Lo he defendido varias veces y, aunque parece de lógica, todavía tenemos dos IVAs diferentes para los servicios de atención a la dependencia (tres si incluímos el IVA cero de algunos establecimientos benéficios).
Si una plaza en una residencia es concertada paga el 4% pero si es privada paga el 10%, salvo que el cliente reciba una ayuda pública en forma de Prestación Económica Vinculada (PEV) que suponga más de un 75% del precio de la plaza, en ese caso, también paga el 4%. ¿Resulta complicado? La verdad es que lo es de una forma artificiosa.
Hasta 2010 los servicios a la dependencia compartían un único tipo de IVA, pero entonces, en lo que llamé en este blog "La Rebaja Interrupta del IVA" el gobierno del señor Zapatero decidió subir un punto el IVA a las plazas privadas en residencias y bajarle tres puntos a las concertadas. Como quien paga básicamente las plazas concertadas son las comunidades autónomas la medida supuso una propina a esas comunidades mientras se subía el precio real que pagan los usuarios de las residencias privadas. Todo ello a costa de introducir un elemento de ilógica en el sistema.
A partir de mediados de 2010 dos personas mayores que comparten habitación en una residencia con plazas privadas y concertadas generan tipos de IVA diferentes por recibir exactamente el mismo servicio.
El sistema se complicó en la siguiente subida del IVA, gobernando ya el Sr. Rajoy ya que se mantienen los diferentes tipos de IVA pero con un matiz: quienes reciban una Prestación Económica Vinculada que suponga más de un 75% del precio de la plaza pagan el 4% en vez de el 10% ¿Saben qué es lo más divertido de la medida? ¡Que nadie recibe PEV que cubran más del 75% del coste de la plaza!
¿No sería más lógico que se unificase el tipo de IVA para todos servicios a la dependencia en el 4%?
Así lo han creído las asociaciones de residencias. AERTE en la Comunidad Valenciana o ACRA en Cataluña incluso recogieron firmas para pedirlo. También desde Cataluña surgió una iniciativa intermedia, que consiste en pedir que las plazas "de colaboración" (una figura anterior a la Ley de Dependencia parecida a la PEV pero asimilada en la gestión con el concierto) tuviesen un IVA del 4%, algo que se planteó como una "muy buena noticia" aunque algunos, entre los que me encuentro, veamos de muy difícil encaje en la legalidad.
Hace pocos días he recibido una nueva iniciativa que me ha gustado especialmente por ser muy "de internet". Upimir, asociación que agrupa a pequeñas y medianas residencias, ha decidido lanzar una campaña de petición de firmas a través del portal Change.org, una de esas páginas que movilizan a internautas sobre una causa. Hoy mismo, más de 210.000 personas han dicho que no quieren que los organizadores de la fiesta de Halloween donde murieron cuatro chicas organicen una fiesta de fin de año.
La campaña de Upimir pide de forma escueta "IVA del 4% para todas las plazas de residencia en centros geriatricos" y en el momento en que escribo esta entrada lleva 44 firmas (una es la mía). Animo a todos los que leen este blog a sumarse a la recogida.
No creo que Upimir consiga mucho más de lo que han conseguido otras asociaciones con sus recogidas de firmas pero estaría muy bien que se siguiese hablando de este tema que, aunque no sea el más relevante cuando tratamos de dependencia, sí lo podría ser para muchas familias que podrían, con un IVA más reducido, asumir el pago de una residencia privada para un ser querido que la necesita.
Mostrando entradas con la etiqueta saad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta saad. Mostrar todas las entradas
miércoles, 19 de diciembre de 2012
martes, 23 de octubre de 2012
ESTADÍSCITICAS CON LOS DEDOS DE UNA MANO
Estaba preparando una clase que tengo que impartir dentro de unas semanas y he vuelto a visitar la página dle gobierno en la que, mes a mes nos ofrecen los datos de aplicación del sistema de la dependencia.
Coincide el momento con la difusión por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de su explosiva opinión sobre la forma en que se está reformando y aplicando la Ley de Dependencia (LAPAD).
Ahora que sabemos que tras los diferentes recortes y modificaiciones de la Ley las cosas no serán como cuando soñábamos que éramos suecos, resulta curioso volver a echar una ojeada a los datos estadísticos mensuales.
Ya no me detengo en la consabida desmesura de prestaciones para el cuidador familiar, que debería ser excepcional y alcanza casi a la mitad de beneficiarios sino en otro aspecto más anecdótico pero que no deja de ser curioso.
