lunes, 16 de enero de 2017

¿Falta personal en las residencias de mayores públicas?

¿Falta personal en las residencias públicas?

Hace un tiempo, visitando una residencia de mayores en Burgos  vi algo que me llamó la atención.  En un espacio muy concurrido del centro había una gran pared cubierta de fotografías de unos 30x20 cm de cada una de las personas que trabajaba en la residencia.   Ahí, una junta a otra aparecía la cara sonriente de más de setenta profesionales.  Cuando le pregunté al director me dijo que, aunque en la residencia trabajan esas setenta personas, como lo hacen por turnos y el centro siempre está abierto, en ocasiones alguien puede tener  la sensación falsa de que hay poco personal.   Ese muro permite visualizar que por cada dos "y poco" residentes hay alguien trabajando en el centro.

Me gustó la idea y, con permiso del gerente, grabé un vídeo.



En los últimos meses empieza a ser habitual leer noticias en las que trabajadores de residencias para mayores públicas gestionadas por la propia administración se quejan de la falta de personal para cuidar de forma correcta.

Lo hemos leído de lugares tan diversos como en Extremadura o Aragón  durante el último trimestre de 2016, siguiendo el mismo patrón: Las quejas indican que cada vez hay más residentes o que los residentes tienen más necesidades y que el personal no se aumenta, o incluso se disminuye al no cubrirse las bajas ni las vacaciones. Esto lleva a que la situación esté “al límite”.

Alguna vez aparece alguna noticia llamativa en la que una parte del personal de una residencia de mayores se queja de lo mal que están las cosas mientras otra lo niega y les desmiente y les acusa de inventarse cosas pero esas son las menos.

Donde en Septiembre de 2016 se superó ese "límite" fue en la residencia Carlet (Valencia) en la que un cuidador hizo una fotografía a un residente y la difundió como prueba de la falta de suficiente personal. La instantánea ponía los pelos de punta y la imagen mental de una persona que, teóricamente debe cuidarte, fotografiándote mientras estás en el suelo en una postura claramente dolorosa, lo hace aún más.

Sin duda, quien hizo y difundió la fotografía ha consiguió su objetivo: salir en los medios y que se hablasee del tema. El problema es que, por desgracia, para muchas personas “el tema” no será si falta o no personal sino si se trata bien o no a las personas en las residencias geriátricas.

Fuente: El Mundo
Llevo veinticinco años en este sector y calculo que debo haber visitado unas cuatrocientas residencias de todo tipo y la verdad es que me ha repugnado ver esta fotografía que, por desgracia, quedará injustamente grabada en muchas personas como “lo que pasa en las residencias”.

Dicho esto, creo que debemos contextualizar lo que denuncian los trabajadores y sindicatos sobre las residencias de mayores públicas que gestiona la propia administración y después acabar con la cuestión del uso de contenciones.

Cuando la administración presta el servicio de residencia asistida a personas mayores, que tienen derecho a recibirlo de acuerdo con las leyes de dependencia y servicios sociales, tiene varia opciones:

- Residencias públicas gestionadas por la propia administración.
- Residencias públicas gestionadas por empresas o entidades sin ánimo de lucro.
- Residencias concertadas con las que contrata un número de plazas.

Además, puede dar ayudas en dinero para que los mayores vayan a una residencia geriátrica privada pagando de su bolsillo lo que no cubre la Prestación Económica Vinculada.

Todas las denuncias que se han publicado en los medios se refieren a las residencias públicas que gestiona la propia administración, o sea, aquellas en las que una parte del personal es funcionario y otra, personal laboral público.

El hecho de que alguien que tenga derecho a “plaza pública” acabe recibiendo el servicio en una que gestiona la propia administración o una empresa no debería tener repercusión. A ambas se les exige en teoría los mismos estándares y, a las empresas, además, que participen en procesos de contratación pública. Lo cierto es que a lo largo de los años las administraciones han demostrado no ser gestoras eficientes por lo que, actualmente, les cuesta el doble o más mantener una plaza en una residencia de mayores pública que en una concertada.

Los motivos son fáciles de entender:

Si alrededor del 60-65% del coste de cuidar a un mayor en una residencia corresponde a gastos de personal (salarios y cotizaciones), influye mucho qué convenio colectivo se aplica. Una gerocultora (o gerocultor) que trabaje según el convenio colectivo marcoestatal de la dependencia tiene una jornada anual de 1.792 horas anuales con una cierta flexibilidad para la concreción del horario diario y semanal por parte de la empresa; si lo hace en una residencia pública de la Comunidad de Madrid, trabajará un máximo de 650 horas repartidas en 220 jornadas

Solo hay que ir añadiendo diferencias de salarios, días de asuntos propios y otros "detalles", para ver que mantener un nivel de presencia de profesionales similar puede resultarle a la administración entre un 20 y un 30% más en una pública (son datos aproximados porque cada comunidad tiene su convenio y no toda la información de funcionamiento de los centros es pública). 

