miércoles, 23 de mayo de 2012

DISCREPANDO DE UN AMIGO

Hace unos días recibí una nota de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, firmada por su director José Manuel Ramírez Navarro, persona a la que respeto y admiro, entre otras cosas porque tiene las ideas muy claras y, algo muy difícil de encontrar hoy en día, la obstinación de defenderlas aunque en esa defensa se juegue su comodidad y bienestar material.

Mi problema es que, a pesar del respeto que me merece su asociación y él mismo, cada vez discrepo más de lo que él defiende. Creo que, plantear mis discrepancias puede servir a cualquiera que quiera tener un criterio propio a alcanzarlo.

Esta es (en color negro) la nota que he recibido  y éstas (en color verde) mis reticencias.


ALARMANTE DESLEALTAD DE ESTADO

La fiereza con que el Ministerio de Hacienda está tratando a las Comunidades Autónomas  pone contra las cuerdas la atención a cientos de miles de personas en situación de dependencia en España.
Los brutales objetivos de déficit unidos a la reducción de los Presupuestos Generales del Estado en partidas tan necesarias como la del Nivel Acordado de financiación de la Dependencia (283 Millones –sin atender a razones-) no sólo impiden el desarrollo del sistema, sino que provocan que las atenciones que ya se han puesto en funcionamiento peligren seriamente (actualmente más de 950.000 atenciones dirigidas a 750.000 personas afectadas).

No estoy de acuerdo con que la crítica se dirija hacia el Ministerio de Hacienda, dejando a las comunidades autónomas como víctimas de su "fiereza"  y "brutales objetivos", especialmente si no se hace referencia a que la situación que tenemos ahora viene del mismo gobierno y las mismas comunidades autónomas, ocupadas por el mismo o distinto partidos políticos, que aprobaron una Ley de Dependencia insostenible (basada en un defectuoso Libro Blanco y en una memoria económica sin fundamento); que se endeudaron sin sentido; que pusieron en marcha políticas de gasto alocadas y que generaron déficit año tras año ocultándonos la realidad todo lo que pudieron.  Creo que está claro que hoy estamos luchando contra un incendio que amenaza con consumir toda nuestra casa. No creo que sea momento de identificar y castigar al pirómano, pero mucho menos de atosigar al bombero acusándole de que está mojando el colchón o rompiendo una pared por la que entrará aire.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a través de su Observatorio Estatal de la dependencia es y ha sido muy crítica en estos años con la gestión de muchos de los responsables autonómicos en esta materia, pero en las actuales circunstancias creemos urgente y necesario denunciar la deslealtad del Gobierno de la Nación con las Comunidades Autónomas (todas sin excepción) en materia de Dependencia. Se les exige cumplir con la legalidad vigente atendiendo a más de un millón de personas dependientes con un derecho reconocido al tiempo que se elimina el nivel acordado de financiación. Se les recorta financiación en otras partes fundamentales de los Servicios Sociales (que afectan directamente a derechos ciudadanos) al tiempo que se les exigirá atender, junto a las Corporaciones Locales, a miles de personas que están entrando en riesgo de exclusión provocado por la crisis y el desempleo. Señora Mato, Señor Montoro: o sorbemos, o soplamos.

En esta parte estoy bastante de acuerdo.  El gobierno de España debe actuar de forma más decidida en este campo.  No se puede sorber y soplar a la vez.  El problema de fondo es que la Ley de Dependencia está tan mal hecha que incluso si hubiese seguido la racha de crecimiento se tendría que haber modificado.  No se puede quitar el dinero y decir que la Ley sigue en vigor (con alguna pequeña modificación).

Si se han de parar o enfriar máquinas, hágase (ya se viene haciendo de tapadillo). Si para preservar unos mínimos derechos esenciales de una Ley dada a todos los ciudadanos se han de revisar calendarios, plazos u otras cuestiones, hágase. Si se han de reducir cuantías de las prestaciones económicas para poder mantener servicios o, incluso, si se ha de paralizar la entrada de nuevos dependientes al sistema para poder continuar atendiendo a los más graves, hágase también. No podremos, por principio, estar de acuerdo.

