Concertando plazas según la Ley o "a dedo" (Generalitat Valenciana y Generalitat de Catalunya)

Dos noticias aparentemente similares han surgido durante los últimos días.


En la Comunidad Valenciana (según el Diario La Información) La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto el plazo de licitación por procedimiento abierto para la contratación de 3.300 plazas en centros residenciales de personas mayores , según ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El plazo para presentar las ofertas finaliza el 4 de enero de 2017.

Se trata de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad del servicio frente al precio del mismo. El contrato será para un periodo de tres años prorrogables a otros tres, y por un importe estimado que asciende a los 379.739.225 euros.
Mientras tanto los medios nos dicen en Cataluña que La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha anunciado el 13 de noviembre, que la Generalitat subvencionará a partir de mañana otras 700 plazas en residencias privadas de ancianos, que de esta manera se convertirán en plazas colaboradoras.

Ello significa que el Govern pagará más de 1.000 euros mensuales por las plazas que ocupan actualmente unos 700 ancianos catalanes en centros privados.

En una entrevista en Televisió de Catalunya, Bassa ha explicado que este incremento del número de plazas colaboradoras ha sido posible gracias a que se ha "rascado" del presupuesto actual, pero ha incidido en que sigue existiendo un "déficit" de plazas en residencias para gente mayor.

Resulta curioso que, mientras en la Comunidad Valenciana es toman la "molestia" de convocar una licitación pública en Cataluña pueda comparecer la consellera, decir que ha "rascado" (literal de los medios de comunicación) algo del presupuesto y que gracias a eso puede subvencionar 700 plazas en residencias.

Cuando la licitación en la Comunidad Valenciana se tramite sabremos quiénes han sido los adjudicatarios y, quién se sienta perjudicado y considere que no se ha seguido el proceso legal podrá relcamar e incluso ir a los tribunales.  Las residencias que se adjudiquen al haber presentado una oferta ventajosa, firmarán un contrato con la administración, un concierto de plazas recogido por la Ley.

En Cataluña, esas 700 plazas que "subvenciona" la Generalitat están en unas residencias que han sido elegidas "a dedo" por la administración mediante un sistema que no ha sido publicado en ningún diario oficial.  Lo que tienen en común esas residencias es que tenían firmado con la Generalitat un convenio dentro del Programa de Suport a l'Acolliment Residencial (programa de apoyo al acogimiento residenical), coloquialmente conocido como "de colaboración".  Un programa muy bien diseñado en los años 90 y que quedó fuera de la Ley aprobarse la Ley de Servicios Sociales de Cataluña de 2007.   Esa Ley ya no contempla que existan plazas "colaboradoras" y las deja sólo vigentes de forma transitoria hasta que se transformen en plazas concertadas.

En Cataluña desde 2008 no se firman convenios de "colaboración" con residencias, por lo que muchas residencias perfectamente equipadas y dotadas de personal adecuado llevan ocho años esperando a que la Generalitat abra un proceso de concertación.   Lo máximo que han conseguido estos centros ha sido poder acoger, en algunos casos a beneficiarios de Prestación Económica Vinculada.

El "proceso de las 700 plazas", al que he llamado "Pseudoconcertación express" en posts anteriores, ha venido plagado de despropósitos.  Primero la Generalitat convocó a algunas patronales para pedirles que les dijesen qué residencias colaboradoras y concertadas tenían plazas libres porque quería ampliar plazas financiadas por la administración.  Después resultó que sólo quería saber las plazas libres en colaboradoras.  Después en una nota, dijeron que sólo estaban recabando datos pero sin ninguna intención concreta a corto plazo; después empezaron a llamar directamente a las residencias colaboradoras pidiendo datos de plazas libres y al final han anunciado lo que han anunciado.

La medida tiene su lado bueno ya que supone ampliar en 700 el número de plazas financiadas,   también es buena para las residencias que hayan conseguido ampliar sus plazas de colaboración. El lado malo, sin embargo, sigue allí: establece un antecedente de enorme arbitrariedad que puede pasar factura en el futuro.

