El nuevo gobierno catalán no parece dispuesto a seguir con la verbena de la Dependencia y quiere, de verdad conseguir aquello que la Ley quería: que los grandes dependientes recibiesen prestaciones de servicios.
En 2006 se aprobó una Ley de Dependencia porque se veía que las personas que necesitaban apoyo para las actividades de la vida diaria no recibían una atención homogénea en las diferentes comunidades autónomas y, en la mayoría de casos quedaban excluidas del mismo. Se intentó crear un instrumento generador de un derecho homogéneo y se estableció un sistema progresivo de aplicación, empezando por los grandes dependientes.
Después estalló la crisis.
Cada año se han ido incorporando nuevos dependientes al sistema: se han valorado, se han redactado los PIAS y se han ido pagando las prestaciones. El problema es que en cada comunidad se ha hecho de forma diferente y en casi todas, se han ido produciendo atrasos en la tramitación y en los pagos. La respuesta del Sistema ha sido deficiente de forma que hoy existen 230.000 personas en el limbo de la dependencia (con derecho a recibir “algo” pero sin concreción porque no tienen PIA).
A la disparidad de criterios y los atrasos burocráticos hay que sumar la constricción de gasto lo que aún agrava más la situación.
La reacción del gobierno, en vez de ser la de contener la entrada de nuevos beneficiarios con menos necesidad de atención, ha sido la de poner parches y gestos vacuos.
Ahora el nuevo conseller catalán, con la tranquilidad que da poder echar la culpa a los anteriores inquilinos por los desperfectos del piso, dice que la situación es insostenible, que hay que tomar medidas drásticas y anuncia la paralización de la entrada de los dependientes moderados en el sistema.
Estoy totalmente de acuerdo con la intención del conseller. Si se puede utilizar la mayor parte del dinero para atender a los más dependientes y dejamos para más adelante la atención a la dependencia moderada, mejor.
El problema es que le resultará muy difícil a la Generalitat llevar a cabo lo que pretende porque la Ley genera el derecho y es muy posible que las personas valoradas como dependientes moderados reclamen su PIA y su dinero (hasta 180 Euros al mes), diga lo que diga la Generalitat.
La moratoria se tendría que haber aprobado antes del uno de Enero de 2011. Pero nuestros gobernantes estaban en otras cosas.
De momento el conseller está diciendo cosas con las que estoy muy de acuerdo. Ahora falta la segunda parte ya que recordemos que una cosa es predicar y otra repartir trigo.
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