lunes, 6 de febrero de 2017

Las residencias catalanas ya no tendrán que cobrar las deudas de la Generalitat


En los últimos años las residencias de mayores privadas catalanas que tenían plazas financiadas por la Generalitat se encontraban en una situación verdaderamente subrealista.

Si la Generalitat se daba cuenta de que algún residente estaba pagando menos por copago de lo que verdaderamente le correspondía (esto puede suceder cuando el cálculo no se hace correctamente, porque, por ejemplo, el dependiente no ha declarado todos sus ingresos o porque varían las circunstancias y se cambia el copago “con efectos retroactivos”), en vez de reclamar al usuario la cantidad no pagada, ésta de descontaba de lo que cobraba la residencia de la Generalitat y era la residencia la que tenía que reclamar al usuario el dinero debido.

De esta forma las residencias se convertían en una especie de “cobrador del frac” gratuito de la Generalitat.

Si se hubiese tratado de algún caso aislado o de cantidades pequeñas quizás todo se hubiese quedado en “un problema más” de los que se tiene cuando se colabora con la administración.  El problema es que la modificación del sistema de copago supuso en muchos casos incrementos importantes; éstos se tardaron en comunicar a los usuarios con lo que la deuda se generó y creció hasta alcanzar los miles de euros.  A veces la familia no quería o no podía pagar, otras el residente ya había fallecido con lo que el centro se quedaba con una deuda que debía cobrar a alguien que ya ni vivía en la residencia.  Encima, durante un tiempo la administración se obstinó en dar la callada por respuesta a las quejas de las residencias.

Ante lo injusto y esperpéntico de la situación, y viendo que las residencias con plazas financiadas, tomadas de una en una, suelen ser muy cautelosas respecto a la administración, fue la patronal ACRA, más representativa en el sector de las residencias en Cataluña, quien puso en marcha una serie de medidas para intentar revertirla:

  • · Presentación de un escrito al subdirector general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en relación a las deudas de los usuarios con la Generalitat por incremento del copago. (13 de mayo de 2016)
  • · Nota informativa a los socios. (27 de mayo de 2016)
  • · Seguimiento del tema mediante varios contactos entre ACRA y representantes del Departamento a lo largo de los siguientes meses.
  • · Aprobación, por parte de la Junta Directiva de ACRA, de proponer a los socios la apertura de una demanda colectiva por las cantidades indebidamente anticipos de las nóminas a los centros. (21 de noviembre de 2016)
  • · Jornada informativa con el Bufete Escura en que se expuso la situación actual del tema y se propone la apertura de una demanda colectiva entre los socios afectados que lo deseen. (19 de enero de 2017)
  • · Recogida de información justificativa relacionada con los importes descontados entre los centros afectados. (Enero - febrero 2017)
  • · Redacción de una carta al Defensor del Pueblo. (Febrero 2017)

Al final parece que la presión ha  surtido efecto y la demanda colectiva no será necesaria.

La Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, comunicó el día 3 de Febrero a ACRA que había dado instrucciones para que de forma inmediata se abandone esa práctica.   Los procedimientos en curso, en los que se ha comunicado a la residencia el descuento, se paralizarán y sobre aquellos que ya se han practicado la Generalitat se ha ofrecido a dar un tratamiento individual a cada uno.


Bien está lo que bien acaba, aunque esto que ha acabado, no debería haber empezado nunca.

Actualización:

El día 7 de Febrero la Dirección General de Protección Social ha difundido este comunicado que concreta la medida:

Estimados / Estimadas,

La gestión de reclamaciones con efectos retroactivos a usuarios ingresados en centros colaboradores (provocadas generalmente por cambios no comunicados en la situación económica de las personas o por datos incorrectos) está generando controversia en el sector y ha provocado la necesidad por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de analizar la situación y buscar una solución alternativa.

Los centros están recaudando el copago en nombre del Departamento y, a la hora de producirse una reclamación con efectos retroactivos, estos centros se ven perjudicados.


Mientras se esté buscando la solución, el Departamento no involucrará los centros colaboradores en la gestión de la reclamación de los importes debidos sino que irá directamente contra la persona usuaria deudora.

El comunicado incide de forma especial en que se trata de residencias colaboradoras y no concertadas las que se han visto en esta tesitura y tiene toda la razón.

En las residencias concertadas el "cliente" de la residencia es la administración por lo que la residencia ni siquiera factura los servicios al usuario.  En cambio en las residencias colaboradoras la factura por la totalidad del servicio se factura al usuario aunque una parte la pague la Generalitat.  ¿Complicado?  Mira los primeros minutos de este vídeo para entenderlo mejor.


Residencias de tercera edad transparentes en Barcelona
Residencias de mayores transparentes en Girona
Residencias de ancianos en Lleida
Residencias de gent gran a Tarragona