¿"REPENSAR" LA LEY DE DEPENDENCIA?

Durante los útlimos tiempos, con la moda de la corrección política, parece que decir "destruir el sistema", "derogar una ley" o, simplemente "quitar algo", no es adecuado.  Queda mucho mejor "reinventar el sistema económico", "reinventar la democracia" o, algo que nos afecta más, y que apareceen una noticia reciente:  CiU ha pedido al Gobierno que "repiense" la Ley de Dependencia.

Si leemos la noticia veremos que lo que dice Carles Campuzano, diputado de CiU, es que la Ley no está cumpliendo con las expectativas generadas, que la financiación es insuficiente, que los plazos que impone no son los correctos, que plantea dificultades para valorar y reconocer el derecho y que, en definitiva, hace falta corregir las deficiencias que plantea.

Yo uniría la reflexión del Sr. Campuzano a las que podimos escuchar en Abril en el Congreso de Edad y Vida, sobre las que escribí entonces y concluiría, traduciendo del idioma políticamente correcto al roman paladín, que la Ley de Dependencia es un fracaso por múltiples motivos, que debería ser derogada sustituyéndola por otra y que el único motivo por el que esto no se hace es por el flujo de dinero que, aunque no se gaste con la finalidad pretendida, llega desde el Estado a las Comunidades Autónomas y de éstas a las familias.

¿Por qué entonces no dice las cosas más claras el Sr. Campuzano?  Yo creo que él tampoco quiere de verdad "repensar la Ley" sino garantizar que el flujo de dinero llegue con mayor abundancia a Cataluña. El motivo es claro: Una Ley que quiere unificar los derechos de todos los ciudadanos que viven en España estableciendo criterios comunes de valoración, acreditación, copago o calidad sólo puede ser vista como una amenaza por parte de quien postule el máximo autogobierno para su comunidad autónoma.  Al fin y al cabo, unificar criterios quiere decir renunciar a poder establecer los criterios que "tú" quieres para "tú" comunidad.

En mi humilde opinión lo que quiere el Sr. Campuzano es manifestar su descontento con la Ley de una forma que pueda ser atemperada con dinero.  Y ahora tiene ante sí a un interlocutor muy receptivo.

La Ley que fue apoyada por todos salvo por CiU y el PNV, acaba siendo la Ley que mejor se ajusta a las aspiraciones de autogobierno de ambos partidos. ¿Qué hay mejor que una Ley que nominalmente aspira a una unificación de criterios y derechos (o sea, a la cesión de competencias autonómicas en materia de servicios sociales hacia el Estado) pero que está tan mal hecha que no lo consigue en absoluto? La respuesta es sencilla: esa misma Ley si nos permite recibir más fondos para gestionarlos como creamos más adecuado.

Así que, los dos grande partidos no querrán derogarla porque la hicieron ellos y a los dos que suelen tener la llave de la gobernabilidad ya les está bien como está.

¿Qué opción nos queda?  Repensar, o sea, nada.