Si tomamos los datos hechos públicos y cerrados a 1 de Octubre de 2012, nos encontramos con algo llamativo, me refiero a aquéllas prestaciones que recibe tan poca gente en una Comunidad Autónoma que los beneficiarios podrían contarse con los dedos de una mano, o con las narices de una cara (ver cuadro 1.7 del documento).
Veamos:
Empecemos con el "cero absoluto" y podemos encontrar con diecinueve combinaciones "comunidad/presación" en la que aparece el vacío como resultado. Así, si nos creemos los datos, resulta que Andalucía, Aragón, Navarra y País Vasco no han reconocido ninguna prestación de prevención; Aragón, Baleares y Canarias no prestan teleasistencia; Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, no prestan ni un servicio de SAD o que ocho comunidades no reconocen ni un asistente personal.
En el "cub de los beneficiarios únicos" tenemos Aragón donde UNA PERSONA recibe Servicio de Ayuda a Domicilio; o Asturias y Navarra donde también UNA PERSONA en cada comunidad reciben la prestación para asistente personal.
La Comunidad Valenciana dobla a los beneficiarios de asitente perosnal ya que tiene DOS. También sólo dos personas reciben en Baleares el servicio de prevención, o cuatro en Asturias la prestación de prevención y sólo 1 un servicio de asistente personal.
Por supuesto que, si pudiese hablar con cada una de las comunidades me dirían que los datos son falsos. Que prestan los servicios pero no los financian con dinero de la dependencia y por eso no aparecen o argumentos similiares. Pero como no puedo hablar con ellas me quedo con otra cosa en la cabeza, me encantaría hablar con el único aragonés que aparece como beneficiario de ayuda a domicilio y preguntarle qué le parece el servicio, o invitar a comer un día a todos los beneficiarios de servicios de prevención de seis comunidades autónomas a mi elección, no me costaría demasiado dinero y seguro que me podrían explicar historias interesantes.
Coincide el momento con la difusión por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de su explosiva opinión sobre la forma en que se está reformando y aplicando la Ley de Dependencia (LAPAD).
Ahora que sabemos que tras los diferentes recortes y modificaiciones de la Ley las cosas no serán como cuando soñábamos que éramos suecos, resulta curioso volver a echar una ojeada a los datos estadísticos mensuales.
Ya no me detengo en la consabida desmesura de prestaciones para el cuidador familiar, que debería ser excepcional y alcanza casi a la mitad de beneficiarios sino en otro aspecto más anecdótico pero que no deja de ser curioso.
Si tomamos los datos hechos públicos y cerrados a 1 de Octubre de 2012, nos encontramos con algo llamativo, me refiero a aquéllas prestaciones que recibe tan poca gente en una Comunidad Autónoma que los beneficiarios podrían contarse con los dedos de una mano, o con las narices de una cara (ver cuadro 1.7 del documento).
Veamos:
Empecemos con el "cero absoluto" y podemos encontrar con diecinueve combinaciones "comunidad/presación" en la que aparece el vacío como resultado. Así, si nos creemos los datos, resulta que Andalucía, Aragón, Navarra y País Vasco no han reconocido ninguna prestación de prevención; Aragón, Baleares y Canarias no prestan teleasistencia; Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, no prestan ni un servicio de SAD o que ocho comunidades no reconocen ni un asistente personal.
En el "cub de los beneficiarios únicos" tenemos Aragón donde UNA PERSONA recibe Servicio de Ayuda a Domicilio; o Asturias y Navarra donde también UNA PERSONA en cada comunidad reciben la prestación para asistente personal.
La Comunidad Valenciana dobla a los beneficiarios de asitente perosnal ya que tiene DOS. También sólo dos personas reciben en Baleares el servicio de prevención, o cuatro en Asturias la prestación de prevención y sólo 1 un servicio de asistente personal.
Por supuesto que, si pudiese hablar con cada una de las comunidades me dirían que los datos son falsos. Que prestan los servicios pero no los financian con dinero de la dependencia y por eso no aparecen o argumentos similiares. Pero como no puedo hablar con ellas me quedo con otra cosa en la cabeza, me encantaría hablar con el único aragonés que aparece como beneficiario de ayuda a domicilio y preguntarle qué le parece el servicio, o invitar a comer un día a todos los beneficiarios de servicios de prevención de seis comunidades autónomas a mi elección, no me costaría demasiado dinero y seguro que me podrían explicar historias interesantes.
viernes, 13 de abril de 2012
MATO MATA A LA GEMELA SINIESTRA
Cuando escribí el cuento de la Gemela Siniestra, diciendo que la Ley de Dependencia que estábamos aplicando no era la auténtica sino una versión pervertida de la misma, me sentía bastante pesimista. Pensaba que el engaño iba a seguir adelante y que la situación se iba a ir deteriorando sin que nadie pusiese un remedio, o como mínimo, lo intentase.
