Al hilo de los sucesivos anuncios sobre las medidas de pago por medicamentos y recetas creo que es un buen momento para hablar de cómo se prescriben y se adquieren los medicamentos en residencias, algo que lleva una cola muy larga.
En cada comunidad autónoma funciona de una forma y, a veces, dentro de la misma hay variaciones según en qué ciudad se esté.
La cuestión de fondo es: quién debe prestar la atención sanitaria a los residentes, quién prescribe y en qué farmacias se compran los medicamentos.
Aunque en teoría todos los residentes son beneficiarios del sistema de sanidad público, lo cierto es que muchas residencias tienen contratados médicos que prestan la atención primaria a los residentes. Cada residencia tiene, entonces su sistema de convertir, prescripciones privadas realizadas por el médico de la residencia, en recetas oficiales (puede ser que la residencia esté en una zona en la que exista algún "programa específico" o, lo que es más normal, que haya llegado a un acuerdo informal con los médicos del ambulatorio para que al final puedan tenerse las recetas).
Una vez se tienen las recetas en la mano viene el siguiente dilema ¿dónde se llevan? Otra vez en teoría, cada residente lleva las recetas a la farmacia que quiera porque una residencia no es un centro sanitario sino un sustituto del hogar de forma que, desde la perspectiva de la sanidad pública los residentes son mayores que viven en su casa. La realidad es que la residencia lleva todas las recetas a la farmacia que le parece más conveniente.
Mientras el residente no ha tenido que pagar nada por el medicamento recetado las cosas han planteado poco problema. Es cierto que la residencia presta un servicio que no le corresponde pero al final los farmacéuticos acaban prestando algún servicio adicional que compensa en parte por el esfuerzo.
Las cosas empezaron a cambiar hace unos años cuando una serie de medicamentos salieron del ámbito de cobertura público (algunas vitaminas, laxantes..). Entonces, el hecho de que se prescribiesen y tuviesen que ser pagados directamente por el residente se convirtió en una carga administrativa. Había que apuntar y controlar más cosas y asumir también un mayor riesgo de impago.
Imaginemos cómo puede complicarse la gestión administrativa de las residencias cuando se apliquen las nuevas medidas.
Es posible que muchas residencias constituyan una especie de "depósito para medicamentos", o sea una cantidad de dinero que pague la familia o el residente por avanzado y que permita pagar "lo que a cada cual toque".
Además habrá que discernir entre residentes con copago del 10% y residentes sin copago. Habrá que hacer las sumas pertinentes para saber cuándo se alcanza el copago máximo y encima, si no se cambia, habrá que ir pagando la tasa de un Euro por receta en el caso de no estar exento de la misma.
Estoy seguro de que dentro de uno o dos años todo esto estará asimilado y se convertirá en rutina, pero también lo estoy de que la traducción será más horas de administración, o sea, un encarecimiento del servicio. Ese encarecimiento lo acabarán asumiendo los usuarios de plazas privadas que verán cómo la tarifa sube. ¿Qué pasará con los usuarios de plazas concertadas? Lo más seguro es que la administración no admita que se ha producido un mayor coste y que los usuarios de plazas privadas acaben asumiendo también el sobrecoste de las plazas públicas.
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