viernes, 22 de agosto de 2014

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Alguien me ha comentado que desde que publiqué el libro "Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia" he dejado de dedicarle espacio en este blog a esa cuestión.

Lo cierto es que este verano he estado leyendo un informe del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley y he visto lo complicado que puede resultar entender "quién paga qué" en esto de la dependencia.   En otros países estaríamos molestos con el gobierno pero como aquí tenemos varios gobiernos a los que culpar y la culpa no suele ser casi nunca absoluta, el espectáculo de la confusión está servido.

Pensando en todo ello he escrito estas líneas por las que me disculpo por avanzado.  Aseguro a quiénes las lean que he intentado que sean compresibles.  Ya me diréis si lo he conseguido.

Ha pasado mucho tiempo desde que el entonces ministro Caldera nos dijera que la Dependencia se iba a financiar a tercios entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los usuarios mediante el copago.  Eso era en 2006, cuando Zapatero acariciaba la Ley de Dependencia como un tesoro que le ayudaría a ganar las elecciones del año siguiente, cosa que acabó ocurriendo.

El texto de la Ley previó un sistema de financiación con cuatro patas:

1.     Un nivel mínimo igual para todos y que asumía el Estado.
2.     Un nivel acordado  entre el Estado y cada Comunidad Autónoma.
3.     La participación de las Comunidades Autónomas que debía ser, como mínimo igual a la del Estado.
4.     La participación de los usuarios, o sea, el copago.


En Enero de 2007 fue poner en marcha la Ley y empezar a hacer aguas.  En poco tiempo aparecieron más dependientes y con más dependencia de los que se había previsto.  Cada comunidad empezó a hacer lo que le dio la gana haciendo imposible armonizar casi nada, el Estado utilizó “eso de la dependencia” como una forma de ayudar a “comunidades amigas” y castigar a las desafectas…

Así las cosas, el primer “tercio” en fallar fue el del copago:  Han pasado siete años y todavía no  ha supuesto más del 12 ó 14% del total.

Sobre el “tercio de las comunidades autónomas”, éste tuvo su polémica particular ya que determinar qué quiere decir “que una parte tiene que poner como mínimo lo que ponga la otra” puede tener una peculiar interpretación.   Según el Estado, cuando la ley  habla de financiar el  sistema siempre lo hace refiriéndose a “cuánto dinero de más” se gasta en relación con 2005. O sea que, lo que una comunidad autónoma estuviera gastando antes de la LAPAD en atender a personas dependientes en residencias, centros de día, o ayuda a domicilio mediante servicios públicos o concertados, no debía tenerse en cuenta en el cálculo sino sólo el “dinero nuevo”.   Haciendo así el cálculo, las comunidades que estuviesen gastando mucho en servicios “caros” (residencias y centros de día) antes de la Ley se veían perjudicada respecto a otra que gastaban menos.   Como versemos después, esta discusión ha ido variando en el tiempo. 

La aportación del Estado para la Dependencia no podría ser menos y plantea su propia controversia.  En primer lugar hay un aspecto que pasa desapercibido para la mayoría y está en la disposición transitoria primera que dice lo siguiente “Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, y para favorecer la implantación progresiva del Sistema, la administración General del Estado establecerá anualmente en sus Presupuestos créditos para la celebración de los convenios con las administraciones de las Comunidades Autónomas”.  ¿Qué quiere decir esto exactamente?  ¿Y a partir de entonces? ¿Ya no se reservarán créditos presupuestarios para los convenios?

La discusión parecía interesante hasta que en 2012 una Ley impuso una suspensión en el conocido como nivel acordado de forma que el estado dejó transferir a las Comunidades autónomas una cantidad que en 2011 alcanzaba casi los 300 millones.

Además de esta incógnita futura, ahora mismo se plantea otra. ¿Cómo hay que calcular el dinero que el Estado gasta en dependencia?

Según el sistema actual de financiación de las Comunidades Autónomas, éstas (salvo el País Vasco y Navarra), además de recaudar algunos impuestos propios y cedidos,  reciben del Estado transferencias  para que puedan ejercitar sus competencias.  Algunas transferencias son “finalistas”, o sea que  éstas sólo pueden gastarse en aquello para lo que las han recibido, otras no lo son  y pueden gastarse en lo que cada comunidad considere oportuno.   Además hay unas transferencias “peculiares”.  Son las recogidas en una Ley de 2009 que prevé transferir un dinero a las comunidades autónomas según el número de personas dependientes y potencialmente dependientes.  Esa financiación es peculiar porque, aunque se calcula teniendo en cuenta lo que gastan las comunidades en dependencia, no tiene carácter finalista por lo que cada una puede gastarlo en lo que quiera.  ¿Complicado?  Pues todavía lo es un poquito más.

Como las comunidades autónomas no realizan una contabilidad tan exhaustiva que permita saber “qué dinero” se gasta en cada pago que realizan, no es posible saber en qué gastaron el que han recibido desde 2009 aparentemente para atender la dependencia.  La cifra total es de unos 9.300 millones de Euros por lo que el material para la polémica está servido.

