¿POR ESTO CAMBIARON A CLERIES?

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a utilizar el verano para dar un palo a las personas dependientes y a quienes se dedican a cuidarlos. Y lo ha hecho encadenando dos anuncios:

Por un lado, ha comunicado a las residencias concertadas y colaboradoras cuál será el procedimiento que tendrán que seguir para cobrar algunos de los atrasos que tiene ICASS con ellas desde el año pasado y hasta hace poco.   Este anuncio supone que, a mediados de Septiembre de 2013 las residencias que acogen a usuarios financiados por la administración, finalmente podrán cobrar los servicios que prestaron en Mayo de 2012.

¿Es esto el fin de los atrasos en los pagos?  No.

Las residencias colaboradoras (un sistema de financiar estancias en residencias que lleva cinco años como algo "a extinguir" debido a que no apareció en la Ley de Serveis Socials de 2007) seguirán sin cobrar por las estancias de los residentes que han ingresado durante 2013.  Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende la cantidad que debe la Generalitat por este concepto pero cada residencia sabe lo que de deben a ella y no hay que ser un genio para saber que hablamos de millones de euros.

ICASS dice que no puede pagar esos nuevos ingresos porque no hay presupuesto de la Generalitat para 2013 por lo que no hay mecanismo legal para pagar.  ¿Y por qué no hay presupuesto de 2013? se preguntarán algunos.    Es algo muy complejo, depende del cálculo estratégico que hacen los partidos políticos; depende del déficit asignado, depende del grado justo de tensión entre el gobierno del Estado y el de Catalunya que se desee mantener.  De lo que no depende en absoluto es de lo que puedan hacer o decir las residencias colaboradoras o los residentes que en ellas viven.

Encima las residencias colaboradoras, debido a su peculiar situación jurídica, viven en una especie de "purgatorio administrativo".  De hecho la Generalitat a ellas no les debe nada.

Las residencias colaboradoras tienen un convenio con la administración que les permite acoger a usuarios que reciben una ayuda pública.  Ésta, por comodidad, la paga directamente la Generalitat a las residencias aunque jurídicamente la ayuda la recibe el residente.  Por eso, las residencias colaboradoras sólo facturan a los residentes por la totalidad de lo que reciben del mismo y del ICASS, a diferencia de las residencias concertadas que facturan la totalidad al ICASS aunque una parte la reciban del residente.  ¿Parece complicado?  Realmente es perverso.  Como decía antes, la Generalitat no debe nada a las residencias colaboradoras, se lo debe a los residentes.  Pero las residencias colaboradoras no pueden reclamar nada a los residentes (porque lo prohíbe el convenio que han firmado con ICASS) ni tampoco al ICASS debido a que no es el deudor.  Ciertamente perverso.

Para acabar de redondear la situación, esta vez ICASS también ha querido tocar a quiénes hasta ahora parecían sufrir de otra forma aunque no por los impagos, las residencias acreditadas que acogen a beneficiarios de la Prestación Económica Vinculada (PEV).  Pues bien, para ellas ICASS ha guardado una sorpresa especial:  Durante dos meses (Agosto y Septiembre) no habrá nuevos ingresos de beneficiarios de PEV.

Da igual quién clame qué.  Da igual que patronal, sindicatos y múltiples asociaciones hayan dicho que esto es un ataque frontal al derecho establecido por la Ley de Dependencia y la Llei de Serveis Socials de Catalunya.  El caso es que alguien ha pensado que una medida, que según la consellera Munté afectará a 500 personas (las patronales lo elevan al doble) y según algunos medios ahorrará 1,5 millones de Euros, vale la pena.

Si de verdad la medida que han tomado va a suponer un "ahorro" de un millón y medio y a cambio están dispuestos a leer historias personales como las que ahora empiezan a aparecer en los periódicos sobre familias a quiénes se pone al borde del desastre y a quemarse aún más, es que algo o alguien dentro del Departament de Benestar Social i Família no está funcionando como debiera.

Me cuesta creer que todos los afectados por la medida se mueran durante estos dos meses por lo que lo que pasará, salvo que la perpetúen, es que en Octubre llegarán muchas más solicitudes que habrá que atender.  ¿No existirían otras medidas que pudieran mantenerse en el tiempo y encima ahorrasen dinero de forma permanente?

Si existen, el equipo de la Sra. Munté no parece saberlas encontrar.

Quizás es una imposición desde "Economía", pero en ese caso, el problema es que la Sra. Munté no ha sabido explicar y convencer a sus colegas de gabinete, que los servicios sociales tienen la capacidad de convertirse en un avispero con mucha facilidad.

Cada dos residentes generan un puesto de trabajo estable.  Cada Euro gastado en atención a la dependencia genera retornos de entre la mitad y más de lo invertido (lo dicen diferentes estudios). Encima, lo que se gasta en servicios genera riqueza mientras lo que se gasta en prestaciones económicas se disuelve en parte en la economía sumergida.

