Estoy pasando unos días muy interesantes en Escocia en el viaje geroasistencial promovido por Inforesidencias.com en el que estamos visitando residencias geriátricas y otros servicios dirigidos a personas mayores en Edimburgo y Glasgow.
En los próximos días escribiré sobre lo que estamos viendo. Ahora tengo que hacerlo de otro tema que nos ha llegado al grupo de profesionales que asisten al viaje como si fuese la onda expansiva de una explosión que ha tenido lugar en Barcelona.
Todo empieza el lunes cuando un conseller anuncia que la situación de tesorería de la Generalitat es tan desesperada por culpa de la "asfixia premeditada" del gobierno español, que se plantea un impago a los proveedores "en todo" durante dos meses. Sigue diciendo que conseguirán salvar el pago de las pensiones pero todo lo demás quedará parado dos meses.
Como en el grupo de asistentes al viaje, que provienen de diferentes comunidades autónomas, hay un nutrido grupo de catalanes, la sorpresa, el enfado y la preocupación se suceden. Algunos de los asistentes estuvieron hace menos de dos semanas en un desayuno organizado por la patronal ACRA con el president Mas y escucharon de su muy honorable boca salir palabras de reproche al gobierno central por dejar de aportar lo que le corresponde en relación a la Ley de Dependencia, a la vez que recordaba que "los presupuestos de la Generalitat de este año incorporan una partida de 17 millones de euros a destinar íntegramente a las prestaciones económicas vinculadas".
¿Sabía el President que pocos días después se iba a anunciar un impago generalizado que, en la medida que iba a afectar a "todo", afectaría a las residencias concertadas y colaboradoras?
Los cruces de llamadas y watsaps se suceden y pronto llega la noticia de que, al parecer, la consellera Neus Munté está diciendo que los impagos no van a afectar a final de mes a las residencias. La presidenta de ACRA es entrevistada en la radio esa misma noche donde confirma que se cobrará a final de mes y al día siguiente la patronal más representativa del sector envía una circular a sus socios confirmándolo.
Cuando las noticias nos llegan a Escocia, cunden dos sensaciones. Por una parte el alivio de saber que "este mes" la Generalitat pagará. Por otro el enfado por sentirse manipulados por alguien que primero dice una cosa y en pocas horas otra diferente; y por otro la preocupación: decir que "este mes se cobra" lleva implícito que existen interrogantes sobre lo que pasará el siguiente.
A partir de aquí todos empiezan a teorizar.
¿Por qué justo después de unas elecciones locales en las que el partido que gobierna Cataluña ha recibido más votos que ninguno otro y aún así es visto como perdedor por casi todos sucede esto?
La primera opción, que no es descartable a priori es que el conseller Homs haya dicho la verdad. Pero, si era verdad que había que dejar de pagar "todo" salvo los sueldos de los funcionaros durante dos meses, ¿por qué al día siguiente los servicios sociales se salvan?
Creo que nadie duda que le gobierno está siendo tacaño hasta rozar la mezquindad con las comunidades autónomas, incluida Cataluña, en lo que a financiación de la dependencia se refiere. Por supuesto, también lo es que las comunidades y el estado tienen una disputa sobre cómo computar lo que se transfiere en materia de dependencia y que ni las unas ni el otro son del todo sinceros cuando informan sobre esas cuantías. Por eso es posible que el conseller manifestase una sincera preocupación cuando hizo pública la situación y su consecuencia.
Pero existirían también otras posibles explicaciones:
¿Sería posible que un gobierno descolocado por el varapalo recibido en las urnas y que se encuentra ante la expectativa de no estar en el foco público durante el tiempo en que los recién llegados negocian la constitución del ayuntamiento de Barcelona, decida levantar un espantajo y meter miedo para captar nuestra atención? Si eso fuese así tendría lógica que nos recordasen a todos que, "por culpa de Madrid" no se van a poder pagar cosas esenciales y que los únicos que pueden conjurar esa amenaza son ellos. Si eso fuera así, un anuncio de ese tipo les haría escalar hasta las portadas de los medios, reafirmaría a los suyos en la convicción de que son indispensables para "arrancar concesiones a Madrid" y, si después la amenaza no acaba materializándose, les permitiría colgarse la medalla del logro.
Siguiendo con esa posibilidad, podría suceder que, tras soltar la bomba, se diesen cuenta que impagar los servicios de la dependencia puede tener un efecto boomerang que les perjudicase a ellos en vez de dañar únicamente al gobierno del estado, motivo por el cual habrían reculado.
Personalmente no tengo ni idea de por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Lo que me resulta sorprendente es que, al final de estos dos días la noticia es que la Generalitat hará exactamente eso a lo que venía obligada, o sea, pagar por unos servicios que ha contratado y que unos proveedores han prestado de forma correcta. O sea que, resulta que es noticia lo que simplemente debería ser lo normal.
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