lunes, 16 de julio de 2012

EMPIEZA EL BAILE DE NÚMEROS

Dos de las medidas de recorte de la Ley de Dependencia son la reducción en un 15% de las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar y la retirada del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores.  Esta prestación es aquélla que tendría que haber sido excepcional según la Ley  pero que de verdad supone la mitad del total.  En mi opinión la medida que se adopta no tiene nada que ver con la racionalización del sistema (tendrían que haber tomado medidas para que ese tipo de prestación fuese realmente excepcional pero han optado por desincentivarla rebajando la cuantía de la prestación), sino con la necesidad de reducir el déficit público.  Lo cierto es que la cantidad que se reduce en la prestación es, más o menos  la que el Estado piensa dejar de transferir a las Comunidades Autónomas con lo que no estamos ante una "redistribución del gasto entre prestaciones económicas y de servicio" sino ante una pura reducción.  Si alguna Comunidad quiere tomar dinero de la "prestación para el cuidador no profesional" y gastarlo en servicios tendrá que aplicar un descuento adicional por encima del 15%.

Esto hay que tenerlo en cuenta ya que, si no, resulta difícil entender noticias como la aparecida hoy en El Diario de León donde se dice que la Junta ahorrará 1,4 millones al mes con la rebaja de la prestación y donde también se dice que "Castilla y León va a rebajar esas ayudas por encima de ese porcentaje mínimo establecido para potenciar la asistencia profesional".  Lo cierto es que esa comunidad sólo ahorrará dinero si gasta menos e ingresa lo mismo.  Si la transferencia que recibe para afrontar los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia se reducen, entonces no habrá ahorro alguno, y eso es exactamente lo que ha pasado.

Otra de las modificaciones introducidas a la Ley que tendrá un efecto económico, pero sobre todo  humano, es la ampliación del plazo de generación de derecho por inactividad de la administración.  Esto quiere decir, cuánto tiempo tiene que esperar alguien que objetivamente tiene derecho a recibir un servicio o prestación de la Ley para recibirlo efectivamente si la administración competente no hace lo que tiene que hacer.

Recordemos que la Ley original, la de 2006 decía que el derecho se generaba desde la solicitud de valoración de forma que una persona a la que la administración tardaba ocho meses en reconocer sus derechos podía pedir los atrasos.  Después, gobernando Zapatero, se introdujo un cambio y se estableció que era a partir del sexto mes cuando se generaba el derecho.  Ahora se alarga "un poco más" hasta situarlo en los ¡dos años!.  No sé cuánto se dejará de pagar por esta medida pero, sinceramente creo que aquí sí que hay ahorro y que esta es la "puntilla" que acaba con la Ley tal como la conocemos.

El plazo de dos años hace desaparecer la universalidad del derecho ya que supone que muchos grandes dependientes no llegarán a tiempo de cobrar porque, sencillamente, morirán en el camino.

La medida  se entiende mejor si la consideramos conjuntamente con la moratoria para la baja dependencia que, finalmente entrará en el sistema a partir de Julio de 2015 (pocos meses antes de las próximas elecciones generales, si no hay adelanto ¡Qué casualidad!).  Si consideramos ambas conjuntamente veremos que alguien que en  Julio 2015 solicite una prestación quizás no llegue a recibirla hasta Julio de 2017.

Otro anuncio que todavía no tiene plasmación en el BOE pero se comunicó la semana pasada es el establecimiento de un sistema común de copago en el que se tenga en cuenta la renta y el patrimonio y que establezca una cantidad máxima a pagar a las residencias de 1.600€/mes.  Como todavía no se ha publicado no sé si ese será el máximo que pueda pagar una comunidad (aplicándose sobre el mismo el copago) o se trata de la cifra máxima total.  Si es el segundo caso, nos encontraremos que algunas comunidades, como Cataluña, contemplan en su cartera de servicios un precio por plaza en residencia de gran dependencia de 1.869€/mes.  Todos esperan que aumentando el copago disminuirá el coste del sistema para las administraciones.  Yo me temo que, si no se cambia a fondo el sistema, las administraciones obtendrán un ahorro más grande del que esperan pero a costa del bienestar de muchas personas: Es más que probable que ante la tesitura de elegir entre el servicio que verdaderamente necesita la persona (una residencia, por ejemplo) afrontando un copago importante o mantener al mayor en casa cobrando 300€ al mes y manteniendo la pensión íntegra, muchas personas seguirán prefiriendo el dinero aunque no sean capaces de atender adecuadamente y aunque, en algunos casos, los cuidadores acaben poniendo en riesgo su propia salud en el cuidado.

El establecimento de un precio máximo a cobrar por las residencias que atiendan personas beneficiarias de la Ley de Dependencia no es bueno o malo en sí mismo.  Lo que sí es nefasto es establecer un precio máximo único cuando los requisitos para poder acoger a beneficiarios de la Ley son tan diferentes entre una comunidad y otra.  Las ratios de profesionales y la exigencia de perfiles profesionales determinados son muy diferentes de una comunidad a otra. También lo son los requisitos arquitectónicos y de funcionamiento por lo que unificar precio sin unificar requisitos resulta totalmente ilógico.

Llevo tiempo diciendo que la Ley de Dependencia murió y que lo que tenemos ya no es "aquélla Ley de que nos hablaron".  Lo intenté explicar en "La Gemela Siniestra" y parece que siguen empeñados en decirnos que la Ley sigue en vigor.

Yo me pregunto, ¿Para esto no sería mejor derogar la Ley del todo y volver al sistema anterior en el que cada comunidad autónoma cubría la atención a dependientes, utilizando su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, sin carácter universal (o sea cubriendo a quienes no tengan suficiente capacidad económica?  Aparentemente sería mucho más feo que lo que tenemos ahora pero reflejaría más fielmente la realidad.

No lo niego, yo preferiría una verdadera Ley de Dependencia centrada en la atención mediante servicios profesionales para los grandes dependientes, con criterios comunes de acceso, valoración, asignación de prestaciones, acreditación y un copago equitativo que alcanzase, en niveles altos de renta, el 100% del coste del servicio y que distinguiese entre costes hoteleros, asistenciales y sanitarios.  Reconozco que alcanzar el sistema que defiendo requeriría que las comunidades renunciasen a un pedacito de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, cosa que sé, en la actualidad no es más que un sueño.  Por eso creo que sería más sabio hacer lo mejor entre lo posible.