Una noticia muy de nuestro tiempo me ha hecho sacar la calculadora del cajón. El Ayuntamiento de el Puerto (Cádiz) se ve obligado a cerrar una residencia municipal de diecisiete plazas (de las que sólo trece estaban ocupadas) porque ya no puede soportar el déficit de medio millón de euros al año que genera en las arcas municipales. El Ayuntamiento se compromete a encontrar una solución para los residentes e intentará buscar soluciones a las dieciséis empleadas de la residencia.
Esta dolorosa media la tiene que tomar el Ayuntamiento como parte del plan de ajuste "al que el Gobierno central obliga para acogerse al Real Decreto de pago a proveedores" (textual en la noticia).
El Ayuntamiento (PP) culpa de la medida a la Junta de Andalucía (PSOE) por no haber construido una residencia concertada en el municipio cuando el consistorio ofreció unos terrenos, o sea, que junto a la historia aparecen las derivadas políticas de rigor.
Hasta aquí la noticia. Ahora saquemos la calculadora:
¿16 empelados para atender a 13 residentes? ¿500.000 Euros anuales de déficit con 13 plazas ocupadas?
Si la noticia no miente, el Ayuntamiento de el Puerto ha estado gastando por cada plaza 3.205,12€ al mes, por tenerlos ¡En un piso! Y encima, cuando toman la decisión de cerrar no lo hacen porque el coste sea exagerado sino porque "les obliga" un Real Decreto del Estado. En dos palabras ¡qué vergüenza!
Si hacemos un cálculo rápido, con un precio de concertación en Andalucía rondando los 1.400€ y con un copago bajo de un 8% resultaría que a la administración le puede costar aproximadamente tener a un residente en una residencia privada concertada unos 1.300€ al mes. O sea, que por el déficit que genera la residencia de El Puerto, se podrían acoger a 32 personas en vez de a 13.
¿No resulta escándaloso que durante los años en que se ha generado ese déficit la administración haya robado a 19 dependientes que precisaban de un servicio la posibilidad de acceder a él sencillamente porque estaba tirando el dinero en una residencia ineficiente?
¿Cuántos ayuntamientos más, de esos que deben miles de millones a sus proveedores han dilapidado nuestro dinero manteniendo establecimientos claramente ineficientes?
¿No sería hora ya que todas las administraciones que gestionan directamente servicios públicos hiciesen un ejercicio de análisis de eficiencia?
Hoy leo también el periódico digital Público que el recorte en el nivel concertado de la Ley de Dependencia dejará a 265.000 dependientes sin cobertura. Yo me pregunto ¿y cuántos ha dejado sin cobertura la ineficiencia de nuestros gobernantes a la hora de elegir sistema de prestación de servicios?
Si a las administraciones les cuesta el doble o más atender a dependientes en establecimientos públicos que en concertados o gestionados y no nos explican qué justifica esa diferencia de coste, nos están ocultando una parte importante del motivo de la situación en la que nos encontramos ahora. Si existe esa justificación, como ciudadano quiero saberla. Si no existe, exijo soluciones.
Este año nos han subido el IRPF y todavía pienso que nos subirán el IVA. Si es indispensable, sea. Pero sólo si por otro lado se eligen los sistemas más eficientes para prestar los servicios públicos que las leyes garantizan.
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