miércoles, 2 de abril de 2014

POR QUÉ TODOS LOS PARTIDOS CATALANES DEBERÍAN APOYAR LA ILP DE LA DEPENDENCIA

Hace algunos meses, una asociación que agrupa a directores de residencia en Cataluña (ASCAD) decidió poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que, de llegar a buen puerto, supondría modificar la Ley de forma que se garantizase el pago de los servicios que reciben los grandes dependientes.

A priori parece una tontería, ¿no están acaso garantizados todos los pagos que debe realizar la administración por servicios que contrata?.  Si bajamos a la realidad vemos que no lo es en absoluto.

En Cataluña, las entidades y empresas que gestionan residencias que ofrecen plazas a la administración, en forma de gestión, colaboración o concierto.  Han visto en los últimos años como el cobrar o no por los servicios prestados depende de las prioridades que en cada momento tenga el gobierno de la Generalitat.  Así, cabe la posibilidad de que un mes sencillamente “no se pague” y las residencias tengan que esperar hasta catorce meses para cobrar un servicio prestado.

Por otro lado, en el caso de las plazas conocidas como “de colaboración”, sucede algo peculiar:  el usuario ingresa en la residencia con un papel de la Generalitat pero sin tener todavía regularizada su situación (o sea, sin tener todavía un Plan Individual de Atención – PIA).  La residencia empieza a cobrar  del residente una parte del precio de la estancia (de media alrededor del 25% del coste total) y la administración, en algunos casos no paga nada hasta meses después o paga una cantidad mensual a cuenta (adelantos o “vestretes”).

Las residencias quedan totalmente en manos de la Generalitat ya que ésta puede pagar o no, atrasarse más o menos y, si además tiene la opción de avisar o no.

Sería injusto no decir que últimamente los pagos están mejorando pero, aún así, es la sensación de inseguridad la que más preocupa a los propietarios de las residencias (empresarios o entidades), ya que, como el 60% o un poco más, de su cuenta de resultados corresponde a gastos de personal, un atraso en el pago puede suponer no poder pagar las nóminas o ingresar el dinero correspondiente a seguros sociales y retenciones del IRPF.

Por supuesto que las residencias sufren “voluntariamente” ya que nadie las obliga a acoger a usuarios financiados por la administración.  Lo que pasa es que, en la situación actual, renunciar a intentar acoger plazas concertadas o de colaboración resulta aún peor (especialmente cuando las Prestaciones Económicas Vinculadas llevan paradas desde Agosto).

Total, que en este contexto, un grupo de directores de residencia plantean una ILP que, de prosperar supondría que las facturas de las residencias tendrían una especia de “prioridad en el pago” de forma que, después de pagar sus propias nóminas y alguna cosa más, las primeras en la cola de pago serían ellas.

El gobierno de la Generalitat se ha resistido durante todo el proceso a que la iniciativa prospere ya que de alguna forma se vería con menos capacidad de maniobra a la hora de ejecutar el presupuesto.  Hoy, si no tiene dinero puede preguntarse “¿a quién no pago este mes?”, y allí, delante suyo tiene unas cifras correspondientes a lo que debe a las farmacias, a las residencias o a los colegios concertados, entre otros.

Pero, a pesar de la resistencia del Govern, la ILP comenzó su andadura, se recogieron más de 50.000 firmas y ahora tiene que tramitar en el Parlament.

Por supuesto que 50.000 personas no pueden aprobar una Ley.  La ILP lo que obliga es a discutir la proposición en el Parlament, pero, una vez dentro, los parlamentarios pueden aprobarla, no hacerlo o modificarla.

Durante los próximos días veremos si los grupos políticos deciden apoyarla o presentar enmiendas que podrían desvirtuarla del todo.

Por eso creo que es el momento de preguntarse:  Sabemos que si la ILP prosperase las cosas serían diferentes, pero, ¿sería peores?

Si nos creemos que las personas que están ocupando una plaza pública, de colaboración o concierto en una residencia, son beneficiarias de un derecho subjetivo que le reconoce la Ley de Dependencia, y entendemos que el hecho de dejar de pagar o atrasarse significativamente en los pagos pone en riesgo ese derecho.  Entonces sólo podemos estar de acuerdo con que la iniciativa es buena y debería ser aprobada.

Además resulta que, como mínimo una parte de lo que se debe a las residencias viene de la a administración del Estado en aplicación del sistema de financiación de la dependencia, por lo que, como mínimo esa parte sólo debería ser gastada en atender a los dependientes.  Es cierto que esa parte es pequeña en relación al total pero aún así, existe.

Si, como parece, las cosas a partir de ahora no han de ir peor sino mejorando lentamente, es posible que las tensiones de tesorería  acuciantes de los últimos dos años no se repitan de forma que, aprobada la ILP no supondría menoscabo para la discrecionalidad de la Generalitat, como mínimo de momento.  Así las cosas, el gobierno podría colgarse la medalla de apoyar, en un momento en el que reclama que la sociedad se manifieste sobre su proyecto estrella (el proceso soberanista), una iniciativa salida directamente de la sociedad civil.

Si el gobierno y la coalición que le apoya (CiU) sencillamente consiguen apoyos (posiblemente ERC) para tumbar la propuesta.  Habrán realizado una maniobra perfectamente democrática y ostensiblemente antipopular.  Además, una opción que puede tener repercusiones imprevisibles.

La Asociación de directores ASCAD era desconocida para casi todo el mundo hasta que hace dos años, coincidiendo con un impago del ICASS, presentaron una denuncia ante la Fiscalía indicando que se podría estar cometiendo un delito contra los residentes.   El revuelo mediático  fue impresionante y cuando al cabo de un tiempo el entonces conseller fue cesado, a muchos les fue imposible no ver la relación entre ambos hechos.

Ahora nos podemos encontrar ante otra situación similar.

Aprobar la ILP no tendrá un coste demasiado elevado para la Generalitat, dará la imagen de una administración que escucha a la sociedad y se preocupa por los débiles y la situará en la cabeza de las administraciones autonómicas en lo que a apoyo a las personas dependientes se refiere.

En un momento en el que la administración catalana anuncia que piensa tramitar una  Ley Catalana de Autonomía Personal (o sea una Ley Catalana de Dependencia), la ILP le ofrece la posibilidad de crear un pedestal diferenciado del sistema estatal, o sea, un elemento que dé a la Ley un verdadero carácter de “derecho garantizado”.


Sinceramente veo muchos motivos para que Convergència i Unió apoyen  la ILP.  ¿Por qué entonces oigo una vocecita que me dice que no lo harán?