¿Cómo puede alguien saber si la Generalitat ha seguido el proceso adecuado? ¿Cómo puede recurrir una residencia que sienta que debería haber sido incluida en la "Pseudoconcertación"?

En estos días he escuchado a directores explicando su situación individual.  Desde quien no ha podido participar porque no tenía plazas libres aunque sí varias de beneficiarios de PEV, quien ha ocupado algunas plazas privadas en estancias temporales que acabarán en poco tiempo y que si llega a saber lo que iba a hacer la Generalitat hubiese actuado de forma diferente.  "¡Si llegan a avisar!"

Durante los últimos años la forma de financiar plazas en residencias en la Comunidad Valenciana ha sido puesta en duda por parte de muchos empresarios, los medios de comunicación y los jueces que han llevado a dormir en la cárcel a algún ex-consejero.   No me gustaría que, ahora que parece que en esa Comunidad han optado por un sistema más transparente de licitación, sea Cataluña la que opte por formas opacas de licitación.

¿Morir atropellado por un tren e indemnizar a la compañía? Envejecimiento en Japón

Esta podría ser una historia en cualquier lugar del mundo, una mujer de cincuenta años se da cuenta de que su madre está “perdiendo la cabeza”; ha dejado de bañarse salvo que alguien se lo diga con insistencia, ha comprado de forma desordenada haciendo que en casa haya muchísimo papel higiénico pero nada de leche. Algunas noches da vueltas por la casa llamando insistentemente a su difunto marido y enfadándose al no encontrarle Un día incluso ha salido de casa y se ha perdido durante un día y una noche entera. Su hija descubrió lo que había pasado cuando la policía le llamó al haberla encontrado deambulando por una zona industrial alejada de su casa. La policía le dijo que había tenido suerte.

En 2014, el Libro Guinness de los Récords inscribió al japonés de la ciudad de Saitama, Momoi Sakari, como el hombre más longevo del mundo, con 111 años y 196 días de edad. Poco tiempo antes había fallecido el anterior recordman, un estadounidense de 111 años y 124 días.

Aunque ese dato podría interpretarse como algo únicamente positivo, también hay otras realidades ocultas tras un dato que trata del envejecimiento en el país del sol naciente: Cada año más de 10.000 personas mayores con demencia desaparecen en Japón. Muchos son encontrados muertos, otros nunca llegan a encontrarse. Para los que se pierden en las vías de un tren y mueren atropellados la familia puede llegar a vivir la indignidad póstuma de tener que pagar por la factura del accidente. En un caso, los herederos de un anciano vieron incrédulos la factura de 7,2 millones de yenes (unos 60.000€) que les fue presentada con la advertencia de que el pago atrasado generaría intereses.

Uno de los países más envejecidos del mundo

Japón es así una de las sociedades más envejecidas del mundo, detrás únicamente del minúsculo principado de Mónaco. Según un estudio llevado a cabo por el Ministerio japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, el número de personas mayores de cien años en el país se situaba en 54.397 el día 15 de septiembre de 2014, fecha en que se celebra el Día de Respeto a los Ancianos, Keirō no hi en japonés. Esta cifra representa un nuevo récord, ya que supera en 3.021 personas el dato del año anterior (51.376); además, ya son 43 años consecutivos de esta tendencia al alza. La mujer más anciana del archipiélago nipón es Ōkawa Misawo, de 115 años y residente en la ciudad de Osaka, mientras que el hombre de más edad es el ya mencionado Momoi Sakari. Para los millones de jubilados nipones que bien un envejecimiento activo, alargar la esperanza de vida se convierte en una especie de bendición de vida plena, sin embargo ésta trae consigo una servidumbre añadida en forma de aumento del número de personas que sufren demencia. Esta situación cada vez plantea con más fuerza la pregunta de quién debe asumir las decisiones sobre la vida de estas personas y la responsabilidad que emana de las mismas.

Desde el punto de vista demográfico se trata de una pregunta importante ya que, como cada vez hay más mayores y menos niños, la población japonesa está decreciendo y lo va a hacer a razón de 700.000 personas por año durante 10 años entre 2020 y 2030 de forma que, si siguiese con esa racha en el año 3.000 el país tendría 1.000 habitantes.

