En Octubre se anunció que se estaba estudiando una rebaja de ratios en residencias de peresonas mayores. Hace unas semanas, la Generalitat anunció que había llegado a un acuerdo con las patronales del sector geroasistencial para, entre otras cosas, rebajar la dedicación mínima de algunos profesionales de los que se exigen par el cuidado a personas mayores en residencias. El acuerdo, allá donde se pueda aplicar permitiría reducir las horas de dedicación de estos profesionales pero sin hacer desaparecer del todo la categoría por lo que, algunos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o psicólogos verían reducida su jornada.
Se trataba de uno de esos acuerdos que no gustan a nadie pero que se alcanzan porque, en un contexto de congelación de tarifa, suspensión de PEVS y acumulación de deudas, "más valía algo que nada".
Tan poco gustaba el acuerdo, que desde alguna patronal, como Lares (sector benéfico-religioso) dijeron desde el principio que en sus residencias no se aplicaría. Otros llamaron la atención a su difícil aplicación en residencias pequeñas ya que el convenio colectivo prohibe los contratos por debajo de un mínimo de horas y, en muchos casos, las residencias de menos de unas 50 plazas se encontrarían con perfiles que quedarían por debajo de ese límite.
Abundando en los problemas de aplicación del pacto, muchos llamaron la atención a la dificultad práctica de su aplicación. No le puedes decir a un profesional que la Generalitat te permite tener menos horas de su perfil por lo que le vas a pasar de jornada completa a 28 horas a la semana y esperar que acepte tranquilamente. La Ley habla de modificaciones sustanciales del contrato de trabajo y ofrece al trabajador la opción de elegir un despido con 20 días al año de indemnización, todo ello sin contar los costes ocultos en forma de tensión laboral y enrarecimiento del clima laboral.
Me dejo otra cosa, por supuesto, pero voy a ponerlo entre interrogantes: ¿Supondría una rebaja de ratio como la pactada por el ICASS y las patronales una rebaja en la calidad asistencial de los residentes?
Esa cuestión, que se encuentra en el centro de la polémica la ventila el acuerdo estableciendo que, al no tocarse los ratios de gerocultora, médico ni DUE (enfermería), ni tampoco eliminar perfiles profesionales, la calidad asistencial no se resentirá.
El pacto, hasta hoy no vale demasiado ya que, para que surta efecto hace falta que la Generalitat modifique el Decreto de Cartera de Serveis, cosa que, de momento no ha hecho.
Lo que resultaba extraño hasta ahora era que, los más afectados, o sea, los profesionales que podrían ver sus horas de trabajo reducidas, no dijesen nada.
En principio pensé que el silencio se debía a que habían visto lo difícil que sería aplicar una reducción de jornada a determinados profesionales y habían decidido no darse por aludidos. Después pensé que quizás darían una respuesta discreta, similar a la que se dio cuando, hace casi dos años, ICASS rebajó en un 8% las ratios de las residencias de discapacitados. Entonces la respuesta fue tan tímida que yo ni la conocí.
Ahora la respuesta de los colegios profesionales es ésta
Se quejan de no haber sido consultados, de que se incrementará la dependencia, de que existirán
modelos diferentes (los centros propios del ICASS, donde no se aplicará la medida, y los privados - concertados y colaboradores- que sí la aplicarán).
Los profesionales entienden la situación económica pero no creen que se deba reducir la calidad asistencial.
Finalmente, como saben que para que el pacto tenga alguna aplicabilidad hace hace falta que se convierta en norma jurídica publicada en el DOGC, piden que sea el Parlamento y no el Gobierno quien tome la medida.
Creo que hay que leer lo que dicen los colegios profesionales y las asociaciones que les apoyan y creo que hay que centrarse en el punto 4 debido a que es aquí donde veo la clave del asunto:
4 . Entendemos perfectamente la situación económica que vive este sector, pero no compartimos una política que perjudicará , sin ningún tipo de duda, la calidad de los tratamientos y los programas de promoción de la autonomía personal que reciben sus usuarios.
Lo siento mucho pero creo que no entienden perfectamente la situación que vive el sector.
Actualmente las residencias para mayores concertadas tienen una tarifa congelada desde hace cuatro años, las residencias colaboradoras han tenido que vivir como una celebración que se les reconozca que llevan años pagando más IVA del que les tocaba, con unas tarifas también congeladas y con un problema muy serio que es el de tener que admitir residentes por los que la Generalitat no pagará hasta dentro de muchos meses.
Encima de esta situación, otras muchas residencias, que hasta ahora acogían a residentes financiados mediante prestaciones económicas vinculadas (PEV) han visto como la Generalitat ha "cerrado el grifo" y las plazas libres han empezado a subir.
Lo que de verdad piden las residencias geriátricas es que la Generalitat ocupe las plazas que tiene comprometidas, pague lo que corresponde y lo pague en un tiempo razonable.
Si la Generalitat no hubiese bloqueado el acceso a las PEVs y las residencias estuvieran cobrando a tiempo, casi nadie plantearía cambios y flexibilizaciones.
El problema es que la situación económica es peor en este sector de lo que parece. La expectativa si no se toma ninguna medida puede ser que el fisioterapeuta no vea reducida su jornada sino que se vea en la calle porque la residencia haya cerrado.
El temor que manifiestan los colegios profesionales a que acaben existiendo dos modelos, uno el de las residencias públicas gestionadas por la propia administración y otro el de las residencias con plazas financiadas públicamente en residencias de titularidad privada no tiene fundamento: Los dos modelos existen ya desde hace años. De hecho, hoy por hoy, con lo que gasta la Generalitat en atender a una persona en una residencia pública gestionada por ella misma podría atender a entre dos y tres en una que acoja a beneficiarios de PEV. Esto nunca ha soliviantado a casi nadie (a mí sí).
El otro problema es que, una medida como esta reducción de ratios, que verdaderamente no va a suponer en el medio plazo ningún cambio significativo, ya ha empezado a producir un efecto: varios colectivos de profesionales se han sentido ofendidos ofendidos por lo que dicen ver como un agravio y un perjuicio para los residentes.
Esto quiere decir que a la hora de implementar el compromiso adquirido la Generalitat no lo va a tener fácil.
Carmela Fortuny y Neus Munté tienen la pelota en su tejado.
Autor del post Josep de Martí
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