miércoles, 16 de mayo de 2012

LEÓN TAMBIÉN APUESTA POR EXTERNALIZAR LA GESTIÓN DE SU RESIDENCIA

Una de las cosas buenas que saqué del tiempo en que serví como funcionario en la Generalitat de Catalunya fue una correcta formación jurídico administrativa.   Durante mis diez años conseguí becas y ayudas para estudiar dos másters y un postgrado universitarios.  Supongo que con los recortes las cosas habrán cambiado, entonces existían unas becas parciales con lo que tú pagabas la mitad de la matrícula y la Escuela de Administración Pública la otra mitad.  Como esas matrículas eran algo elevadas, no solía haber muchos candidatos con lo que una persona como yo podía acceder a las mismas.

Uno de esos Másters fue el de Derecho Público y Organización Administrativa que curse en la Universidad Pompeu Fabra en 1996. Y últimamente pienso bastante en algunas cosas de las que aprendí entonces.

Recuerdo que un profesor, al hablar de la organización municipal nos explicó que, cuando se constituyeron los primeros ayuntamientos después del advenimiento de la democracia, todos los alcaldes querían tener en su municipio guarderías y clubes de jubilados y residencias.  Muchos de ellos, con independencia de su tamaño, pusieron en marcha esas iniciativas, que después fueron acompañadas por muchas otras que fueron mejorando la vida de los ciudadanos, sin duda, y sometiendo a los presupuestos municipales a una carga constante y creciente.

La Legislación española de Régimen Local, la que regula lo que se hace a nivel municipal y provincial establece que los municipios a partir de determinada población tienen  la obligación de prestar determinados servicios, pero no impide que los que tengan menos de esa población también los presten por lo que, si un municipio de, pongamos 1.000 habitantes que durante unos años ha ingresado mucho dinero por las licencias de un polígono industrial, por algún proyecto europeo o cosas por el estilo, podría decidir construir una residencia de cien plazas.

La experiencia nos ha demostrado que cuando un ayuntamiento se convierte en gestor de una residencia municipal, las condiciones laborales de los empleados del centro van mejorando, en proporción, mucho más que los del resto de empleados de residencias.  Como el coste de personal supone un 60% del total de una residencia, con  los años, las residencias municipales acaban siendo mucho más caras de gestionar.  Además, si cada ayuntamiento establece su sistema de acceso y copago, también vemos que los residentes acaban pagando bastante poco por su estancia.  Es muy comprensible que, un alcalde, que se va a encontrar por la calle a esos trabajadores y a los familiares de los residentes sea más "blandito" a la hora de establecer condiciones que un gestor autonómico o estatal que tiene la "ventaja/inconveniente" de la distancia.

En la situación actual muchos ayuntamientos se están planteando hacer algo al respecto.  En el Puerto de Santamaría (Cádiz) han optado por la vía radical y han cerrado una ruinosa residencia (13 plazas y un déficit anual de medio millón de euros) y en otros lugares se plantean una vía más acorde con nuestros tiempos:  la externalización del servicio, o sea, contratar a una empresa para que gestione la residencia pública. 

Por supuesto que, en el momento en que se pronuncia la palabra "privado" y servicios sociales, aparecen los  "sacerdotes de la pureza público/social" y anuncian todo tipo de calamidades.  Las más recurrentes: 

"La privatización hará que las personas sin recursos no puedan acceder".  Eso no es cierto.  Que se privatice la gestión no supone que se modifiquen los criterios de acceso y copago.

"Se cambia un servicio público de todos por el enriquecimiento de unos pocos". Eso no es cierto.  La obligación de los gestores públicos es gestionar el gasto con criterios deeficiencia y economía (lo dice la constitución española. Esto quiere decir que la administración tiene la obligación de considerar las diferentes opciones existentes y optar por aquélla que le permita alcanzar el objetivo óptimo con los mínimos recursos.  Si resulta, como en el Puerto de Santamaría, que atender a 13 residentes genera un déficit de medio millón al año y que existe un sistema con el que ese mismo medio millón permitiría atender a 50, la administración debería adoptarlo.  Si en el camino hay una empresa que se lucra, mejor.  El lucro de esa empresa generará más impuesto de sociedades, IRPF de sus empelados, IVA....

Ahora le toca el turno a León, una ciudad que se está planteando hacer el cambio y está viviendo la arremetida "anti-privada".

Yo creo que estamos ante un debate que debiera afrontarse de forma seria y basada en datos.  Sigo pensando que si existiese un sistema de comparación de gestión/coste/resultado que nos permitiese conocer el detalle de cada sistema la decisión que se tomase acabaría siendo menos apasionada.  La pena es que no se está haciendo esto porque sea lo mejor sino porque ya no aguantan más con lo que tienen.

Lástima.