MEDICINAS EN RESIDENCIAS

Al hilo de los sucesivos anuncios sobre las medidas de pago por medicamentos y recetas creo que es un buen momento para hablar de cómo se prescriben y se adquieren los medicamentos en residencias, algo que lleva una cola muy larga.

En cada comunidad autónoma funciona de una forma y, a veces, dentro de la misma hay variaciones según en qué ciudad se esté.

La cuestión de fondo es: quién debe prestar la atención sanitaria a los residentes, quién prescribe y en qué farmacias se compran los medicamentos.

Aunque en teoría todos los residentes son beneficiarios del sistema de sanidad público, lo cierto es que muchas residencias tienen contratados médicos que prestan la atención primaria a los residentes.  Cada residencia tiene, entonces su sistema de convertir, prescripciones privadas realizadas por el médico de la residencia, en recetas oficiales (puede ser que la residencia esté en una zona en la que exista algún "programa específico" o, lo que es más normal, que haya llegado a un acuerdo informal con los médicos del ambulatorio para que al final puedan tenerse las recetas).

Una vez se tienen las recetas en la mano viene el siguiente dilema ¿dónde se llevan?  Otra vez en teoría, cada residente lleva las recetas a la farmacia que quiera porque una residencia no es un centro sanitario sino un sustituto del hogar de forma que, desde la perspectiva de la sanidad pública los residentes son mayores que viven en su casa.  La realidad es que la residencia lleva todas las recetas a la farmacia que le parece más conveniente.

Mientras el residente no ha tenido que pagar nada por el medicamento recetado las cosas han planteado poco problema.  Es cierto que la residencia presta un servicio que no le corresponde pero al final los farmacéuticos acaban prestando algún servicio adicional que compensa en parte  por el esfuerzo.

Las cosas empezaron a cambiar hace unos años cuando una serie de medicamentos salieron del ámbito de cobertura público (algunas vitaminas, laxantes..).  Entonces, el hecho de que se prescribiesen y tuviesen que ser pagados directamente por el residente se convirtió en una carga administrativa.  Había que apuntar y controlar más cosas y asumir también un mayor riesgo de impago.

Imaginemos cómo puede complicarse la gestión administrativa de las residencias cuando se apliquen las nuevas medidas.

Es posible que muchas residencias constituyan una especie de "depósito para medicamentos", o sea una cantidad de dinero que pague la familia o el residente por avanzado y que permita pagar "lo que a cada cual toque".

Además habrá que discernir entre residentes con copago del 10% y residentes sin copago.  Habrá que hacer las sumas pertinentes para saber cuándo se alcanza el copago máximo y encima, si no se cambia, habrá que ir pagando la tasa de un Euro por receta en el caso de no estar exento de la misma.

Estoy seguro de que dentro de uno o dos años todo esto estará asimilado y se convertirá en rutina, pero también lo estoy de que la traducción será más horas de administración, o sea, un encarecimiento del servicio.  Ese encarecimiento lo acabarán asumiendo los usuarios de plazas privadas que verán cómo la tarifa sube. ¿Qué pasará con los usuarios de plazas concertadas? Lo más seguro es que la administración no admita que se ha producido un mayor coste y que los usuarios de plazas privadas acaben asumiendo también el sobrecoste de las plazas públicas.

MATO MATA A LA GEMELA SINIESTRA

Cuando escribí el cuento de la Gemela Siniestra, diciendo que la Ley de Dependencia que estábamos aplicando no era la auténtica sino una versión pervertida de la misma, me sentía bastante pesimista.  Pensaba que el engaño iba a seguir adelante y que la situación se iba a ir deteriorando sin que nadie pusiese un remedio, o como mínimo, lo intentase.

Cuando leo ahora que El Gobierno asume el fracaso del modelo de Dependencia y promueve cambios profundos me siento un poco como Casandra, ese personaje de la mitología griega a la que se le concede el don de la premonición y la maldición de que nadie crea sus presagios.  Llevo diciendo mucho tiempo que la Ley no era buena ni se aplicaba bien, pero sobre todo, que no era buena.  He asistido a decenas de actos, congresos y jornadas en las que muchos ponentes empezaban sus intervenciones hablando bien de la Ley de Dependencia: "es un gran avance social" y cosas por el estilo.  Creo que he sido de los pocos de que desde el principio he dicho que lo que era malo no era tanto la aplicación sino la Ley misma.  Un texto lleno de contradicciones y brindis al sol que sólo aguantaba un levísimo escrutinio antes de deshacerse.

