BASADO EN HECHOS REALES

Hace un par de años estaba yo tan tranquilo cuando me llamaron por teléfono de una caja de ahorros (de las que entonces existían y con la que yo trabajaba) y me pidieron si podía pasar por la sucursal a hablar con ellos.  Sorprendidos por la llamada, mi mujer y yo fuimos y allí nos explicaron que habían visto que teníamos una cantidad de dinero en cuenta corriente (¡qué tiempos aquéllos!) que no nos generaba casi intereses y que podíamos poner en un producto que nos ofrecían con una remuneración interesante.  Le objetamos que el motivo de tener esa cantidad es que estábamos esperando para hacer una compra y nos aseguró que no había problema ya que no se trataba de un producto arriesgado y que en cualquier momento sólo teníamos que avisar y en un par de días teníamos nuestro dinero.

En ese momento estábamos contentísimos de haber recibido una llamada de una caja de ahorros que parecía mostrar interés por nosotros.  Pensamos que se trataba de un detalle muy bonito, así que firmamos (sin leerlos) varios papeles y pusimos esos ahorros en el producto en cuestión.

¿Hay alguien que todavía no se imagina cómo sigue la historia?

Cuando llegó el momento en que necesitábamos el dinero para hacer la compra nos dijeron que no podíamos tenerlo, que se trataba de un producto que existía desde hace tiempo y que, hasta entonces, siempre se había podido "vender" para recuperar el dinero pero que ahora, debido a al situación de las cajas no tiene "venta".  La misma persona que nos había llamado nos aseguró que en su momento nos lo había explicado bien y que nosotros habíamos firmado el contrato (una mentira y una verdad).  Nos enfadamos cerramos nuestras cuentas en esa caja (que ahora es un banco/zombi) pero tuvimos que dejar una abierta para recuperar el dinero.

La verdad es que, viendo la situación general y en la televisión a los afectados por las preferentes, que perdían los ahorros de toda la vida, incluso dimos gracias por haber perdido una cantidad relativamente pequeña.

Teníamos la opción de demandar o de acudir a un arbitraje pero lo cierto es que habíamos firmado el contrato.  Si fuese analfabeto o una persona mayor sin estudios podría haber clamado que me habían engañado abusando de mi debilidad.  La verdad es que ni mi mujer ni yo podemos alegar esa debilidad aunque sí algo más doloroso, la confianza traicionada.

Dentro de unos días nuestro problema quedará resuelto.  Alguien muy inteligente en algún despacho oficial ha encontrado la salida.  Nuestro dinero se convertirá en acciones de la caja/zombi y el Estado se ofrece amablemente a comprarnos esas acciones a un precio inferior a la cantidad de dinero que pusimos.  Al final recuperaremos al rededor de un 70% de lo que pusimos y, la verdad, visto lo visto, cogemos el pájaro en mano, aunque durante el vuelo haya perdido algunas plumas.

Coincide en el tiempo todo esto con algunas informaciones que me llegan de residencias de diferentes lugares.

Hace un par de semanas, unos cuantos directores de residencias de Lleida se reunieron para hablar del sector.  Me invitaron, cosa que les agradezco, y hablamos de cómo la Generalitat ha ido bajando "de facto" el precio de los conciertos de plazas.  Primero bajando el nivel de dependencia de algunos residentes cuando se hacen las valoraciones y después dejando de pagar el tiempo que una plaza queda desocupada entre el día en que fallece un residente y que llega la nueva persona a ocupar la plaza concertada.  Cada residencia ha hecho sus números y, en cómputo anual, hablamos de miles y miles de euros.  Por supuesto, todo es legal.  Si lees las condiciones del concierto en Cataluña, éste es anual y se va renovando por lo que, cuando la residencia renueva y firma lo que la Generalitat le pone delante lo está aceptando.  La residencia es libre de no firmar pero, tanto ella como la administración saben que "fuera hace más frio".

