Marchando un comité de expertos

Aunque no existe consenso al respecto dicen que fue Napoleón quien dijo "Cuando quieres que algo no funcione, crea una comisión". Es una de esas frases que resultan graciosas hasta que te conviertes en afectado de ese "no funcionamiento".

Me he acordado de eso al leer que esta nota del Ministerio de Sanidad:

El Gobierno crea una Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia

• Su misión será elaborar un informe técnico en el que se contemplen los análisis y las conclusiones sobre la sostenibilidad y los mecanismos de financiación en relación con las necesidades actuales del sistema
• Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria

10 de febrero de 2017. Como consecuencia de los Acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero, el Consejo de Ministros ha acordado crear una Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.

La Comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y compuesta por un total de siete miembros de la Administración General del Estado y siete representantes de las Comunidades Autónomas, en este caso, los Consejeros que tengan atribuidas las competencias en materia de Servicios Sociales de Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Aragón, Canarias y Castilla y León, o las personas que ellos designen.

PLAZO DE TRES MESES PARA ELABORAR UN INFORME

La Comisión tiene la misión de elaborar, en el plazo de tres meses, un informe en el que se contemplen los análisis y las conclusiones que se consideren convenientes en relación con los asuntos planteados.

Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria a la que también acudirán representantes de las Consejerías de Servicios Sociales y de las Consejerías de Hacienda de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía.

La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los objetivos para los que ha sido creada y, en todo caso, una vez entregado el mencionado informe final.

Si lo entiendo bien, lo que nos dicen es que el sistema de atención a la dependencia promovido por la Ley ha sido un fracaso durante estos diez años (no ha creado un verdadero derecho de ciudadanía, no ha conseguido unificar el derecho de las personas, ni que se valore igual la dependencia en todo el Estado ni que los servicios se acrediten de forma similiar...), pero ahora en tres meses van a evaluarlo y proponer mejoras.

Espero equivocarme pero me temo que esta comisión no va a conseguir nada.

Si fuese por comisiones hace años que hubiésemos solucionado la Ley.    Pensemos que la Ministra Ana Mato no creó una sino ¡Cuatro!,  en 2012 y ya ven cómo estamos.

Sin saber exactamente cómo va a trabajar el comité me atrevo a prever que el informe contendrá la necesidad de dedicar más recursos a la dependencia, un aumento de recursos que deberá mantenerse e incrementarse a medida que más personas envejezcan e incrementen su posibilidad de entrar en situación de dependencia.   Eso está muy bien, pero si se quedan aquí no justificarán lo que haya costado su funcionamiento.

Yo sigo pensando que deberíamos modificar el sistema de forma que:

- Centrase la universalidad en los grados 2 y 3 de dependencia, dejando el grado 1, de momento, como nivel con cobertura "no universal", o sea con un requisito de capacidad económica limitada.

- La prestación económica para el cuidado no profesional debería limitarse de forma que fuera verdaderamente "excepcional", tal como está definida en la Ley.  Esto implicaría que no se diesen más de un 10 o 15% de este tipo de ayudas.

- Se potenciasen las Prestaciones Económicas Vinculadas, cambiando la Ley de forma que no fuesen subsidiarias de la prestación de servicio sino una opción prioritaria. Las nuevas PEV podrían alcanzar, dependiendo de la capacidad económica el precio de referencia de una residencia concertada o de un servicio SAD completo. De esta forma, los dependientes serían conscientes de la cantidad que les corresponde y tomarían sus opciones.  Esta potenciación agilizaría trámites burocráticos y permitiría dedicar una mayor proporción de la financiación a servicios en vez de a funcionamiento administrativo.

- Se potenciase la transparencia y la posibilidad de comparar entre cómo lo hacen las diferentes comunidades autónomas.    Viendo cómo molesta a algunas administraciones las informaciones como el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que comparan a las comunidades según criterios objetivos, creo que este tipo de comparativas debieran potenciarse.  Así podríamos contextualizar las críticas que se hacen desde las comunidades al Estado por falta de financiación.

- Se potenciase el copago equitativo de forma que quien tenga capacidad económica participe de forma justa.  Este punto es esencial para la sostenibilidad del sistema y resulta muy delicado.  En principio, ¿por qué debería haber copago si ya pagamos muchos impuestos?.    Entiendo que es porque de otra forma no podemos mantener el sistema hoy y aún menos dentro de veinte años.  Partiendo de esa base debemos calcular cuánto va a costar el sistema en los próximos años y montar un sistema que nos permita mantenerlo.  Aquí es donde hace falta introducir medidas que van a molestarnos (posible copago de los hijos, posible afectación patrimonial).

Tendremos el informe dentro de tres meses, a ver si lo que dicen se parece a lo que digo yo.