Cuando leo ahora que El Gobierno asume el fracaso del modelo de Dependencia y promueve cambios profundos me siento un poco como Casandra, ese personaje de la mitología griega a la que se le concede el don de la premonición y la maldición de que nadie crea sus presagios. Llevo diciendo mucho tiempo que la Ley no era buena ni se aplicaba bien, pero sobre todo, que no era buena. He asistido a decenas de actos, congresos y jornadas en las que muchos ponentes empezaban sus intervenciones hablando bien de la Ley de Dependencia: "es un gran avance social" y cosas por el estilo. Creo que he sido de los pocos de que desde el principio he dicho que lo que era malo no era tanto la aplicación sino la Ley misma. Un texto lleno de contradicciones y brindis al sol que sólo aguantaba un levísimo escrutinio antes de deshacerse.
Parece que ahora han descubierto que la Ley, tal como se redactó y se aplicó, no generó tantos empleos como se pensaba; no unificó los derechos, generó un "laberinto normativo" y al final no sirvió para aquéllo para lo que se había pensado.
Dentro de poco todos estaremos de acuerdo en que "la primera Ley de Dependencia" fue un fracaso desde el principio, que todo el mundo lo sabía. Pero la verdad es que no han pasado ni cinco meses desde que escribí "Pajín en el País de las Maravillas" en donde hablaba de un informe hecho público por la Ministra en la que destacaba lo bien que iba la aplicación de la Ley de Dependencia.
Ahora se han creado cuatro comisiones que trabajarán y expondrán sus propuestas. Me permito aportar mi granito de arena y, como tengo el día vago, en vez de escribir algo nuevo, propongo la lectura de "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia" , una entrada de Septiembre de 2008.
Cuando leo ahora que El Gobierno asume el fracaso del modelo de Dependencia y promueve cambios profundos me siento un poco como Casandra, ese personaje de la mitología griega a la que se le concede el don de la premonición y la maldición de que nadie crea sus presagios. Llevo diciendo mucho tiempo que la Ley no era buena ni se aplicaba bien, pero sobre todo, que no era buena. He asistido a decenas de actos, congresos y jornadas en las que muchos ponentes empezaban sus intervenciones hablando bien de la Ley de Dependencia: "es un gran avance social" y cosas por el estilo. Creo que he sido de los pocos de que desde el principio he dicho que lo que era malo no era tanto la aplicación sino la Ley misma. Un texto lleno de contradicciones y brindis al sol que sólo aguantaba un levísimo escrutinio antes de deshacerse.
Parece que ahora han descubierto que la Ley, tal como se redactó y se aplicó, no generó tantos empleos como se pensaba; no unificó los derechos, generó un "laberinto normativo" y al final no sirvió para aquéllo para lo que se había pensado.
Dentro de poco todos estaremos de acuerdo en que "la primera Ley de Dependencia" fue un fracaso desde el principio, que todo el mundo lo sabía. Pero la verdad es que no han pasado ni cinco meses desde que escribí "Pajín en el País de las Maravillas" en donde hablaba de un informe hecho público por la Ministra en la que destacaba lo bien que iba la aplicación de la Ley de Dependencia.
Ahora se han creado cuatro comisiones que trabajarán y expondrán sus propuestas. Me permito aportar mi granito de arena y, como tengo el día vago, en vez de escribir algo nuevo, propongo la lectura de "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia" , una entrada de Septiembre de 2008.
martes, 3 de abril de 2012
3.205 EUROS AL MES POR VIVIR EN UNA RESIDENCIA MUNICIPAL
Una noticia muy de nuestro tiempo me ha hecho sacar la calculadora del cajón. El Ayuntamiento de el Puerto (Cádiz) se ve obligado a cerrar una residencia municipal de diecisiete plazas (de las que sólo trece estaban ocupadas) porque ya no puede soportar el déficit de medio millón de euros al año que genera en las arcas municipales. El Ayuntamiento se compromete a encontrar una solución para los residentes e intentará buscar soluciones a las dieciséis empleadas de la residencia.
Esta dolorosa media la tiene que tomar el Ayuntamiento como parte del plan de ajuste "al que el Gobierno central obliga para acogerse al Real Decreto de pago a proveedores" (textual en la noticia).