Cuida la familia

Si hoy son 5 millones los japoneses sufren algún tipo de demencia relacionada con la edad (como el Alzheimer), en 2025 la cifra subirá hasta los 7 millones. Muchas de estas personas van a necesitar atención con la dificultad añadida de vivir solos en un domicilio recibiendo cuidados esporádicos de sus parientes. Ese “cuidado familiar” que para muchos es muestra de la salud de la institución básica de la sociedad trae consigo un efecto oculto y siniestro: según algunos estudios, tres cuartas partes de los familiares cuidadores viven en una situación de estrés tan elevada que afecta a su propia salud. En encuestas que se realizan en Japón aparecen pensamientos suicidas en los cuidadores o, algo igual de terrible: en 2015 se produjeron 44 intentos se asesinato por parte de familiares cuidadores (no hemos encontrado el dato de cuantos acabaron en la muerte efectiva del mayor).

Japón intenta adaptarse a la vida en un país con tantos mayores y menos jóvenes. La edad de jubilación obligatoria desapareció hace algún tiempo por lo que no resulta extraño encontrar taxistas de más de 70 años o personas mayores vigilando en obras o trabajando en supermercados. Cada vez más personas de más de 65 años dicen que están dispuestos a seguir trabajando mientras estén en forma, algo relacionado sin duda con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva.

La adaptación a una sociedad envejecida se nota cada vez en más detalles: las tiendas de barrio surgen en todas partes adaptándose a las costumbres de compra de un mayor sin coche y con ganas de cargar poco peso. Las compañías de teléfonos, automóviles y elecrodomésticos han fabricado productos con funciones más sencillas e intuitivas, con letras grandes y contrastadas que permitan su uso normal por parte de un octogenario.

La financiación pública para la atención a la dependencia para las personas mayores parece no estar a la altura del resto de adaptaciones a las que se somete el país. En 2010 ese gasto tan solo el el 1,2% del PIB frente al 3,7% de Holanda (Datos de la OCDE). La razón por la que es Estado paga menos por los cuidados a mayores radica en la especial implicación que mantiene la familia, que, a menudo está dispuesta a gastar ahorros, e incluso a dejar su propio trabajo para cuidar al pariente anciano.

¿Traer a cuidadores del extranjero?

Un problema añadido para poder incrementar el cuidado profesional de mayores dependientes es la grave falta de enfermeras, debida en parte al bajo salario que cobran las que se dedican al cuidado de ancianos. Hace unos diez años el gobierno anunció que traerían a un gran número de enfermeras desde Filipinas e Indonesia. El anuncio se ha quedado básicamente en eso debido a que los visados ​​son extremadamente difíciles de obtener y a que los trabajadores extranjeros dedicados a cuidar a mayores deben pasar pruebas de lenguaje absurdamente difíciles. Total, que solo unas pocas enfermeras extranjeras se han conseguido incorporar.

Encontrar plaza en una residencia geriátrica cuando esta es la opción más adecuada, también se está convirtiendo en un problema importante. Un informe afirma que para el año 2025 cerca de 130.000 ancianos con demencia en Tokio necesitarán una plaza en una residencia de tercera edad de larga estancia pero no la podrán encontrar. Si pensamos en todo el país, alrededor de 520.000 personas mayores estaban en 2013 en lista de espera para ingresar a una residencia asistida, entre las que unas 150.000 eran totalmente incapaces de cuidar de sí mismas. Debido a la tendencia demográfica, cabe pensar que ya han superado ampliamente estas cifras.

Que los ancianos vayan a vivir al campo

Un grupo de reflexión, el Consejo de Política de Japón, presentó recientemente una solución desesperada: alejar a los ancianos de la capital para estimular a las comunidades rurales en declive. El 

Ubasute

plan fue aprobado por el gobierno, aunque ha sido recibido con cierta reticencia. El ministro a cargo de la revitalización rural, Shigeru Ishiba, tuvo que negar que el gobierno estuviera volviendo al ubasute 姥捨て, la antigua costumbre mítica de empujar a la abuela para que se vaya a una montaña a morir. También insistió en que nadie se vería obligado a moverse.

