jueves, 17 de noviembre de 2016

Concertando plazas según la Ley o "a dedo" (Generalitat Valenciana y Generalitat de Catalunya)



Dos noticias aparentemente similares han surgido durante los últimos días.


En la Comunidad Valenciana (según el Diario La Información) La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto el plazo de licitación por procedimiento abierto para la contratación de 3.300 plazas en centros residenciales de personas mayores , según ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El plazo para presentar las ofertas finaliza el 4 de enero de 2017.

Se trata de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad del servicio frente al precio del mismo. El contrato será para un periodo de tres años prorrogables a otros tres, y por un importe estimado que asciende a los 379.739.225 euros.

Mientras tanto los medios nos dicen en Cataluña que La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha anunciado el 13 de noviembre, que la Generalitat subvencionará a partir de mañana otras 700 plazas en residencias privadas de ancianos, que de esta manera se convertirán en plazas colaboradoras.

Ello significa que el Govern pagará más de 1.000 euros mensuales por las plazas que ocupan actualmente unos 700 ancianos catalanes en centros privados.

En una entrevista en Televisió de Catalunya, Bassa ha explicado que este incremento del número de plazas colaboradoras ha sido posible gracias a que se ha "rascado" del presupuesto actual, pero ha incidido en que sigue existiendo un "déficit" de plazas en residencias para gente mayor.

Resulta curioso que, mientras en la Comunidad Valenciana es toman la "molestia" de convocar una licitación pública en Cataluña pueda comparecer la consellera, decir que ha "rascado" (literal de los medios de comunicación) algo del presupuesto y que gracias a eso puede subvencionar 700 plazas en residencias.

Cuando la licitación en la Comunidad Valenciana se tramite sabremos quiénes han sido los adjudicatarios y, quién se sienta perjudicado y considere que no se ha seguido el proceso legal podrá relcamar e incluso ir a los tribunales.  Las residencias que se adjudiquen al haber presentado una oferta ventajosa, firmarán un contrato con la administración, un concierto de plazas recogido por la Ley.

En Cataluña, esas 700 plazas que "subvenciona" la Generalitat están en unas residencias que han sido elegidas "a dedo" por la administración mediante un sistema que no ha sido publicado en ningún diario oficial.  Lo que tienen en común esas residencias es que tenían firmado con la Generalitat un convenio dentro del Programa de Suport a l'Acolliment Residencial (programa de apoyo al acogimiento residenical), coloquialmente conocido como "de colaboración".  Un programa muy bien diseñado en los años 90 y que quedó fuera de la Ley aprobarse la Ley de Servicios Sociales de Cataluña de 2007.   Esa Ley ya no contempla que existan plazas "colaboradoras" y las deja sólo vigentes de forma transitoria hasta que se transformen en plazas concertadas.

En Cataluña desde 2008 no se firman convenios de "colaboración" con residencias, por lo que muchas residencias perfectamente equipadas y dotadas de personal adecuado llevan ocho años esperando a que la Generalitat abra un proceso de concertación.   Lo máximo que han conseguido estos centros ha sido poder acoger, en algunos casos a beneficiarios de Prestación Económica Vinculada.

El "proceso de las 700 plazas", al que he llamado "Pseudoconcertación express" en posts anteriores, ha venido plagado de despropósitos.  Primero la Generalitat convocó a algunas patronales para pedirles que les dijesen qué residencias colaboradoras y concertadas tenían plazas libres porque quería ampliar plazas financiadas por la administración.  Después resultó que sólo quería saber las plazas libres en colaboradoras.  Después en una nota, dijeron que sólo estaban recabando datos pero sin ninguna intención concreta a corto plazo; después empezaron a llamar directamente a las residencias colaboradoras pidiendo datos de plazas libres y al final han anunciado lo que han anunciado.

La medida tiene su lado bueno ya que supone ampliar en 700 el número de plazas financiadas,   también es buena para las residencias que hayan conseguido ampliar sus plazas de colaboración. El lado malo, sin embargo, sigue allí: establece un antecedente de enorme arbitrariedad que puede pasar factura en el futuro.

¿Cómo puede alguien saber si la Generalitat ha seguido el proceso adecuado? ¿Cómo puede recurrir una residencia que sienta que debería haber sido incluida en la "Pseudoconcertación"?

En estos días he escuchado a directores explicando su situación individual.  Desde quien no ha podido participar porque no tenía plazas libres aunque sí varias de beneficiarios de PEV, quien ha ocupado algunas plazas privadas en estancias temporales que acabarán en poco tiempo y que si llega a saber lo que iba a hacer la Generalitat hubiese actuado de forma diferente.  "¡Si llegan a avisar!"

Durante los últimos años la forma de financiar plazas en residencias en la Comunidad Valenciana ha sido puesta en duda por parte de muchos empresarios, los medios de comunicación y los jueces que han llevado a dormir en la cárcel a algún ex-consejero.   No me gustaría que, ahora que parece que en esa Comunidad han optado por un sistema más transparente de licitación, sea Cataluña la que opte por formas opacas de licitación.