El Ayuntamiento (PP) culpa de la medida a la Junta de Andalucía (PSOE) por no haber construido una residencia concertada en el municipio cuando el consistorio ofreció unos terrenos, o sea, que junto a la historia aparecen las derivadas políticas de rigor.
Hasta aquí la noticia. Ahora saquemos la calculadora:
¿16 empelados para atender a 13 residentes? ¿500.000 Euros anuales de déficit con 13 plazas ocupadas?
Si la noticia no miente, el Ayuntamiento de el Puerto ha estado gastando por cada plaza 3.205,12€ al mes, por tenerlos ¡En un piso! Y encima, cuando toman la decisión de cerrar no lo hacen porque el coste sea exagerado sino porque "les obliga" un Real Decreto del Estado. En dos palabras ¡qué vergüenza!
Si hacemos un cálculo rápido, con un precio de concertación en Andalucía rondando los 1.400€ y con un copago bajo de un 8% resultaría que a la administración le puede costar aproximadamente tener a un residente en una residencia privada concertada unos 1.300€ al mes. O sea, que por el déficit que genera la residencia de El Puerto, se podrían acoger a 32 personas en vez de a 13.
¿No resulta escándaloso que durante los años en que se ha generado ese déficit la administración haya robado a 19 dependientes que precisaban de un servicio la posibilidad de acceder a él sencillamente porque estaba tirando el dinero en una residencia ineficiente?
¿Cuántos ayuntamientos más, de esos que deben miles de millones a sus proveedores han dilapidado nuestro dinero manteniendo establecimientos claramente ineficientes?
¿No sería hora ya que todas las administraciones que gestionan directamente servicios públicos hiciesen un ejercicio de análisis de eficiencia?
Hoy leo también el periódico digital Público que el recorte en el nivel concertado de la Ley de Dependencia dejará a 265.000 dependientes sin cobertura. Yo me pregunto ¿y cuántos ha dejado sin cobertura la ineficiencia de nuestros gobernantes a la hora de elegir sistema de prestación de servicios?
Si a las administraciones les cuesta el doble o más atender a dependientes en establecimientos públicos que en concertados o gestionados y no nos explican qué justifica esa diferencia de coste, nos están ocultando una parte importante del motivo de la situación en la que nos encontramos ahora. Si existe esa justificación, como ciudadano quiero saberla. Si no existe, exijo soluciones.
Este año nos han subido el IRPF y todavía pienso que nos subirán el IVA. Si es indispensable, sea. Pero sólo si por otro lado se eligen los sistemas más eficientes para prestar los servicios públicos que las leyes garantizan.
Esta dolorosa media la tiene que tomar el Ayuntamiento como parte del plan de ajuste "al que el Gobierno central obliga para acogerse al Real Decreto de pago a proveedores" (textual en la noticia).
El Ayuntamiento (PP) culpa de la medida a la Junta de Andalucía (PSOE) por no haber construido una residencia concertada en el municipio cuando el consistorio ofreció unos terrenos, o sea, que junto a la historia aparecen las derivadas políticas de rigor.
Hasta aquí la noticia. Ahora saquemos la calculadora:
¿16 empelados para atender a 13 residentes? ¿500.000 Euros anuales de déficit con 13 plazas ocupadas?
Si la noticia no miente, el Ayuntamiento de el Puerto ha estado gastando por cada plaza 3.205,12€ al mes, por tenerlos ¡En un piso! Y encima, cuando toman la decisión de cerrar no lo hacen porque el coste sea exagerado sino porque "les obliga" un Real Decreto del Estado. En dos palabras ¡qué vergüenza!
Si hacemos un cálculo rápido, con un precio de concertación en Andalucía rondando los 1.400€ y con un copago bajo de un 8% resultaría que a la administración le puede costar aproximadamente tener a un residente en una residencia privada concertada unos 1.300€ al mes. O sea, que por el déficit que genera la residencia de El Puerto, se podrían acoger a 32 personas en vez de a 13.
¿No resulta escándaloso que durante los años en que se ha generado ese déficit la administración haya robado a 19 dependientes que precisaban de un servicio la posibilidad de acceder a él sencillamente porque estaba tirando el dinero en una residencia ineficiente?
¿Cuántos ayuntamientos más, de esos que deben miles de millones a sus proveedores han dilapidado nuestro dinero manteniendo establecimientos claramente ineficientes?
¿No sería hora ya que todas las administraciones que gestionan directamente servicios públicos hiciesen un ejercicio de análisis de eficiencia?