Hasta la fecha, más de 200 municipios rurales han expresado su interés en acoger lo que se denomina comunidades de jubilación continua. Algunos ya están funcionando aunque falta por determinar un detalles: si este modelo tiende a generalizarse, ¿debe hacerse cargo del mismo el Estado o la persona que se beneficia y sus familiares?

Shinzo Abe, primer ministro del Japón promete que su país está llamado a convertirse en un ejemplo para el mundo a la hora de afrontar el envejecimiento de la población. Entre sus promesas está una mejor financiación para la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y más dinero para entrenar a 60.000 médicos en su diagnóstico temprano de ese tipo de demencia. Pero se debe hacer mucho más, incluyendo la reducción de las barreras inmigratorias que impiden, como ha quedado señalado más arriba que vayan a trabajar a Japón trabajadores especializados en la atención a mayores.

Volviendo a los ancianos atropellados por trenes, las actitudes en Japón están cambiando. En un fallo histórico en marzo de 2016, la Corte Suprema de Japón falló contra Japan Railways en su intento de reclamar los costos de un accidente que acabó con la muerte de un anciano. El mayor, u hombre de 91 años que sufría demencia tropezó en las vías del tren durante un paseo. La compañía argumentó que el hijo y la esposa del hombre eran responsables porque "no cumplían con su obligación" de vigilarlo. El hijo por su lado, alegó lo caro y agotador que es cuidar a tus padres cuando estos se han vuelto a convertir en convertido en niños. Esta vez, los jueces se sintieron más cerca del familiar cuidador que de la empresa de ferrocarriles.

Fuentes del texto:

http://www.nippon.com/es/features/h00079/
https://www.inforesidencias.com/contenidos/noticias/nacional/japon-envejece-de-manera-acelerada

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-14/abe-sells-elderly-on-charms-of-country-life-to-save-economy

http://es.ipcdigital.com/2015/09/25/japon-construira-mas-hogares-para-ancianos-para-que-nadie-tenga-que-dejar-su-trabajo/

El texto está inspirado en este artículo: http://www.economist.com/news/asia/21696538-cases-dementia-rise-japan-gropes-new-ways-deal-them-grey-zone

"Pseudoconcertación express" en Cataluña. La Generalitat enseña sus cartas

Algunas residencias están empezando a recibir correos electrónicos en los que el Subdirector General de Gestió de Recursos Direcció General de Protecció Social les ofrece la posibilidad de comunicar plazas libres en la residencia que, según parece y si se cumplen unos requisitos, podrían ser convertidas en colaboradoras (reproduzco al final del post el texto original y después una traducción al castellano).  El mail lo reciben las residencias colaboradoras (no las concertadas ni las que sólo tienen acreditación para acoger a usuarios beneficiarios de Prestación Económica Vinculada  PEV).

Varias residencias me han llamado por teléfono con algo en común.  Casi todas están molestas con lo que está haciendo la Generalitat.

Nos encontramos con un paso más de lo que empezó a mediados de este mes y que llamé “Pseudoconcertación express”.  O sea que la Generalitat quiere ampliar plazas de colaboración saltándose los procedimientos legalmente establecidos mediante un proceso no publicado en ningún boletín oficial o previsto en Decreto alguno.

Voy a intentar explicar cómo lo veo:

La Generalitat se ha dado cuenta de que el número de personas mayores dependientes con derecho a recibir el servicio de residencia asistida pero no lo reciben es muy elevado y esto supone un grave problema.  Eso es cierto, lo saben y se lo han recordado insistentemente las patronales.

Ante esta situación, la Generalitat tiene dos formas de actuar lógicas:

1.    Ampliar el número de plazas concertadas convocando procedimientos de contratación, como ya hizo en 2008.

2.    Ampliar el número de Prestaciones Económicas Vinculadas.

Por motivos que no acabo de entender y que no se han explicado por escrito, el dinero de que dispone el Departament para ampliar la cobertura no puede ser gastado de ninguna de las dos formas “lógicas” por lo que han decidido ampliar plazas de colaboración ocupando las plazas libres que tengan las residencias colaboradoras, y deseen poner a disposición de la Generalitat,  y convirtiéndolas en colaboradoras sin más procedimiento que presentar una solicitud, no tener “asuntos pendientes” con la inspección y encajar en la programación territorial. 

