EL LIMITE ENTRE LA MALA GESTIÓN Y EL DESPRÓPOSITO

Cuando llegaron a España los primeros ayuntamientos democráticos a finales de los setenta,  todos querían, con independencia del tamaño, un edificio  “digno” para el consistorio, una biblioteca y una escuela.  A medida que se fue consolidando la democracia,  al menú de los deseos se sumó el club de jubilados, el polideportivo (con o sin piscina) y, a poder ser, la residencia para la tercera edad.

Algunos municipios alcanzaron sus sueños durante la época del boom inmobiliario, cuando los ingresos por licencias y el dinero fácil/barato, hicieron pensar a los Alcaldes que se podía hacer todo y “ya se pagaría”.

El problema de construir una residencia para mayores  es que, si no se calcula muy bien cuánto va a pagar “alguien” por los servicios que reciben los residentes, pronto se entrará en pérdidas (o en déficit si eres sector público), y las pérdidas, una vez que aparecen tienen una obstinada tendencia a permanecer si no se toman decisiones dolorosas.  Mantener una residencia abierta cuatro años cuesta tanto como construirla por lo que no estamos hablando de cuestiones baladí.

¿Qué tienen en común Peleas de Abajo, de 250 habitantes en Zamora)  Monasterio de la Sierra, de 46 habitantes en Burgos?   Tres cosas:  la primera, se consideran que son los dos municipios más endeudados de España en relación a su población.  La segunda, ambos se embarcaron en construir y gestionar establecimientos de servicios,  uno una residencia geriátrica municipal que sangra las arcas municipales, el otro una casa rural que hace lo mismo. La tercera,  en ambos casos sus sucesivos alcaldes siguen tranquilamente su vida sin que nadie les haya pedido responsabilidades.  ¿No podían haberse centrado esos consistorios y muchos otros en hacer aquéllo que les correspondía según la legislación municipal con el dinero que tenían?

Ahora ha saltado a la luz un caso verdaderamente Kafkiano en el que se mezcla un ayuntamiento insensato y un empresario que puede ser llevado a la ruina por esa insensatez.

El Ayuntamiento es el de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.  Lo que sucede es lo siguiente:

El consistorio hace años decidió que una buena forma de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mayores y de potenciar el empleo en el municipio sería tener una residencia para mayores.  Decide que quién mejor para construir una residencia que él mismo, pide una hipoteca (a una Caja de Ahorros, por supuesto) y, con el compromiso de la Generalitat de que concertará una parte sustancial de las plazas que se construyan, se pone manos a la obra.

Una vez la residencia está casi construida, en un ataque de sensatez, el Ayuntamiento decide, en vez de gestionar él mismo el centro de forma pública, convocar un concurso para seleccionar a una empresa que quiera y pueda gestionar la residencia.  Se presentan varios candidatos y elige el que le parece mejor.

La residencia empieza a funcionar, la Generalitat honra su palabra y concierta las plazas y los residentes ingresan.

Hasta aquí todo normal, pero cuando la Generalitat empieza a pagar la cantidad correspondiente al concierto de plazas ingresa el dinero, no a la empresa gestora sino al  Ayuntamiento que es el titular del centro.  El Ayuntamiento recibe el dinero en la cuenta que tiene abierta en la caja de ahorros que le concedió la hipoteca y ésta aprovecha cuando ve saldo y se cobra los plazos del crédito.  El Ayuntamiento entonces paga al gestor, no lo que ha recibido y le corresponde  sino “lo que queda después de pagar la hipoteca”.

En unos meses, ese baile de pagos genera una deuda de medio millón de Euros  a los que hay que sumar unos cien mil euros que corresponden a Julio de 2012 (“El mes en que la Generalitat no pagó los conciertos”).

La empresa IDEA, gestora del centro ha seguido pagando a los empleados y a proveedores pero ya ha anunciado que no aguanta más (me pregunto cómo ha podido aguantar hasta ahora).

¿Quién es el culpable de esta situación?

Yo apunto el dedo en primer lugar al Ayuntamiento. 

No me cuesta imaginarme qué dirá éste en su defensa:  “No puede hacer nada, la hipoteca hay que pagarla”,  yo les preguntaría ¿Tienen algún informe de viabilidad en el que basaron la decisión de construir la residencia? ¿Se cumplió escrupulosamente el presupuesto de construcción o hubo alguna desviación peculiar que generase después un aumento injustificado del precio? ¿Cuándo fueron conocedores de que la situación era insostenible?