Hoy leo también el periódico digital Público que el recorte en el nivel concertado de la Ley de Dependencia dejará a 265.000 dependientes sin cobertura. Yo me pregunto ¿y cuántos ha dejado sin cobertura la ineficiencia de nuestros gobernantes a la hora de elegir sistema de prestación de servicios?
Si a las administraciones les cuesta el doble o más atender a dependientes en establecimientos públicos que en concertados o gestionados y no nos explican qué justifica esa diferencia de coste, nos están ocultando una parte importante del motivo de la situación en la que nos encontramos ahora. Si existe esa justificación, como ciudadano quiero saberla. Si no existe, exijo soluciones.
Este año nos han subido el IRPF y todavía pienso que nos subirán el IVA. Si es indispensable, sea. Pero sólo si por otro lado se eligen los sistemas más eficientes para prestar los servicios públicos que las leyes garantizan.
miércoles, 14 de diciembre de 2011
LA LAPAD SE CAE A TROZOS
Algunas noticias necesitan un poco de "lectura entre líneas" para poder llegar a su verdadero significado.
Leo en el Diario Información de Benidorm que el Ayuntamiento de esa ciudad deja de prestar servicio de ayuda a domicilio a 250 dependientes de la ciudad al anunciar el alcalde que, tras rescindir el contrato con la empresa que prestaba el servicio, no piensa renovarlo.
Vayamos por partes:
Antes que nada hay que destacar el papel que los Ayuntamientos han tenido en la fallida puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia en España. Muchos de ellos ya prestaban con sus presupuestos servicios de ayuda a domicilio además de atender con sus trabajadores sociales de atención primaria, a los ciudadanos en el momento de acceso a los servicios sociales. Para estos ayuntamientos la Ley ha supuesto un aumento de costes, ya que por un lado el trabajo de los trabajadores sociales se ha visto incrementado considerablemente y por otro, han seguido prestando la ayuda a domicilio.
Por supuesto que los ayuntamientos han recibido dinero para prestar los servicios, pero esta financiación ha sido muy inferior al amento generado por la aplicación de la Ley.
Si unimos esto a la situación de crisis, con la bajada de recaudación de las arcas locales y la necesidad de equilibrar los presupuestos vemos que a muchos ayuntamientos les quedan dos opciones. Seguir contratando el servicio de SAD a empresas sin saber cuándo podrán pagarles por el trabajo prestado o rescindir el contrato y no renovarlo. El Ayuntamiento de Benidorm a hecho lo segundo.
Veamos un poco más en detalle lo que supone la medida: Dice la noticia que se dejan de atender 250 personas de las que 46 son "grandes dependientes". Cuando la concejal del ramo justifica la medida dice una frase que no tiene desperdicio estas personas recibían una atención "máxima de dos horas diarias", por lo que "tienen otros recursos" adicionales y propios, como "personas que las atienden a lo largo de todo el día". Si se puede, se sacará una línea de subvenciones" dirigida a estas personas con mayor grado de dependencia. O sea, que, tal como venimos diciendo algunos desde hace años, la Ley de Dependencia hace que una persona con una gran dependencia, si recibe servicio de residencia, necesite un equipamiento especializado con un equipo interdisciplinar y un programa de atención, pero si se queda en casa, con dos horas al día de SAD tiene suficiente y, si ni siquiera se quiere dar eso, pues una subvención (suponemos que la concejala se refiere a la prestación económica para el cuidador no profesional). Como música de fondo de la frase de la concejal podemos intuir los bramidos de la gemela siniestra: el desinterés total por lo que debería ser importante (que los dependientes reciban una atención profesionalizada y de calidad) y la única importancia de la estadística y el número.
Por supuesto que, detrás de todo esto hay también batalla política. En Benidorm gobierna el PSOE y en la Comunidad Valenciana el PP. El PSOE nacional siempre ha cargado contra el PP Valenciano por la forma de aplicar la Ley de Dependencia por eso, la reacción del PP en Benidorm está siendo dura. Sólo hace falta leer unas palabras de un concejal del PP para ver la dureza: el alcalde ya no sólo chulea a la oposición, sino que también pretende chulear a los beneficiarios de este programa y a las empleadas.
Al final, los protagonistas visibles de la historia son 250 dependientes que no recibirán el SAD (o sea que revisarán su PIA y solicitarán acogerse a la prestación económica para el cuidador no profesional) y los 50 empleados de la empresa que se han quedado sin trabajo.
Los protagonistas invisibles son los dependientes de Benidorm que optaron desde el principio por la prestación económica "excepecional". ¿Cuántos son? No lo sé.