Primer problema: la colaboración es algo transitorio a extinguir

El primer problema que supone el sistema elegido es que la “colaboración” es un sistema de financiación de estancias que no tiene cobertura legal en la Ley de Dependencia ni en la Llei de Serveis Socials de Catalunya.   Desde 2008 se dejaron de acreditar centros colaboradores y se dejaron los existentes en una posición de transitoriedad a la espera de convertirlos en concertados.  Llevamos ocho años escuchando como desde el ICASS nos explicaban sucesivos planes nunca ejecutados para la “conversión” y ahora, ¿Van a ampliar el número de plazas colaboradoras?.   Lo encuentro totalmente extravagante y fuera de cobertura legal.

Las residencias que cumplen los mismos requisitos que las colaboradoras, o incluso más elevados (concertadas y acreditadas para acoger PEV), se sentirán justamente maltratadas por este sistema.

Segundo problema: ¿Dónde está el procedimiento, y las garantías?

Los requisitos y procedimiento explicados en el mail recibido hoy, dejan en la práctica las manos libres al Departament para hacer lo que le plazca ya que si en una zona se le ofrecen más plazas de las que necesita, en ningún lugar aparece el criterio que seguirá para seleccionar con cuáles debe quedarse y, si en un informe de inspección aparece que el inspector considera que se incumple la ratio, éste informe puede hacer que quede excluido un candidato aunque no haya expediente en el que se sustancie el posible incumplimiento.

Quiero suponer que tras ofrecer las plazas se abrirá un expediente administrativo en el que el interesado podrá presentar alegaciones y recurrir si ve rechazada la solicitud o no se le cubren todas las plazas ofrecidas, pero, claro, no lo sé ya que esto parece algo diferente.

Tercer problema: ¿Existen esas plazas?

La gran queja que me han transmitido quienes me han llamado está en el hecho de no tener plazas para ofrecer.  Lo expliqué en el primer post y lo repito:

Si tengo una residencia de 70 plazas de las que 50 son colaboradoras, y de las 20 privadas restantes tengo 15 ocupadas por beneficiarios de PEV y 5 con usuarios privados, NO puedo presentarme a este proceso ya que no tengo ninguna plaza libre.   En ese caso, además de ver la puerta cerrada puedo tener el miedo razonable a que, parte de los beneficiarios de PEV que tengo  y que estarán en lista de espera de otras residencias, puedan irse si esas otra residencias tienen plazas libres, las ofrecen y se las convierten en colaboradoras.

Sé que suena complicado, pero quien está en esa situación lo entenderá perfectamente.

¿Por qué la Generalitat no permite convertir las plazas ocupadas por usuarios de PEV en colaboradoras?  Es más ¿Por qué no permite ofrecer plazas que estén ocupadas y las va ocupando a medida que queden vacantes?

Quien diga que eso es imposible estará olvidando que ya se hizo así en el proceso de concertación de 2008.

Según me han comentado desde diferentes fuentes existen pocas plazas como las que está buscando la Generalitat, sobre todo en las zonas más necesitadas por lo que, si alguna vez nos dicen cuántas han sido, quizás quede todo en una tormenta en un vaso de agua.

Para mí el problema principal es el precedente:

La Generalitat lleva dos semanas dando palos de ciego: diciendo una cosa, negándola, dando a entender por teléfono una cosa y acabando escribiendo a no sabemos cuántas residencias ofreciéndoles algo que tiene dudoso sustento legal.

No dudo de que en el fondo lo que quiere la Generalitat es bajar el número de mayores dependientes en lista de espera, eso es loable.  Cuando eres una administración pública, además de hacer cosas con finalidad loable, has de seguir un procedimiento y unos principios.  En este caso, para mí, no los está siguiendo.

