Llevo tiempo abogando por que las administraciones públicas garanticen que quiénes necesitan una atención a la dependencia la reciban. En esto estoy de acuerdo con casi todo el mundo, a partir de aquí empiezo a discrepar con muchos.
Según lo veo yo, la función de los poderes públicos debe ser garantizar que existan medios para que las personas que necesitan de apoyos para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria (AVD) los obtengan. Como esto resulta enormemente costoso, defiendo algunos principios que creo deberían ser sacrosantos:
- Hay que buscar sistemas que permitan que la mayor parte del dinero que se gaste en dependencia vaya a la prestación y lo mínimo posible al funcionamiento burocrático del sistema (en 2011 escribí sobre ello en una entrada titulada "Los escribas del faraón").
- Hay que apostar por los servicios profesionalizados dejando las prestaciones económicas para casos verdaderamente excepcionales como la dependencia en menores que residen en sus domicilios.
- Hay que apostar por la posibilidad de elección por parte del dependiente.
- Hay que determinar un copago que sea justo y equitativo de forma que, quien tenga capacidad económica suficiente participe en el coste del servicio que recibe.
- A la hora de determinar quién presta el servicio (la propia administración, entidades o empresas) hay que utilizar herramientas objetivas que midan eficacia y eficiencia. Dentro de "eficacia" hay que considerar especialmente la calidad de vida y la satisfacción.
Para que todo esto funcione bien resulta indispensable que exista transparencia. O sea, que todos sepan "lo máximo". Esto obliga a las administraciones a publicar cuánto cuesta cada paso del proceso de atención al dependiente: desde la valoración, la redacción del PIA, la atención a residentes en residencias públicas, concertadas o de Prestación Económica Vinculada (PEV), etc..
En el sistema resultante creo que las administraciones tenderían a reconocer muchas Prestaciones Económicas Vinculadas y serían los propios dependientes y sus familiares quiénes elegirían en qué residencia quieren gastar "su" prestación.
Si queremos gastar lo menos posible en burocracia, podría hacerse desaparecer la acreditación de centros. Se podría establecer un sistema de autorización (ahora que comunidades como Cataluña o Castilla León están cambiando los suyos) que previese el progresivo deterioro en el estado de los dependientes de forma que todas las residencias autorizadas se entendiesen como acreditadas. Estas residencias y centros de día estarían obligados a pasar unas auditorías de calidad periódicas el resultado de las cuales se haría público.
La experiencia nos demuestra que el precio de concertación que establece una comunidad autónoma se convierte en poco tiempo en una especie de "precio de referencia" para las residencias privadas. En el sistema que propongo, la cuantía máxima de la Prestación Económica Vinculada debería ser equivalente al precio de concertación actual. De esta forma, cualquiera que tuviese una PEV encontraría su residencia.
Si el sistema se mantuviese en el tiempo y todos supiésemos que, aunque cambie el gobierno no se tocará, habría empresas que invertirían en la construcción de nuevos centros.
El sistema que imagino, por supuesto tiene pegas:
La primera es qué hacer con las residencias públicas que gestiona la propia administración. Estas cuestan mucho más que las privadas o privadas/concertadas pero no existen estudios contrastados que nos permitan decir cuánto cuestan exactamente y si la diferencia de costes está justificada en una mejor calidad de atención. Para quiénes quieran ahondar en esta cuestión les recomiendo leer esta entrada de 2011 donde se decía que a la Diputación de Soria le costaba una plaza pública 4.000 Euros al mes.
Si las residencias públicas entrasen en el sistema que propongo deberían ofrecer sus plazas a menos de la mitad de precio. ¿Podrían? Aquí está el problema. Y me cuesta creer que un político vaya a meter la mano en este avispero.
La segunda pega es que existen zonas rurales con una población escasa pero muy envejecida. Es posible que allí haya pocas empresas dispuestas a invertir en la construcción de una residencia. En ese caso serían necesarios incentivos públicos, algo que es contrario a la filosofía que planteo.
También tenemos la pega del precio. En el sistema que propongo la administración se convierte en el "determinador del precio" no porque concierta sino porque determina la cuantía de las ayudas. Es cierto que las personas pueden complementar lo que reciban de la administración, pero, para el gran grupo de los que "no puedan complementar", la cuantía máxima de la prestación determina su capacidad.
Si las administraciones entienden que el nuevo sistema "libera" recursos burocráticos e ineficiencias y que todo ese ahorro debe ser canalizado hacia el aumento del número de atendidos, la cosa puede ir bien. Si en cambio, cada euro ahorrado se dedica a "otra cosa", entonces lo que propongo podría resultar contraproducente.
He empezado a escribir este post después de leer una noticia aparecida en el periódico "El Comercio" según la cual el Principado está concertando plazas en residencias geriátricas asistidas de Astuiras a 1.223 Euros al mes mientras mantiene vacías 125 plazas en residencias públicas.
La noticia me ha hecho pensar que, si no se concibe un sistema racional y se mantiene en el tiempo, la única opción es ir a salto de mata con medidas cortoplacistas que parece que los políticos adoptan esperando que, cuando exploten, ellos ya no estarán en el gobierno.
Por cierto, espero que nadie se presente al concierto.
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