La Generalitat de Cataluña ha vuelto a utilizar el verano para dar un palo a las personas dependientes y a quienes se dedican a cuidarlos. Y lo ha hecho encadenando dos anuncios:
Por un lado, ha comunicado a las residencias concertadas y colaboradoras cuál será el procedimiento que tendrán que seguir para cobrar algunos de los atrasos que tiene ICASS con ellas desde el año pasado y hasta hace poco. Este anuncio supone que, a mediados de Septiembre de 2013 las residencias que acogen a usuarios financiados por la administración, finalmente podrán cobrar los servicios que prestaron en Mayo de 2012.
¿Es esto el fin de los atrasos en los pagos? No.
Las residencias colaboradoras (un sistema de financiar estancias en residencias que lleva cinco años como algo "a extinguir" debido a que no apareció en la Ley de Serveis Socials de 2007) seguirán sin cobrar por las estancias de los residentes que han ingresado durante 2013. Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende la cantidad que debe la Generalitat por este concepto pero cada residencia sabe lo que de deben a ella y no hay que ser un genio para saber que hablamos de millones de euros.
ICASS dice que no puede pagar esos nuevos ingresos porque no hay presupuesto de la Generalitat para 2013 por lo que no hay mecanismo legal para pagar. ¿Y por qué no hay presupuesto de 2013? se preguntarán algunos. Es algo muy complejo, depende del cálculo estratégico que hacen los partidos políticos; depende del déficit asignado, depende del grado justo de tensión entre el gobierno del Estado y el de Catalunya que se desee mantener. De lo que no depende en absoluto es de lo que puedan hacer o decir las residencias colaboradoras o los residentes que en ellas viven.
Encima las residencias colaboradoras, debido a su peculiar situación jurídica, viven en una especie de "purgatorio administrativo". De hecho la Generalitat a ellas no les debe nada.
Las residencias colaboradoras tienen un convenio con la administración que les permite acoger a usuarios que reciben una ayuda pública. Ésta, por comodidad, la paga directamente la Generalitat a las residencias aunque jurídicamente la ayuda la recibe el residente. Por eso, las residencias colaboradoras sólo facturan a los residentes por la totalidad de lo que reciben del mismo y del ICASS, a diferencia de las residencias concertadas que facturan la totalidad al ICASS aunque una parte la reciban del residente. ¿Parece complicado? Realmente es perverso. Como decía antes, la Generalitat no debe nada a las residencias colaboradoras, se lo debe a los residentes. Pero las residencias colaboradoras no pueden reclamar nada a los residentes (porque lo prohíbe el convenio que han firmado con ICASS) ni tampoco al ICASS debido a que no es el deudor. Ciertamente perverso.
Para acabar de redondear la situación, esta vez ICASS también ha querido tocar a quiénes hasta ahora parecían sufrir de otra forma aunque no por los impagos, las residencias acreditadas que acogen a beneficiarios de la Prestación Económica Vinculada (PEV). Pues bien, para ellas ICASS ha guardado una sorpresa especial: Durante dos meses (Agosto y Septiembre) no habrá nuevos ingresos de beneficiarios de PEV.
Da igual quién clame qué. Da igual que patronal, sindicatos y múltiples asociaciones hayan dicho que esto es un ataque frontal al derecho establecido por la Ley de Dependencia y la Llei de Serveis Socials de Catalunya. El caso es que alguien ha pensado que una medida, que según la consellera Munté afectará a 500 personas (las patronales lo elevan al doble) y según algunos medios ahorrará 1,5 millones de Euros, vale la pena.
Si de verdad la medida que han tomado va a suponer un "ahorro" de un millón y medio y a cambio están dispuestos a leer historias personales como las que ahora empiezan a aparecer en los periódicos sobre familias a quiénes se pone al borde del desastre y a quemarse aún más, es que algo o alguien dentro del Departament de Benestar Social i Família no está funcionando como debiera.
Me cuesta creer que todos los afectados por la medida se mueran durante estos dos meses por lo que lo que pasará, salvo que la perpetúen, es que en Octubre llegarán muchas más solicitudes que habrá que atender. ¿No existirían otras medidas que pudieran mantenerse en el tiempo y encima ahorrasen dinero de forma permanente?
Si existen, el equipo de la Sra. Munté no parece saberlas encontrar.
Quizás es una imposición desde "Economía", pero en ese caso, el problema es que la Sra. Munté no ha sabido explicar y convencer a sus colegas de gabinete, que los servicios sociales tienen la capacidad de convertirse en un avispero con mucha facilidad.
Cada dos residentes generan un puesto de trabajo estable. Cada Euro gastado en atención a la dependencia genera retornos de entre la mitad y más de lo invertido (lo dicen diferentes estudios). Encima, lo que se gasta en servicios genera riqueza mientras lo que se gasta en prestaciones económicas se disuelve en parte en la economía sumergida.
La última reforma de la Ley de Dependencia rebajaba un 15% la cantidad de las prestaciones económicas vinculadas de forma lineal y permitía a las comunidades autónomas aplicar una rebaja adicional de otro 15%. Catalunya no la aplicó. ¿Se estudió la posibilidad rebajar, pero no para ahorrar sino para gastar ese dinero en prestaciones de servicios (residencias, centros de día y ayuda a domicilio)? Si lo hicieron no lo dijeron.
No tengo ningún motivo para dudar de la capacidad de trabajo, honradez e inteligencia de la consellera Neus Munté. Lo que sí me temo es que le falta, hoy por hoy, el peso político y experiencia que tenía Josep Lluís Cleries y que vendría muy bien para afrontar los problemas en que estamos y los que se nos avecinan.
Estoy de acuerdo con que Catalunya recibe una financiación desde el Estado totalmente insuficiente. Que, en concreto la financiación del sistema de dependencia roza la mezquindad y se aleja muchísimo de lo que se preveía en la Ley de Dependencia. Pero esas injusticias venidas de fuera no pueden justificarlo todo. Alguien en las reuniones de gabinete debería tener la autoridad y fuerza para hacer reflexionar seriamente a sus colegas consellers de las consecuencias que algunas medidas pueden tener en las personas más merecedoras de la solidaridad pública.
Durante un tiempo (poco a mi gusto) Josep Lluís Cleries era esa persona. Yo sigo preguntándome ¿por qué lo cambió Mas?
