miércoles, 2 de mayo de 2012

¿SE IRÁ IMPONIENDO LA CORDURA?

Hace tres años en Inforesidencias.com apareció una noticia titulada "La Sangría de las Residencias Públicas" en la que, basándose en una información aparecida en el Heraldo de Soria y sacando la calculadora se ponía de manifiesto que a la Diputación Provincial de Soria le costaba mantener cada una de las 350 plazas de residencia pública que gestionaba la no desdeñable cifra de 4.000 Euros al mes.

Ahora en La Razón encontramos una continuación a esta historia en forma de nuevo cálculo y toma de decisiones.

Resulta que tres años después, la Diputación gestiona cuatro residencias con 291 residentes cuidados por 206 empleados, una tasa de absentismo del 13% y un coste 28.332 Euros al año por plaza de los que 8.484 Euros son asumidos por el residente.

Dejando de lado que me cuesta mucho creer que el copago medio en Soria sea de 707 Euros al mes.  Centrémonos en los datos.

Estamos hablando de un coste de 2.330 Euros al mes por plaza (un coste que, con toda seguridad excluye los los capítulos de alquiler y amortizaciones); con una ratio del 0,7 y un absentismo bárbaro.  En conjunto, estamos hablando de una gestión mejorable.

Lo sorprendente de este caso concreto es que, no sólo se han hecho públicos los datos sino que, además, la administración ha decidido tomar cartas en el asunto y plantear que alguna empresa pueda asumir la gestión de las residencias, respetando el derecho de los residentes.

La Diputación considera que, sólo aplicando el convenio de residencias privadas a los trabajadores de los centros, se alcanzaría un 35% de rebaja en los costes de personal.  Por supuesto, si la nueva gestora pudiese adecuar la ratio de empleados a la necesidad real de los centros y consiguiese bajar el absentismo, seguro que la Diputación podría encontrar empresas que pudiesen gestionar los centros a precio de concertación.

Es un asunto que tendremos  que seguir ya que, el coste razonable de la atención es uno de los pilares sobre los que de tendrá que asentar la viabilidad de la nueva Ley de Dependencia que parece estarse redactando.