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martes, 6 de septiembre de 2016

En el baúl de los recuerdos: lo que decíamos hace diez años

Empieza un nuevo curso y casi todo el mundo hace planes para los próximos meses.  Parece que tenemos la necesidad de intentar saber qué va a pasar.  Estos días he encontrado algo que escribí en 2005 sobre cómo podrían ser las cosas en 2016.

Por aquél entonces no teníamos Ley de Dependencia y la crisis parecía algo que pasaba en otros países.

Os invito a releerlo y, si queréis, a hacer comentarios.

Diciembre 2005


Escribo estas líneas a principios de Diciembre de 2005 y, la verdad es que me ayudaría mucho, para poder hablar de perspectivas del sector, poder escudriñar sólo dos o tres meses en el futuro ya que, con toda seguridad durante este tiempo se desvelará lo que serán de verdad las claves del futuro del sector.

La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.

Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.

Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas reales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.

Otro aspecto importante que traerá cola durante el año que empieza es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.

La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical se convocan huelgas en Madrid y Aragón y se exigen incrementos de salarios y reducciones de jornadas que harían aumentar en más de un 25% los costes de las residencias privadas. Esto sería así si se aceptase el planteamiento sindical en la negociación del convenio de Madrid que supone asimilar las condiciones laborales de los trabajadores de residencias privadas con las públicas. Así las cosas, el convenio estatal se presenta algo complicado. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.

A principios de año, cuando estas líneas se publiquen, ya se habrá vislumbrado el camino que seguirá la negociación del convenio. También sabremos cómo han acabado las cosas en la comunidad de Madrid. Hasta entonces esperemos que el Espíritu de la Navidad ilumine a los responsables de las asociaciones patronales y de los sindicatos para que encuentren la mejor solución para el sector.

Siguiendo con las claves de futuro, nos esperan unos años de ligera disminución de la demanda objetiva ocasionados por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?

¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.

En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.

Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.

Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?

Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.

Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.

Resumiendo: ley de la dependencia, negociación del convenio, ligeros cambios en la oferta y demanda de servicios e internet. Estos pueden ser los factores que afectarán al sector durante el próximo año.

viernes, 18 de octubre de 2013

FLEXIBILIZAR EN RESIDENCIAS. POR DÓNDE

Las comunidades autónomas siguen "retocando" los precios de concertación de plazas en residencias asistidas.  A veces rebajándolos directamente;  otras, valorando de forma más concienzuda a los dependientes de forma que los que hasta hace unos años habrían sido considerados "grandes dependientes" ahora lo sean sólo como "dependientes severos", o una combinación de ambas cosas. Mientras tanto, otra parte de la ecuación, o sea, lo que las residencias pagan a los trabajadores, ha subido de forma considerable durante los últimos años.

Este gráfico lo he sacado de la web de Comisiones Obreras, o sea, no es una invención mía:


No es original ya que lo puse en otro post en este blog en 2011, y pone de manifiesto cómo ha subido en los últimos años el salario del sector de la dependencia frente a la inflación debido a cómo se han negociado los convenios colectivos de la dependencia en épocas de vacas menos flacas.  Para ser justos hay que decir que el gráfico acaba en 2010 y que en los tres últimos años la tendencia ha cambiado.  Si alguien tiene el gráfico actualizado lo colgaré encantado.

Si la administración congela o baja los precios de concertación, hay más plazas libres en residencias geriátricas que hace unos años,  y bajan los precios privados de las residencias, el sector tiene un problema.  Si además una parte de la facturación se cobra tarde debido a los atrasos en los pagos por parte de las administraciones;  a la bajada de facturación se le une una constante tensión de tesorería.

Lo lógico en estos casos es intentar reducir costes, retrasar pagos y aumentar ingresos.

Muchas residencias han recortado en lo que han podido: han renegociado alquileres, han presionado para que sus proveedores les rebajen precios y acepten pagos atrasados.  En momentos de máxima tensión han dejado de pagar alguna paga extra pero, poco más han podido hacer.