Benvolgudes i benvolguts,

Aquests darrers dies, els seus centres han anat rebent diferents trucades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies interessant-se per la disponibilitat de places lliures que podrien posar a la nostra disposició en el cas que es volguessin ampliar les places en règim de col·laboració. La dificultat del procés de concertació i les llistes d’espera fan necessària l’adopció d’alguna mesura per pal·liar la demanda creixent de places.

Un cop rebuda tota la informació, s’ha fet una anàlisi de l’impacte pressupostari i s’ha analitzat la programació territorial i s’ha decidit tirar endavant aquesta mesura de creixement, que revertirà de ben segur en el benestar d’aquelles persones en espera de plaça pública.

Per això, els demanem que els centres que ho desitgin, ens facin una petició formal, amb el model que més avall adjunto, i ens l’enviïn signada i escanejada a l’adreça sggr.tsf@gencat.cat, abans del proper dia 5 de novembre de 2016. A més, l’hauran de presentar en el Registre més proper al seu domicili o fer-la arribar per correu ordinari a qualsevol de les seus del Departament.

Només es poden acollir a aquesta mesura els centres que actualment ja tenen places en règim de col·laboració. Aquestes noves places  a ampliar, han d’estar lliures. Un cop rebuda la sol·licitud, les places seran bloquejades en el web de residències i els serveis territorials respectius començaran a gestionar els ingressos, seguint la llista d’espera. Seran exclosos d’aquest procés aquelles entitats amb processos sancionadors en curs o que presentin incompliments reiterats de les condicions materials i/o de les ràtios de personal exigides en la normativa vigent.

En la mateixa adreça de correu, es resoldran aquells dubtes o qüestions que puguin sorgir.

El model que han de presentar, és el següent:

.............................., amb DNI............ com a representat de l’entitat ................., amb CIF .........., titular de la residència ................., amb el codi F......., exposo que el centre que represento disposa de ..... places lliures i sol·licito que siguin considerades com a places col·laboradores.

............., a ..... de ........ de 2016

Rebin una cordial salutació.

Apreciadas, Apreciados,

Estos últimos días, sus centros han ido recibiendo diferentes llamadas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias interesándose por la disponibilidad de plazas libres que podrían poner a nuestra disposición en caso de que se quisieran ampliar las plazas en régimen de colaboración. La dificultad del proceso de concertación y las listas de espera hacen necesaria la adopción de alguna medida para paliar la demanda creciente de plazas.

Una vez recibida toda la información, se ha hecho un análisis del impacto presupuestario y se ha analizado la programación territorial y se ha decidido llevar adelante esta medida de crecimiento, que revertirá seguro en el bienestar de aquellas personas en espera de plaza pública.

Por ello, les pedimos que los centros que lo deseen, nos hagan una petición formal, con el modelo que más abajo adjunto, y nos lo envíen firmada y escaneada a la dirección sggr.tsf@gencat.cat, antes del próximo día 5 de noviembre de 2016. Además, deberán presentar en el Registro más cercano a su domicilio o hacerla llegar por correo ordinario a cualquiera de las sedes del Departamento.

Sólo pueden acogerse a esta medida los centros que actualmente ya tienen plazas en régimen de colaboración. Estas nuevas plazas ampliar, deben estar libres. Una vez recibida la solicitud, las plazas serán bloqueadas en la web de residencias y los servicios territoriales comenzarán a gestionar los ingresos, siguiendo la lista de espera. Serán excluidos de este proceso aquellas entidades con procesos sancionadores en curso o que presenten incumplimientos reiterados de las condiciones materiales y / o de las ratios de personal exigidas en la normativa vigente.

En la misma dirección de correo, se resolverán aquellas dudas o cuestiones que puedan surgir.

El modelo que deben presentar, es el siguiente:

.............................., Con DNI ............ como representante de la entidad ................., con CIF .........., titular de la residencia ............. ...., con el código F ......., expongo que el centro que represento dispone de ..... plazas libres y solicito que sean consideradas como plazas colaboradoras.

............., A ..... de ........ de 2016

Reciban un cordial saludo.