Los sindicatos son expertos en negociar y obtener ventajas, lo que sucede en el mundo de las residencias geriátricas es que cada ventaja que obtienen cuando negocian con la administración y no con las empresas hacen que el “servicio público” sea más caro en proporción. Si consiguiesen demostrar objetivamente que esas mejores condiciones laborales repercuten directamente en el bienestar de los residentes, tendrían un argumento. Lo que pasa es que esa demostración no se ha materializado.

Otra cuestión importante, aunque difícil de concretar, es el absentismo que tradicionalmente (y con un llamativo paréntesis durante la peor parte de la crisis) es superior en el sector público que en el privado. De nuevo, las empresas sienten más como una necesidad el acotar el absentismo de lo que lo hacen los políticos de turno.

También la rigidez que impone la administración al funcionamiento de cualquier servicio que gestiona acaba incrementando costes. Durante años he impartido cursos a directores, médicos y otros profesionales de residencias públicas y privadas. No es extraño encontrar grandes profesionales trabajando para la administración que están quemados o desanimados porque no pueden cambiar nada o porque existen inercias que dificultan las mejoras. Como funcionario excedente que soy conozco de qué me hablan. Un director de residencia puede tener una gran idea que mejoraría la vida de los usuarios sin incrementar costes pero le da una pereza horrorosa tener que enfrentarse a las “inercias” y derechos adquiridos de dudosa legalidad. Esto puede pasar tanto en una residencia pública como en una privada, en mi experiencia pasa más en las públicas.

Al final llegamos a la situación actual. Como casi todos los sistemas en los que intervienen personas, tendemos a acostumbrarnos a lo que tenemos y creamos nuestras “zonas de confort” (o lo que es lo miso, nuestras “resistencias al cambio”) por lo que cualquier variación sobre lo que hacemos resulta enormemente molesta.

A mi entender, lo que está pasando en las residencias de mayores públicas es que alguien desde la administración se ha dado cuenta de que la diferencia de coste entre  públicas y concertadas no tiene justificación y, en vez de afrontar el problema con cabeza ha decidido utilizar el hacha: dejar de cubrir jubilaciones, vacaciones y bajas como si eso no fuese a tener consecuencias.

Yo creo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes eso de que tanto hablan ellos últimamente: “transparencia”. Igual que en Inforesidencias.com las residencias privadas pueden decir qué ratio de personal tienen, qué profesionales forman parte del equipo o qué incluye y qué no incluye el precio. Las residencias públicas nos deberían decir qué cuestan a la administración, qué profesionales tienen o qué tasa de absentismo. Si a eso se le sumasen encuestas de satisfacción de usuarios, empleados y familiares, tendríamos un buen nivel de transparencia que nos permitiría poder comparar. Por desgracia, para casi todos nuestros gobernantes eso de la “transparencia” es algo que siempre se aplica a los demás y no a ellos mismos.

No puedo acabar esta reflexión sin referirme a la foto. Una persona que estaba en su cama con un cinturón de contención y unas barandillas subidas, que es capaz de salir del cinturón y saltar quedándose atascado.

La noticia aparecida en el Mundo dice: “Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las caídas.

Este accidente demuestra que la dirección de Carlet todavía no ha asignado los trabajadores necesarios para cubrir la atención de las personas residentes.”

¿A alguien más que a mí esto le parece bastante sospechoso?

A mí se me ocurren varios motivos, además del de la posible falta de personal para que haya sucedido lo que aparece en la fotografía. ¿Es posible que esta persona de verdad no necesitase una contención? ¿Es posible que el cinturón estuviese mal puesto? ¿Es posible que la barandilla más que “para evitar caídas” se pusiese para evitar que el mayor se levantase? ¿Podría haber sucedido lo mismo si hubiese habido un cuidador más por cada 40 residentes? ¿Es posible que el personal no hiciese bien su trabajo?

Son muchas preguntas y poca la información de que se dispone por lo que, sabiendo que la Generalitat ha abierto una investigación habrá que esperar a ver qué averigua.

Mientras tanto deberíamos aprovechar para recordar que las residencias son el mejor recurso para un 5% de personas mayores que necesitan tal nivel de cuidado que difícilmente podrán obtenerlo en sus casas. Hay que reconocer que en España tenemos muy buenas residencias y profesionales y que, aquellas que no lo sean deben ir mejorando o cerrando cosa que harán si entre todos nos esforzamos por que éste sea un sector transparente y comparable.


Esta reflexión está basada en una opinión que publiqué en 2016 en NGD