Me temo que lo que va a pasar será parecido a lo que le pasaría a  una persona no puede mantener su coche coche porque consume tanta gasolina.  Llama a unos expertos y éstos, tras intensas reflexiones le proponen que lo que tiene que hacer es ponerle un depósito más grande.

Las residencias catalanas ya no tendrán que cobrar las deudas de la Generalitat

En los últimos años las residencias de mayores privadas catalanas que tenían plazas financiadas por la Generalitat se encontraban en una situación verdaderamente subrealista.

Si la Generalitat se daba cuenta de que algún residente estaba pagando menos por copago de lo que verdaderamente le correspondía (esto puede suceder cuando el cálculo no se hace correctamente, porque, por ejemplo, el dependiente no ha declarado todos sus ingresos o porque varían las circunstancias y se cambia el copago “con efectos retroactivos”), en vez de reclamar al usuario la cantidad no pagada, ésta de descontaba de lo que cobraba la residencia de la Generalitat y era la residencia la que tenía que reclamar al usuario el dinero debido.

De esta forma las residencias se convertían en una especie de “cobrador del frac” gratuito de la Generalitat.

Si se hubiese tratado de algún caso aislado o de cantidades pequeñas quizás todo se hubiese quedado en “un problema más” de los que se tiene cuando se colabora con la administración.  El problema es que la modificación del sistema de copago supuso en muchos casos incrementos importantes; éstos se tardaron en comunicar a los usuarios con lo que la deuda se generó y creció hasta alcanzar los miles de euros.  A veces la familia no quería o no podía pagar, otras el residente ya había fallecido con lo que el centro se quedaba con una deuda que debía cobrar a alguien que ya ni vivía en la residencia.  Encima, durante un tiempo la administración se obstinó en dar la callada por respuesta a las quejas de las residencias.

Ante lo injusto y esperpéntico de la situación, y viendo que las residencias con plazas financiadas, tomadas de una en una, suelen ser muy cautelosas respecto a la administración, fue la patronal ACRA, más representativa en el sector de las residencias en Cataluña, quien puso en marcha una serie de medidas para intentar revertirla:

• · Presentación de un escrito al subdirector general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en relación a las deudas de los usuarios con la Generalitat por incremento del copago. (13 de mayo de 2016)
• · Nota informativa a los socios. (27 de mayo de 2016)
• · Seguimiento del tema mediante varios contactos entre ACRA y representantes del Departamento a lo largo de los siguientes meses.
• · Aprobación, por parte de la Junta Directiva de ACRA, de proponer a los socios la apertura de una demanda colectiva por las cantidades indebidamente anticipos de las nóminas a los centros. (21 de noviembre de 2016)
• · Jornada informativa con el Bufete Escura en que se expuso la situación actual del tema y se propone la apertura de una demanda colectiva entre los socios afectados que lo deseen. (19 de enero de 2017)
• · Recogida de información justificativa relacionada con los importes descontados entre los centros afectados. (Enero - febrero 2017)
• · Redacción de una carta al Defensor del Pueblo. (Febrero 2017)

Al final parece que la presión ha  surtido efecto y la demanda colectiva no será necesaria.

La Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, comunicó el día 3 de Febrero a ACRA que había dado instrucciones para que de forma inmediata se abandone esa práctica.   Los procedimientos en curso, en los que se ha comunicado a la residencia el descuento, se paralizarán y sobre aquellos que ya se han practicado la Generalitat se ha ofrecido a dar un tratamiento individual a cada uno.

Bien está lo que bien acaba, aunque esto que ha acabado, no debería haber empezado nunca.

Actualización:

El día 7 de Febrero la Dirección General de Protección Social ha difundido este comunicado que concreta la medida:

Estimados / Estimadas,

La gestión de reclamaciones con efectos retroactivos a usuarios ingresados en centros colaboradores (provocadas generalmente por cambios no comunicados en la situación económica de las personas o por datos incorrectos) está generando controversia en el sector y ha provocado la necesidad por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de analizar la situación y buscar una solución alternativa.

Los centros están recaudando el copago en nombre del Departamento y, a la hora de producirse una reclamación con efectos retroactivos, estos centros se ven perjudicados.


Mientras se esté buscando la solución, el Departamento no involucrará los centros colaboradores en la gestión de la reclamación de los importes debidos sino que irá directamente contra la persona usuaria deudora.

El comunicado incide de forma especial en que se trata de residencias colaboradoras y no concertadas las que se han visto en esta tesitura y tiene toda la razón.

En las residencias concertadas el "cliente" de la residencia es la administración por lo que la residencia ni siquiera factura los servicios al usuario.  En cambio en las residencias colaboradoras la factura por la totalidad del servicio se factura al usuario aunque una parte la pague la Generalitat.  ¿Complicado?  Mira los primeros minutos de este vídeo para entenderlo mejor.