El capítulo más importante dentro de la cuenta de resultados de una residencia es el de personal, eso quiere decir que, una residencia que, de verdad quiera reducir sus costes tiene dos opciones:  reducir el número de empleados o reducir el salario a los existentes.

El número de personas que trabaja en una residencia geriátrica viene marcado por un mínimo que establece la administración y por el nivel de atención que preste el establecimiento.  Existe una relación clara entre el número de "horas trabajadas" y atención que reciben los residentes (digo "horas trabajadas" y no número de personas para descontar el efecto del absentismo).  Por eso, en muchos casos resultará casi imposible reducir el número de personal, sobre todo si son gerocultores, sin que se vea afectada la calidad asistencial (Ofrecer la posibilidad de disfrutar de una adecuada calidad de vida a los residentes es una de las pocas cosas verdaderamente innegociables).

Existe la posibilidad de rebajar la dedicación de los profesionales que exige la normativa de acreditación (varía de una comunidad a otra pero suelen ser: médico, enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador social y trabajador social) manteniendo la presencia de todos los perfiles (o sea, reducir "alguna hora" de terapeuta ocupacional o de psicólogo pero manteniendo un mínimo de horas para cada perfil).  El problema es que esas reducciones difícilmente suponen por sí solas un aligeramiento importante de los costes.  Además, resultaría ridículo considerar adecuado que una residencia de cincuenta plazas tuviese, por ejemplo, dos horas a la semana de terapeuta ocupacional "únicamente para cumplir la ratio".

O sea, que al igual que cuando el gobierno se plantea la reducción de costes, la rebaja salarial se acaba mostrando como la medida más efectiva y rápida.

Sé que es terrible hacerlo ya que los salarios que hay en la actualidad son bajos aunque hayan subido por encima de la inflación durante más de diez años.  Si alguien quiere leer lo que piensan los que serían receptores de la rebaja de salario sólo tiene que ir a una entrada del blog de Enero de 2011 titulada "¿Qué pasa con las tablas salariales de 2011?" y bajar hasta las opiniones de los visitantes:

"900 euros con pagas extras incluidas"
"Ahhhh tampoco pagan la subida correspondiente en convenio ni atrasos por la aplicación del convenio que me digan a mi como se vive con 900 euros y trabajando festivos y fines de semana"
"Este mes he cobrado 820 euros. Me quitan un 11,5% de IRPF. Estoy separada y con tres hijos."

Son frases reales que dejan bien claro que la rebaja de salarios que estoy propugnando  estaría recayendo en personas a las que ya hoy les cuesta mucho llegar a final de mes. O sea, que, sólo debería adoptarse si no hay otra solución mejor o menos mala.

Pensemos en algunas:

La más fácil es "No hacer nada, a ver qué pasa".

La opción anterior tiene variantes como "Vamos a consensuar entre todos" o "Creemos una comisión".  Al final se obtienen los mismos resultados que con la primera pero durante un tiempo parece que se hace algo y a veces "lo que pasa" es que da la sensación de que el problema se "está resolviendo".

El problema de las opciones anteriores es que no suelen funcionar y sólo empeoran las cosas de forma que, cuando al final hay que tomar alguna medida real ésta resulta aún más dolorosa.  (¿Qué hubiese pasado si algunas políticas de 2013 se hubiesen tomado hace cuatro?)

Otra es considerar que los propietarios de las residencias han ganado mucho dinero en el pasado por lo que ahora les toca "sufrir un poco".  Quien defienda esa opción puede pensar que los empresarios deberían endeudarse para pasar la mala racha sin tocar las condiciones de los trabajadores y, cuando las cosas vuelvan a ir bien, ya recuperará lo que ahora haya perdido.  El problema es que, incluso si quisiéramos aceptarla tenemos el problema de que las residencias no encuentran quién les deje el dinero para "pasar la tempestad".  Es más, muchas ya se han endeudado en condiciones onerosas y ahora deben contar entre sus gastos la carga financiera.  Yo creo que este es el escenario con el que trabaja la administración.  Saben que los empresarios de la atención a personas mayores lucharán con uñas y dientes para mantener las residencias. Saben que los residentes y sus familiares están bien cuidados y no querrán irse, por eso van atrasando la toma de decisiones.

