Siguiendo con la entrada anterior. Estos días he estado hablando con representantes de las patronales que negocias el convenio y he leído una carta que ACRA (patronal catalana más representativa) ha enviado a sus asociados tratando sobre la falta de tablas salariales.
La pregunta que se están haciendo muchas residencias es qué tienen que pagar en las nóminas a los trabajadores. La respuesta que he recibido es que, en principio, lo mismo que en 2010 debido a que no hay tablas salariales de 2011. Si alguien quiere aplicar una subida (recordemos que lo que aparece en el convenio es IPC+2, o sea 5%) se debería hacer constar claramente que es una cantidad "a cuenta de convenio".
ACRA da una completa explicación a sus asociados sobre cómo proceder si se opta por utilizar el mecanismos de la "inaplicación" del convenio.
Ahora todo depende del acuerdo a que lleguen las partes.
Febrero 2011
ResponderEliminarSegún las tablas salariales del V convenio 2010, un/a auxiliar de geriatría gana 908,14 €, un/a recepcionista 892 € (por ejemplo), si tienen la suerte de trabajar a jornada completa. La mayoría de estos profesionales tienen contratos de 37, 35, 27 y 22 horas semanales, e incluso menos. Esto mismo ocurre con el resto de categorías profesionales.
Es intolerable y clama al cielo que la patronal se niegue a aplicar el incremento salarial previsto en el convenio, por otra parte tan precario, del IPC real (3%) más 2 puntos y 18 € de plus de festividad, para el año 2011.
Parece ser que se culpabiliza a los/as trabajadores/as de todos los males que está sufriendo el sector socio sanitario, en concreto el de la dependencia. Cuando la realidad es que en este sector están irrumpiendo empresas multiservicios vinculadas a grandes Holdings en su mayoría de empresas de la construcción (FSyC, VALORIZA, etc.), que están arrasando y consiguiendo la adjudicación de la gestión de estos servicios, porque revientan los precios, aunque después no logren los objetivos. La sensación es que a la administración, le da igual.
Es evidente que como consecuencia de estos bajos presupuestos tienen que aplicar recortes y esto incide sobre la calidad del servicio que se les da a los usuarios (alimentación, material higiénico, etc.) y en las condiciones laborales del personal.
Alguien debería fiscalizar a estas empresas, que bajo una pantalla de organización sin ánimo de lucro, en realidad, se aprovecha de la precariedad para conseguir beneficios.
Por otro lado y en el terreno de las cualificaciones profesionales a los/as trabajadores/as del sector se les obliga a validar su experiencia laboral antes del año 2015, ya que se ha creado el GM -TAS (grado medio de técnico asistente socio sanitario) y la administración no tiene la infraestructura necesaria para poder validar a estos/as profesionales; no hay suficientes centros acreditados, ni plazas, ni evaluadores.
En el caso de que un profesional accediera, cosa bastante improbable hoy por hoy, de forma individual y consiguiera una plaza para validarse, el coste económico, recaería sobre él/ella.
A este fin, las empresas pueden firmar convenios de colaboración con el departamento de educación (según comunidad autónoma) pero estas empresas oportunistas, en su mayoría no lo hacen, porque si en el año 2015 no tienen validado al 100% de su personal (como les obliga la ley), podrán deshacerse de él. Es evidente que todas aquellas personas que tengan condiciones laborales superiores a las estipuladas en el V convenio, serán despedidas.
La administración, ¿habrá calculado debidamente este daño colateral?
Para el año en cuestión un sinfín de trabajadores/as en su mayoría mujeres, mayores de 45 años y muchas de ellas emigradas, se quedarán en el paro, con el riego de exclusión social que para este colectivo esto significa.
Lo contradictorio es que todavía se están impartiendo cursos de formación ocupacional de auxiliar de geriatra por parte de organismos dependientes de las administraciones (SOC, INEM, etc.) que no proporcionan un certificado homologado para trabajar en el sector. Actualmente no se contrata a nadie que no posea al menos, el certificado de profesionalidad. Se están despilfarrando fondos públicos en estas acciones formativas, que solo sirven para proporcionar mano de obra gratis a empresas como las mencionadas anteriormente, en el periodo de prácticas de las mismas.
PODRÍAMOS VER LA CARTA DE ACRA. ESTA PLATAFORMA SOLO PUBLICA PARA SUS ASOCIADOS Y LOS EMPLEADOS DEL SECTOR, TAMBIÉN TENEMOS DERECHO A SABER LO QUE OPINA Y DICE LA PATRONAL.
ResponderEliminarGRACIAS