Quitan el copago para centros de día de mayores en Murcia

Después de unos años de "recortes" llegan los "descortes".


En la última reunión del Consejo de Gobierno de Murcia, que se ha llevado a cabo el 1 de junio de 2016, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha autorizado el decreto ley por el que se modifica el régimen de aportación económica (copago) de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del sistema de Autonomía de Atención a la Dependencia.

Pongo en cursiva lo que he recibido por correo electrónico directamente desde  la Sección de Documentación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región y en letra normal mis comentarios.

De este modo, se suprime el copago del 33 por ciento en los servicios de Centro de Día para personas con discapacidad y mayores, una modificación que beneficia a los usuarios con pensiones no contributivas, protección familiar y gran invalidez, aunque al mismo tiempo reduce una parte de la financiación de los servicios que tendrán que ser asumida directamente por parte de la comunidad autónoma.

A ver si lo entiendo, "suprime el copago" y "al mismo tiempo reduce una parte de la financiación" que tendrá que asumir la comunidad.  O sea que el usuario copagará menos y esto se convertirá en un ahorro para la comunidad.  ¿Lo pagará el Estado? ¿Es magia?

El objetivo es reducir el pago que tienen que hacer las personas en situación de dependencia por las prestaciones que reciben. Se estima que esta medida beneficiará a un total de 1.235 personas con discapacidad y mayores.

En concreto, dejarán de pagar los servicios hasta 1.006 personas y tendrán que pagar menos de lo que lo venían haciendo 229 personas. El ahorro estimado es de unos 60 euros por persona.

La fórmula actual establece que el copago por persona se obtiene de la suma mensual del cálculo sobre la capacidad económica y sobre los complementos. Dado que estos complementos destinados al cuidado por una tercera persona no computan en la capacidad económica, ya que no representan un ingreso directo de la persona con discapacidad, sino una ayuda destinada a su cuidado, se aplica el 33 por ciento mensual de este importe, entendiendo que su estancia en un Centro de Día es de 8 horas, lo que supone un tercio de las 24 horas del día.

El importe mensual de la prestación es de 362 euros, lo que hace que esté por debajo del IPREM (532,51€). En la actualidad, contribuyen con el 33 por ciento del complemento (182 euros/mes), lo que supone una media de 60,40 mes. Así, al suprimir este gravamen no tendrán que contribuir de modo alguno.

Como con casi todo lo que produce la administración, hay que leerlo cuatro veces para empezar a medio entenderlo.   Por eso, quizás en vez de intentar averiguar qué es exactamente podemos centrarnos en cuánto costará.   Saquemos la calculadora

Si el ahorro estimado es de 60 Euros al mes por cada una de las 1.235 persona, la medida le cuesta a las arcas públicas 889.200 Euros al año. Cantidad que tendrá que ser recaudada o reducida de otra partida.

Sin duda, decir a quien va ocho horas al día a un centro de día que ya no tendrá que pagar 60€ al mes producirá una cierta alegría pero ¿Es equitativo, o sencillamente es "electoralmente adecuado"?

NECESITAMOS DINERO PARA RESIDENCIAS. ¿VOLVER AL COPAGO DE LOS HIJOS?

Esto de llevar años tratando y escribiendo sobre los mismos temas me lleva a que, a veces lea algo que escribí hace un tiempo y, ni me acuerde de que lo escribí yo.

Pronto se cumplirán diez años desde el momento en que en Cataluña la Generalitat decidió que los hijos con recursos ya no tendrían que asumir una parte del precio de la residencia pública, concertada o colaboradora en la que vivían sus padres mayores.  Lo cierto es que ese sistema hacía que algunos hijos pagasen cantidades, casi siempre muy reducidas.  Esta medida que afectaba a las residencias de Cataluña, también se aplicaba en otra.

A mí me pareció que lo que proponían no era correcto y así lo escribí en un a noticia que publiqué en el portal Inforesidencias.com (ver noticia de 2005).

Pasados diez años me sigue pareciendo que la decisión que se tomó entonces fue equivocada y que, con la tensión económica que sigue existiendo, renunciar a unos ingresos que podrían ayudar a sobrellevar la situación, es poco menos que un derroche.

Por supuesto que no hablo de que pague un hijo que tiene pocos recursos y obligaciones familiares más acuciantes.  Pero en vez de volverlo a escribir, me permito sacar del baúl de los recuerdos esto que escribí en 2005 y que considero sigue siendo de plena actualidad.  Me gustaría leer opiniones.

Quizás la coparticipación de los hijos en el pago de la residencia ha funcinoado mal en Cataluña pero no porque la idea sea mala sino por los siguientes motivos:

- Una ineficaz colaboración entre administraciones hace que un hijo pueda negarse a aportar sus datos fiscales a la administración y que la Generalitat pueda comprobar la veracidad de los datos aportados. Esto genera casos en los que la injusticia es manifiesta (hijos que no pagan nada porque no aportaron sus datos en el expediente). Esto podría solucionarse con la incorporación en una norma con rango de Ley de una obligación de los hijos a participar en el mantenimiento de los padres cuando estos reciben servicios sociales públicos (obligación recíproca fundamentada en el Derecho/obligación de alimentos entre parientes que perdería su carácter personalísimo). Esto podría comportar una reforma del Código Civil y una inclusión específica en la Ley de Dependencia. Una vez hecho, la posibilidad de cruzar datos de la Agencia Tributaria para el cálculuo de los pagos sería mucho más fácil. 

- Una infecicaz gestión administrativa hace que los hijos que tienen la obligación de pagar y no lo hacen no tengan consecuencia alguna. En Cataluña hoy, cuando una residencia privada colaboradora tiene un usuario acogido al programa de acogimimento público (algo parecido al cheque residencia) y el familiar se niega a pagar la parte que le corresponde según lo establecido por la Generalitat, la residencia se ve totalmente desprotegida y abocada a intentar que la Generalitat recalcule las aportaciones. Esto podría solucionarse si el sistema se cambiase y el hijo y el propio residente no tuviesen que pagar a la residencia directamente sino a la Administración. Desde el momento en que la deuda se tuviese con la administración, el sistema de cobro sería mucho más eficaz. Para que este sistema fuese totalmente eficaz las administraciones deberían pagar a los prestadores de servicios en un plazo máximo de treinta días.