Algo aún más radical es cerrar las residencias, despedir a todo el mundo, pagar lo que se pueda y... adiós.   Esta opción también tiene variantes como "malvender" sólo para quitarse de en medio y dejar la patata caliente de los alquileres y nóminas al siguiente.

La opción "cierre" que ya se han visto obligadas a tomar un buen número de residencias supone que los empleados se quedan en el paro tras cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado, más una prestación de desempleo del 70% de la base reguladora.  Los residentes vuelven a sus casas y, quizás los beneficiarios de ayudas públicas empiezan a cobrar la "paguilla de la dependencia" en forma de prestación para el cuidador no profesional.

Viendo que ninguna alternativa es "buena" y, poniéndome en la piel de alguien que, como quien opinó en este blog, gana 900 Euros al mes trabajando algunas veces de noche y en fines de semana, me pregunto ¿Preferiría aceptar una rebaja del salario de 10% con un compromiso de mantenimiento del puesto de trabajo y de la jornada completa o ir al paro con la indemnización y la prestación durante unos meses?

Sé que es una pregunta perversa ya que consiste en obligar a elegir entre dos proposiciones negativas, pero es posible que tengamos que plantearla.

Seguro que me dejo algo, por lo que ruego a quiénes lean este post que opinen sin reservas. También, aunque he hablado con unos cuantos directores de residencia, me encantaría saber si lo que digo no tiene lógica por algún motivo.

Me encantaría que mi próximo post vaya sobre lo equivocado que estaba al escribir éste pero me temo que no será así.

Autor del post Josep de Martí

lunes, 31 de enero de 2011

¿QUÉ PASA CON LAS TABLAS SALARIALES DE 2011?

Cuando en 2007 se firmó el V convenio colectivo estatal de servicios a las personas dependientes, España todavía vivía el frenesí del crecimiento basado en créditos baratos y precios inmobiliarios crecientes. Acababa de entrar en vigor la Ley de Dependencia (LAPAD) y todavía no nos habíamos dado cuenta de que los efectos positivos para el sector que prometía eran sólo cantos de sirena. Así las cosas, pensando que el futuro era prometedor, patronal y sindicatos pactaron las siguientes subidas:


- Para 2008, IPC de 2007, más 0,7 puntos.

- Para 2009, IPC de 2008, más 1,3 puntos.

- Para 2010, IPC de 2009, más 2 puntos.

- Para 2011, IPC de 2010, más 2 puntos.

Como la llegada de la crisis vino acompañada con niveles bajos de inflación (alrededor del 1% durante tres años), las subidas establecidas en el convenio se fueron aplicando sin que supusiesen un problema insalvable. Pero las cuentas de las empresas se iban enturbiando por diferentes motivos: el aumento de paro femenino lleva siempre aparejada una reducción de demanda de servicios privados de atención a la dependencia (residencias geriátricas asistidas, centros de día para personas mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio SAD); la aplicación real de la Ley de Dependencia incentiva que los grandes dependientes, aunque necesiten servicios profesionales, se queden en sus casas a cambio de prestaciones económicas; la restricción de crédito unida a la morosidad administrativa lleva a muchas empresas a sufrir crecientes tensiones de tesorería; la subida del IVA en un punto ha incrementado el precio de las residencia privadas; la administración ha congelado los precios de concierto de plazas o ha aplicado subidas inferiores a las que prometía el convenio a los trabajadores.

Todo esto ha llevado a que, a la hora de establecer las tablas salariales de 2011 la parte empresarial de la mesa que negociadora esté planteando una revisión. No es posible en la situación actual aplicar un 5% de incremento salarial (IPC+2%).

El entuerto que plantean los empresarios es real, lo peor es que ante sí tienen a unos sindicatos que más que ver la situación como un problema a solventar, han encontrado un campo de batalla para luchar entre ellos.

