ENTENDER EL ÚLTIMO RECORTE DE LA DEPENDENCIA

Aviso que esta entrada me ha salido un poco larga, pido excusas.

Antes de nada, viendo cómo los medios de comunicación están reflejando el último recorte de la Ley de Dependencia (LAPAD) me gustaría recordar que, lo que se promulgó en 2006 con el pomposo nombre de "Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia", fue una chapuza desde el principio.  Una chapuza que puso de acuerdo a PP y PSOE pero una chapuza al fin y al cabo:  No se calculó bien cuántos dependientes habría, no se calculó bien el coste de los servicios, la financiación del sistema se basó en acuerdos bilaterales entre en Estado y cada Comunidad Autónoma, que ¡oh, sorpresa! se han contaminado por la lucha partidista, y algunos despropósitos más.

Cuando alguien dice que el actual gobierno se está cargando la Ley de Dependencia respondo que sólo está intentándonos hacer creer que un cadáver sigue con vida.  El sistema para la Dependencia, tal como se había pensado, muríó hace tiempo.

Iba a escribirlo otra vez pero ya lo hice hace algún tiempo.  Invito a quiénes estén en este blog a leer las siguientes líneas y a ver al final en qué fecha las publicó en la extinta revista "Negocios y Gestión Residencial",  llevaban por título "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia":

En un arranque de sinceridad que nos ha dejado a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), ha dicho que la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia. O sea, que no habrá suficiente dinero en los próximos años para mantener el recién creado sistema.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte. 
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.

Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.

Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.

Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.

Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.

También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.

Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles. 

El acuerdo podría contener los siguientes puntos:

- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia. 
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.

o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.

Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.

Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.

El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.

Septiembre de 2008

Como no soy adivino ni tengo información de que no dispongan las comunidades autónomas o el Estado, creo que nuestros gobernantes fueron cobardes o ineptos al no haber tomado medidas en relación con la Ley de Dependencia mucho antes.  Lo que ahora está haciendo el gobierno se parece bastante a lo que yo propugnaba hace cinco años aunque con una pequeña diferencia.  Hacerlo ahora supone quitar derechos a personas a que previamente se les han reconocido.  Si desde 2008 nos hubiésemos centrado en prestar servicios profesionales al gran dependiente y dejar las ayudas económicas para casos excepcionales (como la atención de discapacitados "no mayores" en sus domicilios), con menos recursos hubiésemos alcanzado a más personas.  Dejar la ayuda a la dependencia severa y  moderada para un momento posterior y, de momento cubrirla con ayudas no universales hubiese sido menos bonito pero más realista.

Durante estos días oigo y leo que las ayudas económicas de la Ley de Dependencia están ayudando a personas a subsistir y se critica severamente al gobierno porque si quitan o reducen esa ayuda algunas familias pasarán por debajo del nivel de subsistencia.  Yo veo en ese argumento una perversión:  el dinero de la dependencia es para que la persona dependiente reciba atención.  No dudo que en estos momentos deben existir programas y ayudas para evitar la exclusión social, pero éstos no son los de la dependencia.

Para entender la rebaja de las ayudas al cuidador familiar, hay que ver ésta en perspectiva:  en Julio de 2012 el gobierno ya bajó estas ayudas un 15% y permitió que las comunidades autónomas pudieran efectuar una rebaja adicional de otro 15%.  Como muy pocas comunidades han aplicado la rebaja adicinal, es muy posible que lo que haga ahora el gobierno es recortar él mismo, pero que este "segundo recorte" sólo se aplique en las comunidades que no lo aplicaron en 2012.

¿Producirá un ahorro la medida?  Sin duda. ¿Afectará a las familias? por supuesto, aunque no a todas por igual.  Una ayuda que era de 520€, bajó en 2012 a 440€ y ahora vuelve a bajar a unos 360€ afectará de forma muy diferente a diferentes personas.  La clave está en la capacidad económica previa del núcleo familiar.  Es cierto que la rebaja hará que muchas familias vivan peor que cuando recibían más pero no creo que, pasado el momento del anuncio, tenga mucha consecuencia en el total del sistema.

Habrá muchas famílias que, debido a su nivel de renta, recibían hasta ahora 200€ y verán rebajada esa cantidad a 170€.  Es cierto que es una rebaja pero, la cantidad inicial era ya tan baja que dífícilmente el dependiente llegará a notar algún cambio.  Los que de verdad notarán el cambio será las familias con rentas muy bajas para las que la ayuda suponía la diferencia entre "llegar o no llegar".

Para quien se dedica profesionalmente a la atención a dependientes que las ayudas al cuidador no profesional se reduzcan es una "medio buena noticia". Al fin y al cabo es algo que se viene reclamando desde hace años.  La parte "no buena" es que, si reducimos 400 millones de Euros al año en esas ayudas y la reducción se considera un "ahorro" no mejoramos nada.  En cambio, si en vez de "ahorro" consiguiésemos destinar la mitad de esa cantidad a financiar más plazas en residencias concertadas podríamos ocupar al rededor de 15.000 plazas.  Plazas que ya existen y están desocupadas, que supondrían crear 7.000 puestos de trabajo.  Lo que quiero decir es que, las medidas, orientadas únicamente a reducir déficit pueden conseguir lo que pretenden mientras dejan en el camino cadáveres innecesarios.

O sea, que en principio, el recorte de las ayudas a las familias no tendrá un efecto sobre las residencias existentes y que, con un poco de imaginación y audacia sí podría tenerlo, y positivo.

La otra gran medida: la modificación del copago debe ser vista de forma diferente.