Me permito recomendar a los concejales del PP que bajen el nivel de la crítica ya que dentro de poco les tocará a ellos redactar el certificado de defunción de la Ley de Dependencia y lo que hoy pasa en Benidorm, pasará quizás en otros lugares, siendo ellos los que tomen la decisión y los socialistas los que les critiquen.
Si queremos sacar algo positivo de todo esto, podríamos ir pensando en el futuro, en una nueva Ley de Dependencia que concentre las ayudas universales únicamente para los grandes dependientes y que las concentre en servicios profesionalizados. En ese caso, quizás en Benidorm, no se estaría prestando servicio de SAD a 250 personas (con un máximo de 2 horas diarias) sino a los 50 que de verdad son grandes dependientes pero recibiendo 5 horas cada uno.
Pronto éste será uno de los temas de debate. Vayámonos preparando.
Leo en el Diario Información de Benidorm que el Ayuntamiento de esa ciudad deja de prestar servicio de ayuda a domicilio a 250 dependientes de la ciudad al anunciar el alcalde que, tras rescindir el contrato con la empresa que prestaba el servicio, no piensa renovarlo.
Vayamos por partes:
Antes que nada hay que destacar el papel que los Ayuntamientos han tenido en la fallida puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia en España. Muchos de ellos ya prestaban con sus presupuestos servicios de ayuda a domicilio además de atender con sus trabajadores sociales de atención primaria, a los ciudadanos en el momento de acceso a los servicios sociales. Para estos ayuntamientos la Ley ha supuesto un aumento de costes, ya que por un lado el trabajo de los trabajadores sociales se ha visto incrementado considerablemente y por otro, han seguido prestando la ayuda a domicilio.
Por supuesto que los ayuntamientos han recibido dinero para prestar los servicios, pero esta financiación ha sido muy inferior al amento generado por la aplicación de la Ley.
Si unimos esto a la situación de crisis, con la bajada de recaudación de las arcas locales y la necesidad de equilibrar los presupuestos vemos que a muchos ayuntamientos les quedan dos opciones. Seguir contratando el servicio de SAD a empresas sin saber cuándo podrán pagarles por el trabajo prestado o rescindir el contrato y no renovarlo. El Ayuntamiento de Benidorm a hecho lo segundo.
Veamos un poco más en detalle lo que supone la medida: Dice la noticia que se dejan de atender 250 personas de las que 46 son "grandes dependientes". Cuando la concejal del ramo justifica la medida dice una frase que no tiene desperdicio estas personas recibían una atención "máxima de dos horas diarias", por lo que "tienen otros recursos" adicionales y propios, como "personas que las atienden a lo largo de todo el día". Si se puede, se sacará una línea de subvenciones" dirigida a estas personas con mayor grado de dependencia. O sea, que, tal como venimos diciendo algunos desde hace años, la Ley de Dependencia hace que una persona con una gran dependencia, si recibe servicio de residencia, necesite un equipamiento especializado con un equipo interdisciplinar y un programa de atención, pero si se queda en casa, con dos horas al día de SAD tiene suficiente y, si ni siquiera se quiere dar eso, pues una subvención (suponemos que la concejala se refiere a la prestación económica para el cuidador no profesional). Como música de fondo de la frase de la concejal podemos intuir los bramidos de la gemela siniestra: el desinterés total por lo que debería ser importante (que los dependientes reciban una atención profesionalizada y de calidad) y la única importancia de la estadística y el número.
Por supuesto que, detrás de todo esto hay también batalla política. En Benidorm gobierna el PSOE y en la Comunidad Valenciana el PP. El PSOE nacional siempre ha cargado contra el PP Valenciano por la forma de aplicar la Ley de Dependencia por eso, la reacción del PP en Benidorm está siendo dura. Sólo hace falta leer unas palabras de un concejal del PP para ver la dureza: el alcalde ya no sólo chulea a la oposición, sino que también pretende chulear a los beneficiarios de este programa y a las empleadas.
Al final, los protagonistas visibles de la historia son 250 dependientes que no recibirán el SAD (o sea que revisarán su PIA y solicitarán acogerse a la prestación económica para el cuidador no profesional) y los 50 empleados de la empresa que se han quedado sin trabajo.
Los protagonistas invisibles son los dependientes de Benidorm que optaron desde el principio por la prestación económica "excepecional". ¿Cuántos son? No lo sé.
Me permito recomendar a los concejales del PP que bajen el nivel de la crítica ya que dentro de poco les tocará a ellos redactar el certificado de defunción de la Ley de Dependencia y lo que hoy pasa en Benidorm, pasará quizás en otros lugares, siendo ellos los que tomen la decisión y los socialistas los que les critiquen.