- En algunos casos, el hecho de hacer pagar a los hijos por los servicios recibidos por sus padres ha resultado ser poco equitativo o incluso totalmente injusto. La culpa en esos casos no es del sistema sino de los baremos que se utilice para calcular la aportación. Si se llegase a hacer las modificaciones legales a que hacíamos referencia, el gobierno de turno podría después ir modificando los baremos de forma que se hiciese pagar a más o menos personas. Ramon Nicolau nos dice que la estructura de la familia ha cambiado y los hijos ya no pueden asumir el pago de los servicios que reciben los padres, eso es cierto solo en parte: Si se universaliza el derecho a recibir la prestación querrá decir que todo el mundo que tenga necesidad podrá recibir el servicio independientemente de su capacidad económica, esto quiere decir que los que tengan nula capacidad económica lo recibirán sin pagar nada, y los que tengan mucha capacidad económica lo recibirán pagando lo que cuesta el servicio. Entre un extemo y otro habrá copago. En este sistema universal que incluye a todos nos encontraremos con una amplia posibilidad de combinaciones (padre "rico" con hijos "pobres"; padre "pobre" con un hijo "rico" y uno "pobre", padre "ni rico ni pobre" con hijos "ni ricos ni pobres". etc.. etc..). ¿Por qué renunciar a que hijos con ingresos elevados y pocas obligaciones participen en el pago del servicio que recibe su madre?

Quizá sí haya un motivo para renunciar a este sistema, pero de él no se ha hablado. ¿Cuál sería su nivel de eficiencia? Para saberlo se debería hacer un cálculo de lo que podría aportar al Sistema y del coste que tendría su puesta en funcionamiento y mantenimiento. Si los ingresos a obtener no son muy superiores al coste debería dejarse de lado ya que cuando hablamos del coste de la Dependencia deberíamos intentar que la mayor cantidad e euros posibles vaya al cuidado y la mínima a los despachos de los ministerios y las consejerías.

Como, aunque la pauta general del copago la tiene que establecer el Estado,  son las comunidades autónomas las que tienen que hacer la regulación.  Por ello es muy posible que acabemos en una situación en que, quien viva en una residencia geriátrica en Madrid pueda tener obligación familiar de copago y quien esté en otra, pongamos en Castilla la Mancha, no o viceversa.

Otro de los regalos escondidos de la Ley de Dependencia.

COPAGO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Recientemente en la Comunidad Valenciana a sido noticia que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulo el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, "por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales", o sea que ha declarado nula la regulación del copago en los servicios sociales.  La clave para declarar la nulidad es que el copago se impone como "precio público" a un servicio que no es voluntario sino "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".  Así las cosas el tribunal interpreta que lo que está estableciendo la Generalitat Valenciana es una tasa y que para hacerlo necesita dictar una Ley del parlamento y no un decreto del gobierno.

Aunque el fallo no entra tanto en el contenido de la norma sino en la forma, CERMI y las asociaciones que han apoyado el recurso, han obtenido un gran triunfo en su lucha contra la norma.

La reacción de la Generalitat ha sido la de iniciar la tramitación para convertir el precio público en tasa mediante una Ley que, presumiblemente entrará en vigor en 2015 con lo que, si acaba así, el triunfo se habrá quedado en un año de margen.

Lo cierto es que esto del copago es una cuestión muy peliaguda.  Según unos (aquellos que le llaman "repago") los ciudadanos pagamos los servicios públicos con impuestos y no deberíamos volver a pagarlos cuando se nos prestan.  Según otros el copago es necesario porque con los impuestos no hay suficiente o porque es una medida necesaria para evitar un uso excesivo de los servicios públicos.

Los que opinan lo segundo suelen ser los que gobiernan  administran "lo público" y al final resulta que cuando he visitado residencias en países europeos como Suecia, Holanda o Suiza, en todos ellos las personas que viven en residencias públicas pagan el alquiler de la habitación (si pueden) y una parte de la atención.  Por supuesto que quien no puede pagar nada no paga nada pero quien sí puede colabora en una medida.

Cuando se habla de dependencia y de su coste suele surgir un argumento que me encanta por su claridad y candidez: "Me niego a aceptar que no hay dinero para pagar los servicios de necesitan los dependientes".  El problema es que, cuando quien dice esa frase llega a gobernar y a tener que administrar el dinero público con negarse no hay suficiente.  

Sabemos que hoy es difícil pagar la factura pero el problema principal es que dentro de diez años habrá muchos más dependientes que ahora, y dentro de veinticinco la cifra se habrá casi triplicado.

Por eso hay que plantear un sistema que permita garantizar que quien necesita el servicio lo reciba y quien pueda participe en el coste en la medida en que pueda.  Sé que es poco menos que la cuadratura del círculo pero sino se plantean soluciones ahora nuestro nietos nos pedirán explicaciones cuando les pidamos que nos cuiden.

Sobre esto escribí el año pasado en la revista de la patronal AMADE que agrupa a residencias para mayores de Madrid (y otros servicios de atención a la dependencia), un artículo en el que decía entre otras cosas lo siguiente, a ver qué os parece:

Cuando se habla de salvar la Ley de Dependencia, a menudo se plantea hacer participar en cierta medida a los hijos en el copago del servicio que reciban sus padres dependientes.  Sé que es una cuestión que levanta apasionados debates y que pocos quieren afrontar, pero si analizamos un poco nuestro sistema jurídico vemos que tiene algún fundamento.

En España eres libre de querer o no a tus hijos pero, mientras dependan de ti, tienes la obligación de “prestarles alimentos”, o sea de darles, cobijo, comida, ropa, afrontar el coste de su educación y mantenerles según “sus necesidades y tu capacidad”.   Esa obligación no desaparece cuando los hijos se independizan y, además es de doble sentido.  Eso quiere decir que, si un padre está en una situación de necesidad podría reclamar una pensión de alimentos a sus hijos.  Ésta dependería del grado de necesidad de quien reclama; del de disponibilidad de quien debe prestarlos y de un tercer requisito que lo complica todo: debe existir una reclamación.

No cuesta demasiado imaginarse lo difícil que sería que, para obtener plaza en una residencia pública o concertada fuese requisito la demanda previa a los hijos.  Estoy seguro de que muchos mayores preferirían malvivir antes que pasar por el brete de interponer la demanda.

Un simple cambio legislativo y una coordinación efectiva entre la Agencia Tributaria y los servicios sociales de las Comunidades Autónomas harían todo mucho más fácil.

A quien le parezca una idea novedosa le diría que algo así se hizo durante unos cuantos años en varias comunidades autónomas y, si se dejó de hacer fue porque la Ley de Dependencia lo prohibió de facto.

Hoy, un sistema que permitiese establecer un “copago familiar equitativo” en el que se tuviese en cuenta la capacidad económica y cargas de cada uno de los hijos, en el que hubiese un nivel exento que permitiese no pagar a la mayoría y, que estableciese un máximo para las rentas más altas de, por ejemplo 300€/mes por hijo tendría un efecto positivo sobre el sistema que vendría de dos lugares.