La Caja de Ahorros que concedió el crédito en su momento debería ser también cuestionada  pertinentemente.  Alguien que pueda debería analizar cómo se tramitó la hipoteca y cómo pensaban que ésta podía ser devuelta.  ¿Se hizo algún informe de viabilidad?  ¿Se plantearon diferentes escenarios?.  Por supuesto que la caja quiere recuperar el dinero y los intereses, pero ¿fue diligente calculando el riesgo o dieron el dinero “a ojo”?

La Generalitat no merece un reproche especial salvo en un aspecto. ¿Cómo se tramitó el concierto? ¿Utilizaron ese sistema que suena tan mal que se llama “negociado sin publicidad?  En cualquier caso ¿evaluaron la capacidad técnica y económica del proyecto? ¿En algún lugar del pliego explicó el Ayuntamiento cuánto tendrían que pagar en concepto de devolución de créditos?.    Creo que ICASS haría bien sacando del cajón el expediente y revisándolo a fondo.   El riesgo que corren es relativo ya que los inquilinos de Palau de Mar eran otros cuando se tramitó con lo que incluso pueden hacer algo que les haga aparecer como “desfacedores de entuertos ajenos”.

No encuentro manera en qué hacer responsable a IDEA de nada de lo que está sucediendo.  Esta empresa compitió con otras, presentó una oferta y ganó la gestión con unas condiciones.  Formó y contrató a un equipo de profesionales y, hasta ahora les ha ido pagando el sueldo. Como cualquier empresa IDEA contemplaba la posibilidad de que algún día se pudiese producir un atraso en el pago.  Lo que de ninguna forma podía prever es que, de forma sistemática “alguien” iba a quedarse una parte importante de las cantidades correspondiente a los conciertos.

Me consta que IDEA ha hecho múltiples gestiones con el Ayuntamiento para que cesase en el desvío y con la Generalitat para que garantizase el pago.  Ninguna ha surtido efecto por lo que, finalmente se han encomendado a la asociación patronal ACRA para que difunda el caso, cosa que ha hecho.

Creo que a la hora de mostrar lo sucedido a la opinión pública hay que resaltar  que no estamos ante nada imprevisible o inevitable sino ante un caso de mala gesión.

Creo que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, en un primer momento debería haberse abstenido de entrar en el proyecto inmobiliario como promotor.  Podría haber contratado un derecho de superficie con una empresa que se hubiera comprometido a construir y gestionar la residencia durante, pongamos, cincuenta años.  También habría podido intentar obtener el concierto de plazas para la residencia, apoyando el interés de los vecinos del pueblo.  La empresa habría tramitado la hipoteca con la entidad que mejores condiciones le hubiera ofrecido, habría construido  de la forma más eficiente y habría asumido el riesgo y ventura de la operación.   Con toda seguridad las empresas que hubieran considerado presentarse al concurso para seleccionar al contratista habrían hecho un estudio concienzudo de mercado y de viabilidad económica y sólo se habrían presentado si éste hubiera permitido atisbar  perspectivas de éxito.  Si hubiesen actuado de esta forma, hoy la residencia estaría funcionando mejor o peor, estaría aguantando los impagos y retrasos de la Generalitat pero, difícilmente podría echar la culpa de nada al Ayuntamiento.

¿Por qué no actuó así el consistorio?  Lo supongo pero no lo sé.

Y ahora, qué.

Creo que la Generalitat debería tomar cartas en el asunto  y también estaría bien que la Fiscalía estudiase de oficio si un Ayuntamiento que recibe un dinero en virtud de un concierto para atender a unos residentes dependientes puede gastarlo, no pagando la prestación del servicio sino deudas del consistorio.

No soy tan iluso como para no ver que si no se paga la deuda a la Caja en cuestión ésta iniciará los procedimientos de ejecución correspondientes. Por eso, aunque sea un brindis al sol con difícil encaje jurídico me atrevo a soñar, ¿No sería la mejor solución que la caja de ahorros que concedió la hipoteca se quede con el inmueble manteniendo a IDEA como inquilino; que la Generalitat revierta el concierto por incumplimiento grave del Ayuntamiento firmando uno nuevo con IDEA y que alguien sancione a los políticos municipales  que tomaron decisiones tan insensatas y reconozca el derecho de IDEA a ser indemnizada por los perjuicios que  el  mal funcionamiento municipal le ha ocasionado?

Seguro que los de IDEA se conformarían con recuperar lo que llevan perdido pero creo que ésa no sería la solución más justa para ellos ni para el sector geroasistencial.