Si no fuese porque llevo tiempo defendiendo en que la Ley de Dependencia lleva tiempo muerta y que lo mejor que se podría hacer era derogarla y empezar de cero estaría de acuerdo con muchas de las críticas de José Manuel. Pero pienso lo que pienso.
Mi mayor crítica a la modificación es que los "ahorros" y mejoras de eficiencia que pueden obtener algunas de las medidas (como la desincentivación de la prestación económica para el cuidador familiar) no irán dirigidas a mejorar la atención vía prestación de servicios sino a reducir el déficit.
Recomiendo la lectura de la dura crítica de José Manuel Ramírez.
En espera de poder realizar un análisis más pormenorizado del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado hoy 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia y tras la primera revisión del mismo, la
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere manifestar lo siguiente:
1º.- El contenido del Real Decreto-ley supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de Dependencia burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española.
2º.- Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.
3º.- Entre las medidas adoptadas, queremos destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:
Se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 1 de julio de 2015 y se simplifica la valoración (baremo) a tres grados (sin niveles). Esto tendría sentido desde una óptica de “respiro” al sistema para propiciar su reordenación pero no es más que parte de la maniobra de desmantelamiento. La eliminación de niveles pone en peligro a las personas valoradas que, si son sometidas a revisión de grado “a la baja”, como ya se está haciendo, perderán derechos.
Se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre de las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real de las economías familiares. El borrador de Real Decreto sobre copago pendiente de aprobación incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes.
A cambio de este sacrificio se empeoran las atenciones y la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio.
En todo caso, siendo muy necesario regular y unificar el llamado “copago” para todas las CCAA, será imposible obtener recaudaciones por encima de 15% del total del coste actual del sistema, habida cuenta el bajísimo poder adquisitivo medio de la mayor parte de las personas atendidas (pensionistas).
Se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por 100. Si bien siempre hemos considerado y dicho que evidentemente se ha abusado de esta fórmula, convirtiendo la atención a la dependencia en una errónea política de rentas, hay que aclarar que el abuso de la misma ha sido provocado por las propias Administraciones Públicas, incapaces de ofrecer una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad. El Ministerio, por boca de su Secretario de Estado, se ha permitido incluso el lujo de criminalizar a los/as familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones. De existir el mismo, persígase con contundencia. Las/os profesionales nos ponemos a su disposición para ello. Pero de no existir o tratarse de hechos aislados, exigimos una rectificación pública por cuento pone en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben e una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido (estimado en 285 millones en el primer año) no se reinvierte en servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza.
Además, se crea un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas por cuidados en el entorno de forma que una vez que la persona devenga derechos (desde la resolución que reconoce la prestación y en todo caso al sexto mes de presentada la solicitud). Por lo tanto, una persona que presenta solicitud, que resulte dependiente de Grado II o III y a la que se prescriba prestación económica por cuidados en el entorno familiar tardará –de facto- dos años y medio en devengar importes.
Se suspende la retroactividad de estas prestaciones para aquellas personas que ya se encontraban en situación generar derechos por las mismas. Las cuantías devengadas hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley se podrán abonar por las administraciones a plazos durante los próximos ocho años.
Se eliminan las compatibilidades entre servicios. Esto impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. La tragedia de tener acceso a un centro de día y no poder acudir al mismo por la desatención para levantarse y asearse (ayuda a domicilio) podría ser un claro ejemplo de la ignominia de las decisiones adoptadas.
Se “revisa” el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en que las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores/as, pueden voluntariamente permanecer en dicho régimen, siempre y cuando abonen por sí mismos la totalidad de la cotización.
4º.- En materia de financiación del sistema, se reduce en más de un 13 por 100 las cuantías a entregar por parte de la Administración Central a las CCAA, de manera que se abunda en el recorte que pone en claro peligro la sostenibilidad del sistema. Esta medida es especialmente sangrante por cuanto afecta con mucha más dureza a las Comunidades Autónomas que hicieron mejor los deberes y atienden a más ciudadanos y mayoritariamente con servicios. Resulta insólito y constituye una flagrante deslealtad institucional que esta reducción del nivel mínimo no se haya siquiera negociado en el seno del Consejo Territorial, sino que se ha tratado de una medida sorpresiva para el conjunto de Comunidades Autónomas.
A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar –por tanto- 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar, y, al menos, otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado, para un total de ahorro para la AGE en un año de 700 millones de euros. Por su parte, las CCAA dejarán de gastar en su conjunto un total de 300 millones en prestaciones económicas y eliminación de retroactividades (bien es cierto que esto solo favorecerá a las “lentas” y prestacionistas y no afectará apenas a las que ofrecen servicios.
A la espera de realizar análisis más profundos sobre el texto y sus consecuencias, contando con otros elementos también gravosos para la ciudadanía como es la subida del IVA de los servicios sociales de mercado, podemos afirmar con absoluta desolación que la reforma de la Ley 39/2006 es un atentado contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un destrozo en la política social de España.
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