En primer lugar, se podría atender a más dependientes con el mismo dinero. En segundo, algo más enrevesado; en el momento que para tramitar las ayudas de la dependencia se pidiese la declaración de la renta de los hijos, habría un grupo que dejaría la tramitación y optarían por cuidar con recursos propios.

Por supuesto sería una medida impopular y la oposición intentaría embarrar el terreno.  Yo creo que la clave está en la equidad del sistema, o sea, quiénes quedarían exentos y cuál sería el copago máximo familiar.

Cuando en 2008 escribí un artículo titulado “Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia” esta medida ya aparecía entre las propuestas.  Entonces nadie hizo caso por lo que supongo que ahora tampoco lo harán.

Quizás les apetezca a nuestros queridos gobernantes hacer algo más “chinesco”.  Lo digo porque en la República Popular China han aprobado recientemente una Ley  que obliga a los hijos a cuidar y visitar a sus padres de más de 60 años si no quieren tener que afrontar multas o incluso la cárcel.  No es broma, apareció en los periódicos del pasado 8 de julio.

Aquí somos muy dados a eso, a crear leyes que después no sirven ni mucho menos para aquello que las justificó.  Muchos dicen que la Ley de Dependencia tuvo como gran logro el instaurar un derecho subjetivo.  Yo les contesto (tras recomendarles que se lean la Ley) “sí, el derecho a ser valorado”.

Autor del post Josep de Martí

PRESENTANDO EL LIBRO EN ALICANTE. MENUDA EXPERIENCIA

El viernes 17 de Ocutbre tuve la ocasión de presentar el libro "Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia" en Alicante en un acto que organizó la empresa Novaire, que gestiona residencias en esa provincia y Castellón y que contaba con el apoyo del periódico Información.

En principio podía ser una presentación "pacífica" como aquellas en las que ahora he podido participar en Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián; pero el formato aportaba un aspecto diferente.  En este caso, después de hablar del libro, unos representantes de partidos políticos debatirían sobre la situación de la dependencia en la Comunidad Valenciana.

Los participantes en el debate tenían que ser Manuel Escolano, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Conselleria Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y los diputados en las Cortes Valencianas, Mireia Mollá (Compromís), Esther López Barceló (EU) y José Manuel Sánchez (PSOE).

La cosa prometía bastante ya que en esa comunidad, en los últimos meses han pasado muchas cosas en el mundo de la dependencia, pero no cosas como las que pasan en casi todas las comunidades sino, por ejemplo que el presidente del parlamento haya dimitido después de que se hayan publicado conversaciones telefónicas en las que habla de adjudicaciones de plazas concertadas a residencias o  que el Tribunal Superior autonómico haya declarado nula la normativa de copago de servicios para personas discapacitadas.

Viendo cómo estaba el ambiente esperaba una especie de lucha gladiatoria verbal entre el representante de la Generalitat (PP) y todos los demás.

Cuando llegué a la sede del periódico, donde se iba a celebrar el acto, me di cuenta de que la presentación sería diferente de las anteriores en casi todo.  Para empezar, muchos de los asistentes llevaban puesta una camiseta naranja de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante.   Además, para mi alegría, había mucha gente.

A partir de ese momento la cosa empezó bien.  Guillermo Bell, director general de Novaire, me presentó con palabras tan laudatorias que me ruboricé.  Yo estuve hablando un rato sobre por qué escribí el libro, qué contiene y haciendo alguna reflexión sobre hacia dónde pueden ir las cosas y entonces...  Entonces empezó el espectáculo.

Resulta que en el último momento el Sr. Escolano comunicó que tenía una emergencia familiar y no podía acudir al acto.

Los asistentes recibieron la información con enfado.  Resulta que muchos habían venido con la casi única intención de escuchar lo que tenía que decir "el del PP" (y creo yo con la de abuchearle en el proceso de escucha).

A falta de representante de la Generalitat lo que tenía que ser un debate se convirtió en una cantata a tres voces sobre lo abominable que es el PP y lo poco que le interesa la dependencia.

Espero que la emergencia que impidió al Sr. Escolano asistir al acto acabase no siendo muy grave.  La verdad es que, si así ha sido, puede darse por satisfecho personalmente ya que se ha ahorrado un par de horas en las que no lo hubiese pasado demasiado bien.  Pero, ¿es así necesariamente?

Yo eché de menos especialmente la voz del PP en el debate porque, a falta de explicaciones propias me tuve que quedar con las que daban sus oponentes que son:  "Al PP no le importan los dependientes", "El PP tiene una actitud perversa"; "Al PP sólo le interesa regalar servicios públicos a sus amigos para enriquecerles".

Como me gusta poder crear mi propia opinión, prefiero poder oír diferentes versiones de la realidad.  En este caso no pude hacerlo y estoy seguro de que, muchos de los que no vinieron al debate "convencidos de casa" salieron honestamente convencido de que lo que les decían los tres políticos que sí hablaron debía ser verdad.

La cosa tuvo su giro inesperado cuando los políticos giraron una parte pequeña de su artillería dialéctica sobre el libro.

¿Nos engañaron con la LAPAD?

El título es "Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia" y si ven la portada entenderán que defiendo que tanto el gobierno del PSOE como el del PP tienen una seria responsabilidad.  El PSOE estaba en el gobierno cuando se tramitó y se aprobó una ley defectuosa manteniéndola a pesar de saber que no podía funcionar y el PP, tras haber dicho durante la campaña electoral que la Ley no era viable, la ha transformado en otra cosa insistiendo en que sólo la ha mejorado para garantizar su mantenimiento.

A los políticos que asistieron al acto no les gustó que hablase de engaño.  El del PSOE  me dijo que incurro en una contradicción ya que  en el libro digo que no necesariamente los políticos actúan con malafe ¿Cómo puedo decir que alguien engaña y después decir que tiene buena fe?.  La diputada de Esquerra Unida no hilaba tan fino y dijo no estar de acuerdo con muchas cosas de las que defiendo.  Al final los tres estaban de acuerdo en que sí hubo un gran engaño y que el mentiroso fue el PP.

Se dijeron otras cosas concretas que creo que hay que concretar:

Alguien desde el público y después uno de los debatientes me dijo que, en ningún lugar de la Ley se dice que la financiación se producirá a partes iguales entre el Estado, las Comunidades Autónomas y el ciudadano.  Uno de los puntos que en el libro pongo como ejemplo de mala previsión.  Efectivamente, no lo dice el texto de la Ley sino la memoria económica que la acompaña.  Y aunque la memoria no forma parte de la Ley, cuando se está creando un sistema de protección social que comporta un gran gasto, la previsión económica es el sustento básico del funcionamiento de la Ley.  Según la memoria económica de la Ley de Dependencia, Cuando esté completamente en vigor, en el 2015, el Sistema Nacional de Dependencia costará 9.355 millones de euros al año. De los que 4.425 millones serán aportados por las administraciones públicas, mientras que los beneficiarios pagarán 3.152 millones. El resto, hasta llegar a los 9.355 millones, es la cantidad que actualmente ya se invierte en este tipo de servicios sociales: 1.776 millones."  Esta memoria es de Enero de 2006.