La última reforma de la Ley de Dependencia rebajaba un 15% la cantidad de las prestaciones económicas vinculadas de forma lineal y permitía a las comunidades autónomas aplicar una rebaja adicional de otro 15%.  Catalunya no la aplicó.  ¿Se estudió la posibilidad rebajar, pero no para ahorrar sino para gastar ese dinero en prestaciones de servicios (residencias, centros de día y ayuda a domicilio)? Si lo hicieron no lo dijeron.

No tengo ningún motivo para dudar de la capacidad de trabajo, honradez e inteligencia de la consellera Neus Munté.  Lo que sí me temo es que le falta, hoy por hoy, el peso político y experiencia que tenía Josep Lluís Cleries y que vendría muy bien para afrontar los problemas en que estamos y los que se nos avecinan.

Estoy de acuerdo con que Catalunya recibe una financiación desde el Estado totalmente insuficiente.  Que, en concreto la financiación del sistema de dependencia roza la mezquindad y se aleja muchísimo de lo que se preveía en la Ley de Dependencia.  Pero esas injusticias venidas de fuera no pueden justificarlo todo.  Alguien en las reuniones de gabinete debería tener la autoridad y fuerza para hacer reflexionar seriamente a sus colegas consellers de las consecuencias que algunas medidas pueden tener en las personas más merecedoras de la solidaridad pública.

Durante un tiempo (poco a mi gusto) Josep Lluís Cleries era esa persona.  Yo sigo preguntándome ¿por qué lo cambió Mas?

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SE APUNTA AL "BAILE DEL ENDOSE DE LAS PEVS"

Las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), esas prestaciones económicas que reciben los dependientes para que puedan pagarse servicios acreditatos, llevan un tiempo siendo centro de atención por un pequeño matiz: ¿Quién debe cobrarlas?.

Según el texto de la Ley de Dependencia parece que es el ciudadano quien debiera hacerlo ya que se trata de una prestación económica y lo más lógico es que la cobre el beneficiarios.  Ahora bien, existe la posibilidad de que, si este beneficiario se encuentra viviendo en una residencia, en vez de pagarle a él (o ella) para que a su vez pague a la residencia, la administración pague directamente a la residencia.

Los que levan unos años en el sector recordarán que esta discusión se tuvo hace unos quince años cuando se implantó el sistema de "colaboración" (Programa de Suport a l'Acolliment Residencial), que se parece mucho a la PEV.  Entonces algunas residencias se quejaban de que algunos residentes cobraban la ayuda pero no la pagaban a la residencia.  Se pensó entonces en que los residentes podían "endosar la prestación" como si fuese un cheque de forma que cobrase directamente el centro.  Fue pasando el tiempo y, con el sistema de entonces, en el que cada año había una convocatoria, el sistema de pago directo se acabó imponiendo.

A medida que se ha ido desarrollando y aplicando la Ley de Dependencia (LAPAD) y que en Cataluña las PEV han ido tomando relevancia estadística la cuestión se vuelve a plantear:  Algunas residencias, que han visto como en casos puntuales un residente o sus familiares no les pagaban la PEV, preferirían cobrarla directamente pero muchos otros temen que si se efectua el endose la Generalitat puede dejar de ser diligente en los plazos de pago.  Tienen cierto fundamento ya que, en las ocasiones en que la Generalitat ha anunciado una suspensión en el pago (Septiembre de 2011 y Julio de 2012), ésta no ha afectado a las PEV com sí lo ha hecho con la colaboración, concierto y contratos de gestión. Ver lo que dije en Agosto de 2012.

La situación se plantea peculiar.  ICASS ha invitado mediante carta a las residencias acreditadas a dar los datos bancarios para recibir directamente el dinero.  Algunas residencias lo han entendido como una presión, pero desde ICASS nos han asegurado de que no hay presión sino opción. 

El resultado es que existe algo de confusión.  Las residencias están optando pero las que prefieren no endosar se sienten un poco intranquilas.

Ahora el Ayuntamiento de Barcelona entra en el baile enviando a las residencias que acogen a usuarios de un programa de atención urgente a personas mayores un mail en el que les dicen textualmente "Entendemos que es importante para nuestro servicio que las residencias donde se ubican las plazas de SAUV hayan aceptado el endose".

¿Que quiere decir que "es importante"?  ¿Y por qué puede ser importante para el Ayuntamiento de Barcelona un aspecto burocrático de gestión de una prestación sobre la que no tiene ninguna competencia? Si, "es importante" lo te dice una persona corriente se puede entender una cosa, si te lo dice quien, en una situación como la actual, te está ocupando algunas plazas de la residencia es fácil entender "Como no aceptes el endose olvídate de las plazas de SAUV".

Entiendo que ante "lo importante" que es para el Ayuntamiento las residencias receptoras del mensaje hayan corrido a aceptar el endose.

Lo que no acabo de entender es cómo pueden lCASS, el Ayuntamiento o las residencias decidir cómo se cobran o dejan de cobrar las PEVs.  En mi ignorancia creo que de alguna manera habría que hacer participar al beneficiario de la ayuda y que deberían ser el o la dependiente quien decidiese cobrar directamente o que se pague al centro.  ¿Escuchar la opinión del beneficiario de la prestación?  Eso sí es importante.