Para mí ésta es la clave.  La Ley de Dependencia se promulgó con el mensaje de que creaba un derecho universal.  Todo el mundo tenía derecho a recibir servicios y prestaciones, ¡Fuese quien fuese, tuviese lo que tuviese!  La equidad venía a este sistema universal de la mano del copago.  O sea, Amancio Ortega y quien le corta el césped (si algún día llegan a ser dependientes) tendrían el mismo derecho a recibir prestaciones y servicios "de la dependencia". La diferencia es que Don Amancio tendría que participar en el coste (o sea, copagar) en mayor cantidad que su jardinero.

Ahora se está intentando emprender algo que, también por falta de aptitud o por cobardía, no se había hecho hasta ahora: dotar al sistema de un sistema de copago más o menos homogéneo, equitativo y justo.

Vayamos por partes:  Antes de la Ley de Dependencia, en España una persona mayor dependiente que tuviese ingresos por encima de 800€ al mes quedaba excluida de ayuda pública debido a que se consideraba que ésta tenía que reservarse para quien "no se pudiese ayudar a sí mismo".  Alguien con muy pocos ingresos podía llegar a ingresar en una residencia pública o concertada y "copagaba", una parte de su escueta pensión. Por otro lado, una persona con 900€ mensuales que necesitase una residencia tenía que afrontar ella misma los 1500€ que en  2006 costaba mensualmente el servicio.  ¿Cómo lo hacía?  Pues sacando de dónde podía lo que le faltaba (ahorros, ayuda de los hijos..).  Para algunos esto suponía un esfuerzo enorme y un gran sacrificio, para otros no tanto.

Al aprobarse la Ley, todos entran y, aplicándose los generosos sistemas de copago (que se habían diseñado pensando en el sistema anterior), las administraciones empezaron a asumir una parte muy importante del coste de las estancias en residencias de personas que tenían ingresos más o menos grandes. ¿Ven el mismo patrón al que me he referido antes?  Primero se crea un sistema generoso que no podemos mantener, entonces se genera confianza y expectativas y después hay que modificarlo y todo el mundo se siente traicionado. Eso, en vez de haber empezado diseñando un sistema más equitativo que no hubiese generado expectativas sin fundamento.

La Ley había previsto que el copago en residencias (el servicio más costoso)  debía distinguir entre los costes "hoteleros y de manutención"  y los de atención.  La idea era hacer lo mismo que en Alemania, Francia, Holanda, Suecia y todos los países de nuestro entorno:  considerar que, cuando una persona vive en una residencia los costes que genera son de tres tipos:  hoteleros, de atención y sanitarios;  y establecer un sistema de financiación para cada uno. Así, la parte hotelera la debería pagar la propia persona, si puede en su integridad y si no, con alguna ayuda;  la de atención la pagaría la administración con un copago y la atención sanitaria continuaría pagándola íntegramente la sanidad pública (hasta que se introdujese el copago también allí).

La realidad es que la Ley nunca se ha desarrollado en cuanto a copago se refiere (bueno, se intentó algo pero era tan chapucero que los tribunales lo tumbaron), de forma que cada comunidad ha hecho lo que le ha parecido correcto (u oportuno).  La conclusión es que algunas son mucho más generosas que otras.

Ahora llega, ¡seis años tarde! un intento por establecer un sistema de copago que suba lo que pagan las personas y reduzca o que cuesta el sistema a la administración.  El objetivo es pasar de recaudar 600 millones en copago (un 10% del total del sistema) a 900 (que será un 15% del total.  La trampa está en que, cuando el gobierno lo explica dice que se trata de incrementar un 5% el copago cuando la verdad es que el aumento deberá ser del 50%.

¿Cómo afecta esto a las residencias actuales, concertadas o que colaboran con la administración mediante algún sistema?

Por desgracia para conocer la respuesta tendremos que esperar.

Aunque me cueste, intentaré ser optimista durante unas líneas:

Si se elabora un Real Decreto con elementos de los que propuse hace cinco años, la medida podría acabar no siendo negativa para las residencias.

Se trataría que los que puedan paguen más.  "Los que puedan" serán los que entraron en la ley de Dependencia porque era universal y que, si no se hubiese aprobado la Ley habrían continuando estando del todo excluídos.

Ahora, vuelvo a ser realista/negativo.

La medida me habría parecido positiva, incluso plausible, si, en vez de buscar los 300 millones adicionales, dijesen que el "ahorro" será de 100 y que los otro 200 se dedicarán a la concertación de unos miles de plazas más.

Aquí veo el problema principal.  Aunque las medidas en sí no me parecen desencaminadas sí me lo parece lo que se pretende conseguir con ellas que es, únicamente gastar menos. Esto me parece miope ya que "gastar bien" en dependencia puede generar más beneficio que gasto.

Si, exactamente lo mismo se hiciese para dar más fuerza y coherencia al sistema, y aún mejor, si se hubiese hecho hace cinco años, habría felicitado al gobierno.

Tenemos un grupo de empresas y entidades que prestan servicios, que han reducido costes y se han profesionalizado. Nos ha costado veinticinco años tener un sector geroasistencial bien estructurado y esto es algo a defender.  Sólo hay que ver residencias en Madrid,  centros de día en Barcelona o cualquier otra ciudad, hoy y hace veinte años para entender de qué estoy hablando.

Ahora tengo la sensación de ver a alguien que tira por la borda cosas para mantener a flote el barco.  Ahora tira un mueble, ahora la comida de la despensa, ahora el botiquín...

Señores del gobierno ¿qué cenaremos hoy?

Os agradeceré comentarios en este blog o en el foro de Inforesidencias.com, el portal con el buscador de residencias para la 3ª edad