¿Y por qué no plantear una modificación a fondo de la Ley basada en la universalidad sólo para la gran dependencia y basada en servicios y en una revisión a fondo del copago que haga el sistema sostenible y equitativo (no entro aquí en detalles porque ya lo he hecho en muchas otras entradas)?

Pero a lo que seremos radicalmente contrarios es a que se obligue a las Comunidades Autónomas (que recordemos que también son Estado) a que incumplan sus obligaciones con la ciudadanía por mor del equilibrio presupuestario, soltándoles a los pies de los caballos y sin ofrecer salida plausible alguna. No podemos estar de acuerdo con que quepa la posibilidad de destruir un tejido empresarial de atención a las personas que será esencial y estratégico cuando la palabra “crecimiento” vuelva a los vocabularios políticos. No estaremos nunca de acuerdo con que después de no regar las flores alguien se envalentone y les acuse por haberse marchitado.

De nuevo de acuerdo y de nuevo con matizaciones.  Existe una diferencia importante en el nivel de cumplimiento de la ley de Dependencia entre diferentes comunidades (según datos de los Observatorios que publica la propia Asociación).  Algunas han dado muchas más prestaciones económicas que otras; algunas han concertado pagando 1.300€/mes y otras 1.900€; el coste per cápita de atención a cada dependenciente y el nivel de copago ha sido muy diferente en distintas comunidades, como también lo ha sido lo que tardaban en pagar a los proveedores.  Todo esto ha hecho que, aunque el derecho a la atención a la dependencia era el mismo, se han generado diferentes modelos con diferentes costes y diferentes calidades sin que casi nadie dijese nada.  La Asociación de Directores fue elaborando sus observatorios, poniendo notas a las diferentes comunidades según unos criterios entre los que no estaban cuánto pagaba la comunidad por la atención a los dependientes o cuánto tardaba en pagar a los centros concertados.  

No culpo en absoluto a la Asociación de no haber tenido en cuenta esos datos ya que bastante hacía una entidad de voluntarios con recopilar, ordenar y publicar  una información que de otra forma no hubiésemos sabido encontrar o entender. Pero, visto en perspectiva, quizás si entonces se hubiesen destacado esos aspectos o la abismal diferencia entre lo que le cuesta a una comunidad atender a un residente en una residencia pública de gestión directa, en una externalizada o en una de concierto, ahora  estaríamos hablando desde una realidad diferentes.

O sea, que estoy de acuerdo con que la forma no es la correcta. "El gobierno del PP no sabe comunicar" será con toda seguridad una de las frases del año.  Pero el fondo sí lo es.  La Ley de Dependencia, tal como se diseñó no podía funcionar.  Con crisis o sin crisis tendría que haber sido modificada.  El PSOE y el PP, junto con el resto de partidos que la aprobaron en el Parlamento son en parte culpables, ya que ellos la crearon.  Pero también lo son todos los que dijeron que era una buena Ley que suponía un gran avance (lo son porque desde muy al principio se vio que tenía contradicciones y que era insostenible).  No olvidemos a las comunidades autónomas que, en un primer momento abusaron reconociendo muchas más valoraciones de alta dependencia que las razonables (no olvidemos que ha resultado que hay más personas con alta dependencia que con baja cuando todos los estudios consideran que la realidad es exactamente la contraria) y que después han ido cambiando.

Quizás lo que me desagrada de la nota recibida es la forma poco justa de repartir la culpa entre los diferentes protagonistas.  El maniqueismo siempre me ha resultado difícilmente sostenible, sobre todo cuando te intentas poner en el lugar de cada uno.  

Me cuesta mucho aceptar que en la exposición de un argumento se utilicen palabras como "fiereza" o "brutal" ya que me interesa más lo que apela a mi razón que a mi sentimiento.   Si alguien me habla de "El gobierno del GAL y la corrupción" refiriéndose al de Felipe González; "el de las Azores y el Prestige" hablando de Aznar o de "el del despilfarro" tratando del de Zapatero, en seguida me pongo en guardia.  Me convencen mucho más los argumentos sólidos envueltos en palabras sencillas.


Espero poder seguir coincidiendo y discrepando con José Manuel durante muchos años.