También se me criticó mucho, por parte del debatiente socialista que dijese que durante el tiempo en que gobernó el Sr. Zapatero, no se pagaron las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.  Me dijo que esa era una de las típicas intoxicaciones del PP o algo parecido.  Su explicación fue que el gobierno firmó un convenio con la Seguridad Social que le obligaba a pagar las cotizaciones que se generasen durante los primeros años "al final de 2011" y que, de los 1.000 millones que se pagaron gobernando el PP, más de la mitad correspondían a cotizaciones que se habían generado después del cambio de gobierno.

A mí personalmente esta explicación me parece, otra vez, una de esas que hace que la cosa parezca tan complicada que cada uno acabe creyéndose lo que le dice quien más confianza le produce.

En primer lugar, es cierto que gobernando el PSOE no se ingresó ni un euro de cotizaciones del cuidador no profesionales.

En segundo lugar, es cierto que el PP (nacional) ha quitado la cotización al cuidador no profesional, ha rebajado la prestación entre un 15 y un 30% estableciendo encima, para muchos casos, un plazo de espera de hasta dos años para poder cobrarla.   Y, mientras hacía eso ha pagado los atrasos correspondientes a las cotizaciones haciéndonos creer que ese era "dinero para dependencia" con lo que los ciudadanos de buena fe creían que era dinero para cuidar dependientes ahora y no para pagar deudas anteriores.

Al hacer las cosas así, ambos partidos han conseguido lo que más les gusta, o sea, embarrar el terreno de juego.  Hacer que cualquier cosa requiera una explicación procelosa y difícil de forma que al ciudadano le resulta más fácil creer al partido que más confianza le genera.

Pasando del ámbito estatal al valenciano no me atrevo a opinar tanto.  Es cierto que en el observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales esta comunidad sale como la peor valorada de España siguiendo unos criterios que la propia asociación ha establecido.  También lo es que el Plan de Accesibilidad, establecido hace unos quince años para construir 9.000 plazas de residencias geriátricas en la comunidad valenciana nunca alcanzó sus metas aunque sí consiguió algo pernicioso: establecer un sistema dual que ha generado, desde su creación, una situación de inestabilidad, polémica y constantes acusaciones de discriminación y arbitrariedad hacia la Generalitat Valenciana.  Esta situación peculiar, que demuestra que no se ha gestionado bien, se agudiza cuando algunos de los que han sido responsables son condenados y, aunque en menor medida, cuando se filtran conversaciones telefónicas que ponen en entredicho la limpieza de los procesos de adjudicación de conciertos.

Supongo que en esas circunstancias debe ser duro dar la cara y defender la actuación de un gobierno. Pero la "espantá" del PP en el debate nos dejó sin saber si lo que ha hecho durante los últimos años responde a algún tipo de plan (quiero supone que sí) o, cómo dicen sus oponentes, son únicamente una pandilla de "corruptos y delincuentes" que buscan el desmantelamiento del sistema de protección social.

En fin.  Yo pensaba que iba a personas que trabajarían en residencias geriátricas de Alicante a presentar el libro y me encontré con esto.

Muchas gracias a Novaire y al periódico Información y, ya saben, si alguien quiere que presente el libro, yo estaré contentísimo de ir donde me llamen. :)

Autor del post Josep de Martí

AÚN MÁS SOBRE COPAGO

El otro día escribí una reflexión sobre el copago por la que, después de releerla, tendría que pedir perdón.  Creo que no estuve nada fluido y me quedó algo bastante pesado.

Aún así, ha tenido sus efectos.

Un cliente/amigo me ha llamado desde una residencia geriátrica y me ha comentado que lo que resulta verdaderamente llamativo del copado en Cataluña es lo que está haciendo la Generalitat desde hace algún tiempo y que consiste en re-calcular la cuantía a pagar con efectos retroactivos y dejando recaer el peso de la reclamación sobre la residencia.

Me explico:

Imaginemos una persona que ingresó en la residencia de tercera edad con fecha 1 de septiembre de 2012 y a quien se le había calculado un copago de, por ejemplo, 220 Euros al mes.

Esa persona recibe el mes de marzo de 2014 una carta de la Generalitat en la que se le comunica que, de acuerdo con la Ley se ha efectuado un recálculo de la cantidad que debe aportar mensualmente  con efectos 1 de septiembre de 2012 y que esa cantidad es de 410 Euros al mes.

La residencia de mayores sabe que a partir del mes siguiente deberá cobrar del residente 410 en vez de 220 Euros pero en lo que no cae, en un primer momento es en que la diferencia entre esas cantidades (190 Euros) se debe cobrar con efectos retroactivos los 19 meses anteriores con lo que resulta que el residente debe ¡A LA RESIDENCIA!, la cantidad de 3.610 Euros.

"¿A la residencia?" Clama el propietario.  "En cualquier caso a quien le debe el dinero es a la Generalitat".  Pues no.  Por algún motivo que resulta difícil de entender, la Generalitat entiende que esa cantidad debe pagársela el residente a la residencia por lo que la restará de las cantidades que la residencia reciba de la administración.

Esto lleva ya meses pasando y en algunos casos puede alcanzar cifras de 9.000 Euros.

Sabiendo que es así he intentado averiguar algunas cosas y he encontrado lo siguiente:

- Casi siempre se trata de personas que tenían ingresos que no se han tenido en cuenta cuando se calculó el copago.  Eso puede ser así porque quizás no los puso en conocimiento el ciudadano o porque, a pesar de que la administración los conocía, no los tuvo en cuenta en un primer momento.  O sea, el problema puede haber sido causado por el ciudadano o por la administración pero no por la residencia.

- En algunos casos se ha producido un cambio en la situación de la persona posterior al cálculo del copago, o sea, de nuevo algo que la residencia no controla.

He hablado con varios centros y la mayoría me comentan que, hablando con residentes y familiares han establecido un plan de pagos pero que el proceso suele ser tenso y desagradable.

Todavía no he encontrado ningún caso en el que la persona muera al poco de recibir la carta, y verdaderamente no sé qué pasará en esos supuestos. ¿Se quedará la residencia sin cobrar y con la obligación de demandar a los descendientes?

Resulta llamativo que la Generalitat actúe de esa forma aunque, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, no está haciéndolo mal.

