También se podrán admitir, con la transitoriedad que las administraciones competentes establezcan en sus normativas de acreditación, los certificados de acciones de formación profesional para el empleo impartidas en cada Comunidad Autónoma.

Dicho esto, volvamos a nuestra realidad actual.

Hoy sabemos que la mayoría de las comunidades no han aprobado sus Decretos de Acreditación. Algunas, incluso parece que no tienen prisa en hacerlo y, sin embargo, existe la sensación de que "esto de la cualificación" es otra cosa, es obligatorio y hay que hacerlo.

De ahí ha surgido una leyenda urbana que debería desmontarse desde los mismos foros de donde ha surgido.

Es fundamental que quien presta atención directa a los dependientes sea una persona preparada pero, ¿No podríamos parar un momento y distinguir entre lo principal y lo accesorio?

Estamos en un momento económicamente crítico en el que, en la medida de lo posible, hay que canalizar los esfuerzos en que llegue atención profesional al máximo de dependientes posibles. Esta debe ser la fuerza que mueva a los gobiernos autonómicos, a los prestadores de servicios (residencias asistidas para mayores, centros de día y servicios de ayuda a domicilio)  y a los profesionales.

Que exista un proceso de reconocimiento de competencias profesionales me parece bien. Que falsamente se esté dando la sensación de obligatoriedad, no. Máxime cuando un proceso que, si fuese cierto, tendría carácter estatal, está teniendo un nivel de desarrollo muy desigual entre los diferentes territorios.

Me gustaría recibir comentarios ya que hay mucha gente convencida de que la leyenda urbana es una realidad y me gustaría saber quién está en lo cierto, ellos o yo.

Autor del post Josep de Martí

Nota:  Si quieres ver una novedad sobre este tema de Octubre de 2015 toca aquí