Residencias de tercera edad transparentes en Barcelona
Residencias de mayores transparentes en Girona
Residencias de ancianos en Lleida
Residencias de gent gran a Tarragona

Los tribunales se cargan el Decreto del “housing” ACP de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla León declara la nulidad del Decreto de autorización de residencias que establecía el sistema de Unidades de Convivencia y profesional de referencia.

El camino hacia la Atención Centrada en la Persona está condenado a sufrir un contratiempo tras otro.  No solamente hay que ir convenciendo a los profesionales, familiares y, a veces a los propios residentes que es mejor que el residente decida por uno mismo, aunque a veces esto implique asumir riesgos, ahora también habrá que convencer a los jueces.

Para poner en antecedentes de lo que ha pasado en Castilla y León hay que retroceder a 2009, cuando el entonces consejero de servicios sociales de la Junta, César Antón, que sería después director general del Imserso, junto con una delegación de altos funcionarios, asistió a un viaje geroasistencial a Estocolmo que organizó Inforesisdencias.com y en el que también participó activamente la patronal ACALERTE, promotora del viaje.

En Estocolmo el consejero y su equipo conocieron las Unidades de Convivencia, también conocidas como “modelo housing”, consistentes en residencias divididas en unidades de entre 8 y 12 residentes que comparten espacios comunes, una sala de estar con cocina y un personal de atención diferenciado.

Tanto les gustó el modelo que, a partir de entonces decidieron orientar el sistema de atención residencial a personas mayores en su comunidad en la dirección de las Unidades de Convivencia, los profesionales de referencia y las residencias multiservicios.

Así, la Comunidad puso en marcha un proyecto piloto, En mi Casa, hizo reformas en algunas residencias públicas generando resultados positivos aunque también algunos simpáticos como el que recogía el post titulado “¿Quién se encarga de las gallinas?”, del blog “Día a día en una residencia geriátrica”.

Después fueron algunas residencias privadas las que “pilotaron” el sistema instalando unidades de convivencia y viendo cómo funcionaban.  Entonces la idea general era que los resultados eran en conjunto positivos pero que el sistema de unidades generaba un cierto aumento en el coste del servicio que alguien debería asumir.

Desde el gobierno de Castilla y León estaban tan contentos que en  2013 la Junta difundió una información según la cual Todos estos cambios ambientales, en la organización y en los roles de los profesionales, han demostrado una mejora de la satisfacción de los usuarios, de las familias y de los trabajadores, así como de la autonomía de las personas. Según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, quien ha remarcado que todo ello se hace “sin un incremento de costes significativos”.

La idea de que el nuevo sistema suponía un aumento de coste de prestación, aunque éste no fuera “significativo”, ha acabado teniendo mucha más importancia de la que la administración hubiera querido.

En los años siguientes, tras sucesivos borradores y muchas conversaciones entre responsables de la Junta y las patronales más representativas (ACALERTE y Lares), se publicó el Decreto 2/2016 de 4 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León, un Decreto que establece una clara diferencia entre las residencias que se autoricen a partir de ahora, que deberán estar divididas en unidades de convivencia con unos requisitos estrictos, y las residencias existentes que pueden seguir tal como están o pueden habilitar unidades con requisitos rebajados.

Sirva este cuadro, de una presentación realizada por D. Diego Juez, presidente de la patronal ACALERTE, en el que se pone de manifiesto las diferentes exigencias para centros nuevos y existentes en cuanto a espacios se refiere.

El Decreto introducía además algunas modificaciones respecto a la normativa anterior en lo referente a personal, sustituyendo una normativa ridículamente complicada de aplicar que obligaba para saber cuánto personal necesitaba una residencia a valorar a todos los residentes y a bajarse un Excel de la web de la Junta ya que establecía requisitos de los diferentes perfiles profesionales según el número de usuarios en diferentes horarios e incluso diferenciando días de diario y los fines de semana; un verdadero despropósito técnico/jurídico sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma.   El Decreto de 2016, superaba esa artificiosa complicación con menores exigencias y una mayor flexibilidad en cuanto a los perfiles profesionales que deben formar el equipo interdisciplinar de la residencia.

Para tener una visión bastante ponderada es recomendable leer un interesante post de Luisa Fernanda Navarro, en el que en una frase destaca que  “el nuevo decreto tiene muchas bondades y algún que otro gazapo. También contiene algunas imprecisiones sobre todo en el tema de los técnicos que se prestan a errores y que en un corto espacio de tiempo habrá que ir aclarando”.