Si la residencia es colaboradora resulta que quien recibe el dinero de la administración es en teoría el residente (aunque de verdad se ingrese directamente a la residencia).  Por ese motivo las residencias colaboradoras sólo hacen una factura por la totalidad de la estancia al residente y no al ICASS.

Cuando ICASS paga a las residencias colaboradoras de verdad está pagando a los residentes que a su vez pagan a los centros.  Eso es ficticio pero como legalmente es así, cuando la Generalitat recalcula el copago y considera que ha pagado de más, lo que hace es dejar de pagar al residente, lo que realmente supone que quien no cobra es la residencia.  ¿Complicado?  Sí lo es.

Sinceramente creo que la Generalitat debería implicarse más en el tema ya que la sensación que tienen las residencias es que les deja desprotegidas ante un problema que no han generado ellas.

Me gustaría que alguien me explicase si ha vivido una situación como ésta.

NOVEDADES SOBRE EL COPAGO EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Una de las cuestiones que ha pasado desapercibida cuando se habla de cómo se creó y aplicó la Ley de Dependencia (LAPAD) es la relativa a la”participación del usuario en el coste del servicio”, algo conocido popularmente como “el copago”.

La memoria económica de  la Ley previó que el coste del nuevo sistema debía repartirse a partes iguales entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los propios usuarios, que acorde a su capacidad económica, pagarían una parte del coste cuando recibiesen un servicio o verían reducida la cuantía de la prestación económica que pudiera corresponderles.

En el mundo antes de la LAPAD el copago era algo existente aunque heterogéneo.  En todas las comunidades autónomas quien ocupaba una plazas residencial financiada por la administración debía pagar algo si tenía recursos.  Lo cierto era que, como no había un derecho universal, sólo los que tenían poca capacidad económica podían acceder a una de esas plazas en residencias asistidas por lo que el copago solía ser bastante bajo.  A partir de allí, algunas comunidades introdujeron aspectos originales: en algunas se obligaba a los familiares directos a colaborar en el coste, en otras se introdujo el reconocimiento de deuda que permitía a la administración recuperar una parte de lo pagado tras el fallecimiento del residente, y otras iniciativas por el estilo.

En el caso de la ayuda a domicilio la cosa era aún más variopinta ya que, siendo un servicio que prestaban básicamente los ayuntamientos, cada administración local establecía “su” sistema, siendo en la mayoría de los casos el “gratis total”.

Como la LAPAD suponía el advenimiento del cuarto pilar del Estado de Bienestar, uno de los objetivos que se planteó fue el de armonizar los sistemas de copago existentes hasta entonces.   Para hacerlo importaron de más allá de los Pirineos conceptos como “capacidad económica” basada en ingresos y patrimonio o separación entre costes hoteleros/manutención y de servicio.   Como he tenido la suerte de poder organizar y participar en diferentes viajes geroasistenciales (aquellos en que se visita otro país para conocer su sistema de atención a personas mayores), no me resultó nada novedoso escuchar que el coste de una residencia tiene tres partes:  la hotelera, la de atención y la sanitaria.  Tampoco me resultó novedosa la propuesta de separar estos costes y hacer que quién tenga capacidad económica pague íntegramente el coste hotelero/manutención como haría si estuviese en su casa.

Para establecer el nuevo sistema de copago el Consejo Territorial de la Dependencia elaboró un “acuerdo” estableciendo los elementos comunes que debería contener aquél. Las comunidades autónomas por su lado hicieron lo que han estado haciendo desde que entró en vigor la Ley, o sea, cada una lo que le dio la gana. “¿Por qué tengo que adaptar mi normativa a lo que diga el Estado?”, parece que pensaron casi todas “Al fin y al cabo la competencia en servicios sociales es mía”.

En poco ayudó al esfuerzo armonizador que el Estado fuese tan chapucero que ni siquiera había sabido tramitar correctamente el acuerdo del copago.  La Audiencia Nacional acordó que técnicamente estaba mal por lo que acabamos con algo “muy de la Ley de Dependencia”: una sentencia que anula un acuerdo que de todas casi no se estaba aplicando.

A todo ello ya llevábamos cuatro años de vida de la Ley y de aquél reparto del coste  “a tercios” que se había previsto (recordemos: 1/3 el Estado, 1/3 las CCAA y 1/3 los dependientes) no se veía ni la sombra.  Resultó que el copago se quedó en el 14% (menos de la mitad de lo previsto), que no se distinguió entre costes hoteleros y de manutención y que la mayor parte del SAD seguía prestándose de forma atomizada, mayoritariamente gratuita.

Y llegó el PP.

Por supuesto que la Ley estaba mal hecha y peor desarrollada.  Por supuesto que necesitaba modificaciones a fondo para hacerla viable.  Es más, lo que necesitaba la Ley era una derogación y sustitución por una nueva redactada bajo los principios de “universalidad para la gran dependencia”, “servicios profesionales”, “copago equitativo” y “sostenibilidad”.  Necesitaba un esfuerzo de humildad por parte de alguien que la votó y que ahora nos tenía que decir que se había equivocado.

Pero el nuevo gobierno optó por hacer ese cambio sin decírnoslo.  Se puso a manosearlo todo con la avidez de quien acaba de descubrir las funciones “corta y pega”.  Al final mutiló la esencia de una ley defectuosa y la convirtió en otra igualmente deficiente.

A pesar de hacer lo que ha hecho cómo lo ha hecho, el gobierno ha dejado una Ley que, obsesionada con la reducción del gasto, se ajusta más a nuestras posibilidades reales como país.  Eso no es malo en sí.  El problema es que las modificaciones no parecen haber seguido una línea maestra sino  que han sido respuestas a una pulsión  ahorrativa demasiado cortoplacista.

Las críticas que ha recibido el gobierno han sido furibundas, especialmente por parte de usuarios y de asociaciones profesionales.   Sinceramente me sorprende que el oprobio no se haya repartido un poco más.  Al fin y al cabo ¿A quién hay que vilipendiar más? ¿al pirómano o al bombero negligente que intenta apagar el incendio y destruye media casa en el proceso?

¡Qué tontería de pregunta!  Mejor seguimos hablando del copago.

En 2012, en la penúltima vuelta de tuerca, el Estado planteó un nuevo sistema que debía servir de base para que las Comunidades Autónomas estableciesen “su copago”.  Y en esta ocasión parece que las Comunidades sí lo están haciendo.

Sólo hay que leer los periódicos para ver como en diferentes lugares de España 2014 ha llegado con una subida considerable en lo que pagan los usuarios.

