La Directora General del ICASS ha comunicado, según aparece en Inforesidencias.com, que no pagarán en Septiembre ni Octubre a las residencias privadas que acogen residentes mediante el sistema de concierto (o sea, que tienen un contrato con la Generalitat para cuidar a unos residentes a cambio de una cantidad de dinero) ni a las que gestionan residencias públicas. Las residencias que acoge a residentes mediante un sistema llamado “de colaboración” sólo recibirán el 65% de lo que deberían.
Puedo entender perfectamente la tribulación que está viviendo el Departament de Benestar y la Generalitat en su conjunto. Me solidarizo totalmente con los responsables públicos que se ven obligados a tomar estas decisiones, pero no alcanzo a entender lo torpes que están siendo en el proceso.
He hablado con varias de las personas que han asistido a la reunión convocada por la Directora General del ICASS, Carmela Fortuny, y a todas les ha extrañado que, para comunicar algo de esa envergadura no hubiese nadie del Departamento de Economía o incluso el propio conseller, que esa mañana estaba presentando un plan nacional de valores para reforzar la calidad humana de la sociedad. Aún más les ha extrañado que algo como lo comunicado no haya venido acompañado de un documento escrito de apoyo.
Entrando en el fondo del asunto, a todos les ha parecido algo sospechoso que se afecte el pago de los conciertos, gestiones y colaboraciones y las prestaciones a las personas se dejen intactas. El argumento de que las ayudas a personas afectan directamente a los dependientes no es de recibo ya que las medidas tomadas también lo harán. Más bien parece que se quiere evitar a toda costa tomar una medida que pueda generar la polémica y desgate que produjo el cambio puntual de la forma de pago del PIRMI.
A mí lo que me parece extraño es que se hayan cuidado tan poco las formas. Repito que entiendo que no es fácil tomar la decisión de suspender temporalmente en el pago pero y que debe ser un amargo trago el tener que comunicarlo a los afectados, pero, ¿no podrían haber acompañado la noticia con algún caramelo para el sector?
Los prestadores de servicios llevan tiempo pidiendo al ICASS de forma insistente algunas medidas que no tendrían coste:
- Flexibilizar los requisitos de personal. Esto quiere decir mantener la exigencia de una ratio pero dejando que sean las entidades prestadoras las que elijan la estructura concreta del personal.
- Permitir que las residencias cobren por “servicios hoteleros extras” de forma fácil.
- Suspender durante un tiempo la aplicación de las exigencias de acreditación de a cualificación profesional de los gerocultores.
- Permitir que la parte del precio correspondiente al “copago” se incremente automáticamente con el IPC.
- Olvidar, mientras dure la situación excepcional, la imposición de un tope en el precio que pueden cobrar las residencias a usuarios beneficiarios de prestación económica vinculada.
- Devolución parcial del depósito constituido al inicio del contrato de concierto o gestión (sería algo más simbólico que efectivo).
La misma medida, plasmada en un informe escrito, presentada al alimón por parte de los Departamentos de Economía y Benestar y, además, acompañada por alguna disposición que diese a entender que, en la medida de lo posible el Departament se preocupa por quiénes le prestan servicios, hubiese tenido un recibimiento menos traumático.
Pero lo hecho, hecho está y ahora toca prever el futuro próximo.
Pronto se reunirán los afectados para tomar decisiones y, con casi toda seguridad, las patronales querrán dar visibilidad al conflicto generado. La cuestión de fondo es que a muchas empresas que tienen conciertos o que gestionan residencias públicas les resultará imposible afrontar la falta de la parte principal de sus ingresos hasta finales de noviembre sin que, a su vez se vean afectados los trabajadores y proveedores de la residencia. ¿Aceptarán éstos que una parte de lo que tienen derecho a percibir les venga en forma de pagaré con vencimiento a 1 de Diciembre?
En los próximos días y semanas, este será el tema en Cataluña. Espero leer lo que la gente escriba en el foro de Inforesidencias.com. Lo siento por el Conseller Cleries ya que su idea de fomentar valores que mejoren la sociedad me parece muy bonita y necesaria pero me temo que quedará algo eclipsada por “todo lo demás”.
Máxima alerta mundial ante la reacción de las patronales de hierro que tenemos
ResponderEliminarUna de las cuestiones que resulta interesante pensar es porqué se paga un porcentaje a las residencias colaboradoras y no a las concertadas.
ResponderEliminar¿No tienen los mismos derechos de cobro todas ellas?, y más aún como comenta Josep, que estas últimas han tenido que hacer el esfuerzo de dejar un depósito para su concertación.
Como mínimo el porcentaje tendría que ser el mismo para todas ellas.
Existe un matiz sutil pero importante. Las residencias concertadas han "vendido" plazas a la Admon. que pasa a ser propietaria de las mismas y que debe sufragarlas aún en perídos en los que éstas estén vacantes. Las residencias colaboradoras reciben el ingreso de una ayuda que PERTENECE al usuario. Cuando el usuario se traslada a otro centro o fallece, la ayuda cesa. Por eso la Admon no "penaliza" tanto a las colaboradoras porque entiende que caso de ponerlas al límite, éstas transferirán la responsabilidad al usuario o familiar.
ResponderEliminarMi pregunta es: Se aplicará esta medida solo en las residencias que gestionan servicios del ICAS o afectará también a las que gestionan servicios MUNICIPALES?
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