A pesar de que el Decreto aprobado suponía un paso en el camino hacia la Atención Centrada en la Persona, con apoyo de la patronal más representativa y del mundo académico, la entrada en vigor del mismo no fue todo lo pacífica que se hubiera podido esperar.  Alguna asociación de usuarios consideró que la flexibilidad en cuanto a personal suponía una rebaja de calidad.  Muchas residencias consideraron que, a pesar de las consultas con la patronal, no se había tenido en cuenta su opinión.

Una residencia en concreto, la Casa de Beneficencia de Valladolid, hizo algo más que quejarse e interpuso un recurso contencioso administrativo contra el Decreto que ha acabado suponiendo su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Lo curioso es la causa de la anulación.

Los jueces no entran en detalles sobre el modelo sueco, las unidades de convivencia o la calidad de vida de las personas que viven en las residencias de mayores de Castilla y León pero sí en un detalle formal al que le han dado mucha importancia:

La Ley obliga a que cada vez que una administración apruebe un reglamento considere si las obligaciones que va a establecer tiene alguna consecuencia económica para las arcas públicas.  La forma de hacerlo consiste en la elaboración, mientras se tramita la redacción del reglamento, de un estudio económico; una especie de “declaración de impacto ambiental” pero que hable de dinero en vez de medio ambiente.

La Junta no incorporó en el expediente estudio económico alguno y se limitó a un escueto informe en el que el Departamento competente en servicios sociales decía que no había una repercusión importante durante el primer año de aplicación del Decreto (“la Gerencia estima que el perfil y el coste de las plazas de las unidades de convivencia así como la aportación de los usuarios, serán los mismos que para las plazas  del  modelo  actual;  y en cuanto  al  coste  para  los centros  propios existentes,  la implantación  del  nuevo  modelo  no  supone  coste  al  no  requerir  más  personal  que  el existente, siendo los requisitos arquitectónicos opcionales, mientras que otras exigencias previstas en otras disposiciones del proyecto ya se cumplen en su mayoría. En cuanto a ejercicios futuros, el impacto...dependerá del desarrollo de la planificación de los centros para adaptar las plazas a plazas aptas para personas dependientes y de la evolución de los costes de los conciertos, sobre los que la gerencia afirma que no se han modificado, aunque el nuevo decreto plantea exigencias que en última instancia las empresas habrán de considerar").

O sea que, cuando la consejera dijo en 2013 que el nuevo modelo suponía una importante mejora “sin un incremento de costes significativos”, estaba concretando lo justo para referirse al programa “En Mi casa”.  Cuando el programa se convierte en norma de autorización la exigencia de concreción es mucho más elevada y la posibilidad de escabullirse con una frase genérica más difícil.

Eso de redactar un Decreto es algo muy serio, parece quererle recordar el tribunal a la Junta, y no se puede hacer de cualquier forma pensando que las exigencias de procedimiento que la ley establece son meros trámites para superar sin darles importancia.

Y aquí estamos.

Un Decreto que los defensores de la ACP consideraban como ejemplar en el camino hacia un modelo arquitectónico en el que las residencias se parezcan cada vez más a domicilios, ha sido anulado por la desidia de una administración poco escrupulosa con las formas.

Es de suponer que la Junta se apresurará a elaborar un estudio económico y volverá a promulgar el Decreto con todos los requisitos formales.  Pero también es seguro que el gobierno castellanoleonés sabrá ver el mensaje nada sutil que le envía el tribunal en el tercer fundamento de derecho, donde, después de decir que no va a entrar en el fondo del Decreto porque la forma ya lo hace nulo, le advierte que ve sospechosa la flexibilización introducida en materia de personal  (“no se justifica por qué la regulación de aspectos esenciales que regulaba el Decreto  anterior  ahora  no  se  regulan;  ni  resulta  conforme  con  la  legalidad  que  se encomiende a la Consejería competente en materia de servicios sociales determinar la ratio de personal técnico y su cualificación profesional, cuando antes se regulaba en el Decreto derogado, excediendo de lo que puede constituir su potestad reglamentaria cuyo contenido está al servicio auxiliar de las funciones administrativas que dicha Consejería tiene encomendadas; excede  de  su  potestad reglamentaria  que  puede  ejercer  regulando  su propia intendencia administrativa, organización y funcionamiento”).

Más vale que puesta a elaborar un estudio económico, aproveche la Junta para preparar algún informe que motive la introducción de criterios de flexibilidad y el por qué ahora debería ser la consejería la que concretase los ratios que antes se contenían en un Decreto.

El Decreto se puede salvar, pero habrá que hacerlo con cuidado para evitar una futura impugnación y otra causa de sonrojo parar los políticos responsables.  Los mayores de Castilla y León se lo merecen.

Ver la sentencia