He estado leyendo la prensa estos días sobre los retrasos en los pagos de los conciertos a las residencias y empresas de atención domiciliaria en España, después del encuentro de la FED en Valencia y, como suele suceder, la llamarada mediática del primer día se ha ido apagando. Además, hablando con unos y otros, veo que una actuación común en las patronales de las diecisiete comunidades autónomas resulta difícil ya que, sorprendentemente, en algunas (Madrid, País Vasco o Navarra), pagan a los 30 o 60 días a las residencias concertadas, por lo que pueden quejarse de otras cosas pero no del retraso. Otra cuestión es la Ayuda a Domicilio, allí sí que el tema es sangrante casi sin excepciones.
Cuando en el acto de la FED en Valencia se decía "Las administraciones nos deben casi mil trescientos millones de Euros", lo que realmente decían es "Las administraciones nos deben 900 millones a las empresas de Ayuda a Domicilio y cuatrocientos a las residencias". Los atrasos en el pago del SAD llegan a ser casi legendarios, con empresas que no han cobrado en más de 18 meses de algún ayuntamiento y sin visos de una solución cercana. Encima son el gran olvidado ya que, ni siquieran cuando la FED acaparó la atención de los medios se hizo suficiente hincapié en los problemas del SAD.
Cuando hay un problema urgente, lo primero que habría que hacer es buscar y aplicar una solución para después, con cierta tranquilidad, analizar las causas que lo generaron (señalando, si los hubo, a los responsables) y encontrar estrategias que permitan evitarlo en el futuro. Esta, por supuesto sería la forma lógica de actuar, pero no la política.
Siguiendo la lógica que acabo de plantear, la máxima prioridad sería hoy planificar y programar el pago de lo que se debe a las empresas que han ganado un proceso de contratación pública y han prestado los servicios contratados. El problema es que, con la cercanía de las elecciones, todos los discursos se adaptan y los argumentos se distorsionan para intentar convencer a los votantes. Así, en Castilla la Mancha los socialistas culpan al gobiernto del PP de que el retraso en los pagos puede forzar al cierre de algunas residencias (ver noticia) y la manera en que lo hacen es curiosa "son 35 ancianos y 19 trabajadores los que se van a ir a la calle si la señora De Cospedal no cumple con el pago del convenio del 2011", una situación que nunca antes ae había producido porque, tal y como ha puntualizado, "José María Barreda sí cumplía con su compromiso con los ancianos de Chillón y del resto de Castilla-La Mancha".
En lo que queda entre hoy y las elecciones vamos a ver muchas noticias como ésta. Cualquiera que la leyese, sin un mínimo espíritu crítico, pensaría que la señora de Cospedal tiene el dinero guardado en una bolsa y está disfrutando haciendo esperar a los que tienen derecho a cobrar. Lo cierto es que lo que están haciendo los gobiernos de Cataluña y de Castilla la Mancha resulta gratamente sorprendente: a pocas semanas de unas elecciones, siguen aplicando medidas dolorosas en el corto plazo pero necesarias en el largo. Parece que estos gobiernos consideran a los ciudadanos lo suficientemente maduros como para entender que no hay otra vía que el ajuste y que los gobiernos que antes de las elecciones hacen fuegos artificiales con dinero que no tienen no son merecedores de su confianza.
No envidio a los actuales consejeros de Servicios Sociales ya que les ha tocado un tiempo difícil de gobernar y con una ciudadanía, entre la que me incluyo, que no deja de incordiar. Pero, es lo que hay.
Ahora es primordial encontrar la forma de ajustar los pagos. Pero también hay que intentar ajustar los costes de los servicios, flexibilizar los requisitos y establecer un clima de confianza entre las administraciones y los prestadores. Espero que dentro de unos años podamos agradecerles lo que ahora están haciendo. Es más, espero poder ser el primero entonces en loarles desde este blog. De momento seguiré incordiando.
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