UGT, que no firmó el convenio colectivo en 2007 ha encontrado una piedra que tirar a la cabeza de CCOO culpándola de haber pactado lo que ellos denominan un convenio nefasto. Sólo hay que mirar los carteles que han difundido en los centros de trabajo de Andalucía.

CCOO en una noticia publicada en su web da su versión de lo ocurrido y, como UGT, se niega a renunciar a la subida pactada en el convenio.

La duda, técnica es si se está abriendo una nueva negociación de convenio o se está pactando la aplicación del actual. La cuestión de fondo es si en la situación actual el sector puede aguantar una subida del 5%.

La patronal en sus comunicados está siendo muy suave, hablando de "acercamiento" a los sindicatos y de llegar a acuerdos. Esperemos que lo consigan o que la solución que se alcance sea la más beneficiosa para todos. Mientras tanto, las residencias se preguntan qué hacer mientras salen las tablas salariales.

Sirva para ilustrar el tema un gráfico aparecido en una noticia de la web de CCOO en el que se refleja la evolución del salario de las gerocultoras y el IPC.

La calidad del gráfico es la original y no se ve demasiado bien.  En color rojo están los salarios de las gerocultoras y en verde el IPC.

Lo cierto es que, si este gráfico fuese acompañado por el de la evolución de los precios privados y públicos de las residencias para 3ª edad, algo que puede obtenerse gracias al buscador de residencias de ancianos de Inforesidencias.com, veríamos que para quien busca residencia geriátrica en Madrid o Barcelona, los precios se han reducido en los últimos años.  Esto puede ser visto de diferentes formas pero, sea como sea, nos puede llevar a un callejón sin salida.

Autor del post Josep de Martí

domingo, 24 de octubre de 2004

LUCES Y SOMBRAS

Llego a León invitado por una institución de promoción económica para hablar sobre exigencias de personal en las diferentes normativas autonómicas y lo primero que veo en el periódico es que los empelados de una residencia pública de Ponferrada anuncian una manifestación para el día siguiente en petición de un aumento de plantilla. Antes de salir de Barcelona me llegaba la noticia de la estimación parcial por parte de la Audiencia Nacional del recurso contra el convenio colectivo nacional presentado por FEDERTE. Todo ello una semana después de las jornadas de Inforesidencias.com en Madrid en las que el mediador Angel Toña explicó por qué propuso para los empleados de una residencia en Álava un aumento del 120% de sueldo y una reducción de jornada causando la sorpresa de la mayoría de los presentes (directores de residencias) y la indignación de un representante de la administración guipuzcoana que no dudó en acusar a Toña de lanzar un torpedo bajo la línea de flotación del sistema de protección social público.

Son elementos sueltos que convergen en algo que se empieza a plantear como un serio reto para el sector en el futuro próximo. Los recursos humanos en las residencias.

En las mismas jornadas de inforesidencias.com se pasó una encuesta entre el centenar de asistentes para conocer cuáles eran, a su parecer los mayores problemas que afrontaban en el día a día. El resultado fue que el encontrar y mantener personal adecuado para la residencia está incluso por encima de la cobertura de las plazas.

Ante esta situación, no hace falta ser un genio para ver que la única respuesta posible ante la incertidumbre que se aproxima es una actuación común y coordinada de todo el sector de las residencias en España.

Que esta actuación común venga de la convergencia en una única entidad de todas las patronales existentes o de una especie de unión de “facto” en forma de entidad no patronal (de ambas opciones se habla desde diferentes foros), no es lo más relevante. Lo que está claro es que lo que une a las diferentes patronales existentes es mucho más fuerte que lo que las separa y que seguir por caminos diferentes sólo hará que los interlocutores que se encontrarán en diferentes mesas (ya sean sindicatos en unas o administraciones en otras).

La campaña para la reducción del IVA en la que participan la Federación Nacional, AESTE y Lares parece un paso en la buena dirección. ¿Habrá más?

Algo que importará a las residencias geriátricas de León y de toda España, sin duda.