Cuando el gobierno ha anunciado a bombo y platillo que la Guardia Civil ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social consistente en que desde algunas residencias se adquirían medicamentos gratuitos utilizando la tarjeta sanitaria de residentes que ya habían fallecido, algo me ha olido a chamusquina.
La operación Pócima, que así la han llamado, equiparándola al bautizarla con otros operativos en los que se desmantelan redes de delincuentes, ha consistido en que la Guardia Civil, tras una denuncia de la inspección de Farmacia, haya cotejado las fechas de una serie recetas con la fecha de fallecimiento de la persona y haya constatado que algunos de los beneficiarios de las mismas habían fallecido con anterioridad.
Automáticamente se ha procedido a la detención de algún director de residencia y a la imputación de otros tantos.
El motivo por el que todo esto huele bastante mal es porque, aunque aparentemente son las residencias las que han actuado fraudulentamente, si se realiza un simple análisis la cosa no cuadra.
Tal como los periódicos relatan los hechos, las residencias “utilizaban la tarjeta sanitaria de ancianos fallecidos” y con ellas adquirían medicamentos fraudulentamente. O sea, que, si hacemos caso a los periódicos, un director de residencia puede coger la tarjeta de un residente e irse a la farmacia donde, sin más requisito, le darán los medicamentos que pida.
La verdad es que no puede. Hay un documento en medio del proceso que se llama “receta” y un profesional de la sanidad pública que la expide que se llama “médico del sistema público de salud” sin la intervención del cual no se puede prescribir. Esto hay que dejarlo bien claro ya que, en ninguna reseña de las que he leído he sido capaz de encontrar referencia a que algún médico del sistema público de salud de Andalucía haya sido imputado por expedir recetas a personas muertas. Claro que también es posible que las recetas se prescribiesen mientras la personas estaba viva pero fueran llevadas a la farmacia tras el fallecimiento. La forma de comunicar de los medios no me permite saberlo.
En teoría, las personas que viven ingresadas en una residencia reciben la atención santiaria del sistema público como cualquier otro ciudadano que reside en su domicilio. La realidad es que la mayoría de residencias cuentan con médicos propios que atienden a los residentes. Estos no pueden emitir recetas por lo que cada residencia llega a un acuerdo con el ambulatorio que les toca para “conseguirlas”. El sistema le va muy bien a la sanidad pública debido a que los médicos de las residencias le están ahorrando trabajo, el problema es que, al no existir en todo el Estado un único sistema en el que “conseguir las recetas”, en cada comunidad, e incluso en cada ciudad, han ido surgiendo diferentes formas de hacerlo. Es cierto que en algunas la Administración ha abordado la cuestión y se han asentado procedimientos pero, creo que, debida la trascendencia del asunto debería existir un sistema único, como mínimo en cada Comunidad Autónoma.
La situación actual, que podríamos definir como “compleja” hace que algunas residencias envíen periódicamente unos listados a los ambulatorios siendo desde allí desde donde formalizan las recetas. Estas son entonces llevadas a una oficina de farmacia donde se libra el medicamento. En algunos casos, para agilizar el proceso, la farmacia podría “adelantar” algunos medicamentos y recibir posteriormente la receta. La atención sanitaria desde la salud pública se convierte en esos casos en una ficción. El médico del centro de salud no “ve” al residente sino que el acto médico se convierte en una gestión administrativa en la que se pueden producir atrasos y errores.
Estoy seguro que el “fraude” que ha detectado la Guardia Civil (que en una residencia alcanzaba los 500€ en dos años, entre 2009 y 2011) se debe más a esa ficción que a un verdadero ánimo defraudador.
Para alcanzar esa conclusión no hago más que preguntarme, ¿Qué podían ganar los directores de residencia utilizando la tarjeta sanitaria de los fallecidos? La verdad es que nada o muy poco. Aceptemos que un director consiguió en dos años medicinas por valor de 500 Euros. Si las necesitaba y hubiese ido él mismo al médico hubiera acabado pagando el 40%, o sea, que el fraude en ese caso alcanzaría los 300. Hasta ahora no existe un mercado negro de medicamentos (quizás con el copago y la tasa por receta surja uno) ni consta, como pasó hace unos, que se estuviesen recetando medicamentos muy caros para pacientes falsos que después se destruyesen. O sea, que, a falta de más datos, el único que, a priori pudo obtener alguna ventaja del hecho de suministrar medicamentos a un residente fallecido sería la oficina de farmacia. ¿Existe acaso algún farmacéutico corrupto que incita a los directores de residencia a defraudar?, me parece difícil de creer, además, no aparece en la noticia que haya ningún farmacéutico imputado.
O sea que, ni el médico que firmó las recetas ni el farmacéutico que suministró el medicamento tienen nada que ver con este fraude. Los únicos que sí son imputados son seis directores de residencias que no tienen nada que ver entre sí y cuya única relación es que dirigen centros situados en la zona de Cádiz. ¿No será que, tal como funcionan las cosas actualmente, existe la posibilidad de que, por un error o un retraso, una pequeña cantidad de recetas correspondientes a residentes fallecidos lleguen a la farmacia? ¿No será que, si la Guardia Civil monta la operación “Súper Pócima”, ampliando su investigación a toda Andalucía o a toda España llegue a ver que lo mismo, o algo muy parecido a lo que ha visto en estos centros, esté sucediendo en muchos otros sin que exista un ánimo de defraudar, un beneficio irregular ni una actividad delictiva?
Es muy posible que la Operación Pócima, quede en nada, después de condenar a unos cuantos profesionales a la pena de banquillo y de perjudicar la imagen del sector de las residencias.
Hace ocho años conocí un caso en el que una administración autonómica quería sancionar al director de una residencia porque desde la misma se obtenían pañales para residentes fallecidos. También como en este caso parecía que era el director el que prescribía. Al final no se sancionó.
Aunque tiene que ver de forma tangencial con el tema que trato hoy quiero acabar recordando que hace poco se aprobó el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril (publicado en el BOE 98 de 24 de abril) en el que aparece (concretamente en la página 31301) lo siguiente:
Artículo 6. Medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros psiquiátricos.
1. Será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en:
a) Todos los hospitales que tengan cien o más camas.
b) Los centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos.
c) Los centros psiquiátricos que tengan cien camas o más.
2. No obstante lo anterior, la consejería responsable en materia de prestación farmacéutica podrá establecer acuerdos o convenios con centros hospitalarios, eximiendo a estos centros de esta exigencia, siempre y cuando dispongan de un deposito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de influencia correspondiente.
3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe del servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se trate de un hospital del sector privado.
O sea, que pronto quizás sí tengamos un sistema común de suministro de medicación a las residencias.
