Hoy, en Inforesidencias.com aparece esta noticia:
Después de haberlo anunciado varias veces, la semana que viene las residencias privadas de Cataluña empezarán a recibir una carta del Departament de Benestar Social y Família en la que les explicará qué tienen que hacer para poder acoger a usuarios beneficiarios de prestación económica vinculada, aunque no sean centros concertados ni colaboradores. Estos requisitos, con casi toda seguridad serán no tener expediente sancionador abierto o pendiente y reunir los requisitos de colaboración de 2008 (la última vez que se publicó convocatoria).
Según ha aparecido en la prensa, la ayuda que recibirían los grandes dependientes que viven en el “limbo de la dependencia”(valorados, con derecho pero que no reciben nada) será algo inferior al precio de concertación.
La Generalitat mantendrá las plazas concertadas y, es posible que las amplíe pero intentará que las personas con derecho a recibir prestación y que han visto superado el plazo previsto en la Ley (unas 33.000 en Cataluña) reciban un servicio lo antes posible.
Si la Generalitat se pone las pilas y empieza ya a aplicar la medida querrá decir que se acaba que una persona que vive satisfecha en una residencia tenga que irse a otra, aunque no quiera, so castigo de perder cualquier ayuda pública si se resiste al cambio. Pero, ¿será realmente así?
Creo que hay dos factores que pueden entorpecer una medida que, aplicada como está anunciada y alcanzando a 33.000 personas podría suponer una mejora en la calidad de vida de muchas personas y un respiro para un sector que lleva años creando empleo no localizado y asumiendo gastos que legalmente correspondería a la administración:
- Por un lado hay que esperar a que se determinen cuáles son los requisitos que se exigirán a las residencias privadas no colaboradoras para poder mantener a sus residentes e ingresar nuevos con ayuda. Según leemos en la prensa, serán criterios de inspección y calidad. A mí me huele a pedir los criterios de acreditación de centros colaboradores (o sea, básicamente las salas de fisio, visitas y profesionales, la lavandería sectorizada “ropa limpia ropa sucia” y los requisitos de personal). El problema es que si existe cualquier requisito más allá de la autorización administrativa, será necesario establecer un procedimiento: La inspección tendrá que hacer un informe, enviarlo a alguien del ICASS que a su vez tendrá que enviar alguna carta a la residencia y a las trabajadoras sociales para que todos sepan que esa residencia puede acoger a usuarios con financiación pública. Como un procedimiento quiere decir tiempo, según cómo se haga nos podemos encontrar con que no pase nada hasta dentro de unos meses.
Sería mucho más fácil decir que, hasta que no se publique el decreto de acreditación, todas las residencias autorizadas pueden recibir a usuarios con prestación económica vinculada. Que sean las personas las que elijan y la administración concentre sus esfuerzos en financiar estancias. O sea, volver a lo que se hizo durante dos años.
- El segundo factor es más difuso, un poco “psicológico”, pero no por ello con menor peso. En general en la sociedad y, de forma más condensada dentro de la administración, existe desconfianza hacia el sector privado de la atención a mayores. Parece que “hacer negocio” cuidando a dependientes es algo sucio y que cualquiera que lo haga tiene que justificarse y demostrar de forma constante que lo hace escrupulosamente y bien. Sólo hay que preguntarse por qué es más exhaustiva la regulación administrativa del funcionamiento de una residencia que la de un hospital, para detectar esa desconfianza. Nos fiamos de “lo privado sanitario” más que de lo “privado social”, por eso no existe una norma que determine la ratio de enfermeras en una clínica privada ni la obligatoriedad de existencia de un protocolo de uso de contenciones en clínicas y hospitales, pero sí en residencias.
Esta desconfianza es importante porque contamina cualquier esfuerzo que haga la administración por racionalizar el gasto o maximizar la eficiencia en servicios de atención a la dependencia.
Esta realidad hace que podamos esperar que en los próximos días se acuse al Conseller Cleries de “enriquecer a los empresarios a costa de los mayores”, “sacrificar la calidad empeorando las condiciones de trabajo” o lindezas por el estilo. Podemos esperar que, dentro de la propia administración surjan resistencias a la medida haciendo que cualquier requisito que se exija se convierta en una barrera insuperable para muchos centros.
En mi opinión, ante esa desconfianza sin fundamento hay que actuar de tres formas: Primero, siendo implacable con quiénes incumplen la norma o cometen abusos (una implacabilidad que debería surgir del propio sector privado); Segundo, exigiendo transparencia e información: ¿Qué cuesta atender a un residente en una residencia pública gestionada por la propia administración? ¿Cuánto en una pública gestionada por una empresa o institución benéfica? ¿Cuánto en una concertada? ¿Cuánto bajo la forma de prestación económica? ¿Puede justificarse la diferencia de coste bajo criterios de calidad, eficacia o cualquier otro? y Tercero destacando que es el signo del tiempo: todos los países, incluso los escandinavos, están apostando por una colaboración pública/privada para la prestación de servicios a los ciudadanos.
Creo que la medida propuesta por Cleries va en la buena dirección y que será beneficiosa para el sector en general. Tanto para las residencias de mayor tamaño como para las pequeñas y tanto para las que tienen un funcionamiento más “empresarial” como para las de formato “autoempresa”. Pero, lo más importante es que será beneficiosa para esos 33.000 dependientes que hasta ahora han quedado sin cobertura.
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