Si queremos sacar algo positivo de todo esto, podríamos ir pensando en el futuro, en una nueva Ley de Dependencia que concentre las ayudas universales únicamente para los grandes dependientes y que las concentre en servicios profesionalizados. En ese caso, quizás en Benidorm, no se estaría prestando servicio de SAD a 250 personas (con un máximo de 2 horas diarias) sino a los 50 que de verdad son grandes dependientes pero recibiendo 5 horas cada uno.
Pronto éste será uno de los temas de debate. Vayámonos preparando.
lunes, 7 de noviembre de 2011
PAJÍN EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Cuando le quedan pocas semanas para despertar a la realidad, la ministra Pajín ha decidido seguir en su burbuja hasta el final, meciendo entre sus brazos a la gemela siniestra mientras hace público un informe del que se desprende que todo está yendo bien y, todavía iría mejor si no fuera por las comunidades gobernadas por el PP que no gastan lo que debieran. En la nota de prensa de presentación del informe ni un atisbo de autocrítica. Nos habla Pajín desde el país de las maravillas-
Cuando Zapatero la nombró como ministra me pareció que era una muestra más de que al presidente nunca le había importado la atención a la Dependencia más allá del ruido y de poder ganar el voto de algún incauto. Lo dije en este blog hace un año por lo que espero que nadie me acuse ahora de hacer leña del árbol caído.
Lo cierto es que, aunque la ministra pretenda no verlo, lo que se quiso hacer con la Ley de Dependencia no se ha conseguido. Objetivamente la Ley es un fracaso, pero, por supuesto, se puede encontrar la manera de que un informe diga que las cosas van bien.
Imagínese que propongo hacer una Ley para acabar con el analfabetismo en un país subdesarrollado. El sistema consiste en que los analfabetos puedan elegir entre dos opciones: a) recibir unos cursos al final de los cuales habrá unos exámenes para saber si se han aprovechado las enseñanzas y b) recibir una cantidad de dinero para que un amigo les enseñe a leer y escribir. Si se elige la opción b) no hay que demostrar nada.
Al cabo de unos años, estoy gastando mucho dinero en la aplicación de la Ley, miles de personas reciben “algo” y ese “algo” en la mayor parte de los casos es dinero. Por supuesto se ha construido alguna escuela pero muchos ven el dinero que reciben como una ayuda para ir tirando que viene muy bien en tiempos de crisis.
Ante las críticas que surgen porque el analfabetismo no se ha reducido sustancialmente a pesar del dinero gastaso, porque hay muchos analfabetos que no pueden acceder a la opción a) ni b) y que, ni siquiera se valora igual si una persona es o no analfabeta, decido pasar una encuesta entre los que han recibido “algo” y, por supuesto el resultado es positivo. No planteo si el dinero gastado está obteniendo los objetivos que se plantearon; no miro si el sistema está siendo equitativo; no persigo cuantificar la eficacia o eficiencia. No, sólo números.
La presentación del informe del ministerio dice que éste está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD. En la segunda parte viene la encuesta.
Si alguien quiere tomarse a risa lo que ha dicho la ministra en la nota de prensa difundida hoy, aquí hay alguna perla:
“El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto” (¿A sí? Pues existía la obligación de tener unas normas comunes de copago, de acreditación y calidad y lo único que hay son unos acuerdos tan vagos que no sirven de nada).
“La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009” Este dato no es consistente con ningún otro estudio como el del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores, que en su página 160 indica que la aportación del Estado al sistema supone el 34,8%, o los que ofrecen las Comunidades Autónomas.
“Los avances más importantes en el SAAD se han sustentado, entre otros, en:”
• Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado (Lo cierto es que se valora de forma diferente en las diferentes comunidades por lo que el baremo está mal. Las valoraciones no coinciden en absoluto con lo previsto en el Librlo Blanco. Se puede ver en el artículo publicado en Actas de la Dependencia sobre el baremo)
• Desarrollar una catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles (no se ha desarrollado nada con posterioridad a la Ley).
• Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios (No existen criterios comunes de acreditación ni calidad)
• Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias (La Ley prevé las prestaciones económicas para el cuidador no profesional como excepcionales y son la norma)
• Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales (Ni un tercio de los cuidadores no profesionales se han integrado porque o ya cotizaban o eran jubilados).