Con el nuevo sistema, parecido en su mayor parte al anterior, la capacidad económica de las personas incluye sus ingresos y un porcentaje del valor de su patrimonio neto.  Se descuentan las obligaciones familiares y se reserva para los usuarios una cantidad para sus gastos que varía según el servicio que reciban.  Lo que pagará como máximo un dependiente será el 90% de un “coste de referencia” que establecerá cada comunidad pero que rondará en los 1.550€/mes en el caso de las residencias.

El texto del acuerdo incluye varias menciones a los costes hoteleros pero sin llegar a indicar de una forma clara cómo se diferenciarán éstos dentro del “coste de referencia”.

Ahora estamos en ese momento en el que muchas comunidades han introducido ya el nuevo sistema, otras “están en ello” y otras lo acabarán haciendo.

Las dudas que se plantean son varias:

¿Se conseguirá alcanzar el objetivo de que un tercio del coste de la dependencia salga del copago?

Lo más seguro es que no.  Aunque el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a aumentarlo de forma considerable lo cierto es que para alcanzar los objetivos casi se debería doblar lo que se recauda, cosa poco realista.  Lo que sí es posible es que un aumento del copago suponga un “ahorro perverso” consistente en que personas que necesitan atención y tienen derecho a obtenerla prefieran estar en sus casas en condiciones precarias pero sin pagar nada.

¿Qué pasará con los costes hoteleros y de manutención?

Dicho está que el texto no lo deja nada claro.  Imagino que, por un lado esa diferenciación podría permitir a los prestadores privados de servicios públicos establecer “servicios hoteleros opcionales” que se pudieran cobrar a los usuarios.  Imagino poder cobrar un plus por disponer de habitación individual o con características más lujosas en una residencia concertada (ya existe en alguna comunidad); o por poder acceder a un sistema de elección de menús.  La clave estaría en que los servicios básicos estuviesen cubiertos para todos los beneficiarios y que lo que se ofreciese como opcional fuese realmente algo valorable pero no esencial.

Más allá de esto me imagino un sistema en el que se calculase lo que cuesta de verdad el alquiler del espacio y los servicios hoteleros (alimentación, lavado de ropa, limpieza de espacios..) y se determinase de forma separada en el precio total.  Esta cantidad la debería pagar íntegramente el usuario y podría ser diferente en cada residencia.  Quien no pudiera pagar pero tuviese bienes inmuebles debería garantizar con los mismos que en algún momento la administración recuperaría el coste de la atención hotelera.  Al fin y al cabo ¿por qué debemos pagar entre todos que a alguien le laven las sábanas y le den de comer cuando tiene capacidad económica para pagárselo él mismo?.

Creo que puede ser un debate interesante y, para tenerlo planteo lo siguiente:  Una misma persona dependiente puede obtener del sistema unas horas de ayuda a domicilio o el ingreso en una residencia.  ¿Tendría lógica que de forma generalizada como parte del SAD le ofreciésemos pagarle la factura de la luz, el agua, el gas además de todas sus comidas?

Dejo el debate abierto y me encantaría recibir comentarios cuanto más críticos y razonados mejor.

¿Son realistas los costes de referencia que puedan establecer desde la administración?

Esa es otra cuestión interesante.  Cada comunidad establece su coste según considera adecuado y sin ninguna relación  con lo que a la propia administración le cuesta atender a una persona mayor residente en una residencia pública gestionada por la propia administración.

En Madrid ronda los 1550€/mes, en Cataluña se establecen diferentes precios, según el nivel de dependencia (el más alto al rededor de los 1850€/mes) y se determina arbitrariamente una cantidad que se conoce como módulo social que queda exenta de copago.  En muchas otras comunidades (Castilla La Mancha o Cantabria) los precios de referencia se han reducido en los últimos años para afrontar la crisis.

Lo cierto es que debido, sobre todo a las diferencias en las exigencias normativas y en los convenios colectivos, hoy por hoy resulta mucho más caro prestar el mismo servicio en una comunidad que en otra.

Como casi siempre, la transparencia debería ser nuestro faro.  Estaría bien poder considerar qué cuesta realmente atender a una persona mayor dependiente en una residencia en los diferentes modelos de gestión.  Después, con datos fiables, se podría hablar de un precio de referencia real.

Como casi siempre, ahora hay que esperar a ver cómo se acaban de desarrollar las cosas. Qué efecto tienen los nuevos reglamentos de copago y cómo reaccionan los dependientes, sus familiares  los prestadores de servicios.

Seguiremos atentos. ¡Qué remedio!

ME HUELE A CHAMUSQUINA

Cuando el gobierno ha anunciado a bombo y platillo que la Guardia Civil ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social consistente en que desde algunas residencias se adquirían medicamentos gratuitos utilizando la tarjeta sanitaria de residentes que ya habían fallecido,  algo me ha olido a chamusquina.

La operación Pócima, que así la han llamado, equiparándola al bautizarla con otros operativos en los que se desmantelan redes de delincuentes, ha consistido en que la Guardia Civil, tras una denuncia de la inspección de Farmacia, haya cotejado las fechas de una serie recetas con la fecha de fallecimiento de la persona y haya constatado que algunos de los beneficiarios de las mismas habían fallecido con anterioridad.  

Automáticamente se ha procedido a la detención de algún director de residencia y a la imputación de otros tantos.

El motivo por el que todo esto huele bastante mal es porque, aunque aparentemente son las residencias las que han actuado fraudulentamente, si se realiza un simple análisis la cosa no cuadra.

Tal como los periódicos relatan los hechos, las residencias “utilizaban la tarjeta sanitaria de ancianos fallecidos” y con ellas adquirían medicamentos fraudulentamente.  O sea, que, si hacemos caso a los periódicos, un director de residencia puede coger la tarjeta de un residente e irse a la farmacia donde, sin más requisito, le darán los medicamentos que pida. 

La verdad es que no puede.  Hay un documento en medio del proceso que se llama “receta” y un profesional de la sanidad pública que la expide que se llama “médico del sistema público de salud” sin la intervención del cual no se puede prescribir.  Esto hay que dejarlo bien claro ya que, en ninguna reseña de las que he leído he sido capaz de encontrar referencia a que algún médico del sistema público de salud de Andalucía haya sido imputado por expedir recetas a personas muertas.  Claro que también es posible que las recetas se prescribiesen mientras la personas estaba viva pero fueran llevadas a la farmacia tras el fallecimiento.   La forma de comunicar de los medios no me permite saberlo.