Estos días también he tenido ocasión de participar en Madrid en la clausura del curso de dirección de residencias de Lares, gracias también por la invitación.  Las bajadas de precio de los conciertos o la "no cobertura de plazas concertadas" son en varias comunidades los temas de conversación.  La situación en Madrid viene marcada por el Acuerdo Marco que oculta una bajada importante del precio de concierto; en Andalucía en cambio lo más llamativo es la no ocupación de plazas concertadas.  Durante el acto me entregaron en papel el "Mapa Lares de la situación de los centros de mayores del sector solidario en España" en el que se repasa la situación en cada comunidad autónoma y que no tiene desperdicio.  De momento no lo han colgado en internet pero, cuando lo hagan lo difundiré en el portal de las residencias para personas mayores, Inforesidencias.com.

Parece que "lo de las preferentes" y "lo de los conciertos" tienen cosas en común:  No es un problema de derecho ya que todo está escrito y firmado sino más bien de confianza.

Quienes pensaban que estaban depositando dinero en una cuenta remunerada de una caja de ahorros y ahora ven como les devuelven el 70% pueden acabar con el convencimiento de que les han robado el 30% o que les han puesto un impuesto injusto para reflotar el sistema financiero.  ¿No pueden pensar lo mismo quienes contrataron con la administración la prestación de unos servicios en unas condiciones y ven cómo esas condiciones van variando?  Pensaron que, mientras prestasen el servicio en las condiciones pactadas serían pagados según estipulaban las mismas pero resulta que ahora algo ha ido mal y hay que "sacar de donde sea".

Quien se acoja a la "quita de las preferentes" sabrá qué daño ha sufrido, tendrá su dinero a finales de Julio y será a partir de ahora una persona altamente desconfiada con cualquier cosa que huela a banco.

Sin embargo las residencias concertadas no pueden irse tranquilamente asumiendo una pérdida.  Administración y residencias concertadas dependen una de la otra para que miles de personas mayores dependientes puedan ser atendidas.  Como si fuese un ganadero torpe que quiere optimizar la producción de leche, primero ha ido alimentando cada vez menos a las vacas y después ha aguado la leche. Pero tiene que andarse con ojo ya que puede llegar el momento en que los animales dejen de producir o, sencillamente se mueran.   E incluso, sin saber cómo puede ser que en plena agonía metan una cornada al ganadero.

EMPIEZA EL BAILE DE NÚMEROS

Dos de las medidas de recorte de la Ley de Dependencia son la reducción en un 15% de las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar y la retirada del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores.  Esta prestación es aquélla que tendría que haber sido excepcional según la Ley  pero que de verdad supone la mitad del total.  En mi opinión la medida que se adopta no tiene nada que ver con la racionalización del sistema (tendrían que haber tomado medidas para que ese tipo de prestación fuese realmente excepcional pero han optado por desincentivarla rebajando la cuantía de la prestación), sino con la necesidad de reducir el déficit público.  Lo cierto es que la cantidad que se reduce en la prestación es, más o menos  la que el Estado piensa dejar de transferir a las Comunidades Autónomas con lo que no estamos ante una "redistribución del gasto entre prestaciones económicas y de servicio" sino ante una pura reducción.  Si alguna Comunidad quiere tomar dinero de la "prestación para el cuidador no profesional" y gastarlo en servicios tendrá que aplicar un descuento adicional por encima del 15%.

Esto hay que tenerlo en cuenta ya que, si no, resulta difícil entender noticias como la aparecida hoy en El Diario de León donde se dice que la Junta ahorrará 1,4 millones al mes con la rebaja de la prestación y donde también se dice que "Castilla y León va a rebajar esas ayudas por encima de ese porcentaje mínimo establecido para potenciar la asistencia profesional".  Lo cierto es que esa comunidad sólo ahorrará dinero si gasta menos e ingresa lo mismo.  Si la transferencia que recibe para afrontar los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia se reducen, entonces no habrá ahorro alguno, y eso es exactamente lo que ha pasado.

Otra de las modificaciones introducidas a la Ley que tendrá un efecto económico, pero sobre todo  humano, es la ampliación del plazo de generación de derecho por inactividad de la administración.  Esto quiere decir, cuánto tiempo tiene que esperar alguien que objetivamente tiene derecho a recibir un servicio o prestación de la Ley para recibirlo efectivamente si la administración competente no hace lo que tiene que hacer.

