Cuando llegaron a España los primeros ayuntamientos democráticos
a finales de los setenta, todos querían,
con independencia del tamaño, un edificio “digno” para el consistorio, una biblioteca y
una escuela. A medida que se fue
consolidando la democracia, al menú de
los deseos se sumó el club de jubilados, el polideportivo (con o sin piscina)
y, a poder ser, la residencia para la tercera edad.
Algunos municipios alcanzaron sus sueños durante la época
del boom inmobiliario, cuando los ingresos por licencias y el dinero
fácil/barato, hicieron pensar a los Alcaldes que se podía hacer todo y “ya se
pagaría”.
El problema de construir una residencia para mayores es que, si no se calcula muy bien cuánto va a
pagar “alguien” por los servicios que reciben los residentes, pronto se entrará
en pérdidas (o en déficit si eres sector público), y las pérdidas, una vez que
aparecen tienen una obstinada tendencia a permanecer si no se toman decisiones
dolorosas. Mantener una residencia
abierta cuatro años cuesta tanto como construirla por lo que no estamos
hablando de cuestiones baladí.
¿Qué tienen en común Peleas de Abajo, de 250 habitantes en Zamora)
Monasterio de la Sierra, de 46
habitantes en Burgos? Tres cosas:
la primera, se consideran que son los dos municipios más endeudados de
España en relación a su población. La
segunda, ambos se embarcaron en construir y gestionar establecimientos de
servicios, uno una residencia geriátrica
municipal que sangra las arcas municipales, el otro una casa rural que hace lo
mismo. La tercera, en ambos casos sus
sucesivos alcaldes siguen tranquilamente su vida sin que nadie les haya pedido
responsabilidades. ¿No podían haberse
centrado esos consistorios y muchos otros en hacer aquéllo que les correspondía
según la legislación municipal con el dinero que tenían?
Ahora ha saltado a la luz un caso verdaderamente Kafkiano en
el que se mezcla un ayuntamiento insensato y un empresario que puede ser
llevado a la ruina por esa insensatez.
El Ayuntamiento es el de Sant Esteve Sesrovires, en
Barcelona. Lo que sucede es lo siguiente:
El consistorio hace años decidió que una buena forma de
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mayores y de potenciar el empleo
en el municipio sería tener una residencia para mayores. Decide que quién mejor para construir una residencia que él mismo, pide una
hipoteca (a una Caja de Ahorros, por supuesto) y, con el compromiso de la
Generalitat de que concertará una parte sustancial de las plazas que se
construyan, se pone manos a la obra.
Una vez la residencia está casi construida, en un ataque de
sensatez, el Ayuntamiento decide, en vez de gestionar él mismo el centro de
forma pública, convocar un concurso para seleccionar a una empresa que quiera y
pueda gestionar la residencia. Se
presentan varios candidatos y elige el que le parece mejor.
La residencia empieza a funcionar, la Generalitat honra su
palabra y concierta las plazas y los residentes ingresan.
Hasta aquí todo normal, pero cuando la Generalitat empieza a
pagar la cantidad correspondiente al concierto de plazas ingresa el dinero, no
a la empresa gestora sino al Ayuntamiento
que es el titular del centro. El Ayuntamiento
recibe el dinero en la cuenta que tiene abierta en la caja de ahorros que le
concedió la hipoteca y ésta aprovecha cuando ve saldo y se cobra los plazos del
crédito. El Ayuntamiento entonces paga
al gestor, no lo que ha recibido y le corresponde sino “lo que queda después de pagar la
hipoteca”.
En unos meses, ese baile de pagos genera una deuda de medio
millón de Euros a los que hay que sumar
unos cien mil euros que corresponden a Julio de 2012 (“El mes en que la
Generalitat no pagó los conciertos”).
La empresa IDEA, gestora del centro ha seguido pagando a los
empleados y a proveedores pero ya ha anunciado que no aguanta más (me pregunto
cómo ha podido aguantar hasta ahora).
¿Quién es el culpable de esta situación?
Yo apunto el dedo en primer lugar al Ayuntamiento.
No me cuesta imaginarme qué dirá éste en su defensa: “No puede hacer nada, la hipoteca hay que
pagarla”, yo les preguntaría ¿Tienen
algún informe de viabilidad en el que basaron la decisión de construir la
residencia? ¿Se cumplió escrupulosamente el presupuesto de construcción o hubo
alguna desviación peculiar que generase después un aumento injustificado del precio?
¿Cuándo fueron conocedores de que la situación era insostenible?
