La mayor parte de los servicios de ayuda a domicilio (SAD) que se prestan en España con gestionados por ayuntamientos. Así mismos hay municipios que gestionan residencias municipales, en muchos casos, asumiendo los déficits que éstas generan.
Aunque para la mayor parte ha pasado desapercibido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor en Enero de este año tiene entre sus finalidades hacer que sean las comunidades autónomas las que asuman las competencias de casi todos los servicios sociales (dejando a los Ayuntamientos únicamente funciones de información y atención urgente). Eso quiere decir que esas residencias y SAD municipales, si todo va como la Ley prevé, serán gestionados por la comunidad autónoma correspondiente.
Digo "si todo va como la Ley prevé" porque hay grandes obstáculos en el camino:
La Ley establece un periodo de dos años para que se produzca el traspaso de competencias. Lo que las comunidades, ayuntamientos y ministerio de Hacienda deben hacer durante ese período es muy complejo y laborioso y coincidirá en el tiempo con unas elecciones, cosa que generará aun más incertidumbres.
Además el texto legal deja abierta la puerta a que las comunidades puedan delegar en los ayuntamientos la gestión de determinados servicios por lo que se podría producir un "traspaso de ida y vuelta" con el riesgo de que las cosas cambien para quedarse casi iguales.
A todo esto hay que sumar que el Tribunal Constitucional ha recibido varios recursos contra la Ley y que algunas comunidades autónomas se han manifestado, tan contrarias a la misma que se han planteado legislar para que no pueda aplicarse.
Y por si fuera poco, entidades como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha opuesto radicalmente a la Ley acusándola de destruir un modelo de servicios sociales municipalista aplicando una recentralización y atacando a la autonomía local.
En ese contexto, el Imserso me invitó antes del verano para participar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander impartiendo una clase dentro del curso Incidencia de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local en la organización y gestión de los servicios sociales por las Administraciones Públicas. Concretamente tenía que hablar de los "Retos planteados para la organización y gestión de los Servicios Sociales por la Ley".
Acepté encantado la invitación y he dedicado una parte importante de las vacaciones a estudiar la Ley a leer artículos y a hablar con profesionales del ámbito.
El resultado fue una clase que impartí el día 3 de Septiembre y que, recientemente he visto publicada en vídeo en la web de la Universidad.
Estoy preparando un texto sobre el contenido de la clase que espero poder publicar en el blog dentro de unos días. Muchas residencias geriátricas municipales deben estar un poco preocupadas.
Autor del post: Josep de Martí
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