La tasa de un Euro por receta que se empezará a aplicar en Cataluña el próximo 22 de junio servirá, no tanto para recaudar como para desincentivar el gasto superfluo y evitar el "almacenamiento doméstico" de medicinas.
Entiendo que haya mucha gente que está en contra, pero yo no lo estoy. Es más estaría a favor de que cada vez que pides hora para visitar al médico de familia o al especialista tuvieses que pagar una cantidad. Como no soy un especialista en gestión o planificación sanitaria no sé cómo justificar exactamente la medida, pero como he viajado un poco y he visto que en países que considero "normales" como Francia, Alemania, Suecia o Dinamarca, todo el mundo paga algo cuando va al médico de la seguridad social, supongo que no sebe ser tan malo. Además, en la situación actual, si quiero que mis hijos puedan heredar algo de lo que tenemos, sé que tendremos que racionalizar y reducir muchas cosas.
Dicho esto, lo que me llama la atención son algunos efectos secundarios que pueden tener las medidas. En Cataluña, según leo, la tasa de un euro por receta se pagará a las oficinas de farmacia, lo que queda sin definir concretamente es cómo lo gestionarán las residencias, cuál será el coste de la gestión y quién lo pagará.
La situación de partida es que los residentes, todos de más de 65 años, no pagan nada por las recetas ni los medicamentos. La nueva situación es que habrá dos tipos de residente: los que quedan exentos de pagar "el euro por receta" y los que lo pagarán. Para los que lo paguen las residencias deberán prever cómo o cobran y lo pagan a las farmacias. Dentro de unos meses todo estará claro, cada residencia habrá establecido un sistema y las cosas funcionarán. Tenemos una experiencia previa en aquéllos medicamentos que no están cubiertos por la seguridad social. La única diferencia será que las residencias asumirán "un poquito más" de gasto de gestión, todo se reducirá en "unas horas más", o sea, como pasó con la protección de datos, riesgos laborales, planes de autoprotección, legionela.... Eso sí, con la tarifa congelada un año más y teniendo que asumir las subidas de salario que algunas residencias deben.
Sabemos que la tendencia que se ha establecido en Castilla la Mancha, Madrid y Cantabria es la de reducción de alrededor del 5% de las tarifas públicas. El problema es que estas medidas no están viniendo acompañadas de otras que permitan a los prestadores reducir sus costes.
Hace pocos días escuché a la Directora General del ICASS decir que no habría reducción de requisitos de profesionales en residencias sin un acuerdo con los colegios profesionales. Eso es lo mismo que decir que no habrá reducción de requisitos de profesionales.
Toda medida tiene sus consecuencias. Una relajación de requisitos puede traducirse en una reducción de plantilla, mientras mantenerlos puede llevar a que cierren algunas residencias.
Está claro que ante esta situación se pueden hacer cosas diferentes, tanto desde la administración como desde las asociaciones de prestadores de servicios. ¿Qué será concretamente lo que se haga? Ahí está la cuestión.
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