viernes, 18 de octubre de 2013

FLEXIBILIZAR EN RESIDENCIAS. POR DÓNDE

Las comunidades autónomas siguen "retocando" los precios de concertación de plazas en residencias asistidas.  A veces rebajándolos directamente;  otras, valorando de forma más concienzuda a los dependientes de forma que los que hasta hace unos años habrían sido considerados "grandes dependientes" ahora lo sean sólo como "dependientes severos", o una combinación de ambas cosas. Mientras tanto, otra parte de la ecuación, o sea, lo que las residencias pagan a los trabajadores, ha subido de forma considerable durante los últimos años.

Este gráfico lo he sacado de la web de Comisiones Obreras, o sea, no es una invención mía:


No es original ya que lo puse en otro post en este blog en 2011, y pone de manifiesto cómo ha subido en los últimos años el salario del sector de la dependencia frente a la inflación debido a cómo se han negociado los convenios colectivos de la dependencia en épocas de vacas menos flacas.  Para ser justos hay que decir que el gráfico acaba en 2010 y que en los tres últimos años la tendencia ha cambiado.  Si alguien tiene el gráfico actualizado lo colgaré encantado.

Si la administración congela o baja los precios de concertación, hay más plazas libres en residencias geriátricas que hace unos años,  y bajan los precios privados de las residencias, el sector tiene un problema.  Si además una parte de la facturación se cobra tarde debido a los atrasos en los pagos por parte de las administraciones;  a la bajada de facturación se le une una constante tensión de tesorería.

Lo lógico en estos casos es intentar reducir costes, retrasar pagos y aumentar ingresos.

Muchas residencias han recortado en lo que han podido: han renegociado alquileres, han presionado para que sus proveedores les rebajen precios y acepten pagos atrasados.  En momentos de máxima tensión han dejado de pagar alguna paga extra pero, poco más han podido hacer.

El capítulo más importante dentro de la cuenta de resultados de una residencia es el de personal, eso quiere decir que, una residencia que, de verdad quiera reducir sus costes tiene dos opciones:  reducir el número de empleados o reducir el salario a los existentes.

El número de personas que trabaja en una residencia geriátrica viene marcado por un mínimo que establece la administración y por el nivel de atención que preste el establecimiento.  Existe una relación clara entre el número de "horas trabajadas" y atención que reciben los residentes (digo "horas trabajadas" y no número de personas para descontar el efecto del absentismo).  Por eso, en muchos casos resultará casi imposible reducir el número de personal, sobre todo si son gerocultores, sin que se vea afectada la calidad asistencial (Ofrecer la posibilidad de disfrutar de una adecuada calidad de vida a los residentes es una de las pocas cosas verdaderamente innegociables).

Existe la posibilidad de rebajar la dedicación de los profesionales que exige la normativa de acreditación (varía de una comunidad a otra pero suelen ser: médico, enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador social y trabajador social) manteniendo la presencia de todos los perfiles (o sea, reducir "alguna hora" de terapeuta ocupacional o de psicólogo pero manteniendo un mínimo de horas para cada perfil).  El problema es que esas reducciones difícilmente suponen por sí solas un aligeramiento importante de los costes.  Además, resultaría ridículo considerar adecuado que una residencia de cincuenta plazas tuviese, por ejemplo, dos horas a la semana de terapeuta ocupacional "únicamente para cumplir la ratio".

O sea, que al igual que cuando el gobierno se plantea la reducción de costes, la rebaja salarial se acaba mostrando como la medida más efectiva y rápida.

Sé que es terrible hacerlo ya que los salarios que hay en la actualidad son bajos aunque hayan subido por encima de la inflación durante más de diez años.  Si alguien quiere leer lo que piensan los que serían receptores de la rebaja de salario sólo tiene que ir a una entrada del blog de Enero de 2011 titulada "¿Qué pasa con las tablas salariales de 2011?" y bajar hasta las opiniones de los visitantes:

"900 euros con pagas extras incluidas"
"Ahhhh tampoco pagan la subida correspondiente en convenio ni atrasos por la aplicación del convenio que me digan a mi como se vive con 900 euros y trabajando festivos y fines de semana"
"Este mes he cobrado 820 euros. Me quitan un 11,5% de IRPF. Estoy separada y con tres hijos."

Son frases reales que dejan bien claro que la rebaja de salarios que estoy propugnando  estaría recayendo en personas a las que ya hoy les cuesta mucho llegar a final de mes. O sea, que, sólo debería adoptarse si no hay otra solución mejor o menos mala.

Pensemos en algunas:

La más fácil es "No hacer nada, a ver qué pasa".

La opción anterior tiene variantes como "Vamos a consensuar entre todos" o "Creemos una comisión".  Al final se obtienen los mismos resultados que con la primera pero durante un tiempo parece que se hace algo y a veces "lo que pasa" es que da la sensación de que el problema se "está resolviendo".

El problema de las opciones anteriores es que no suelen funcionar y sólo empeoran las cosas de forma que, cuando al final hay que tomar alguna medida real ésta resulta aún más dolorosa.  (¿Qué hubiese pasado si algunas políticas de 2013 se hubiesen tomado hace cuatro?)

Otra es considerar que los propietarios de las residencias han ganado mucho dinero en el pasado por lo que ahora les toca "sufrir un poco".  Quien defienda esa opción puede pensar que los empresarios deberían endeudarse para pasar la mala racha sin tocar las condiciones de los trabajadores y, cuando las cosas vuelvan a ir bien, ya recuperará lo que ahora haya perdido.  El problema es que, incluso si quisiéramos aceptarla tenemos el problema de que las residencias no encuentran quién les deje el dinero para "pasar la tempestad".  Es más, muchas ya se han endeudado en condiciones onerosas y ahora deben contar entre sus gastos la carga financiera.  Yo creo que este es el escenario con el que trabaja la administración.  Saben que los empresarios de la atención a personas mayores lucharán con uñas y dientes para mantener las residencias. Saben que los residentes y sus familiares están bien cuidados y no querrán irse, por eso van atrasando la toma de decisiones.

Algo aún más radical es cerrar las residencias, despedir a todo el mundo, pagar lo que se pueda y... adiós.   Esta opción también tiene variantes como "malvender" sólo para quitarse de en medio y dejar la patata caliente de los alquileres y nóminas al siguiente.

La opción "cierre" que ya se han visto obligadas a tomar un buen número de residencias supone que los empleados se quedan en el paro tras cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado, más una prestación de desempleo del 70% de la base reguladora.  Los residentes vuelven a sus casas y, quizás los beneficiarios de ayudas públicas empiezan a cobrar la "paguilla de la dependencia" en forma de prestación para el cuidador no profesional.

Viendo que ninguna alternativa es "buena" y, poniéndome en la piel de alguien que, como quien opinó en este blog, gana 900 Euros al mes trabajando algunas veces de noche y en fines de semana, me pregunto ¿Preferiría aceptar una rebaja del salario de 10% con un compromiso de mantenimiento del puesto de trabajo y de la jornada completa o ir al paro con la indemnización y la prestación durante unos meses?

Sé que es una pregunta perversa ya que consiste en obligar a elegir entre dos proposiciones negativas, pero es posible que tengamos que plantearla.

Seguro que me dejo algo, por lo que ruego a quiénes lean este post que opinen sin reservas. También, aunque he hablado con unos cuantos directores de residencia, me encantaría saber si lo que digo no tiene lógica por algún motivo.

Me encantaría que mi próximo post vaya sobre lo equivocado que estaba al escribir éste pero me temo que no será así.

Autor del post Josep de Martí