Las Comunidades Autónomas quieren que sólo se compute como financiación del Estado el nivel mínimo y así pueden decir que éste se ha desentendido de la dependencia y que sólo aporta cantidades residuales.   Sin duda ellas gastan mucho e Dependencia pero al Tribunal de Cuentas le ha resultado imposible saber cuánto porque cada una lleva sus cuentas de forma diferente en lo que a dependencia se refiere.

El Estado defiende que, a través de esas transferencias “peculiares” ha ido incrementando su gasto en dependencia pero que algunas comunidades reciben el dinero y lo gastan en otras cosas  llegando a “hacer caja” (o sea, que reciben más de lo que gastan).

Resulta difícil saber quién tiene razón, incluso después de leer un reciente informe del Tribual de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.   Lo que sí resulta claro es que esos 9.300 millones de Euros que han recibido las Comunidades para que asumiesen los gastos que genera la dependencia, deberían ser gastados en dependencia y deberían ser computados como “dinero de la dependencia”.

Como la discusion sobre la LAPAD y su aplicación lleva unos cuantos años arrastrándose y los datos se habían ido ofreciendo hasta ahora de una forma, la acusación de cambiar las reglas de cómputo "a mitad del partido" no se han hecho esperar.

Si examinamos lo que el informe del Tribunal de Cuentas ley de Dependencia dice sobre cuánto ha transferido el Estado a las Comunidades Autónomas en concepto de atención a la dependencia y contamos únicamente las partidas “finalista” tenemos un titular “El Estado recorta en dos años un 23% su gasto en dependencia”.  Si incorporamos en la ecuación las “otras” transferencias el titular cambia ligeramente “El Estado gasta en dependencia 500 millones más en 2013 que en 2012” o “El Estado incrementa en dos años su gasto en dependencia un 21%”.

Por supuesto que dar la imagen de un gobierno desalmado que está “recortándolo todo” porque disfruta haciendo daño a la gente débil para enriquecer a sus amigos oligarcas, tiene su público.  Lo tendrá sean cuáles sean los datos y la situación.  Es un hecho, además, que el sistema de la Dependencia atiende ahora a menos beneficiarios, la cuestión es determinar si es justificable y si se ha hecho porque era necesario para defender el interés general.  Estes es un factor a tener en cuenta ya que, para ser justos, debemos comparar la situación actual con la que había antes de entrar en vigor la Ley de Dependencia, no con la que había cuando nos dimos cuenta de que no podíamos, como país, seguir pagando y nadie quería dejarnos dinero.

Yo creo que los gobiernos, tanto el de España como el de algunas comunidades autónomas, que han tomado medidas impopulares pueden y deben ser criticados, pero también reconocidos.

Es cierto que la Ley de Dependencia ha sido mutilada. Pero no lo es menos que con lo mal que se había diseñado, desarrollado e implementado resultaba imposible mantenerla sin cambios o sin una derogación que permitiese crear un nuevo sistema.  Eso lo sabíamos los que trabajamos en este sector desde 2008.  El problema es que en vez de ponerse de acuerdo, como hicieron para aprobarla, los grandes partidos han caído en la tentación de utilizarla como arma arrojadiza.

También es cierto que la situación de España a finales de 2011 era diferente de la actual.  Quizás lo más relevante para evitar la intervención de España fue el compromiso de Mario Draghi de no dejar caer el euro “costase lo que costase”.  Eso no quita que había medidas que debían tomarse y que quizás le costaría las siguientes elecciones al gobierno que las implementase.  Alguna de esas medidas afectaba a la Ley de Dependencia.

Para la mayoría resulta difícil discernir entre partidas “finalistas” y las que no lo son, en cambio resulta muy fácil entender frases como “El gobierno abandona a los dependientes a su suerte”.  Por eso, la discusión sobre hechos y datos resulta difícil en estos tiempos.

Mientras escribo estas líneas me viene a la cabeza la imagen de unos vecinos apedreando a los bomberos que vienen a apagar el fuego que se ha declarado en su edificio porque están rompiendo a hachazos las puertas y ventanas para entrar.  Imagino a un grupo incitando a los demás: “cuando llegaron los bomberos sólo se habían quemado dos plantas y ya llevamos cuatro, o sea que estamos peor con bomberos que sin ellos.  Encima no nos han dejado entrar a rescatar nuestras cosas y nos dicen que el fuego puede durar todavía unas cuantas horas ¡Menudos incompetentes!”.  Después me imagino el fuego apagado.  Se ha quemado una parte importante pero se ha salvado la estructura permitiendo una reconstrucción en vez de un derribo total. En poco tiempo los vecinos volverán a sus casas… ¿y qué dirán de los bomberos?.  Quizás quien inició el incendio grite desde su ventana “¡Qué malos fueron los bomberos que colaboraron en el incendio del edificio!”.  Si lo dice con suficiente entusiasmo y gracia quizás convenza a muchos.  ¡Ay de aquel entonces que defienda a los que, en justicia, salvaron la casa!


Ceo que la historia que imagino es demasiado simplista para hacerla evocativa de la situación actual.  Para que lo sea quizás hay que incluir que el fuego duró más de lo previsto porque algún bombero había robado un trozo de  manguera.  Pero ¿de verdad ese detalle haría cambiar el fondo de la historia?

Autor del post:  Josep de Martí