En teoría, las personas que viven ingresadas en una residencia reciben la atención santiaria del sistema público como cualquier otro ciudadano que reside en su domicilio.  La realidad es que la mayoría de residencias cuentan con médicos propios que atienden a los residentes.  Estos no pueden emitir recetas por lo que cada residencia llega a un acuerdo con el ambulatorio que les toca para “conseguirlas”.  El sistema le va muy bien a la sanidad pública debido a que los médicos de las residencias le están ahorrando trabajo, el problema es que, al no existir en todo el Estado un único sistema en el que “conseguir las recetas”, en cada comunidad, e incluso en cada ciudad, han ido surgiendo diferentes formas de hacerlo.  Es cierto que en algunas la Administración  ha abordado la cuestión y se han asentado procedimientos pero, creo que, debida la trascendencia del asunto debería existir un sistema único, como mínimo en cada Comunidad Autónoma.

La situación actual, que podríamos definir como “compleja” hace que algunas residencias envíen periódicamente unos listados a los ambulatorios siendo desde allí desde donde formalizan las recetas.    Estas son entonces llevadas a una oficina de farmacia donde se libra el medicamento.  En algunos casos, para agilizar el proceso, la farmacia  podría “adelantar” algunos medicamentos y recibir posteriormente la receta. La atención sanitaria desde la salud pública se convierte en esos casos en una ficción.  El médico del centro de salud no “ve” al residente sino que el acto médico se convierte en una gestión administrativa en la que se pueden producir atrasos y errores.

Estoy seguro que el “fraude” que ha detectado la Guardia Civil (que en una residencia alcanzaba los 500€ en dos años, entre 2009 y 2011) se debe más a esa ficción que a un verdadero ánimo defraudador.

Para alcanzar esa conclusión no hago más que preguntarme, ¿Qué podían ganar los directores de residencia utilizando la tarjeta sanitaria de los fallecidos?  La verdad es que nada o muy poco.   Aceptemos que un director consiguió en dos años medicinas por valor de 500 Euros.  Si las necesitaba y hubiese ido él mismo al médico hubiera acabado pagando el 40%, o sea, que el fraude en ese caso alcanzaría los 300.  Hasta ahora no existe un mercado negro de medicamentos (quizás con el copago y la tasa por receta surja uno) ni consta, como pasó hace unos, que se estuviesen recetando medicamentos muy caros para pacientes falsos que después se destruyesen.  O sea, que, a falta de más datos, el único que, a priori pudo obtener alguna ventaja del hecho de suministrar medicamentos a un residente fallecido sería la oficina de farmacia.  ¿Existe acaso algún farmacéutico corrupto que incita a los directores de residencia  a defraudar?, me parece difícil de creer, además, no aparece en la noticia que haya ningún farmacéutico imputado.

O sea que, ni el médico que firmó las recetas ni el farmacéutico que suministró el medicamento tienen nada que ver con este fraude.  Los únicos que sí son imputados son seis directores de residencias que no tienen nada que ver entre sí y cuya única relación es que dirigen centros situados en la zona de Cádiz.  ¿No será que, tal como funcionan las cosas actualmente, existe la posibilidad de que, por un error o un retraso, una pequeña cantidad de recetas correspondientes a residentes fallecidos lleguen a la farmacia? ¿No será que, si la Guardia Civil monta la operación “Súper Pócima”, ampliando su investigación a toda Andalucía o a toda España  llegue a ver que lo mismo, o algo muy parecido a lo que ha visto en estos centros, esté sucediendo en muchos otros sin que exista un ánimo de defraudar, un beneficio irregular ni una actividad delictiva?

Es muy posible que la Operación Pócima, quede en nada, después de condenar a unos cuantos profesionales a la pena de banquillo y de perjudicar la imagen del sector de las residencias.

Hace ocho años conocí un caso en el que una administración autonómica quería sancionar al director de una residencia porque desde la misma se obtenían pañales para residentes fallecidos.  También como en este caso parecía que era el director el que prescribía.  Al final no se sancionó.

Aunque tiene que ver de forma tangencial con el tema que trato hoy quiero acabar recordando que  hace poco se aprobó el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril (publicado en el BOE 98 de 24 de abril) en el que aparece  (concretamente en la página 31301) lo siguiente:

Artículo 6. Medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros psiquiátricos.

1. Será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en:

a) Todos los hospitales que tengan cien o más camas.

b) Los centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos.

c) Los centros psiquiátricos que tengan cien camas o más.

2. No obstante lo anterior, la consejería responsable en materia de prestación farmacéutica podrá establecer acuerdos o convenios con centros hospitalarios, eximiendo a estos centros de esta exigencia, siempre y cuando dispongan de un deposito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de influencia correspondiente.

3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe del servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se trate de un hospital del sector privado.

O sea, que pronto quizás sí tengamos un sistema común de suministro de medicación a las residencias.

EL EURO POR RECETA EN CATALUÑA

A partir de este sábado las residencias catalanas tendrán que gestionar de alguna forma la tasa conocida como "Euro por receta", implantada para ahorrar en medicamentos.  Ya hablé de este tema hace algún tiempo ahora que la fecha se acerca me parece interesante volver a tratarlo.

Para las personas que vivan en su casa, será sencillo.  Cada vez que el médico les recete algo y vayan a adquirirlo a una farmacia, además de lo que les toque pagar (nada si son jubilados o un porcentaje del precio si no lo son) deberán pagar un euro adicional

Cuando un mayor vive en una residencia, de cara a la Sanidad Pública, sigue viviendo en su casa aunque la realidad es que todas las residencias tienen un sistema por el que gestionan la atención de los residentes.  Ya sea con un médico propio y un acuerdo con el centro de salud o mediante la atención directa de un médico de la sanidad pública, al final es la residencia la que tiene las recetas de los residentes sobre la mesa para llevarlas a la oficina de farmacia.  En los últimos años cada vez son más las residencias que llevan las recetas de sus residencias a una farmacia que ofrezca algún servicio adicional como el de la preparación de la medicación en blisters u otro servicio adicional.

Para la residencia, en la medida en que todos los residentes gozan de gratuidad en los medicamentos, "llevar las recetas" a una farmacia no le supone ningún coste de gestión.  A partir de ahora la cosa cambia.

Para empezar, hay residentes (los que cobran determinado tipo de pensión) que quedan exentos del pago del Euro, también los medicamentos de menos de 1,67 Euros y, además, nadie pagará más de 62 Euros al año.  La cosa se complicará un poco más dentro de pocas semanas cuando también entre en vigor el copago de medicamentos que implantará para toda España el Ministerio y que consistirá en que el porcentaje que se paga dependa del nivel de renta.

Algunas residencias se están planteando qué hacer ante este cambio que, de hecho les supone incrementar, hagan lo que hagan, sus costes de administración.  Esto es lo que me han comentado algunas:

-  Llevar una especie de "contabilidad de recetas" de forma que al final de cada mes, al igual que se hace con la peluquería o la podología se carguen las tasas que la residencia ha ido "avanzando" a cuenta del residente.  Es el sistema más transparente pero el que más coste de gestión supone para el centro. Además se trataría de un coste de gestión estacional debido a que la mayoría de residentes alcanzarían los 62 Euros durante los primeros meses del año.