Yo prefiero no reírme. Que Pajín y Zapatero consuman sus últimos días en el gobierno encantados con su gestión, sin dejarse contaminar por la realidad, publicando cifras buenísimas que no se cree nadie y pensando que no nos damos cuenta de que lo que nos presentan como atención a la Dependencia no es más que una copia defectuosa de lo que debería ser.
En Junio de 2007, cuando la Ley justo empezaba su desarrollo escribí una columna para Negocios y Gestión que ahora está en el blog, en él me preguntaba:
¿Caerán nuestros queridos gobernantes en la tentación de crear el PER de la Dependencia o serán valientes y harán una apuesta por los principios que establece la Ley?
Hoy sabemos la respuesta.
Cuando Zapatero la nombró como ministra me pareció que era una muestra más de que al presidente nunca le había importado la atención a la Dependencia más allá del ruido y de poder ganar el voto de algún incauto. Lo dije en este blog hace un año por lo que espero que nadie me acuse ahora de hacer leña del árbol caído.
Lo cierto es que, aunque la ministra pretenda no verlo, lo que se quiso hacer con la Ley de Dependencia no se ha conseguido. Objetivamente la Ley es un fracaso, pero, por supuesto, se puede encontrar la manera de que un informe diga que las cosas van bien.
Imagínese que propongo hacer una Ley para acabar con el analfabetismo en un país subdesarrollado. El sistema consiste en que los analfabetos puedan elegir entre dos opciones: a) recibir unos cursos al final de los cuales habrá unos exámenes para saber si se han aprovechado las enseñanzas y b) recibir una cantidad de dinero para que un amigo les enseñe a leer y escribir. Si se elige la opción b) no hay que demostrar nada.
Al cabo de unos años, estoy gastando mucho dinero en la aplicación de la Ley, miles de personas reciben “algo” y ese “algo” en la mayor parte de los casos es dinero. Por supuesto se ha construido alguna escuela pero muchos ven el dinero que reciben como una ayuda para ir tirando que viene muy bien en tiempos de crisis.
Ante las críticas que surgen porque el analfabetismo no se ha reducido sustancialmente a pesar del dinero gastaso, porque hay muchos analfabetos que no pueden acceder a la opción a) ni b) y que, ni siquiera se valora igual si una persona es o no analfabeta, decido pasar una encuesta entre los que han recibido “algo” y, por supuesto el resultado es positivo. No planteo si el dinero gastado está obteniendo los objetivos que se plantearon; no miro si el sistema está siendo equitativo; no persigo cuantificar la eficacia o eficiencia. No, sólo números.
La presentación del informe del ministerio dice que éste está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD. En la segunda parte viene la encuesta.
Si alguien quiere tomarse a risa lo que ha dicho la ministra en la nota de prensa difundida hoy, aquí hay alguna perla:
“El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto” (¿A sí? Pues existía la obligación de tener unas normas comunes de copago, de acreditación y calidad y lo único que hay son unos acuerdos tan vagos que no sirven de nada).
“La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009” Este dato no es consistente con ningún otro estudio como el del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores, que en su página 160 indica que la aportación del Estado al sistema supone el 34,8%, o los que ofrecen las Comunidades Autónomas.
“Los avances más importantes en el SAAD se han sustentado, entre otros, en:”
• Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado (Lo cierto es que se valora de forma diferente en las diferentes comunidades por lo que el baremo está mal. Las valoraciones no coinciden en absoluto con lo previsto en el Librlo Blanco. Se puede ver en el artículo publicado en Actas de la Dependencia sobre el baremo)
• Desarrollar una catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles (no se ha desarrollado nada con posterioridad a la Ley).
• Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios (No existen criterios comunes de acreditación ni calidad)
• Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias (La Ley prevé las prestaciones económicas para el cuidador no profesional como excepcionales y son la norma)
• Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales (Ni un tercio de los cuidadores no profesionales se han integrado porque o ya cotizaban o eran jubilados).
Yo prefiero no reírme. Que Pajín y Zapatero consuman sus últimos días en el gobierno encantados con su gestión, sin dejarse contaminar por la realidad, publicando cifras buenísimas que no se cree nadie y pensando que no nos damos cuenta de que lo que nos presentan como atención a la Dependencia no es más que una copia defectuosa de lo que debería ser.
En Junio de 2007, cuando la Ley justo empezaba su desarrollo escribí una columna para Negocios y Gestión que ahora está en el blog, en él me preguntaba:
¿Caerán nuestros queridos gobernantes en la tentación de crear el PER de la Dependencia o serán valientes y harán una apuesta por los principios que establece la Ley?
Hoy sabemos la respuesta.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)