Parece que ahora han descubierto que la Ley, tal como se redactó y se aplicó, no generó tantos empleos como se pensaba; no unificó los derechos, generó un "laberinto normativo" y al final no sirvió para aquéllo para lo que se había pensado.

Dentro de poco todos estaremos de acuerdo en que "la primera Ley de Dependencia" fue un fracaso desde el principio, que todo el mundo lo sabía.  Pero la verdad es que no han pasado ni cinco meses desde que escribí "Pajín en el País de las Maravillas" en donde hablaba de un informe hecho público por la Ministra en la que destacaba lo bien que iba la aplicación de la Ley de Dependencia.

Ahora se han creado cuatro comisiones que trabajarán y expondrán sus propuestas.  Me permito aportar mi granito de arena y, como tengo el día vago, en vez de escribir algo nuevo, propongo la lectura de "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia" , una entrada de Septiembre de 2008.

3.205 EUROS AL MES POR VIVIR EN UNA RESIDENCIA MUNICIPAL

Una noticia muy de nuestro tiempo me ha hecho sacar la calculadora del cajón.  El Ayuntamiento de el Puerto (Cádiz) se ve obligado a cerrar una residencia municipal de diecisiete plazas (de las que sólo trece estaban ocupadas) porque ya no puede soportar el déficit de medio millón de euros al año que genera en las arcas municipales.  El Ayuntamiento se compromete a encontrar una solución para los residentes e intentará buscar soluciones a las dieciséis empleadas de la residencia.

Esta dolorosa media la tiene que tomar el Ayuntamiento como parte del plan de ajuste "al que el Gobierno central obliga para acogerse al Real Decreto de pago a proveedores" (textual en la noticia).

El Ayuntamiento (PP) culpa de la medida a la Junta de Andalucía (PSOE) por no haber construido una residencia concertada en el municipio cuando el consistorio ofreció unos terrenos, o sea, que junto a la historia aparecen las derivadas políticas de rigor.

Hasta aquí la noticia. Ahora saquemos la calculadora:

¿16 empelados para atender a 13 residentes? ¿500.000 Euros anuales de déficit con 13 plazas ocupadas?

Si la noticia no miente, el Ayuntamiento de el Puerto ha estado gastando por cada plaza 3.205,12€ al mes, por tenerlos ¡En un piso!  Y encima, cuando toman la decisión de cerrar no lo hacen porque el coste sea exagerado sino porque "les obliga" un Real Decreto del Estado.  En dos palabras ¡qué vergüenza!

Si hacemos un cálculo rápido, con un precio de concertación en Andalucía rondando los 1.400€ y con un copago bajo de un 8% resultaría que a la administración le puede costar aproximadamente tener a un residente en una residencia privada concertada unos 1.300€ al mes. O sea, que por el déficit que genera la residencia de El Puerto, se podrían acoger a 32 personas en vez de a 13.

¿No resulta escándaloso que durante los años en que se ha generado ese déficit la administración haya robado a 19 dependientes que precisaban de un servicio la posibilidad de acceder a él sencillamente porque estaba tirando el dinero en una residencia ineficiente?

¿Cuántos ayuntamientos más, de esos que deben miles de millones a sus proveedores han dilapidado nuestro dinero manteniendo establecimientos claramente ineficientes?

¿No sería hora ya que todas las administraciones que gestionan directamente servicios públicos hiciesen un ejercicio de análisis de eficiencia?

Hoy leo también el periódico digital Público que el recorte en el nivel concertado de la Ley de Dependencia dejará a 265.000 dependientes sin cobertura.  Yo me pregunto ¿y cuántos ha dejado sin cobertura la ineficiencia de nuestros gobernantes a la hora de elegir sistema de prestación de servicios?

Si a las administraciones les cuesta el doble o más atender a dependientes en establecimientos públicos que en concertados o gestionados y no nos explican qué justifica esa diferencia de coste, nos están ocultando una parte importante del motivo de la situación en la que nos encontramos ahora.  Si existe esa justificación, como ciudadano quiero saberla.  Si no existe, exijo soluciones.

Este año nos han subido el IRPF y todavía pienso que nos subirán el IVA.  Si es indispensable, sea. Pero sólo si por otro lado se eligen los sistemas más eficientes para prestar los servicios públicos que las leyes garantizan.