- Cobrar un adelanto a cargo de la tasa:  Sabiendo que ésta es de un euro, que cómo máximo una persona pagará 62 al año y que todos los residentes tienen más de ese número de recetas al año, la residencia podría cobrar en Enero y en Julio  31 Euros a cuenta de la tasa y encargarse ella de liquidarla en nombre del residente cada vez que lleva una receta a la farmacia.  Sería como el administrador de fincas que cobra en la cuota de la comunidad una cantidad y después liquida el IBI en nombre de cada vecino.   Al final del año habría que hacer una liquidación a aquéllos residentes que no hubieran alcanzado el máximo. Este sistema parece correcto aunque, en la situación actual, ya me han dicho algunas residencias que cargar 31 o 62 Euros en la factura mensual generará quejas por parte de algunos familiares.

- Hacer una prorrata mensual.  Es una variante de la anterior, se trataría de facturar cada mes 5,17 céntimos adicionales (62 Euros entre 12 meses).  Tiene la ventaja de que, al tratarse de una cantidad reducida que la mayor parte de residentes y familiares podrán asumir.  La desventaja aparece si pensamos en personas muy dependientes que ingresan en una residencia y fallecen al cabo de cuatro o seis meses.  Es muy posible que estas personas hayan consumido en ese tiempo el máximo correspondiente al año con lo que la residencia debería aplicar una liquidación posterior, algo que resulta en ocasiones incómodo.

En ambos casos, lo que habrá que dejar bien claro a las familias es que de este dinero la residencia no se queda nada. y que, además, el hecho de gestionar el cobro y las liquidaciones suponen un gasto que nadie les compensa.

Hablando con directores de residencias me han planteado dos dudas que todavía no soy capaz de resolver.  La primera es qué pasa cuando una persona ingresa durante el año, ¿existe un certificado que nos indique cuántas tasas de recetas lleva pagada la persona para saber cuánto falta para alcanzar los 62?  NO lo he sabido encontrar pero estoy seguro de que en la Farmacia nos lo podrán decir con el aplicativo informático que han desarrollado.

La otra pregunta tiene más enjundia: ¿Puede la residencia cobrar por la gestión de avanzar la tasa?  En principio se trataría de algo que podrían pactar las partes cuando el contrato sea 100% privado y que tendría que estar autorizado por la administración cuando se tratase de plazas concertadas, colaboradoras o de PEV.  Yo veo que, intentar hacerlo podría abrir una posibilidad que sí sería muy negativa para la residencia:  que algunos familiares quisieran que les diésemos a ellos las recetas y llevarlos ellos mismos a la farmacia.

En principio no debería ser un problema que lo  hiciesen  pero en la práctica, el hecho de que existan varias formas de "entrada" de medicamentos sí causaría contratiempos. ¿Cuánto tiempo tardaría la familia en traer la medicina? ¿A quién deberían entregarla? ¿Qué documentación adicional habría que confeccionar y utilizar? ¿Cómo encajaría el sistema con la obligación que tiene el Responsable Higiénico Sanitario de la residencia?  Demasiadas incógnitas que no quedarían compensadas con una pequeña cantidad.

En fin, se acercan tiempos aún más complicados.  Yo creo recomendable que las residencias, opten por un sistema de adelantamiento fraccionado y que, durante las próximas semanas se vaya informando a los residentes y familiares.  Si para ellos, "lo del Euro por receta" se convierte en pagar 5,20€ más al mes tendremos una parte del problema resuelto.

SOBRE EL COPAGO SANITARIO

Aunque normalmente la salud me acompaña, hace dos semanas he pasado uno de esos días que, cuando pasan te hacen valorar lo maravilloso que es encontrarse bien.

Todo empezó con un leve dolor de barriga, seguido por un malestar  intenso y, por la noche, un viaje al lavabo que se truncó  a causa de un mareo, un desmayo y un golpe en la cabeza durante la inconsciente caída.  Como en casa somos del "seguro público", mi mujer llamó al 061 y en unos diez minutos teníamos en casa una ambulancia y dos profesionales que se quedaron durante unos cuarenta minutos, tomándome la tensión, el nivel de azúcar y observándome hasta que, vuelto en mí, decidimos que me quedaba en casa y, si seguía encontrándome mal acudiría a un servicio de urgencias no hospitalario.

Dicho y hecho, al día siguiente, visita al centro Dos de Maig de Barcelona.  Más observación, examen físico, analítica de sangre y orina, medicación inyectada, receta de Omeprazol y, ¡para casa!.

Dos días después, todavía no me encontraba bien y pedí hora al médico, ese mismo día por la tarde, visita.  Ya estoy algo mejor pero sigo "no bien".  La doctora me escucha, me envía a hacer un electrocardiograma, descarta la afección cardíaca y me envía a casa.  Al día siguiente  me llama por teléfono para saber si me encuentro mejor y, efectivamente, en cuestión de dos días más, después de cinco mal, vuelvo a ser el de siempre.

No puedo hablar por toda la sociedad pero en mi caso, con mi nivel de renta y mi situación familiar, si me hubiesen dicho que tenía que participar en el coste de la atención que he recibido, lo hubiese encontrado totalmente razonable.  Es cierto que tuve que esperar bastante en el Dos de Maig y en el ambulatorio pero cuando llamamos a la ambulancia ésta vino en seguida.  Para mí la cuestión no es el copago en sí, sino encontrar una cantidad que sea lo suficientemente alta como para que "se note" (reduciendo costes y atenciones no necesarias) y lo suficientemente ajustada como para que no suponga que alguien pueda quedarse fuera de cobertura.

Estoy muy contento con la atención recibida y, podría decir lo mismo de las otras veces que he necesitado atención médica (para mí u otros miembros de mi familia).  Quiero que se mantenga un buen nivel de calidad y me parece que el copago razonable debería haber existido siempre (como existe en casi todos los países de nuestro entorno).  Por eso no creo que el copago deba implantarse como un remedio contra la crisis actual sino como parte de un modelo racional y equitativo.

Se me olvida una cosa.  Después de mi visita al Dos de Maig hablé con mis padres, ambos jubilados, les comenté lo que me estaba pasando y me dijeron: "no compres el Omeprazol" nosotros tenemos varias cajas que ya no necesitamos y te podemos dar una. ¿Por qué tenían mis padres varias cajas del medicamento? ¿Lass tendrían en casa si hubiesen tenido que pagar aunque fuera una pequeña cantidad por ellas?