La Caja de Ahorros que concedió el crédito en su momento
debería ser también cuestionada
pertinentemente. Alguien que
pueda debería analizar cómo se tramitó la hipoteca y cómo pensaban que ésta
podía ser devuelta. ¿Se hizo algún
informe de viabilidad? ¿Se plantearon
diferentes escenarios?. Por supuesto que
la caja quiere recuperar el dinero y los intereses, pero ¿fue diligente
calculando el riesgo o dieron el dinero “a ojo”?
La Generalitat no merece un reproche especial salvo en un
aspecto. ¿Cómo se tramitó el concierto? ¿Utilizaron ese sistema que suena tan
mal que se llama “negociado sin publicidad?
En cualquier caso ¿evaluaron la capacidad técnica y económica del proyecto?
¿En algún lugar del pliego explicó el Ayuntamiento cuánto tendrían que pagar en
concepto de devolución de créditos?. Creo que ICASS haría bien sacando del cajón
el expediente y revisándolo a fondo. El
riesgo que corren es relativo ya que los inquilinos de Palau de Mar eran otros
cuando se tramitó con lo que incluso pueden hacer algo que les haga aparecer
como “desfacedores de entuertos ajenos”.
No encuentro manera en qué hacer responsable a IDEA de nada
de lo que está sucediendo. Esta empresa
compitió con otras, presentó una oferta y ganó la gestión con unas condiciones. Formó y contrató a un equipo de profesionales
y, hasta ahora les ha ido pagando el sueldo. Como cualquier empresa IDEA
contemplaba la posibilidad de que algún día se pudiese producir un atraso en el
pago. Lo que de ninguna forma podía
prever es que, de forma sistemática “alguien” iba a quedarse una parte
importante de las cantidades correspondiente a los conciertos.
Me consta que IDEA ha hecho múltiples gestiones con el
Ayuntamiento para que cesase en el desvío y con la Generalitat para que
garantizase el pago. Ninguna ha surtido
efecto por lo que, finalmente se han encomendado a la asociación patronal ACRA
para que difunda el caso, cosa que ha hecho.
Creo que a la hora de mostrar lo sucedido a la opinión pública
hay que resaltar que no estamos ante
nada imprevisible o inevitable sino ante un caso de mala gesión.
Creo que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, en un
primer momento debería haberse abstenido de entrar en el proyecto inmobiliario
como promotor. Podría haber contratado
un derecho de superficie con una empresa que se hubiera comprometido a
construir y gestionar la residencia durante, pongamos, cincuenta años. También habría podido intentar obtener el
concierto de plazas para la residencia, apoyando el interés de los vecinos del
pueblo. La empresa habría tramitado la
hipoteca con la entidad que mejores condiciones le hubiera ofrecido, habría
construido de la forma más eficiente y
habría asumido el riesgo y ventura de la operación. Con toda seguridad las empresas que hubieran
considerado presentarse al concurso para seleccionar al contratista habrían
hecho un estudio concienzudo de mercado y de viabilidad económica y sólo se
habrían presentado si éste hubiera permitido atisbar perspectivas de éxito. Si hubiesen actuado de esta forma, hoy la
residencia estaría funcionando mejor o peor, estaría aguantando los impagos y
retrasos de la Generalitat pero, difícilmente podría echar la culpa de nada al
Ayuntamiento.
¿Por qué no actuó así el consistorio? Lo supongo pero no lo sé.
Y ahora, qué.
Creo que la Generalitat debería tomar cartas en el
asunto y también estaría bien que la
Fiscalía estudiase de oficio si un Ayuntamiento que recibe un dinero en virtud de
un concierto para atender a unos residentes dependientes puede gastarlo, no
pagando la prestación del servicio sino deudas del consistorio.
No soy tan iluso como para no ver que si no se paga la deuda
a la Caja en cuestión ésta iniciará los procedimientos de ejecución correspondientes.
Por eso, aunque sea un brindis al sol con difícil encaje jurídico me atrevo a
soñar, ¿No sería la mejor solución que la caja de ahorros que concedió la
hipoteca se quede con el inmueble manteniendo a IDEA como inquilino; que la
Generalitat revierta el concierto por incumplimiento grave del Ayuntamiento firmando
uno nuevo con IDEA y que alguien sancione a los políticos municipales que tomaron decisiones tan insensatas y
reconozca el derecho de IDEA a ser indemnizada por los perjuicios que el mal
funcionamiento municipal le ha ocasionado?
Seguro que los de IDEA se conformarían con recuperar lo que
llevan perdido pero creo que ésa no sería la solución más justa para ellos ni
para el sector geroasistencial.
