Una de las cuestiones curiosas cuando hablamos de residencias es que los residentes, aunque en apariencia son iguales al resto de mayores, para la Sanidad Pública no lo son. Por supuesto, la realidad difiere en cada Comunidad, pero al final resulta que el número de pañales que recibe un mayor es diferente si éste vive en su casa o en una residencia; algo que suele repetirse cuando hablamos de "lancetas" o "tiras reactivas" (palabras que a los diabéticos les sonarán muy familiares).
La fuente del problema radica en un punto de partida engañoso: aunque en relación con la Sanidad, las personas que viven ingresadas en residencias asistidas (las que podríamos llamar "de tipo social") tienen la misma condición que la de los mayores que viven en su domicilio, la realidad es diferente. En principio tendría sentido otorgar una naturaleza especial a la relación entre esa Sanidad y unos establecimientos en los que conviven personas que tienen en común, por regla general, la fragilidad, la polimedicación y una alta necesidad de atención médica. En cambio esta no ha sido una preocupación generalizada.
Si se reconociese esa "especial relación" podría establecerse, para toda España, un sistema común de atención sanitaria, prescripción y derivación hospitalaria que después, cada comunidad ajustase a su realidad. Lo esencial sería que la respuesta a preguntas como ¿Quién presta atención médica al residente? ¿Cómo se le prescribe al residente? ¿Dónde se llevan las recetas? o ¿Cómo, cuándo y por qué se deriva a un residente al hospital?, no tuviesen siempre como respuesta un "depende".
Si te mueves un poco por España ves que en algunas Comunidades autónomas han regulado la prescripción y venta de medicamentos a residencias; en otras (o en alguna parte de algunas comunidades), existes planes piloto de atención. Incluso existen ejemplos de coordinación sociosanitaria con más de veinte años a la espalda. Todo ello está muy bien pero, en la medida en que el derecho a la Sanidad debería estar regulado, en sus aspectos básicos por el Estado, y en su aplicación concreta por las Comunidades Autónomas, y en la medida en que existe un grupo de personas mayores que viven en residencias que tienen unas necesidades intensivas de atención y gasto farmacéutico, ¿No sería momento de empezar a construir un sistema común?
Supongo que el número de pañales que necesita un residente no depende demasiado de si éste reside en Cádiz, Sestao o Santa Cruz de Tenerife. También supongo que, como siempre que algo se da "gratis", en algún momento y en algún lugar se produjo algún abuso. El problema es que, muchas veces, en la corrección de abusos, la tentación es hacer pagar justos por pecadores.
En el caso de Castilla la Mancha, me parece que más que la corrección de un abuso están intentando, lisa y llanamente, una reducción del coste. Ahora mismo, quizás no están para mucha planificación, pero, cuando tengan un momento, sería bueno que pensase que, considerando los pañales como parte de un problema más grande y afrontando ese problema (atención sanitaria a los residentes), quizás ahorrarían más que reduciendo en un 10% el número de pañales.
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