Recordemos que la Ley original, la de 2006 decía que el derecho se generaba desde la solicitud de valoración de forma que una persona a la que la administración tardaba ocho meses en reconocer sus derechos podía pedir los atrasos.  Después, gobernando Zapatero, se introdujo un cambio y se estableció que era a partir del sexto mes cuando se generaba el derecho.  Ahora se alarga "un poco más" hasta situarlo en los ¡dos años!.  No sé cuánto se dejará de pagar por esta medida pero, sinceramente creo que aquí sí que hay ahorro y que esta es la "puntilla" que acaba con la Ley tal como la conocemos.

El plazo de dos años hace desaparecer la universalidad del derecho ya que supone que muchos grandes dependientes no llegarán a tiempo de cobrar porque, sencillamente, morirán en el camino.

La medida  se entiende mejor si la consideramos conjuntamente con la moratoria para la baja dependencia que, finalmente entrará en el sistema a partir de Julio de 2015 (pocos meses antes de las próximas elecciones generales, si no hay adelanto ¡Qué casualidad!).  Si consideramos ambas conjuntamente veremos que alguien que en  Julio 2015 solicite una prestación quizás no llegue a recibirla hasta Julio de 2017.

Otro anuncio que todavía no tiene plasmación en el BOE pero se comunicó la semana pasada es el establecimiento de un sistema común de copago en el que se tenga en cuenta la renta y el patrimonio y que establezca una cantidad máxima a pagar a las residencias de 1.600€/mes.  Como todavía no se ha publicado no sé si ese será el máximo que pueda pagar una comunidad (aplicándose sobre el mismo el copago) o se trata de la cifra máxima total.  Si es el segundo caso, nos encontraremos que algunas comunidades, como Cataluña, contemplan en su cartera de servicios un precio por plaza en residencia de gran dependencia de 1.869€/mes.  Todos esperan que aumentando el copago disminuirá el coste del sistema para las administraciones.  Yo me temo que, si no se cambia a fondo el sistema, las administraciones obtendrán un ahorro más grande del que esperan pero a costa del bienestar de muchas personas: Es más que probable que ante la tesitura de elegir entre el servicio que verdaderamente necesita la persona (una residencia, por ejemplo) afrontando un copago importante o mantener al mayor en casa cobrando 300€ al mes y manteniendo la pensión íntegra, muchas personas seguirán prefiriendo el dinero aunque no sean capaces de atender adecuadamente y aunque, en algunos casos, los cuidadores acaben poniendo en riesgo su propia salud en el cuidado.

El establecimento de un precio máximo a cobrar por las residencias que atiendan personas beneficiarias de la Ley de Dependencia no es bueno o malo en sí mismo.  Lo que sí es nefasto es establecer un precio máximo único cuando los requisitos para poder acoger a beneficiarios de la Ley son tan diferentes entre una comunidad y otra.  Las ratios de profesionales y la exigencia de perfiles profesionales determinados son muy diferentes de una comunidad a otra. También lo son los requisitos arquitectónicos y de funcionamiento por lo que unificar precio sin unificar requisitos resulta totalmente ilógico.

Llevo tiempo diciendo que la Ley de Dependencia murió y que lo que tenemos ya no es "aquélla Ley de que nos hablaron".  Lo intenté explicar en "La Gemela Siniestra" y parece que siguen empeñados en decirnos que la Ley sigue en vigor.

Yo me pregunto, ¿Para esto no sería mejor derogar la Ley del todo y volver al sistema anterior en el que cada comunidad autónoma cubría la atención a dependientes, utilizando su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, sin carácter universal (o sea cubriendo a quienes no tengan suficiente capacidad económica?  Aparentemente sería mucho más feo que lo que tenemos ahora pero reflejaría más fielmente la realidad.

No lo niego, yo preferiría una verdadera Ley de Dependencia centrada en la atención mediante servicios profesionales para los grandes dependientes, con criterios comunes de acceso, valoración, asignación de prestaciones, acreditación y un copago equitativo que alcanzase, en niveles altos de renta, el 100% del coste del servicio y que distinguiese entre costes hoteleros, asistenciales y sanitarios.  Reconozco que alcanzar el sistema que defiendo requeriría que las comunidades renunciasen a un pedacito de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, cosa que sé, en la actualidad no es más que un sueño.  Por eso creo que sería más sabio hacer lo mejor entre lo posible.