Como trabajé durante casi diez años en la inspección de la Generalitat catalana no puedo evitar tener un cierto sesgo cuando hablo del tema ya que, confieso que fui partícipe de algunos de los vicios que ahora pongo de manifiesto.
Uno de esos vicios es el de las estadísticas. Lo digo porque los datos que se dan sobre números de inspecciones, expedientes sancionadores y sanciones son, digamos, curiosos y, los motivos por el que a veces se difunden los datos, lo son aún más.
Resulta que este verano en una residencia pública un residente vio como una complicación en una úlcera por presión en un dedo del pie degeneraba en una gangrena.
Una denuncia de los familiares sobre la "atención sanitaria" lleva al Departament de Salud a imponer una multa a la empresa que presta el apoyo a la gestión sanitaria de la residencia. Ver la noticia.
Aquí es necesario un pequeño paréntesis explicativo para identificar a cada cual:
La residencia es pública de titularidad del ICASS (Generalitat)
Hay una empresa que gestiona la residencia, o sea se encarga de la asistencia a los residentes ofreciéndoles una atención directa (cuidados, actividades, fisioterapia..) e indirecta (cocina, lavandería, limpieza..). Esta empresa dispone de médicos aunque no pueden recetar medicamentos ni decidir por sí misma si un residente va al hospital.
La atención sanitaria de los residentes corresponde a la Sanidad Pública.
La Sanidad Pública contrata con una entidad privada el Apoyo a la atención sanitaria de los residentes. O sea, unos equipos que son los que acaban, en coordinación con el médico de la residencia, determinando qué se receta y cuándo hay que derivar a un residente al hospital.
Así las cosas la denuncia y la sanción no tienen nada que ver con la atención "asistencial" a los residentes sino con la sanitaria.
Resulta sorprendente entonces que, al cabo de unos días, el periódico El País, publique una nueva noticia con estas primeras palabras:
La multa al servicio médico de una residencia geriátrica en el barrio barcelonés de Les Corts por no “tener el control adecuado” de un paciente con demencia senil, que falleció tras un retraso en la asistencia médica recibida, ha puesto sobre la mesa el debate de las inspecciones que realiza la Generalitat.
La noticia, que se presenta con este titular: "Los geriátricos expedientados por Bienestar aumentaron un 18% en 2013" no dicen nada de las inspecciones que el Departamento de Salud realiza en relación a la atención sanitaria que reciben los residentes sino que trata de las que el Departamento de Bienestar Social y Familia hace sobre la atención asistencial de los mismos. O sea, que, de repente el foco de atención se ha trasladado sobre la empresa que gestiona la residencia que, en principio, no tenía nada que ver con el expediente.
Encima, la forma de dar la noticia destila una intencionalidad poco afectuosa con las residencias. ¿Que puede entender quién sólo lea el titular: "aumento del 18%" en el número de geriátricos expedientados? Pues que "eso de los geriátricos va de mal en peor".
Quien lea con un poco más de atención el texto de la noticia verá que eso no es así. Se nos dice que la inspección realiza más de 4.200 actuaciones de las que 59 acaban en la apertura de un expediente sancionador, o sea, el 1,4%. No nos dicen cuántos de esos expedientes acaban en sanción. Lo que sí transmite la noticia (no sabemos si por indicación de la Generalitat o por iniciativa propia) es que en 2013 ha crecido el 18% el número de expedientes, luego las cosas van peor. ("No dejes que la verdad estropee un buen titular")
A mí ese dato no me dice nada. ¿Es mucho?
Si no supiese nada más me quedaría con la duda pero resulta que me he puesto a revisas y he encontrado nos datos que presentó un cargo del Departamento en unas jornadas allá por 2006. Se refiere a las actuaciones de inspección en 2005:
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Imaginemos lo diferente que podría haber sido la noticia si, en vez de decir que se ha producido un aumento del número de expedientes en 2013 nos hubiesen dicho que esa cifra se ha reducido en un 44% en los últimos ocho años.
La verdad es que las residencias geriátricas catalanas cada vez funcionan mejor y que, en esa comunidad se ha reducido mucho el número de expedientes sancionadores que se abren. Y otra verdad es que las residencias siguen prestando un servicio de atención sanitaria a los residentes que, teóricamente, debería prestar la sanidad pública. Eso seguro que no aparece como noticia.
Autor: Josep de Martí
Autor: Josep de Martí
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